La medida ha generado más tensiones, ahondado la brecha social y frenado las inversiones. Y todo ello en un cierto clima de inseguridad jurídica

El remedio ha sido peor que la enfermedad. Un año después de que Berlín limitara los precios del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la gentrificación de sus barrios, encontrar un piso o un apartamento en la capital alemana no solo es más difícil, sino también más caro.
El balance de este primer año de intervención pública en el mercado de la vivienda que han realizado institutos económicos y los portales inmobiliarios más importantes de Alemania, Immobilienscout24 e Immowelt, es demoledor. Ha generado más tensiones, ahondado la brecha social y frenado las inversiones. Y todo ello en un cierto clima de inseguridad jurídica.
La oferta de pisos en alquiler construidos antes de 2014, que son todos los afectados por la regulación, ha caído un 60% y no ha sido por los efectos de la pandemia como afirman los impulsores de la norma. Mientras que Berlín registraba esa contracción, la oferta de alquileres subía en otras ciudades como Múnich, Düsseldorf o Hamburgo.
Y a menos oferta, más demanda. Desde que la ley entró en vigor, la media de personas que competían por un piso ha pasado de 128 a 214. En algunos distritos como Britz, las estadísticas hablan de 417 solicitantes por vivienda, mientras que en el otrora popular Kreuzberg, por cada vivienda en alquiler disponible hay 321 interesados.
"Se ha creado una situación dramática. Hay una competencia brutal y la gente en busca de casa durante meses y meses. Quien haya tenido la suerte de que le redujeran el alquiler no se mueve y cuando no hay movilidad en el mercado crecen las tensiones", afirma Thomas Schoeter, director gerente de Inmobilienscout24.
"Se sabía que esto ocurría, pero hay políticos que solo aspiran a imponer su doctrina aunque sea de manera engañosa. La respuesta de los propietarios a una medida populista y casi estalinista ha sido, como era de prever, sacar sus pisos del mercado de alquiler para ponerlos en venta o para uso propio", añade un portavoz de Immowelt.
Esos políticos pertenecen al Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y La Izquierda, formaciones integrantes del tripartito que gobierna Berlín desde 2016. Las presiones en el seno de la coalición, ejercida fundamentalmente el partido de la Izquierda, una refundación del Partido Comunista y proscritos del SPD, desembocó el 23 de febrero de 2020 en una ley que imponía techos al alquiler. Concretamente, establecía un precio por metro cuadrado en función del año de construcción, la zona y estado de la vivienda. La horquilla va de 5 euros por metro cuadrado en viviendas construidas antes de 1918 hasta 9,80 euros por metro en las edificadas entre 2003 y 2013.
La norma fue aclamada por miles de inquilinos, despertó el interés en otras muchas capitales europeas con el mismo problema de vivienda y, fue inmediatamente denunciada al Tribunal Constitucional por dos vías y argumentos diferentes. Los pronunciamientos del TC se esperan a mediados de año.
Uno será sobre el recurso de anticonstitucional interpuesto por los partidos de la oposición en Berlín, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y liberal FDP, según los cuales los Länder no tienen competencia para regular el alquiler, ya que los tipos de arrendamiento están recogidos en el Código Civil y este, razonan, es de ámbito y cumplimiento federal. La segunda denuncia fue elevada por propietarios que consideran violada su propiedad privada y vulnerado el derecho contractual, pilar en la economía de mercado.
La ley sobre alquileres berlinesa entró sin embargo en vigor y con un plazo a la vista de cinco años, aunque los inquilinos están avisados de que, en caso de que el TC la tumbe, deberán reembolsar a los propietarios el dinero que estos se han visto obligados a reducir so pena de multas de hasta 2.000 euros. El tripartito de Berlín ya prepara un plan B en caso de derrota. Pasa por la expropiación, una amenaza que ha dejado indiferente a los grandes tenedores de vivienda, dispuestos a entablar una larga batalla legal en defensa de un derecho tan básico en las democracias liberales como el de la propiedad privada.
El experimento del tripartito berlinés ha enrarecido el mercado y, mientras el TC dilucida, van surgiendo campañas de recogida de firmas en favor de la expropiación, acompañadas de un listado de los edificios y viviendas vacías detectadas por los activistas. Una de esas iniciativas lleva por nombre Deutsche Wohnen enteignen! y su mantra es la "socialización" de todos los apartamentos propiedad de empresas con una cartera de Berlín de más de 3.000 unidades. El Gobierno se ahorraría con ello la construcción de más de 226.000 apartamentos y entre ellos unos 110.000 de Deutsche Wohnen, uno de los mayores tenedores de la capital.
Y como se trata de Berlín y la experiencia o añoranza de lo que fue la Alemania comunista aún pesa, desde la filas del partido de La Izquierda (Die Linke) ya hay voces que proponen, paralelamente, la instauración de lo que se sigue haciendo en Cuba, la permuta. Que las personas que viven solas en una casa amplia, se cambien a otra pequeña para dar cabida a las familias con niños que necesitan espacio.
Pocos debates hay que despierten tantas emociones como el acceso a la vivienda. En el balance de la ley de alquileres de Berlín realizado por cuatro economistas del prestigioso Instituto de Investigación Económica (Ifo), entre ellos su presidente, Clemens Fuest, solo hablan los números.
La norma ha generado un mercado tijera y el ángulo que marcan las hojas se amplía poniendo aún más de manifiesto los problemas de fondo que no son otros que la falta de incentivos a los propietarios e inversores, por un lado, y la pobre o ninguna inversión pública en vivienda social. Berlín es buen ejemplo. Su población creció entre 2011 y 2019 un 10%, hasta los 3,7 millones de habitantes. El parque de viviendas el 5%, hasta los dos millones.
"Arrastramos un problema de oferta y demanda y la ley de alquileres no ha hecho sino agravarlo. Ahora es todo más barato, pero más escaso", afirma el inversor inmobiliario Jakob Moravia.
No son los únicos efectos de la ley de regulación de alquiler, que ha tocado de lleno a medio millón de viviendas o el 25% del parque. Las inversiones en mantenimiento y reformas se han desplomado. Solo el consorcio sueco Akelius, uno de los grandes tenedores en Berlín ha dejado de invertir 500 millones de euros, según su director gerente.
Y además, la medida presuntamente social ha resultado ser antisocial. Quienes más se han beneficiado de la regulación han sido los inquilinos de los pisos señoriales de los barrios de clase media alta. Vivir, para este grupo de población, integrada por profesionales liberales y personas con altos ingresos, es ahora hasta un 30% más barato. El alivio para los inquilinos de los barrios periféricos ha sido, en contrapartida, imperceptible, en tanto que las viviendas en esas zonas populares son más pequeñas y menor renta. La Asociación de Empresas de Vivienda de Berlín-Brandeburgo (BBU) calcula que en esas áreas la rebaja ha sido de aproximadamente 20 euros al mes.
Para quienes buscan una vivienda y siguen llegando a la ciudad, la ley de regulación del alquiler les ha abocado a intentar suerte en el segmento no regulado, el construido después de 2014. Y este, además de escaso, se ha disparado en precio. La media de subida en el último año ha sido del 12%.
"La ciudad de Berlín se ha convertido en un juguete para los ideólogos, pues ya no se trata solo del alquiler y de Berlín. Estamos hablando del ADN de la República Federal como economía social de mercado", reflexiona Moravia. Para él, social y justicia es otra cosa.

El gran fracaso del espejo berlinés: un 60% menos de oferta y pisos más caros

The measure has generated more tensions, deepened the social divide and slowed investment. And all of this in a context of legal uncertainty

The cure has been worse than the disease. One year after Berlin capped rental prices to ensure housing rights and curb gentrification in its neighbourhoods, finding a flat in the German capital is not only more difficult, but also more expensive.
Economic institutes and Germany's leading real estate portals Immobilienscout24 and Immowelt have made a devastating evaluation of the first year of public intervention in the housing market. They conclude that the rental cap has generated more tensions, deepened the social divide and put a brake on investment. And all this in a context of legal uncertainty.
The supply of rental flats built before 2014, which are all those affected by the regulation, has fallen by 60 percent, and it has not been due to the effects of the pandemic as the proponents of the legislation claim. While Berlin recorded a contraction, the supply of rentals rose in other cities, such as Munich, Düsseldorf and Hamburg.
And the less supply, the more demand. Since the law came into force, the average number of people competing for a flat has risen from 128 to 214. In some districts, like Britz, statistics show that there are 417 applicants per flat, while in the once-popular Kreuzberg, for every flat available to rent, there are 321 interested individuals.
"It has created a dramatic situation. There is brutal competition and people are looking for houses for months. Anyone who has been lucky enough to get a rent reduction doesn't move, and tensions grow when there is no mobility in the market", says Thomas Schroeter, managing director of Inmobilienscout24.
"It was expected that this would happen, but some politicians only want to push their doctrine even if they do so in a misleading way. The predictable homeowners' response to a populist and almost Stalinist measure has been to take their flats off the rental market and put them up for sale or for their own use", adds a spokesperson for Immowelt.
These politicians belong to the Social Democratic Party (SPD), the Greens and the Left, members of the tripartite that has ruled Berlin since 2016. The pressure within the coalition, mainly exerted by the Left, a revival of the Communist Party and banned from the SPD, led &nbsp;to a law forcing caps on rents on 23 February 2020. More specifically, it established a price per square metre depending on the year of construction, the area and the conditions of the premises. The range goes from 5 euros per square metre in properties built before 1918 to 9.80 euros per square metre in those built between 2003 and 2013.
The rule was praised by thousands of tenants. It also aroused interest in many other European capitals with the same housing problem and was immediately reported to the Constitutional Court on two different counts. The Constitutional Court is expected to give a verdict in the middle of the year.
One of these will concern the unconstitutional appeal lodged by the opposition parties in Berlin, the Christian Democratic Union (CDU) and the liberals (FDP). They argue that the Länder do not have the power to regulate rents since the types of tenancy are set out in the Civil Code, and this law is federal in scope and enforcement. The second complaint was lodged by landlords who consider their private property attacked and contract law, a pillar of the market economy, broken.
However, the Berlin rent cap has come into force with a five-year deadline in sight, although tenants are warned that if the Constitutional Court overturns it, they will have to reimburse their landlords for the money they have been forced to reduce, with penalties of up to 2,000 euros. The Berlin council is drawing up an alternative in the event of defeat. It involves expropriation, a threat that has left the big homeowners indifferent and ready to engage in a long legal battle in defence of a right as basic to liberal democracies as that of private property.
The experiment has complicated the market. While the court makes its ruling, campaigns are springing up to collect signatures favouring expropriation, accompanied by a list of the empty buildings and flats identified by activists. One of these campaigns is called Deutsche Wohnen enteignen!. Their goal is to "socialise" all flats owned by companies with a Berlin portfolio of more than 3,000 homes. &nbsp;This would save the government the construction of more than 226,000 flats, including some 110,000 owned by Deutsche Wohnen, one of the capital's largest holders.
And since this is Berlin and the experience of, or longing for, what was communist Germany still weighs heavily, there are already voices from the Left (Die Linke) that, at the same time, are in favour of establishing "permutation", something still popular in Cuba. This is where people who live alone in large houses are encouraged to move to a smaller house, in order to make room for families with children who need space.
There are few debates that arouse as much emotion as access to housing. The numbers speak for themselves in the assessment of the Berlin rental cap law carried out by four economists from the prestigious Institute for Economic Research (Ifo), including its president, Clemens Fuest.
The regulation has narrowed the market, and it highlights the underlying problems. On the one hand, there is a lack of incentives for owners and investors, and on the other, there is little to no public investment in social housing. Berlin is a good example. Its population grew by 10 percent between 2011 and 2019, to 3.7 million inhabitants. The housing stock grew by 5 percent to two million houses.
"We have a problem of supply and demand and the rent law has only aggravated it. Now everything is cheaper but scarcer", says real estate investor Jakob Moravia.
These are not the only effects of the rental regulation law, which has hit half a million homes, or 25 percent of the stock. Investments in maintenance and renovation have plummeted. Only the Swedish consortium Akelius, one of the big tenants in Berlin, has stopped investing 500 million euros, according to its managing director.
And what's more, the allegedly "social" measure has turned out to be anti-social. Those who have benefited most from the regulation have been the tenants of stately flats in upper-middle-class neighbourhoods. For this group of the population, made up of liberal professionals and people with high incomes, it is now up to 30 percent cheaper to live. The relief for tenants in the suburbs has been, on the other hand, imperceptible since houses in these popular areas are smaller, and the rent is lower. The Berlin-Brandenburg Association of Housing Companies (BBU) estimates that the reduction has been about 20 euros per month in these areas.
For those who are looking for housing and continue to arrive in the city, the rent regulation law has forced them to try their luck in the unregulated sector, in the properties built after 2014. And these, in addition to their scarcity, have skyrocketed in price. The average price increase in the last year was 12 percent.
"Berlin has become a toy for ideologists, because it's no longer just about rent and Berlin. We are talking about the DNA of the Federal Republic as a social market economy", Moravia reflects. For him, social and justice are not the same thing.
 
&nbsp;

Berlin's Great Failure with its Rental Cap. 60% Less Supply and More Expensive Flats

Regulacje rynku mieszkaniowego spowodowały wzrost napięć, pogłębiły podziały społeczne i spowolniły inwestycje. A wszystko to w atmosferze niepewności prawnej.

Lekarstwo okazało się gorsze od choroby. Rok po tym, jak Berlin ograniczył ceny najmu, aby zagwarantować prawo do mieszkania i ograniczyć gentryfikację swoich dzielnic, znalezienie mieszkania lub apartamentu w stolicy Niemiec jest nie tylko trudniejsze, ale i bardziej kosztowne.
Bilans pierwszego roku po podjęciu samorządowej interwencji na rynku mieszkaniowym przeprowadzony przez instytuty gospodarcze i najważniejsze portale nieruchomości w Niemczech (Immobilienscout24 i Immowelt) jest druzgocący. Skutkiem regulacji jest więcej napięć, pogłębienie podziałów społecznych i zahamowanie inwestycji. A wszystko to w atmosferze niepewności prawnej.
Podaż mieszkań na wynajem wybudowanych przed 2014 r., czyli wszystkich, których dotyczy regulacja, spadła o 60 proc. i nie jest to spowodowane skutkami pandemii, jak chcieliby zwolennicy regulacji. Podczas gdy Berlin odnotował spadek, podaż lokali do wynajęcia wzrosła w innych miastach, takich jak Monachium, Düsseldorf i Hamburg.
A im mniejsza podaż, tym większy popyt. Od momentu wejścia w życie ustawy średnia liczba osób ubiegających się o mieszkanie wzrosła ze 128 do 214. W niektórych dzielnicach, np. Britz, statystyki pokazują, że na jedno mieszkanie przypada 417 chętnych, podczas gdy w niegdyś popularnym Kreuzbergu na jedno mieszkanie dostępne do wynajęcia przypada 321 zainteresowanych.
- Doszło do dramatycznej sytuacji. Walka o mieszkania jest brutalna i ludzie szukają lokali przez wiele miesięcy. Kto miał szczęście otrzymać obniżkę czynszu, nie rusza się z miejsca, a gdy na rynku nie ma mobilności, napięcia rosną - wskazuje Thomas Schorder, dyrektor zarządzający Inmobilienscaut24.
- Wiadomo było, że do tego dojdzie, ale są politycy, którzy chcą narzucić swoją ideologię, choćby kosztem kłamstw. Odpowiedzią wynajmujących na populistyczne i niemal stalinowskie rozwiązanie było, co było do przewidzenia, wycofanie swoich mieszkań z rynku wynajmu i wystawienie ich na sprzedaż lub przeznaczenie na użytek własny - dodaje rzecznik Immowelt.
Politycy odpowiedzialni za legislacje należą do Partii Socjaldemokratycznej (SPD), Zielonych i Lewicy – trójpartyjnej koalicji, która rządzi Berlinem od 2016 roku. Presja wewnątrz koalicji, wywierana zwłaszcza przez Lewicę, powstałą na bazie Komunistycznej Partii Niemiec i polityków wyrzuconych z SPD, doprowadziła 23 lutego 2020 roku do uchwalenia ustawy nakładającej górne limity opłat za wynajem. Ustalono ściśle zdefiniowaną cenę za metr kwadratowy w zależności od roku budowy, powierzchni i stanu mieszkania. Zakres sięga od 5 euro za metr kwadratowy w domach zbudowanych przed 1918 rokiem do 9,80 euro za metr w tych zbudowanych między 2003 a 2013 rokiem.
Tysiące najemców przyjęło przepisy z aprobatą. Ograniczenia wzbudziły zainteresowanie w wielu innych stolicach europejskich borykających się z tym samym problemem mieszkaniowym, ale nowe prawo zostało też natychmiast zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego na bazie dwóch różnych przesłanek prawnych. Wyroki TK spodziewane są na połowę tego roku.
Jeden z nich będzie dotyczył skargi wniesionej przez opozycyjne partie w Berlinie, Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) i liberalną FDP, według których kraje związkowe nie mają kompetencji do regulowania czynszu, ponieważ rodzaje najmu są zdefiniowane w kodeksie cywilnym, a ten – ich zdaniem – obowiązuje na poziomie federalnym. Druga skarga została złożona przez właścicieli lokali, którzy uważają, że naruszono ich własność prywatną i prawo umów, będące podstawą gospodarki rynkowej.
Berlińska ustawa o czynszach weszła jednak w życie i ma przed sobą pięcioletni okres obowiązywania, choć lokatorzy zostali ostrzeżeni, że jeśli TK ją unieważni, będą musieli zwrócić wynajmującym pieniądze, które zostali zmuszeni obniżyć pod karą grzywny w wysokości do 2 tysięcy euro. Berlińska koalicja przygotowuje już plan B na wypadek porażki. Dotyczy on możliwości wywłaszczenia – groźby, która pozostawia w stanie niepewności wielkich mieszkaniowych magnatów, gotowych zaangażować się w długą batalię prawną w obronie prawa tak podstawowego w liberalnych demokracjach jak prawo do własności prywatnej.
Eksperyment rządzących Berlinem trzech partii sprawił, że rynek się przerzedził, a podczas gdy TK podejmuje decyzję, pojawiają się kampanie zbierania podpisów za wywłaszczeniem, do których dołączona jest lista pustych budynków i mieszkań wykrytych przez aktywistów. Jedna z tych inicjatyw nosi nazwę "Wywłaszczyć Deutsche Wohnen &amp; Co". Jej hasłem przewodnim jest "uspołecznienie" wszystkich mieszkań należących do firmy posiadającej w Berlinie portfel ponad 3 tys. lokali. Rząd zaoszczędziłby sobie w ten sposób budowy ponad 226 tys. mieszkań, w tym ok. 110 tys. należących do Deutsche Wohnen, jednego z największych właścicieli mieszkań w stolicy.
A ponieważ jest to Berlin, nad którym wciąż ciąży doświadczenie lub tęsknota za komunistycznymi Niemcami, już pojawiają się głosy z szeregów Lewicy (Die Linke) proponujące jednocześnie ustanowienie tego, co wciąż robi się na Kubie, czyli "zamiany". Zgodnie z tą koncepcją osoby mieszkające same w dużym domu powinny przenieść się do mniejszego, aby zrobić miejsce dla rodzin z dziećmi, które potrzebują przestrzeni.
Niewiele jest debat, które wzbudzają tyle emocji, co dostęp do mieszkań. Przeprowadzona przez czterech ekonomistów z prestiżowego Instytutu Badań Gospodarczych (Ifo), w tym jego prezesa Clemensa Fuesta, ocena berlińskiej ustawy o najmie oparta jest wyłącznie o liczby.
Nowe prawo doprowadziło do powstania rynkowych nożyc, a kąt ich rozwarcia się powiększa, jeszcze bardziej pogłębiając podstawowe problemy. Z jednej strony jest to brak zachęt dla wynajmujących i inwestorów, a z drugiej słabe inwestycje publiczne w budownictwo społeczne lub ich brak. Berlin jest tego dobrym przykładem – jego populacja wzrosła w latach 2011-2019 o 10%, do 3,7 mln mieszkańców, a zasoby mieszkaniowe o 5%, do 2 mln.
- Mamy problemy z podażą i popytem, a prawo dotyczące limitów opłat za wynajem tylko je pogłębiły. Teraz wszystko jest tańsze, ale rzadsze - mówi inwestor z rynku nieruchomości, Jakob Moravia.
To nie jedyne skutki ustawy o regulacji opłat, która dotknęła pół miliona domów, czyli 25% wszystkich lokali. Inwestycje w utrzymanie i remonty gwałtownie spadły. Samo szwedzkie konsorcjum Akelius, jeden z dużych wynajmujących w Berlinie, wstrzymało się z inwestycją 500 mln euro, jak twierdzi jego dyrektor zarządzający.
Co więcej, ten rzekomo społeczny środek okazał się antyspołeczny. Ci, którzy najbardziej skorzystali na regulacji, to lokatorzy okazałych mieszkań w dzielnicach z wyższej klasy średniej. Dla tej grupy ludności, składającej się z wolnych zawodów i osób o wysokich dochodach, mieszkanie jest obecnie tańsze nawet o 30 proc. Z drugiej strony, ulga dla najemców na przedmieściach była niezauważalna, ponieważ mieszkania w tych popularnych dzielnicach są mniejsze, a opłaty za ich wynajem mniejsze. Berlińsko-Brandenburskie Zrzeszenie Spółdzielni Mieszkaniowych (BBU) szacuje, że na tych obszarach obniżka wynosiła około 20 euro miesięcznie.
Szukających mieszkań i przeprowadzających się do miasta nowe prawo zmusiło do szukania ofert w segmencie nieregulowanym, czyli tym wybudowanym po 2014 roku. Ceny na nim – i tak ubogim w oferty – poszybowały jeszcze w górę. Średni wzrost cen w ciągu ostatniego roku wyniósł tam 12 proc.
- Berlin stał się zabawką dla ideologów, bo nie chodzi już tylko o czynsz i miasto. Mówimy tu o DNA Republiki Federalnej jako społecznej gospodarki rynkowej - zauważa Moravia. Dla niego sprawiedliwość i kategoria "społeczności" nie idą w parze.
 
&nbsp;

Wielka porażka modelu berlińskiego: podaż mniejsza o 60% i droższe mieszkania

Nowe regulacje spowodowały wzrost napięć, pogłębiły podziały społeczne i spowolniły inwestycje. A wszystko to w atmosferze niepewności prawnej.

Το μέτρο δημιούργησε περισσότερες εντάσεις, εμβάθυνση του κοινωνικού χάσματος και επιβράδυνση των επενδύσεων. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο νομικής αβεβαιότητας

Η θεραπεία ήταν χειρότερη από την ασθένεια. Ένα χρόνο αφότου το Βερολίνο όρισε πλαφόν στις τιμές ενοικίασης για να διασφαλίσει τα δικαιώματα στέγασης και να περιορίσει τον εξευγενισμό στις γειτονιές του, η εύρεση ενός διαμερίσματος στη γερμανική πρωτεύουσα δεν είναι μόνο πιο δύσκολη, αλλά και πιο ακριβή.
Τα οικονομικά ινστιτούτα και οι κορυφαίες διαδικτυακές πύλες ακινήτων της Γερμανίας Immobilienscout24 και Immowelt έκαναν μια καταστροφική αξιολόγηση του πρώτου έτους της δημόσιας παρέμβασης στην αγορά κατοικιών. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πλαφόν στα νοίκια έχει δημιουργήσει περισσότερες εντάσεις, έχει εμβαθύνει το κοινωνικό χάσμα και έβαλε φρένο στις επενδύσεις. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο νομικής αβεβαιότητας.
Η προσφορά ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων που κατασκευάστηκαν πριν το 2014, τα οποία επηρεάζονται από τον κανονισμό, μειώθηκε κατά 60% και δεν οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας, όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της νομοθεσίας. Ενώ το Βερολίνο κατέγραψε συρρίκνωση, η προσφορά ενοικίων αυξήθηκε σε άλλες πόλεις, όπως το Μόναχο, το Ντίσελντορφ και το Αμβούργο.
Και όσο μικρότερη είναι η προσφορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, ο μέσος αριθμός ατόμων που ανταγωνίζονται για ένα διαμέρισμα έχει αυξηθεί από 128 σε 214. Σε ορισμένες περιοχές, όπως το Μπριτζ, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 417 αιτούντες ανά διαμέρισμα, ενώ στο κάποτε δημοφιλές Κρόιτσμπεργκ, για κάθε διαμέρισμα διαθέσιμο προς ενοικίαση, υπάρχουν 321 ενδιαφερόμενοι.
«Έχει δημιουργηθεί μια δραματική κατάσταση. Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός και οι άνθρωποι ψάχνουν σπίτια για μήνες. Όποιος ήταν αρκετά τυχερός και μείωσε το ενοίκιο του δε μετακομίζει και οι εντάσεις αυξάνονται όταν δεν υπάρχει κινητικότητα στην αγορά» λέει ο Τόμας Σρέτερ, διευθύνων σύμβουλος της Inmobilienscaut24.
«Αναμενόταν ότι θα συμβεί αυτό, αλλά ορισμένοι πολιτικοί θέλουν μονάχα να προωθήσουν το δόγμα τους ακόμα κι αν το κάνουν με παραπλανητικό τρόπο. Η προβλέψιμη απάντηση των ιδιοκτητών ακινήτων σε ένα λαϊκιστικό και σχεδόν σταλινικό μέτρο ήταν να βγάλουν τα διαμερίσματα τους από την αγορά ενοικίασης και να τα διαθέσουν προς πώληση ή για δική τους χρήση», προσθέτει ένας εκπρόσωπος της Immowelt.
Αυτοί οι πολιτικοί ανήκουν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), στους Πράσινους και στην Αριστερά, τα μέλη του τριμερούς συνασπισμού που κυβερνά το Βερολίνο από το 2016. Η πίεση εντός του συνασπισμού, που ασκήθηκε κυρίως από την Αριστερά, μια αναβίωση του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε αποκλειστεί από το SPD, οδήγησε σε ένα νόμο που επιβάλλει ανώτατα όρια στα ενοίκια στις 23 Φεβρουαρίου 2020. Ειδικότερα, καθόρισε μια τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το έτος κατασκευής, την περιοχή και τις συνθήκες των εγκαταστάσεων. Το εύρος κυμαίνεται από τα 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε ακίνητα που κατασκευάστηκαν πριν από το 1918 έως τα 9,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε αυτά που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2003 και 2013.
Χιλιάδες ενοικιαστές χαιρέτησαν τον νόμο. Προκάλεσε επίσης το ενδιαφέρον πολλών άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών με το ίδιο πρόβλημα στέγασης και καταγγέλθηκε αμέσως στο Συνταγματικό Δικαστήριο για δύο διαφορετικούς λόγους. Το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί στα μέσα του έτους.
Ένας από αυτούς θα αφορά την καταγγελία περί αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Βερολίνο, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και οι Φιλελεύθεροι (FDP). Υποστηρίζουν ότι τα κρατίδια δεν έχουν την εξουσία να ρυθμίζουν τα ενοίκια, καθώς οι τύποι μίσθωσης καθορίζονται στον Αστικό Κώδικα, και αυτός ο νόμος έχει ομοσπονδιακό πεδίο εφαρμογής και επιβολής. Η δεύτερη καταγγελία κατατέθηκε από ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι η ιδιωτική περιουσία τους δέχθηκε επίθεση και ότι ο νόμος περί συμβάσεων, ένας πυλώνας της οικονομίας της αγοράς, παραβιάστηκε.
Ωστόσο, το ανώτατο όριο ενοικίου στο Βερολίνο έχει τεθεί σε ισχύ για τουλάχιστον πέντε έτη, αν και οι ενοικιαστές έχουν προειδοποιηθεί πως αν το Συνταγματικό Δικαστήριο το ανατρέψει, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες τους για τα χρήματα της αναγκαστικής μείωσης, με κυρώσεις έως και 2.000 ευρώ. Το συμβούλιο του Βερολίνου σχεδιάζει μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση ήττας. Περιλαμβάνει την απαλλοτρίωση, μια απειλή που έχει αφήσει τους μεγάλους ιδιοκτήτες σπιτιών αδιάφορους και έτοιμους να συμμετάσχουν σε μια μακρά νομική μάχη για την υπεράσπιση ενός δικαιώματος τόσο βασικού στις φιλελεύθερες δημοκρατίες όσο αυτό της ιδιοκτησίας.
Το πείραμα έχει περιπλέξει την αγορά. Ενώ το δικαστήριο ετοιμάζεται να βγάλει την απόφαση του, έχουν ξεκινήσει εκστρατείες για τη συλλογή υπογραφών υπέρ της απαλλοτρίωσης, συνοδευόμενες από μια λίστα με κενά κτίρια και διαμερίσματα που έχουν εντοπίσει ακτιβιστές. Μία από αυτές τις καμπάνιες ονομάζεται «Deutsche Wohnen enteignen!». Στόχος τους είναι να «κοινωνικοποιήσουν» όλα τα διαμερίσματα που ανήκουν σε εταιρείες με χαρτοφυλάκιο στο Βερολίνο οι οποίες έχουν περισσότερα από 3.000 σπίτια. Έτσι η κυβέρνηση θα γλυτώσει την κατασκευή τουλάχιστον 226.000 διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 110.000 ιδιοκτησίας της Deutsche Wohnen, ενός από τους μεγαλύτερους κατόχους της πρωτεύουσας.
Και δεδομένου ότι αυτό είναι το Βερολίνο και η εμπειρία, ή η λαχτάρα, για την πάλαι ποτέ κομμουνιστική Γερμανία εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο ακόμα και σήμερα, υπάρχουν ήδη φωνές από την Αριστερά (Die Linke) που, τάσσονται, παράλληλα, υπέρ της καθιέρωσης της «μετάθεσης», κάτι που εξακολουθεί να είναι δημοφιλές στην Κούβα. Αυτό είναι όταν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνοι σε μεγάλα σπίτια ενθαρρύνονται να μετακομίσουν σε μικρότερο σπίτι, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για οικογένειες με παιδιά που χρειάζονται χώρο.
Υπάρχουν λίγες συζητήσεις που προκαλούν τόσα πολλά συναισθήματα όσο η πρόσβαση στη στέγαση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους στην αξιολόγηση του νόμου για το πλαφόν στα ενοίκια του Βερολίνου που διενεργήθηκε από τέσσερις οικονομολόγους από το διάσημο Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας (Ifo), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, Κλέμενς Φουστ.
Η ρύθμιση έχει περιορίσει την αγορά και τονίζει τα βασικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά, υπάρχει έλλειψη κινήτρων για ιδιοκτήτες και επενδυτές, και από την άλλη, υπάρχει μικρή ή καθόλου δημόσια επένδυση στην κοινωνική στέγαση. Το Βερολίνο είναι ένα καλό παράδειγμα. Ο πληθυσμός του αυξήθηκε κατά 10 τοις εκατό μεταξύ 2011 και 2019, στα 3,7 εκατομμύρια κατοίκους. Το σύνολο των κατοικιών αυξήθηκε κατά 5 τοις εκατό σε δύο εκατομμύρια σπίτια.
«Έχουμε ένα πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης και ο νόμος για τα ενοίκια το έχει επιδεινώσει. Τώρα όλα είναι φθηνότερα αλλά λιγότερα», λέει ο επενδυτής ακινήτων Γιάκομπ Μοράβια.
Αυτά δεν είναι τα μόνα αποτελέσματα του νόμου περί ρύθμισης των ενοικίων, ο οποίος επηρεάζει μισό εκατομμύριο σπίτια ή το 25% του συνόλου. Οι επενδύσεις στη συντήρηση και την ανακαίνιση έχουν πέσει κατακόρυφα. Μόνο η σουηδική κοινοπραξία Akelius, ένας από τους μεγάλους μισθωτές στο Βερολίνο, ακύρωσε επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της.
Και επιπλέον, το φερόμενο ως «κοινωνικό» μέτρο έχει αποδειχθεί αντικοινωνικό. Εκείνοι που επωφελήθηκαν περισσότερο από τη ρύθμιση ήταν οι ενοικιαστές αρχοντικών σε μεγαλοαστικές γειτονιές. Για αυτήν την ομάδα του πληθυσμού, που αποτελείται από φιλελεύθερους επαγγελματίες και άτομα με υψηλά εισοδήματα, το κόστος διαβίωσης είναι πλέον έως και 30% μικρότερο. Η ανακούφιση για τους ενοικιαστές στα προάστια ήταν, από την άλλη πλευρά, ανεπαίσθητη, καθώς τα σπίτια σε αυτές τις δημοφιλείς περιοχές είναι μικρότερα και το ενοίκιο είναι χαμηλότερο. Ο Σύνδεσμος Στεγαστικών Εταιρειών Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (BBU) εκτιμά ότι η μείωση ήταν περίπου 20 ευρώ το μήνα σε αυτές τις περιοχές.
Για όσους αναζητούν στέγαση και συνεχίζουν να φθάνουν στην πόλη, ο νόμος για τη ρύθμιση των ενοικίων τους ανάγκασε να δοκιμάσουν την τύχη τους στον εκτός ρύθμισης τομέα, στα ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά το 2014. Και για αυτά, εκτός από την έλλειψή τους, η τιμή έχει ανέβει στα ύψη. Η μέση αύξηση των τιμών το τελευταίο έτος ήταν 12 τοις εκατό.
«Το Βερολίνο έχει γίνει ένα παιχνίδι για ιδεολόγους, γιατί πλέον δεν αφορά μόνο το ενοίκιο και το Βερολίνο. Μιλάμε για το DNA της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ως οικονομία κοινωνικής αγοράς», αναφέρει ο Μοραβία. Για αυτόν, το κοινωνικό και το δίκαιο δεν είναι το ίδιο πράγμα.
&nbsp;

Η μεγάλη αποτυχία με το πλαφόν ενοικίου στο Βερολίνο. Η προσφορά έπεσε κατά 60% και τα διαμερίσματα ακρίβυναν

Το μέτρο δημιούργησε περισσότερες εντάσεις, εμβάθυνση του κοινωνικού χάσματος και επιβράδυνση επενδύσεων, σε ένα πλαίσιο νομικής αβεβαιότητας

Voulu comme une mesure sociale, la loi sur le plafonnement du prix des loyers votée en février 2020 dans la capitale allemande a réduit l'offre locataire, creusé la fracture sociale et ralenti les investissements. 

Le remède a été pire que la maladie. Un an après que Berlin a plafonné les prix des loyers pour garantir le droit au logement et freiner la gentrification, trouver un appartement dans la capitale allemande est devenu non seulement plus difficile, mais aussi plus cher.
Les instituts économiques et les principaux portails immobiliers allemands, Immobilienscout24 et Immowelt, ont fait une évaluation dévastatrice de la première année d'intervention publique sur le marché du logement. Ils concluent que le plafonnement des loyers a généré davantage de tensions, creusé la fracture sociale et freiné les investissements. Et tout cela dans un contexte d'incertitude juridique.
L'offre d'appartements locatifs construits avant 2014, qui sont tous concernés par le règlement, s'est effondrée de 60 %, une chute qui n'est pas due aux effets de la pandémie comme le prétendent les partisans de la législation. Au moment où Berlin enregistrait une contraction, l'offre locataire a augmenté dans d'autres villes allemandes, telles que Munich, Düsseldorf et Hambourg.
Et plus l'offre se réduit, plus la demande augmente. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le nombre moyen de personnes en concurrence pour un appartement est passé de 128 à 214. Dans certains quartiers, comme celui de Britz, les statistiques montrent qu'il y a 417 candidats par appartement, tandis que dans le quartier jadis populaire de Kreuzberg, pour chaque appartement disponible à la location, pas moins de 321 personnes sont intéressées.
Selon Thomas Schorder, directeur général d'Inmobilienscaut24, « cela a créé une situation dramatique. Il y a une concurrence brutale et les gens cherchent des maisons pendant des mois. Quiconque a eu la chance d'obtenir une réduction de loyer ne déménage pas, et les tensions s'accentuent lorsqu'il n'y a pas de mobilité sur le marché ».
« On s'attendait à ce que cela se produise, mais certains hommes politiques ne cherchent qu'à imposer leur doctrine, même s'ils le font de manière fallacieuse. La réaction prévisible des propriétaires à une mesure populiste et presque stalinienne a été de retirer leurs appartements du marché locatif et de les mettre en vente ou à leur propre usage », ajoute un porte-parole d'Immowelt.
Ces politiciens appartiennent au parti social-démocrate (SPD), aux Verts et à Die Linke (La Gauche), membres de la coalition qui dirige Berlin depuis 2016. La pression au sein de la coalition, principalement exercée par Die Linke, fusion de l'ex-parti communiste et d'une formation de déçus du SPD, a conduit à une loi imposant le plafonnement des loyers le 23 février 2020. Plus précisément, elle a établi un prix au mètre carré en fonction de l'année de construction, de la superficie et de l'état des lieux. La fourchette va de 5 euros le mètre carré dans les immeubles construits avant 1918 à 9,80 euros le mètre carré dans ceux construits entre 2003 et 2013.
Cette règle a été saluée par des milliers de locataires. Elle a également suscité l'intérêt de nombreuses autres capitales européennes confrontées au même problème de hausse du prix du logement. Mais la mesure a été immédiatement signalée à la Cour constitutionnelle pour deux motifs différents. Le tribunal devrait rendre son verdict au milieu de l'année.
L'un d'entre eux concernera le recours anticonstitutionnel introduit par les partis d'opposition à Berlin, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et les libéraux (FDP). Ils affirment que les Länder n'ont pas le pouvoir de réglementer les loyers puisque les types de baux sont définis dans le code civil et que cette loi a une portée et une application fédérales. La deuxième plainte a été déposée par des propriétaires qui considèrent que leur propriété privée est attaquée et que le droit des contrats, un pilier de l'économie de marché, est brisé.
Cependant, le plafond des loyers à Berlin est entré en vigueur avec une date butoir de cinq ans en ligne de mire, bien que les locataires soient avertis que si la Cour constitutionnelle l'annule, ils devront rembourser à leurs propriétaires l'argent des loyers que ces derniers ont été contraints de réduire, avec des pénalités pouvant aller jusqu'à 2 000 euros. Le conseil de Berlin élabore une alternative en cas de défaite. Celle-ci implique l'expropriation, une menace qui a laissé les grands propriétaires indifférents et prêts à s'engager dans une longue bataille juridique pour défendre un droit aussi fondamental pour les démocraties libérales que celui de la propriété privée.
L'expérimentation a compliqué le marché. En attendant le verdict du tribunal, des campagnes se mettent en place pour recueillir des signatures en faveur de la préemption, accompagnées d'une liste des immeubles et appartements vides identifiés par les militants. L'une de ces campagnes s'appelle Deutsche Wohnen &amp; Co. Leur objectif est de « socialiser » tous les appartements appartenant à des entreprises ayant un portefeuille de plus de 3 000 logements à Berlin, ce qui éviterait au gouvernement de construire plus de 226 000 appartements, dont 110 000 appartiennent à Deutsche Wohnen, l'un des plus grands propriétaires de la capitale.
Et comme il s'agit de Berlin et que l'expérience ou la nostalgie de ce qui était l'Allemagne communiste pèse encore lourdement, il y a déjà des voix à Die Linke qui, en même temps, sont favorables à l'établissement de la « permutation », une pratique encore populaire à Cuba, où les personnes seules vivant dans de grandes maisons sont encouragées à déménager dans un logement plus petit, afin de faire de la place pour les familles avec enfants ayant besoin d'espace.
Peu de débats suscitent autant d'émotion que celui de l'accès au logement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes dans l'évaluation de la loi berlinoise sur le plafonnement des loyers réalisée par quatre économistes du prestigieux Institut de recherche économique (Ifo), dont son président, Clemens Fuest.
Cette réglementation a réduit le marché et a mis en évidence des problèmes sous-jacents. D'une part, le manque d'incitations pour les propriétaires et les investisseurs, et de l'autre, le manque ou l'absence d'investissements publics dans le logement social. Berlin est un bon exemple, avec une population en hausse de 10 % entre 2011 et 2019, pour atteindre 3,7 millions d'habitants, face à un parc de logements ayant augmenté de 5 %, pour atteindre deux millions de maisons.
« Nous avons un problème d'offre et de demande et la loi sur les loyers n'a fait que l'aggraver. Maintenant, tout est moins cher, mais plus rare », avance l'investisseur immobilier Jakob Moravia.
Ce ne sont pas les seuls effets de la loi sur la réglementation des loyers, qui a touché un demi-million de maisons, soit 25 % du parc. Les investissements dans l'entretien et la rénovation ont chuté. Le seul consortium suédois Akelius, l'un des grands locataires de Berlin, a cessé d'investir 500 millions d'euros, selon son directeur général.
De plus, la mesure prétendument « sociale » s'est révélée antisociale. Ceux qui ont le plus profité de la réglementation sont les locataires d'appartements d'État dans les quartiers de la classe moyenne supérieure. Pour ce groupe de la population, composé de professionnels libéraux et de personnes à hauts revenus, le coût du logement s'est réduit de jusqu'à 30 %. En revanche, l'impact a été imperceptible pour les locataires des banlieues, car les maisons dans ces quartiers populaires sont plus petites et le loyer plus bas. Dans ces zones, la réduction a été d'environ 20 euros, selon l'association des sociétés de logement de Berlin-Brandebourg (BBU).
Par ailleurs, la loi pousse les personnes qui arrivent en ville et cherchent un logement à tenter leur chance dans le secteur non concerné par la réglementation, dans les propriétés construites après 2014. Et ceux-ci, en plus de leur rareté, ont vu leur prix monter en flèche. L'augmentation moyenne des prix au cours de l'année dernière a été de 12 %.
« Berlin est devenu un jouet pour les idéologues, car il ne s'agit plus seulement de loyer et de Berlin. Nous parlons de l'ADN de la République fédérale en tant qu'économie sociale de marché », dit Jakob Moravia. Pour l'investisseur immobilier, social n'est pas synonyme de justice.
 
&nbsp;

À Berlin, le fiasco du plafonnement des loyers 

La loi plafonnant le prix des loyers à Berlin a provoqué une réduction de l'offre locataire et, comble, une hausse du prix des loyers. 

Die Maßnahme hat zu weiteren Spannungen geführt, die soziale Kluft vertieft und die Investitionen gebremst. Auch die Rechtslage ist unsicher.

Das Heilmittel war schlimmer als die Krankheit. Ein Jahr nachdem Berlin die Mietpreise gedeckelt hat, um das Wohnrecht zu sichern und die Gentrifizierung in den Stadtteilen einzudämmen, ist die Wohnungssuche in der deutschen Hauptstadt nicht nur schwieriger, sondern auch teurer geworden.
Wirtschaftsinstitute und Deutschlands führende Immobilienportale "Immobilienscout24" und "Immowelt" haben eine vernichtende Bilanz des ersten Jahres der staatlichen Eingriffe in den Wohnungsmarkt gezogen. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Mietpreisbremse zu mehr Spannungen geführt, die soziale Spaltung vertieft und Investitionen gebremst hat. Und das alles in einem Kontext der Rechtsunsicherheit.
Das Angebot an Mietwohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, also alle, die von der Regelung betroffen sind, ist um 60 Prozent gesunken, und zwar nicht wegen der Auswirkungen der Pandemie, wie die Befürworter der Regelung behaupten. Während Berlin einen Rückgang verzeichnete, stieg das Angebot an Mietwohnungen in anderen Städten, wie München, Düsseldorf und Hamburg.
Und je weniger Angebot, desto mehr Nachfrage. Seit Inkrafttreten des Gesetzes ist die durchschnittliche Zahl der Wohnungsbewerber von 128 auf 214 gestiegen. In manchen Bezirken wie Neukölln-Britz kommen laut Statistik 417 Bewerber auf eine Wohnung, im einstmals beliebten Kreuzberg kommen auf jede freie Wohnung 321 Interessenten.
"Das hat eine dramatische Situation geschaffen. Es herrscht ein brutaler Wettbewerb und die Leute suchen monatelang nach Häusern. Wer das Glück hatte, eine Mietminderung zu bekommen, zieht nicht um, und die Spannungen wachsen, wenn es keine Beweglichkeit auf dem Markt gibt", sagt Thomas Schroeter, Geschäftsführer von Immobilienscout24.
"Das war zu erwarten, aber manche Politiker wollen nur ihre Doktrin durchsetzen, auch wenn sie das auf eine irreführende Weise tun. Die vorhersehbare Reaktion der Hauseigentümer auf eine populistische und fast stalinistische Maßnahme ist, dass sie ihre Wohnungen vom Mietmarkt nehmen und zum Verkauf oder zur Eigennutzung anbieten", ergänzt ein Sprecher von Immowelt.
Diese Politiker gehören der Sozialdemokratischen Partei (SPD), den Grünen und der Linken an, Mitglieder des Dreierbündnisses, das Berlin seit 2016 regiert. Der Druck innerhalb der Koalition, der vor allem von der Linken ausgeübt wurde, führte zu einem Gesetz, das am 23. Februar 2020 Kappungsgrenzen für Mieten, sogenannte Mietpreisdeckel, erzwang. Konkret legte es einen Quadratmeterpreis fest, der vom Baujahr, der Fläche und der Beschaffenheit der Räumlichkeiten abhängt. Die Spanne reicht von 5 Euro pro Quadratmeter bei Objekten, die vor 1918 gebaut wurden, bis zu 9,80 Euro pro Quadratmeter bei Objekten, die zwischen 2003 und 2013 gebaut wurden.
Die Regelung wurde von Tausenden von Mietern gelobt. Sie erregte auch das Interesse in vielen anderen europäischen Hauptstädten mit dem gleichen Wohnungsproblem und wurde sofort in zwei verschiedenen Fällen dem Verfassungsgericht gemeldet. Das Verfassungsgericht wird voraussichtlich Mitte des Jahres ein Urteil fällen.
Zum einen geht es um die Verfassungsbeschwerde der Oppositionsparteien in Berlin, der CDU und der FDP. Sie argumentieren, dass die Länder nicht die Befugnis haben, die Mieten zu regeln, da die Arten von Mietverhältnissen im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt sind und dieses Gesetz bundesweit gilt und durchgesetzt wird. Die zweite Klage wurde von Vermietern eingereicht, die ihr Privateigentum angegriffen und das Vertragsrecht, eine Säule der Marktwirtschaft, gebrochen sehen.
Doch der Berliner Mietendeckel ist mit einer Frist von fünf Jahren in Kraft getreten. Allerdings sind die Mieter gewarnt: Kippt das Verfassungsgericht die Kappungsgrenze, müssen sie ihren Vermietern das Geld zurückzahlen, das sie gekürzt haben – mit Strafen von bis zu 2.000 Euro. Der Berliner Stadtrat arbeitet an einer Alternative für den Fall einer Niederlage. Sie sieht eine Enteignung vor, eine Drohung, die die großen Hausbesitzer gleichgültig lässt und sie bereit macht, sich auf einen langen Rechtsstreit einzulassen, um ein für liberale Demokratien so grundlegendes Recht wie das des Privateigentums zu verteidigen.
Das Experiment hat den Markt verkompliziert. Während das Gericht seine Entscheidung trifft, schießen Kampagnen aus dem Boden, die Unterschriften für die Enteignung sammeln, zusammen mit einer Liste der von den Aktivisten identifizierten leeren Gebäude und Wohnungen. Eine dieser Kampagnen nennt sich "Deutsche Wohnen enteignen!". Ihr Ziel ist die "Vergesellschaftung" aller Wohnungen im Besitz von Unternehmen mit einem Berliner Bestand von mehr als 3.000 Wohnungen. Damit müsste der Staat mehr als 226.000 Wohnungen weniger bauen, darunter rund 110.000 im Besitz der Deutschen Wohnen, einem der größten Eigentümer der Hauptstadt.
Und da dies Berlin ist und die Erfahrung nach dem kommunistischen Deutschland immer noch schwer wiegt, gibt es bereits Stimmen aus der Linken, die sich gleichzeitig für die Einführung der in Kuba immer noch beliebten "Permutation" aussprechen. Hier werden Menschen, die allein in großen Häusern leben, dazu angehalten, in ein kleineres Haus zu ziehen, um Platz für Familien mit Kindern zu schaffen, die ihn brauchen.
Es gibt wenige Debatten, die so emotional geführt werden, wie wenn es um den Zugang zu Wohnraum geht. Die Zahlen sprechen für sich: Vier Ökonomen des renommierten Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo), darunter dessen Präsident Clemens Fuest, haben das Berliner Gesetz zur Mietpreisbremse bewertet.
Die Regulierung hat den Markt verengt, und sie macht die zugrunde liegenden Probleme deutlich. Auf der einen Seite fehlen Anreize für Eigentümer und Investoren, auf der anderen Seite gibt es wenig bis keine öffentlichen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Berlin ist ein anschauliches Beispiel dafür. Seine Bevölkerung wuchs zwischen 2011 und 2019 um 10 Prozent auf 3,7 Millionen Einwohner. Der Wohnungsbestand wuchs um 5 Prozent auf zwei Millionen Häuser.
"Wir haben ein Problem von Angebot und Nachfrage, und das Mietrecht hat es nur noch verschärft. Jetzt ist alles billiger, aber knapper", sagt der Immobilieninvestor Jakob Moravia.
Das sind nicht die einzigen Auswirkungen des Mietrechtsgesetzes, das eine halbe Million Wohnungen oder 25 Prozent des Bestands getroffen hat. Die Investitionen in Instandhaltung und Renovierung sind stark zurückgegangen. Allein das schwedische Konsortium "Akelius", eines der großen Wohnungsbauunternehmen in Berlin, hat nach Angaben seines Geschäftsführers Investitionen im Wert von 500 Millionen Euro gestoppt.
Mehr noch: Die vermeintlich "soziale" Maßnahme hat sich als unsozial herausgestellt. Profitiert haben von der Regelung vor allem die Mieter von Wohnungen in großbürgerlichen Vierteln. Für diese Bevölkerungsgruppe, die sich aus Freiberuflern und Gutverdienern zusammensetzt, ist das Wohnen nun bis zu 30 Prozent billiger geworden. Die Entlastung für Mieter in den Vororten ist dagegen kaum spürbar, da die Häuser in diesen beliebten Gegenden kleiner sind und somit die Miete niedriger ist. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) schätzt, dass die Entlastung in diesen Gebieten bei etwa 20 Euro pro Monat liegt.
Diejenigen, die auf der Suche nach Wohnraum sind und weiterhin in die Stadt kommen, hat das Gesetz zur Mietpreisregulierung gezwungen, ihr Glück im unregulierten Sektor zu versuchen, in den nach 2014 gebauten Immobilien. Und diese sind, abgesehen von ihrer Knappheit, im Preis in die Höhe geschossen. Der durchschnittliche Preisanstieg im letzten Jahr betrug 12 Prozent.
"Berlin ist zu einem Spielzeug für Ideologen geworden, denn es geht nicht mehr nur um Miete und Berlin. Es geht um die DNA der Bundesrepublik als soziale Marktwirtschaft", reflektiert Moravia. Für ihn sind Soziales und Gerechtigkeit nicht dasselbe.
 
&nbsp;

Berlins großes Scheitern mit der Mietpreisbremse: Weniger ist teuer

Der Mietpreisdeckel sollte den ansteigenden Preisen in Berlin entgegenwirken. Stattdessen ziehen Vermieter ihre Wohnungen vom Markt.

avatar.png

233134229.jpg

Ningún otro gobierno europeo tiene tanto poder como el presidente español y su equipo respecto a la gestión del Fondo de Reconstrucción de la UE 

El ejecutivo vivió en noviembre una batalla pública para formar parte del equipo de gestión de las ayudas europeas del Plan de Recuperación por la pandemia. No es para menos: 140.000 millones de euros inyectará la Unión Europea en España, unos 70.000 de manera directa y sin préstamos. Un auténtico maná que solo Italia supera (209.000 millones). &nbsp;
Pedro Sánchez, para solventar la pugna con su socio de Gobierno, amplió el equipo de gestión a todo el Consejo de Ministros. Inicialmente se conformaba con una selección interministerial en la que el PSOE tenía el control casi pleno de los fondos y en la que no estaba el vicepresidente, Pablo Iglesias. De la parte morada del Ejecutivo, solo se incluía a Yolanda Díaz, la que tiene mejor consideración en la parte socialista. &nbsp;
La presión intensa del líder de Podemos llevó al presidente a una solución salomónica: todos los ministros formarán parte del equipo. Es decir, un regate para no alterar lo fundamental: Sánchez y su equipo de confianza están en la cúspide y dirigirán el proceso, con un poder sin equivalente entre los países de referencia en Europa. La posición jerárquica del presidente nunca ha cambiado, desde que a finales de julio hiciese el primer esbozo ante los líderes autonómicos. Entonces, al frente de la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación aparecía su jefe de Gabinete, Iván Redondo. Y en noviembre, cuando se perfiló el proyecto, al frente de la coordinación de la Comisión para la recuperación, transformación y resiliencia se colocaba el propio Sánchez. A esa Comisión contribuían 11 ministerios, no Iglesias. La solución final de café para todos no altera la posición del presidente, gran Rey Midas de Europa. &nbsp;
Todo pasará por su equipo —para agilizar los mecanismos, se justifica— sin que haya ninguna entidad independiente o semipública que, al menos, aconseje. Una situación sin equivalente entre las grandes economías continentales ni en los países del sur europeo. En esos países ya se esbozan o se instituyen asesorías independientes, hay diversos niveles de auditoría, una presencia efectiva de agentes sociales o un control parlamentario superior a España.
<h2>Francia</h2>
Emmanuel Macron, como presidente de la República, tiene una comisión de expertos para temas económicos que encabezan Jean Tirole, nobel de Economía en 2014, y Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI. Y ha nombrado a un veterano centrista y aliado, François Bayrou, alto comisario del Plan para que «reflexione a largo plazo sobre el futuro». A la hora de repartir dinero, solo hay un órgano que decide y gestiona, el gobierno del primer ministro Jean Castex. Fue él quien presentó el plan de relanzamiento que tiene por objetivo crear 160.000 empleos en dos años, periodo en el que prevé invertir 100.000 millones de euros. Detallado en 900 páginas y dividido en tres capítulos enfocados a la «competitividad económica», la «Transición Ecológica» y «la cohesión social y territorial». En el primero (34.000 millones) se contabiliza la bajada de impuestos; en el segundo (30.000 millones) las ayudas a la renovación energética de las viviendas y un apoyo decidido al ferrocarril; en el tercero (36.000 millones) el plan de empleo juvenil y las inversiones en sanidad. Todo centralizado, como corresponde a la tradición francesa, pero con figuras asesoras externas.
<h2>Italia</h2>
Italia ha afrontado con cierta tensión el diseño de su equipo para la coordinación y gestión de los fondos. Principalmente por dos motivos: es el país que más ayudas recibirá (209.000 millones de euros) y, según admitieron desde el Ejecutivo, el plan de recuperación, que se ha presentado esta semana, ha llegado con cierto retraso. &nbsp;El Gobierno italiano ha optado por centralizar en el Palazzo Chigi, la sede del Consejo de Ministros y la Presidencia, las decisiones sobre el reparto de fondos. En este sentido, y pese a que el primer ministro, Giuseppe Conte, encabezará la sala de control junto a los ministros de Economía, Roberto Gualtieri, y Desarrollo, Stefano Patuanelli, la gestión se dividirá en seis grandes subgrupos. Así, los hilos con los que confeccionar el plan de recuperación quedarán en manos de decenas de especialistas coordinados por gerentes técnicos. La formación de dichos equipos ha sido el principal rompecabezas para el Ejecutivo en las últimas fechas. El plan responde así al diseño que avanzó semanas atrás el ministro de Asuntos Europeos, Enzo Amendola. Este doble nivel (técnico y político) es otra diferencia con el modelo español. Además, en la estrategia de reconstrucción tras la primera ola de la pandemia el diseño correspondió a un equipo independiente liderado por el que fuera CEO de Vodafone, Vittorio Colao. &nbsp;
Pese al anunciado retraso en los tiempos de diseño del plan, Italia seguirá cumpliendo con los plazos marcados por Europa, que permite la entrega de los planes hasta el 30 de abril de 2021. «Italia va por buen camino», tranquilizó recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
<h2>Grecia</h2>
La conocida como Comisión Pissarides ha sido la encargada de diseñar el plan de recuperación económico griego y de distribución de los 72.000 millones que recibe el país de los fondos europeos. Está formada por el premio Nobel de Economía Christoforos Pissarides y por los profesores universitarios Dimitris Vagianos, Nikos Vetta y Costas Megir. Asesoran al Ejecutivo de manera independiente y, según cuenta la prensa griega, sus propuestas no suponen una decisión directamente gubernamental. El documento elaborado por esta comisión, de 244 páginas de extensión y titulado «Plan de desarrollo para la economía griega» fue publicado a finales de noviembre. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, lo consideró la «hoja de ruta» a seguir para poner fin al encadenamiento de crisis que acumula Grecia desde hace una década.
La apuesta del Gobierno es contraria a la del Gobierno español, pues pasa, en primer lugar, por una bajada de impuestos. Además, se prevé un incremento de las ayudas a familias, la mejora de la transparencia e independencia de la administración y el impulso de la infraestructura tecnológica de las grandes empresas. La ambiciosa estrategia ha sido diseñada con el objetivo de crecer a un ritmo del 3,5% en 2030. La oposición, encabezada por Alexis Tsipras, afín a Iglesias, pronosticó un empeoramiento de la situación económica y anunció una alternativa, un plan «anti-Pissarides», con el reforzamiento del sistema de salud griego como primer objetivo.
<h2>Portugal</h2>
La reestructuración portuguesa la encabezó António Costa Silva, CEO de la petrolífera Partex, con la redacción del «Plan de Recuperación y Resiliencia», donde detalla 66 puntos de actuación, a modo de asesoramiento independiente para el Ejecutivo. La gestión de los 15.300 millones de euros que el país luso recibirá de los fondos europeos recae en un modelo estructurado en cuatro niveles, en los que están presentes los máximos mandatarios políticos, un comité técnico, otro de interlocutores sociales independientes y, por último, una comisión de auditorías y seguimiento. A nivel político, y como ocurre en España, Presidencia tiene un importante peso: el primer ministro, António Costa, junto a los ministros de Economía, Planificación, Presidencia, Medio Ambiente y Acción Climática, son los miembros destacados del comité directivo. Pero junto a ellos, en coordinación y a diferencia de España, una comisión de seguimiento independiente valora los criterios del reparto. Está formada por una decena de actores no gubernamentales, que representan a actores sociales y empresariales. Además, otras entidades, tanto europeas como nacionales, monitorizan el control de las ayudas. El ideólogo del plan sobre el que se cimienta la recuperación portuguesa, Costa Silva, reconoció hace unas semanas en O Jornal Económico que quizá haga falta una «simplificación» del modelo y centrar así la toma de decisiones en «una ventanilla única» para «agilizar» y «simplificar» los procedimientos y unificar el diálogo con las empresas.
<h2>Alemania</h2>
Alemania recibirá 28.800 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación de la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el quinto país de la Unión Europea más beneficiado en el reparto y, uno de los que menos urgencia tiene por recibirlos. Prueba de ello es que la decisión sobre cómo se utilizarán esas ayudas se encuentra en fase inicial y no hay fecha para la conclusión de ese proceso. Alemania ha empezado la casa por los cimientos y el maestro de obras no es Angela Merkel, sino el Ministerio de Finanzas, pues el dinero se destinará a proyectos financiados por el gobierno federal en el marco del paquete de medidas anticrisis puesto ya en marcha.
Según informa a este diario fuentes de Finanzas, se está trabajando en el plan nacional que Alemania deberá presentar a la Comisión Europea. En las deliberaciones participan todos los ministerios del Gabinete de la canciller Angela Merkel y los grupos que forman la coalición de Gobierno, la Unión Cristianodemócrata (CDU) su ala bávara, la Unión Socialcristiana (CSU), y el Partido Socialdemócrata (SPD). Una vez perfilado el plan, se someterá a votación en el consejo de ministros y al Bundestag. Será el final de una hoja de ruta acordada por la coalición de gobierno el pasado 25 de octubre y en la que no se contempla recurrir a la parte de las ayudas comunitarias en créditos. Alemania no lo necesita.
<h2>Bélgica</h2>
La digestión de los fondos europeos ha generado discusiones en Bélgica, como en todas partes, pero la gestión, no, o no mucha. Y eso que la persona encargada, un secretario de Estado, fue durante años la mano derecha de Paul Magnette, líder de los socialistas francófonos y candidato hasta el último minuto a presidir el Ejecutivo de coalición. A que no haya tantas tensiones ayuda, probablemente, que el gobierno que asumió el poder el 1 de octubre preparó el organigrama teniendo en mente ya la absorción del dinero comunitario. Y por eso el secretario de Estado, Thomas Dermine, de 34 años, tiene una cartera de Recuperación e Inversiones Estratégicas, un diseño a la medida de las necesidades.
Bélgica ha dejado el poder en manos de un asesor de confianza del Gobierno, ingeniero comercial de formación y exconsultor, pero en realidad el poder es relativo, pues la clave estará en el reparto entre los territorios, para lo que se ha creado un «comité de concertación», un figura que no se ha valorado en España, pese a la descentralización. En Bélgica, Flandes, el motor económico, exige más de la mitad del pastel. Y de aquí a final de año se aprobará el desembolso, según criterios «equitativos». No hay un plan definido, pero se habla de cinco áreas claves en las que Bélgica necesita un revulsivo, gracias a esos más de 5.000 millones en transferencias directas: clima, movilidad, productividad, digitalización y lo que llama solidaridad. El control será del Gobierno, no hay una figura independiente ni una coordinación público-privada, pero sí un referente distinto del presidente y entidades de coordinación territorial que no existen en España.

Pedro Sánchez, el 'Rey Midas' de Europa: nadie concentra tanto control sobre los fondos

No other European government has as much power as the Spanish Prime Minister and his team with respect to the management of the EU Reconstruction Fund 

During November, the Spanish government was involved in a public battle to create the management team for European aid under the recovery plan. It makes sense. The European Union will allocate €140 billion to Spain and about 70 billion will go directly to the country, without loans. A real boost that only Italy exceeds with €209 billion.
In order to overcome the conflict with Podemos, part of the coalition government, Pedro Sánchez extended the management team to the entire Council of Ministers. Initially, he was satisfied with an interministerial selection in which the Socialists had almost full control of the funds and in which the deputy prime minister, Pablo Iglesias, was not present. Only Yolanda Díaz, Minister of Labour and Social Affairs, was included because she is the most highly regarded member of Podemos inside the Socialist camp.
After intense pressure from Pablo Iglesias, the prime minister came up with a Solomonic solution. All the ministers will be part of the team. In other words, he bargained but did not alter the fundamentals. Sánchez and his trusted team are on top and will lead the process. This provides them with unparalleled power among the leading countries in Europe. The prime minister's hierarchical position has remained unchanged since he presented the first draft to the regional leaders in July. At that time, the head of the recovery fund monitoring unit was his chief of staff, Iván Redondo. And in November, when the project was outlined, the head of the coordination of the Commission for Recovery, Transformation and Resilience was Sanchez himself. 11 ministries would contribute to the Commission, but Pablo Iglesias would not. However, this solution of making everyone a winner does not alter the position of the prime minister: the great King Midas of Europe.
Everything will go through his team in order to speed up the mechanisms, he justifies. There will not be any independent or semipublic entity that at least provides advice. This is a scenario that has no equivalent among the large continental economies or in the countries of southern Europe. There are already independent consultancy firms being outlined or set up in these countries, with several levels of auditing, effective participation of social agents and parliamentary control superior to that of Spain.
<h2>France</h2>
As a President of the Republic, Emmanuel Macron has a commission of experts on economic issues headed by Jean Tirole, Nobel Prize winner in Economics in 2014, and Olivier Blanchard, former chief economist of the IMF. And he has appointed a veteran centrist and ally, François Bayrou, high commissioner of the Plan to "reflect on the future in the long term". When it comes to distributing money, there is only one body that decides and manages it. This is the government of Prime Minister Jean Castex. He has presented the plan to relaunch the economy, aiming to create 160,000 jobs in two years and investing €100 billion in the process. It is detailed in 900 pages and divided into three chapters focusing on "economic competitiveness", "ecological transition" and "social and territorial cohesion". In the first €34 billion, it includes tax reductions; in the second €30 billion, it includes aid for the energetic renovation of housing and strong support for the railway; in the third €36 billion, it includes the youth employment plan and investment in health. Everything is centralised, as in the French tradition, but with external advisors.
<h2>Italy</h2>
Italy has faced some tension in the design of its team for the coordination and management of the funds. Mainly for two reasons: it is the country that will receive the most aid (€209 billion) and, as admitted by their government, the recovery plan, presented this week, has arrived with some delay. The Italian government has chosen to centralise the decisions on the distribution of funds in the Palazzo Chigi, the seat of the Council of Ministers and the Presidency. Despite the fact that Prime Minister Giuseppe Conte will lead the monitoring room, along with the Ministers of Economy Roberto Gualtieri and Development Stefano Patuanelli, the management will be divided into six large subgroups. This way, the strings needed to draw up the recovery plan will be in the hands of dozens of specialists coordinated by technical managers. Building these teams has been a major challenge for Conte in recent times. The plan follows the design that the Minister of European Affairs, Enzo Amendola, advanced weeks ago. This dual-level —technical and political— makes a further difference to the Spanish model. In addition, the reconstruction strategy after the first wave of the pandemic was designed by an independent team led by the former Vodafone CEO, Vittorio Colao.
Despite the announced delay in the time taken to draw up the plan, Italy will continue to meet the deadlines set by Europe, which allows the delivery of the plans until April 30, 2021. "Italy is on the right track," &nbsp;European Commission President Ursula von der Leyen recently reassured.
<h3>Greece</h3>
The so-called Pissarides Commission has been in charge of designing the plan for Greece's economic recovery and the distribution of the €72 billion that the country will be receiving from European funds. Its members include Nobel Prize winner Christoforos Pissarides and university professors Dimitris Vagianos, Nikos Vetta and Costas Megir. They advise the administration independently and, according to the Greek media, their proposals do not involve a direct government decision. The 244-page document prepared by this committee, titled "Development plan for the Greek economy", was published at the end of November. The Greek Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, considered it to be the "road map" to follow in order to put an end to the crisis chain that Greece has been suffering for a decade.
The Greek government commitment is the opposite to that of the Spanish one, as their main commitment is to lower taxes. In addition, there are plans to increase aid to families, improve the transparency and independence of the public administration and boost the technological infrastructure of large companies. The ambitious strategy has been designed with the aim of growing at a rate of 3.5% in 2030. The opposition, led by Alexis Tsipras, a supporter of Pablo Iglesias, predicted a worsening of the economic situation and announced an alternative, an "anti-Pissarides" plan, with the strengthening of the Greek health system as the first objective.
<h2>Portugal</h2>
The Portuguese restructuring was led by António Costa Silva, CEO of the oil company Partex, with the drafting of the "Recovery and Resilience Plan". In it, he details 66 points of action as a piece of independent advice for the government. The €15.3 billion euros that Portugal will receive from European funds are managed by a four-tier model, with the presence of the highest political leaders, a technical committee, another of independent social partners and, finally, an audit and monitoring committee. On a political level, and as is the case in Spain, the prime minister has significant weight. António Costa, together with the ministers of the Economy, Planning, the Presidency, the Environment and Climate Action, are the leading members of the steering committee. But alongside them, in coordination and unlike Spain, an independent monitoring committee assesses the criteria for distribution. The committee is made up of ten non-governmental actors, representing social and business stakeholders. In addition, other entities, both European and national, monitor the control of the aid. The ideologist behind the plan acknowledged a few weeks ago in O Jornal Económico that there may be a need to "simplify" the model and thus focus decision-making on "a one-stop window" to "speed up" and "simplify" procedures and standardise talks with companies.
<h3>Germany</h3>
Germany will receive €28.8 billion in European funds for recovery from the crisis caused by the coronavirus pandemic, the fifth highest beneficiary country in the European Union in terms of distribution and one of the least in need of receiving them. Proof of this is that the decision on how this aid will be used is at an early stage and there is no date for the conclusion of this process. Germany has started the house from the foundations and the master builder is not Angela Merkel, but the Ministry of Finance, as the money will be spent on projects financed by the federal government within the framework of the anticrisis package already in place.
According to financial sources, work is underway on the national plan that Germany is to present to the European Commission. All of the ministries in Angela Merkel's cabinet and the groups that make up the government coalition, the Christian Democratic Union (CDU), its Bavarian wing, the Christian Social Union (CSU), and the Social Democratic Party (SPD) are taking part in the considerations. Once the plan has been drawn up it will be put to a vote in the Council of Ministers and the Bundestag. It will be the end of a roadmap agreed on by the government coalition last October, which does not envisage using the part of EU aid in credits. Germany does not need it.
<h2>Belgium</h2>
The processing of European funds has generated debates in Belgium, as everywhere else, but not much in the way of management. And that's because the person in charge, secretary of State for Scientific Policy, Recovery Program and Strategic Investments Thomas Dermine, was the right-hand man for years of Paul Magnette, leader of the French-speaking socialists and candidate (until the very last minute) to be appointed prime minster. The fact that the government that took office on 1st October prepared the organisational chart with the absorption of community money in mind probably helps to ease tensions. And that is why Dermine, who is 34, has a Strategic Recovery and Investment portfolio, which is tailored to the needs.
Belgium has left power in the hands of a trusted advisor to the government, a trained commercial engineer and a former consultant, but in reality power is relative, as the key will be in the distribution between the territories, for which a "consultation committee" has been created, a figure that has not been valued in Spain, despite decentralisation. Flanders, the economic engine in Belgium, demand more than half of the cake. And between now and the end of the year, disbursement will be approved, according to "equitable" criteria. There is no definite plan, but there is talk of five key areas where Belgium needs a revival, thanks to more than five billion in direct transfers: climate, mobility, productivity, digitalisation and what they call 'solidarity'. The Government will be in control, there is no independent figure or public-private coordination, but there is a different reference to the prime minister and territorial coordination entities that do not exist in Spain.

Pedro Sánchez, Europe's King Midas  

No other European government has as much power as the Spanish Prime Minister and his team with respect to the management of the EU Reconstruction Fund

Καμία άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα, όσον αφορά στη διαχείριση του Ταμείου Ανασυγκρότησης της ΕΕ, όσο ο Ισπανός πρωθυπουργός και η ομάδα του

Πέδρο Σάντσεθ: Ο Βασιλιάς Μίδας της Ευρώπης

Καμία άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα, όσον αφορά στη διαχείριση του Ταμείου Ανασυγκρότησης της ΕΕ, όσο η Ισπανική

Aucun autre gouvernement européen n'aura autant de pouvoir que le Premier ministre espagnol et son équipe pour la gestion du Fonds de relance de l'UE. 

En novembre, le gouvernement espagnol s'est engagé dans une bataille publique pour créer l'équipe de gestion de l'aide européenne dans le cadre du plan de relance. Rien de surprenant à cela. L'Union européenne va allouer 140 milliards d'euros à l'Espagne et environ 70 milliards iront directement au pays, sous forme de subvention. Un véritable soutien que seule l'Italie dépasse avec 209 milliards d'euros.
Afin de surmonter le conflit avec Podemos, le parti de gauche qui fait partie du gouvernement de coalition, Pedro Sánchez a étendu l'équipe de direction à l'ensemble du Conseil des ministres. Dans un premier temps, il s'était contenté d'une sélection interministérielle dans laquelle les socialistes avaient le contrôle quasi total des fonds et où le vice-Premier ministre, Pablo Iglesias (leader de Podemos, ndlr), ne serait pas présent. Yolanda Díaz, ministre du Travail et des Affaires sociales, avait été incluse car elle est la membre la plus estimée de Podemos chez les socialistes.
Après une pression intense exercée par Pablo Iglesias, le Premier ministre a procédé à un jugement de Salomon. Tous les ministres feront partie de l'équipe. En d'autres termes, il a négocié mais n'a pas modifié les principes fondamentaux. M. Sánchez et son équipe de confiance restent au sommet et dirigeront le processus. Cela leur donne un pouvoir sans précédent parmi les pays leaders en Europe. La position hiérarchique du Premier ministre est restée inchangée depuis qu'il a présenté le premier projet aux dirigeants régionaux en juillet. À l'époque, le chef de l'unité de suivi du fonds de relance était son chef de cabinet, Iván Redondo. Et en novembre, lorsque le projet a été présenté, le chef de la coordination de la Commission pour le redressement, la transformation et la résilience n'était autre que M. Sánchez lui-même. Onze ministères allaient contribuer à la Commission, mais pas Pablo Iglesias. Cependant, cette solution consistant à faire de chacun un gagnant ne modifie pas la position du Premier ministre, roi Midas (dans la mythologie grecque, le roi de Phrygie acquit la capacité de changer en or ce qu'il touchait, ndlr) de l'Europe.
Tout passera par son équipe afin d'accélérer le processus, justifie-t-il. Il n'y aura pas d'entité indépendante ou semi-publique qui ne fournisse au moins des conseils. C'est un scénario qui n'a pas d'équivalent dans les grandes économies continentales ou dans les pays du sud de l'Europe. Il existe déjà dans ces pays des sociétés de conseil indépendantes en cours de création, avec plusieurs niveaux d'audit, une participation effective de la société civile et un contrôle parlementaire supérieur à celui de l'Espagne.
<h3>France</h3>
En tant que président de la République, Emmanuel Macron dispose d'une commission d'experts sur les questions économiques dirigée par Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2014, et Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI. Et il a nommé un vétéran centriste et allié, François Bayrou, haut-commissaire au Plan pour « réfléchir à l'avenir sur le long terme ». Lorsqu'il s'agit de distribuer de l'argent, il n'y a qu'un seul organe qui décide et qui gère. Il s'agit du gouvernement du Premier ministre Jean Castex. Il a présenté le plan de relance de l'économie, qui vise à créer 160 000 emplois en deux ans et à investir 100 milliards d'euros. Le plan compte 900 pages et est divisé en trois chapitres axés sur la « compétitivité économique », la « transition écologique » et la « cohésion sociale et territoriale ». Les premiers 34 milliards d'euros visent des réductions d'impôts ; les 30 milliards d'euros qui suivent incluent une aide à la rénovation énergétique des logements et un soutien important au chemin de fer ; et les 36 milliards d'euros restant concernent le plan pour l'emploi des jeunes et l'investissement dans la santé. Tout est centralisé, conformément à la tradition française, mais avec des conseillers extérieurs.
<h3>Italie</h3>
L'Italie a connu des tensions dans la conception de son équipe de coordination et de gestion des fonds. Principalement pour deux raisons : c'est le pays qui recevra le plus d'aide (209 milliards d'euros) et, comme l'a admis leur gouvernement, le plan de relance, présenté cette semaine, est arrivé avec un certain retard. Le gouvernement italien a choisi de centraliser les décisions relatives à la distribution des fonds au Palazzo Chigi, le siège du Conseil des ministres et de la présidence. Malgré le fait que le Premier ministre Giuseppe Conte dirigera la salle de contrôle, avec les ministres de l'Economie Roberto Gualtieri et du Développement Stefano Patuanelli, la gestion sera divisée en six grands sous-groupes. De cette façon, le pilotage du plan de relance sera entre les mains de dizaines de spécialistes coordonnés par des responsables techniques. La constitution de ces équipes a été un défi majeur pour M. Conte. Le plan suit la conception que le ministre des Affaires européennes, Enzo Amendola, a avancée il y a quelques semaines. Ce double niveau - technique et politique - constitue une différence supplémentaire par rapport au modèle espagnol. En outre, la stratégie de reconstruction après la première vague de pandémie a été conçue par une équipe indépendante dirigée par l'ancien PDG de Vodafone, Vittorio Colao.
Malgré le retard annoncé dans l'élaboration du plan, l'Italie continuera à respecter les délais fixés par l'Europe, ce qui permettra une mise en oeuvre jusqu'au 30 avril 2021. « L'Italie est sur la bonne voie », a récemment rassuré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
<h3>Grèce</h3>
La Commission Pissarides a été chargée de concevoir le plan de relance économique de la Grèce et de distribuer les 72 milliards d'euros que le pays recevra des fonds européens. Parmi ses membres figurent le prix Nobel Christoforos Pissarides et les professeurs d'université Dimitris Vagianos, Nikos Vetta et Costas Megir. Ils conseillent l'administration de manière indépendante et, selon les médias grecs, leurs propositions n'impliquent pas une décision directe du gouvernement. Le document de 244 pages préparé par ce comité, intitulé « Plan de développement de l'économie grecque », a été publié fin novembre. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, l'a considéré comme la « feuille de route » à suivre pour mettre fin à la chaîne de crise dont souffre la Grèce depuis une décennie.
L'engagement du gouvernement grec est à l'opposé de celui du gouvernement espagnol, puisque son principal engagement est de réduire les impôts. En outre, il est prévu d'augmenter l'aide aux familles, d'améliorer la transparence et l'indépendance de l'administration publique et de renforcer l'infrastructure technologique des grandes entreprises. Cette stratégie ambitieuse a été conçue dans le but d'atteindre un taux de croissance de 3,5 % en 2030. L'opposition, menée par Alexis Tsipras, un partisan de Pablo Iglesias, a prédit une aggravation de la situation économique et a annoncé une alternative, un plan « anti-Pissarides », avec comme premier objectif le renforcement du système de santé grec.
<h3>Portugal</h3>
La relance portugaise a été menée par António Costa Silva, PDG de la compagnie pétrolière Partex, avec l'élaboration du « Plan de redressement et de résilience ». Ce dernier détaille 66 points d'action, sous forme de conseil indépendant pour le gouvernement. Les 15,3 milliards d'euros que le Portugal recevra des fonds européens sont gérés selon un modèle à quatre niveaux : un comprenant les plus hauts dirigeants politiques, un comité technique, des partenaires sociaux indépendants et un comité d'audit et de suivi. Sur le plan politique, et comme c'est le cas en Espagne, le Premier ministre a un poids important. António Costa, ainsi que les ministres de l'Economie, de la planification, de l'Environnement et de l'Action pour le climat et la présidence sont les principaux membres du comité directeur. Mais à leurs côtés, en coordination et à la différence de l'Espagne, un comité de suivi indépendant évaluera les critères de répartition. Ce comité compte dix acteurs non gouvernementaux, représentant les acteurs sociaux et économiques. En outre, d'autres entités, tant européennes que nationales, assureront le suivi du contrôle de l'aide. Le responsable à l'origine du plan a reconnu, il y a quelques semaines, dans O Jornal Económico, qu'il pourrait être nécessaire de « simplifier » le modèle et donc de concentrer la prise de décision sur un « guichet unique » pour « accélérer » et « simplifier » les procédures et standardiser les entretiens avec les entreprises.
<h3>Allemagne</h3>
L'Allemagne recevra 28,8 milliards d'euros de fonds européens pour la relance de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Elle est le cinquième pays bénéficiaire de l'Union européenne en termes de distribution et l'un de ceux qui ont le moins besoin de les recevoir. La preuve en est que la décision sur la manière dont cette aide sera utilisée n'en est qu'à ses débuts et qu'il n'y a pas de date pour la conclusion de ce processus. L'Allemagne a commencé la construction des fondation de la maison et le maître d'œuvre n'est pas Angela Merkel, mais le ministère des Finances, car l'argent sera dépensé pour des projets financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du paquet anticrise déjà en place.
Selon des sources financières, le plan national que l'Allemagne doit présenter à la Commission européenne est en cours d'élaboration. Tous les ministères du cabinet d'Angela Merkel et les groupes qui composent la coalition gouvernementale, l'Union chrétienne-démocrate (CDU), son aile bavaroise, l'Union chrétienne-sociale (CSU) et le Parti social-démocrate (SPD) participent aux réflexions. Une fois le plan élaboré, il sera soumis à un vote au Conseil des ministres et au Bundestag. Ce sera la fin d'une feuille de route convenue par la coalition gouvernementale en octobre dernier, qui n'envisage pas d'utiliser la part de l'aide de l'UE sous forme de crédits. L'Allemagne n'en a pas besoin.
<h2>Belgique</h2>
Le traitement des fonds européens a suscité des débats en Belgique, comme partout ailleurs, mais pas beaucoup sur le plan de la gestion. Et ce, parce que le responsable, le secrétaire d'État pour la Relance et les investissements stratégiques, Thomas Dermine, a été pendant des années le bras droit de Paul Magnette, leader des socialistes francophones et candidat (jusqu'à la dernière minute) au poste de Premier ministre. Le fait que le gouvernement, qui a pris ses fonctions le 1er octobre, ait préparé l'organigramme en pensant à la gestion à venir de l'argent communautaire contribue probablement à apaiser les tensions. Aussi M. Dermine, 34 ans, dispose-t-il d'un portefeuille de relance stratégique et d'investissement, qui est adapté aux besoins.
La Belgique a laissé le pouvoir entre les mains d'un conseiller de confiance du gouvernement, un ingénieur commercial de formation et un ancien consultant. Mais dans les faits son pouvoir est relatif, car la clé se trouvera dans la répartition de l'argent entre les territoires, pour laquelle un « comité de consultation » a été créé, une donnée pas prise en compte en Espagne, malgré la décentralisation. La Flandre, moteur économique de la Belgique, réclame plus de la moitié du gâteau. Et le déboursement doit être approuvé d'ici la fin de l'année, selon des critères « équitables ». Il n'y a pas de plan précis, mais on parle de cinq domaines clés où la Belgique a besoin d'une relance, grâce aux plus de cinq milliards de transferts directs : le climat, la mobilité, la productivité, la numérisation et ce qu'on appelle la « solidarité ». Le gouvernement sera aux commandes, il n'y a pas de figure indépendante ni de coordination public-privé, mais il est fait référence au Premier ministre et aux entités de coordination territoriale qui n'existent pas en Espagne.

Pedro Sánchez, roi Midas de l'Europe  

Aucun autre gouvernement européen n'aura autant de pouvoir que le Premier ministre espagnol et son équipe pour la gestion du Fonds de relance de l'UE.

Żaden inny europejski rząd nie ma takiej władzy jak hiszpański premier i jego zespół w odniesieniu do zarządzania funduszem na rzecz odbudowy UE. 

W listopadzie rząd hiszpański uczestniczył w publicznej batalii o utworzenie zespołu zarządzającego pomocą europejską w ramach planu naprawczego. Nie bez przyczyny. Unia Europejska przyzna Hiszpanii 140 mld euro, z czego około 70 mld euro zostanie jej przekazanych bezpośrednio, nie w formie pożyczek. To realne ekonomiczne wsparcie; tylko Włochy otrzymają większą kwotę, 209 mld euro.
W celu przezwyciężenia konfliktu z koalicyjnym partnerem Podemos, Pedro Sánchez rozszerzył zespół zarządzający tak, by zawierał całą Radę Ministrów. Początkowo preferował międzyresortową grupę, w której socjaliści mieli prawie pełną kontrolę nad funduszami i w której nie było wicepremiera Pablo Iglesiasa. Do zespołu włączona została jedynie Yolanda Díaz, minister pracy i spraw socjalnych, która w obozie socjalistycznym jest najbardziej cenionym członkiem partii Podemos.
Po intensywnych naciskach Pablo Iglesiasa, premier zaproponował salomonowe rozwiązanie: członkami zespołu będą wszyscy ministrowie. Innymi słowy, wziął udział w politycznych targach, ale nie zmienił swojej podstawowej decyzji. Sánchez i jego zaufany zespół znajdują się na szczycie i będą prowadzić ten proces. Zapewnia im to niezrównaną siłę wśród przodujących krajów Europy. Pozycja premiera na szczycie hierarchii nie zmieniła się od lipca, kiedy przywódcom regionalnym przedstawiono pierwszy projekt. W tym czasie szefem jednostki monitorującej fundusz naprawczy był szef sztabu premiera, Iván Redondo. A w listopadzie, gdy projekt został już nakreślony, szefem koordynacji Komisji ds. Odbudowy, Przekształceń i Odporności został sam Sanchez. Z Komisją współpracować będzie 11 ministrów, bez Pablo Iglesiasa. Rozwiązanie, które czyni wszystkich zwycięzcami, nie zmienia pozycji premiera jako wielkiego króla Midasa Europy.
Jak przekonuje, w celu przyspieszenia procedur nad wszystkim będzie sprawować nadzór jego zespół. Jednocześnie żaden niezależny czy częściowo publiczny podmiot nie będzie odgrywał funkcji doradczej. Żadna inna gospodarka kontynentalna ani krajów południowej Europy nie zdecydowała się na podobne rozwiązanie. W krajach tych przewidziano już powołanie lub utworzono niezależne firmy doradcze, oraz mechanizmy kilkupoziomowego audytu, kontrole ze strony przedstawicieli społecznych i skrupulatniejsze niż w Hiszpanii kontrolą parlamentarną.
<h3>Francja</h3>
Emmanuel Macron, jako prezydent Republiki, dysponuje komisją ekspertów ds. gospodarczych, na której czele stoją Jean Tirole, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r. oraz Oliver Blanchard, były główny ekonomista MFW. Ponadto mianował centrystycznego weterana i swojego politycznego sojusznika François Bayrou wysokim komisarzem ds. planu odbudowy. Ma on za zadanie "zastanowić się nad przyszłością w dłuższej perspektywie". Jeśli chodzi o dystrybucję funduszy, tylko jeden organ podejmuje decyzje w tej kwestii: rząd premiera Jeana Castexa, który przedstawił plan odbudowy gospodarki, mający na celu stworzenie w ciągu dwóch lat 160 tys. miejsc pracy i zainwestowanie w ten proces 100 mld euro. Plan został rozpisany na 900 stronach i podzielony na trzy rozdziały poświęcone "konkurencyjności gospodarczej", "przemianom ekologicznym" i "spójności społecznej i terytorialnej". W pierwszym z nich 34 mld euro obejmuje ulgi podatkowe; w drugim - 30 mld euro - pomoc na renowację energetyczną budynków mieszkalnych i silne wsparcie dla kolei; trzeci - 36 mld euro - plan zatrudnienia młodzieży i inwestycje w zdrowie. Wszystko jest scentralizowane, zgodnie z francuską tradycją, ale za to przewiduje się zewnętrzny system doradztwa.
<h3>Włochy</h3>
Projektowanie zespołu ds. koordynacji i zarządzania funduszami we Włoszech wywołało z kolei pewne napięcia. Głównie z dwóch powodów: Włochy otrzymają największą pomoc (209 mld euro) i, jak przyznał rząd, przedstawiony w tym tygodniu plan naprawczy dotarł z pewnym opóźnieniem. Rząd włoski postanowił scentralizować decyzje w sprawie podziału środków w Palazzo Chigi, siedzibie Rady Ministrów i premiera. Choć premier Giuseppe Conte będzie prowadził monitoring wraz z ministrami gospodarki Roberto Gualtierim i rozwoju Stefano Patuanellim, kierownictwo zostanie podzielone na sześć dużych podgrup. W ten sposób niezbędne do opracowania planu naprawczego narzędzia znajdą się w rękach dziesiątków specjalistów koordynowanych przez kierowników technicznych. Budowanie tych zespołów było w ostatnim czasie dużym wyzwaniem dla Contego. Plan jest zgodny z projektem, który minister spraw europejskich, Enzo Amendola, przedstawił kilka tygodni temu. To dwupoziomowe rozwiązanie - techniczne i polityczne - stanowi jedną z różnic w stosunku do modelu hiszpańskiego. Ponadto strategia odbudowy po pierwszej fali pandemii została opracowana przez niezależny zespół kierowany przez byłego dyrektora generalnego Vodafone, Vittorio Colao.
Pomimo zapowiadanego opóźnienia w opracowywania planu, Włochy dotrzymują terminów wyznaczonych przez Europę, co pozwala na realizację planów do 30 kwietnia 2021 r. - Włochy są na dobrej drodze - zapewniła niedawno przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
<h3>Grecja</h3>
W Grecji za opracowanie planu naprawy gospodarczej i redystrybucję 72 miliardów euro, które kraj ten otrzyma z funduszy europejskich odpowiedzialna jest tak zwana komisja Pissaridesa. W jej skład wchodzą laureaci nagrody Nobla Christoforos Pissarides oraz profesorowie uniwersyteccy Dimitris Vagianos, Nikos Vetta i Costas Megir. Są niezależnymi doradcami administracji rządowej i -według greckich mediów - ich propozycje nie wiążą się z bezpośrednimi decyzjami rządu. Pod koniec listopada został opublikowany 244-stronicowy dokument przygotowany przez tę komisję pt. "Plan rozwoju gospodarki greckiej". Grecki premier Kyriakos Mitsotakis uznał go za "mapę drogową", za którą należy podążać, aby położyć kres kryzysowi, z którym Grecja boryka się od dekady.
Zaangażowanie greckiego rządu jest odwrotnie proporcjonalne do zaangażowania rządu hiszpańskiego, ponieważ jego głównym zobowiązaniem jest obniżenie podatków. Ponadto istnieją plany zwiększenia pomocy dla rodzin, poprawy przejrzystości i niezależności administracji publicznej oraz zwiększenia infrastruktury technologicznej dużych przedsiębiorstw. Ta ambitna strategia została opracowana z myślą o wypracowaniu wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5 proc. do 2030 roku. Opozycja, kierowana przez Alexisa Tsiprasa, zwolennika Pablo Iglesiasa, przewiduje pogorszenie się sytuacji gospodarczej i zapowiedziała alternatywny plan "anty-Pissarides", którego pierwszym celem jest wzmocnienie greckiego systemu opieki zdrowotnej.
<h3>Portugalia</h3>
Na czele portugalskiej restrukturyzacji stanął António Costa Silva, obecnie dyrektor generalny spółki naftowej Partex [były socjalistyczny premier Portugalii - red.], który opracował "Plan odbudowy i odporności". Przedstawił w nim 66 punktów działania w formie niezależnych porad dla rządu. Kwotą 15,3 mld euro, którą Portugalia otrzyma z funduszy europejskich, urzędnicy będą dysponować w ramach czteropoziomowego modelu, z udziałem najwyższych przywódców politycznych, komitetów technicznych, niezależnych partnerów społecznych i wreszcie komitetów audytu i monitorowania. Na szczeblu politycznym, podobnie jak w Hiszpanii, &nbsp;duże znaczenie ma premier. António Costa i ministrowie gospodarki, planowania, prezydencji UE, środowiska i działań na rzecz klimatu, są kluczowymi członkami komitetu sterującego. Ale obok nich, w przeciwieństwie do Hiszpanii, istnieje skoordynowany z ich pracą niezależny komitet monitorujący, który ocenia kryteria dystrybucji. W skład komitetu wchodzi dziesięć podmiotów pozarządowych, reprezentujących zainteresowane strony społeczne i biznesowe. Ponadto inne podmioty, zarówno europejskie, jak i krajowe, monitorują kontrolę pomocy. Autor planu przyznał kilka tygodni temu w "O Jornal Económico", że może zaistnieć potrzeba "uproszczenia" modelu, a tym samym skoncentrowania procesu decyzyjnego na tzw. pojedynczym okienku, aby "przyspieszyć" i "uprościć" procedury oraz ujednolicić rozmowy z przedsiębiorstwami.
<h3>Niemcy</h3>
Niemcy na odbudowę po kryzysie otrzymają z funduszy europejskich 28,8 mld euro. Są tym samym piątym krajem w Unii Europejskiej pod względem wielkości dystrybucji i jednym z najmniej potrzebujących. Dowodem na to jest fakt, że decyzja dotycząca sposobu wykorzystania tej pomocy jest na wczesnym etapie i wciąż nie znamy daty zakończenia tego procesu. Niemcy rozpoczęły budowę od fundamentów, a głównym budowniczym nie jest Angela Merkel, ale Ministerstwo Finansów, ponieważ pieniądze zostaną wydane na projekty finansowane przez rząd federalny w ramach istniejącego już pakietu antykryzysowego.
Według źródeł z Ministerstwa Finansów trwają prace nad narodowym planem, który Niemcy mają przedstawić Komisji Europejskiej. Udział biorą w nich wszystkie ministerstwa w rządzie Angeli Merkel oraz grupy tworzące koalicję rządową: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), jej bawarskie skrzydło, Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) oraz Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD). Po opracowaniu planu zostanie on poddany pod głosowanie w Radzie Ministrów i w Bundestagu. Będzie to finalizacja uzgodnionego przez koalicję rządową w październiku planu działania, który nie przewiduje wykorzystania części pomocy unijnej w kredytach. Niemcy jej nie potrzebują.
<h3>Belgia</h3>
Wykorzystanie funduszy europejskich wywołało w Belgii, jak wszędzie indziej, debaty, ale niekoniecznie na temat sposobu zarządzania środkami. A to dlatego, że istnieje osoba odpowiedzialna za tę sprawę: sekretarz stanu ds. polityki naukowej, programu odbudowy i inwestycji strategicznych Thomas Dermine, który przez lata był prawą ręką Paula Magnette'a, lidera francuskojęzycznych socjalistów i do niedawna kandydata na stanowisko premiera. Fakt, że rząd, który zaczął urzędować 1 października, przygotował schemat organizacji redystrybucji środków, prawdopodobnie pomaga załagodzić napięcia. I właśnie dlatego Dermine, która ma 34 lata, posiada strategiczne narzędzia naprawcze i inwestycyjne, dostosowane do jego potrzeb.
Belgia pozostawiła władzę w rękach zaufanego doradcy rządu, wyszkolonego specjalisty i byłego konsultanta, ale w rzeczywistości władza jest względna, ponieważ kluczem będzie podział między regiony, dla których stworzono "komitet konsultacyjny". Hiszpania, mimo decentralizacji kraju, nie zdecydowała się na podobne rozwiązanie. Flandria, siła napędowa gospodarki w Belgii, domaga się ponad połowy tortu. A od teraz do końca roku wypłaty będą zatwierdzane zgodnie z kryteriami "adekwatności". Nie ma konkretnego planu, ale mówi się o pięciu kluczowych obszarach, w których Belgia potrzebuje ożywienia, dzięki ponad pięciu miliardom bezpośrednich transferów: klimat, mobilność, produktywność, digitalizacja i to, co określa się "solidarnością". Kontrolę nad tym procesem będzie sprawował rząd. Nie przewidziano powołania niezależnych podmiotów, ani koordynacji publiczno-prywatnej, choć pozycja premiera i rola jednostek koordynacji terytorialnej jest inna niż w Hiszpanii.

Pedro Sánchez, europejski król Midas

Żaden inny europejski rząd nie ma takiej władzy jak hiszpański premier i jego zespół w odniesieniu do zarządzania funduszem na rzecz odbudowy UE.

Keine andere europäische Regierung hat so viel Macht über die Gelder des EU-Wiederaufbaufonds wie der spanische Premierminister und sein Team. 

Beim Streit um den Aufbau des Managementteams für die europäischen Hilfen im Rahmen des Wiederaufbauplans im November war auch die spanische Regierung involviert. Natürlich. Die Europäische Union wird Spanien schließlich 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, etwa 70 Milliarden direkt und ohne Darlehen. Ein echter Finanzschub, der nur von Italien übertroffen wird, das 209 Milliarden Euro bekommen soll.&nbsp;
Um den Konflikt mit Podemos, die Teil der Regierungskoalition ist, zu überwinden, hat Pedro Sánchez das Führungsteam auf den gesamten Ministerrat ausgedehnt. Erst hatte es eine interministerielle Auswahl geben sollen, bei der die Sozialisten fast die volle Kontrolle über die Mittel gehabt hätten. Der stellvertretende Ministerpräsident Pablo Iglesias wäre nicht dabei gewesen. Lediglich Yolanda Díaz, Ministerin für Arbeit und Soziales, wurde in dem Plan berücksichtigt, da sie bei den Sozialisten das angesehenste Podemos-Mitglied ist.
Nachdem Pablo Iglesias intensiv Druck ausgeübt hatte, fand der Premierminister eine salomonische Lösung. Alle Minister werden Teil des Teams sein. Mit anderen Worten: Er verhandelte, änderte aber nicht die Grundlagen. Sánchez und sein Team an Vertrauten stehen an der Spitze und werden den Prozess anführen. Niemand aus den führenden Ländern Europas hat so viel Macht in diesem Prozess. Die Führungsposition des Premierministers ist unverändert geblieben, seit er im Juli den Regionalvorsitzenden den ersten Entwurf vorgelegt hatte. Damals war sein Stabschef, Iván Redondo, Leiter der Überwachung des Wiederaufbaufonds. Und im November, als das Projekt skizziert wurde, war Sánchez selbst Leiter der Koordination der betreffenden Kommission. Elf Ministerien sollten an der Kommission beteiligt werden, Pablo Iglesias jedoch nicht. Diese Lösung, einfach alle zu Gewinnern zu machen, ändert jedoch nichts an der Position des Premierministers: Er blieb der große König Midas von Europa.
Alles wird über sein Team laufen – um die Prozesse zu beschleunigen, wie er sich rechtfertigte. Es wird keine unabhängige oder halböffentliche Instanz geben, die zumindest beratend tätig werden könnte. Ein solches Szenario hat unter den großen globalen Volkswirtschaften oder in den Ländern Südeuropas keine Entsprechung. In diesen Ländern gibt es bereits unabhängige Beratungsfirmen, die schon länger bestehen oder die gerade gegründet werden. Es gibt mehrere Ebenen der Finanzprüfung, eine wirksame Beteiligung sozialer Akteure und ein parlamentarisches Kontrollsystem, das dem in Spanien überlegen ist.
<h2>Frankreich</h2>
Emmanuel Macron hat eine Expertenkommission für Wirtschaftsfragen unter der Leitung von Jean Tirole, Nobelpreisträger für Wirtschaft im Jahr 2014, und Oliver Blanchard, ehemaliger Chefökonom des IWF, einberufen. Den altgedienten Zentristen und Verbündeten, François Bayrou, ernannte er zum Hochkommissar des Wiederaufbauplans, um "über die langfristige Zukunft nachzudenken". Wenn es um die Verteilung der Gelder geht, gibt es nur ein einziges Gremium, das darüber entscheidet und es verwaltet; die Regierung von Premierminister Jean Castex. Er hat den Plan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft vorgestellt, der darauf abzielt, in zwei Jahren 160.000 Arbeitsplätze zu schaffen und 100 Milliarden Euro in diesen Prozess zu investieren. Er umfasst 900 Seiten und ist in drei Kapitel mit den Schwerpunkten "wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit", "ökologischer Übergang" und "sozialer und territorialer Zusammenhalt" aufgeteilt. Im ersten Schritt sind 34 Milliarden Euro für Steuersenkungen vorgesehen; im zweiten 30 Milliarden Euro Hilfen für die energetische Renovierung von Wohnungen und umfangreiche Mittel für die Eisenbahn, und im dritten 36 Milliarden Euro für einen Jugendbeschäftigungsplan und Investitionen in die Gesundheit. Alles ist zentralisiert, wie in der französischen Tradition, aber mit externen Beratern.
<h2>Italien</h2>
Italien ist bei der Zusammenstellung seines Teams für die Koordinierung und Verwaltung der Mittel mit einigen Spannungen konfrontiert. Vor allem aus zwei Gründen: Es ist das Land, das mit 290 Milliarden Euro meisten Hilfen erhalten wird. Außerdem ist, wie die Regierung zugegeben hat, der diese Woche vorgelegte Wiederaufbauplan etwas verspätet gekommen. Die italienische Regierung hat sich dafür entschieden, die Entscheidungen über die Verteilung der Mittel beim Palazzo Chigi, dem Sitz des Ministerrats und des Präsidenten, anzusiedeln. Obwohl Premierminister Giuseppe Conte zusammen mit den Wirtschaftsministern Roberto Gualtieri und Stefano Patuanelli die Überwachung leiten wird, wird die Verwaltung in sechs große Untergruppen aufgeteilt. Auf diese Weise werden die für die Ausarbeitung des Wiederaufbauplans erforderlichen Fäden in den Händen von Dutzenden von Spezialisten liegen, die von technischen Managern koordiniert werden. Der Aufbau dieser Teams war eine der großen Herausforderungen der letzten Zeit für Conte. Der Plan folgt dem Entwurf, den der Minister für europäische Angelegenheiten, Enzo Amendola, vor Wochen vorgelegt hat. Diese doppelte Ebene – technisch und politisch – ist ein weiterer Unterschied zum spanischen Modell. Außerdem wurde die Wiederaufbaustrategie nach der ersten Welle der Pandemie von einem unabhängigen Team unter der Leitung des ehemaligen Vodafone-CEO Vittorio Colao entworfen.
Trotz der angekündigten zeitlichen Verzögerung bei der Erstellung des Plans wird Italien weiterhin die von Europa gesetzten Fristen einhalten, was die Lieferung der Pläne bis zum 30. April 2021 erlaubt. "Italien ist auf dem richtigen Weg", versicherte kürzlich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.
<h3>Griechenland</h3>
Die sogenannte Pissarides-Kommission hat den Plan für die wirtschaftliche Erholung Griechenlands und die Verteilung der 72 Milliarden Euro, die das Land aus europäischen Fonds erhalten wird, entworfen. Zu ihren Mitgliedern gehören der Nobelpreisträger Christoforos Pissarides und die Universitätsprofessoren Dimitris Vagianos, Nikos Vetta und Costas Megir. Sie beraten die Verwaltung unabhängig, und nach Angaben der griechischen Medien sind ihre Vorschläge keine direkte Regierungsentscheidung. Das von diesem Ausschuss vorbereitete 244-seitige Dokument mit dem Titel "Entwicklungsplan für die griechische Wirtschaft" wurde Ende November veröffentlicht. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sah darin den "Fahrplan", der befolgt werden sollte, um die Reihe von Krisen zu beenden, unter denen Griechenland seit einem Jahrzehnt leidet.
Das Engagement der griechischen Regierung besteht im Gegensatz zu dem der spanischen darin, die Steuern zu senken. Darüber hinaus gibt es Pläne, die Hilfen für Familien zu erhöhen, die Transparenz und Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung zu verbessern und die technologische Infrastruktur großer Unternehmen auszubauen. Die ehrgeizige Strategie wurde mit dem Ziel entworfen, bis 2030 eine Wachstumsrate von 3,5 Prozent zu erreichen. Die Opposition, angeführt von Alexis Tsipras, einem Anhänger von Pablo Iglesias, sagte eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage voraus und kündigte eine Alternative an, einen "Anti-Pissarides"-Plan, mit der Stärkung des griechischen Gesundheitssystems als erstem Ziel.
<h3>Portugal</h3>
Die portugiesische Umstrukturierung wurde von António Costa Silva, dem CEO der Ölgesellschaft Partex, entworfen. Er leitete die Ausarbeitung des "Recovery and Resilience Plan". Darin führt er, als unabhängiger Berater, 66 Aktionspunkte für die Regierung auf. Die 15,3 Milliarden Euro, die Portugal aus europäischen Fonds erhalten wird, werden nach einem vierstufigen Modell verwaltet, in dem die höchsten politischen Amtsträger, ein technischer Ausschuss, ein weiterer unabhängiger Sozialpartner und schließlich ein Prüfungs- und Überwachungsausschuss vertreten sind. Auf politischer Ebene hat der Premierminister, wie in Spanien, erhebliches Gewicht. António Costa ist zusammen mit den höchsten Vertretern der Ministerien für Wirtschaft, für Planung, der Präsidentschaft und für Umwelt und Klima das führende Mitglied des Lenkungsausschusses. Aber neben ihnen, im Gegensatz zu Spanien, koordiniert und bewertet ein unabhängiger Kontrollausschuss die Kriterien für die Verteilung. Der Ausschuss setzt sich aus zehn nicht-staatlichen Akteuren zusammen, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Interessengruppen vertreten. Darüber hinaus überwachen andere Instanzen, sowohl europäische als auch nationale, die Kontrolle der Hilfen. Der Ideologe, der hinter dem Plan steht, räumte vor einigen Wochen in O Jornal Económico ein, dass das Modell eventuell "vereinfacht" werden müsste und somit die Entscheidungsfindung auf ein "einziges Fenster" zu konzentrieren, um die Verfahren zu "beschleunigen" und zu "vereinfachen" und die Gespräche mit den Unternehmen zu standardisieren.
<h3>Deutschland</h3>
Deutschland erhält europäische Mittel in Höhe von 28,8 Milliarden Euro für die Bewältigung der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Krise. Deutschland ist das fünftgrößte Empfängerland in der Europäischen Union, und eines der Länder, die diese Mittel am wenigsten benötigen. Ein Beleg dafür ist, dass sich die Entscheidung über die Verwendung dieser Hilfe in einem frühen Stadium befindet und es kein Datum für den Abschluss dieses Prozesses gibt. Deutschland hat den Bau des Hauses vom Fundament aus begonnen, aber die Bauherrin ist nicht Angela Merkel, sondern das Finanzministerium. Denn das Geld wird für Projekte ausgegeben, die von der Bundesregierung im Rahmen des bereits bestehenden Antikrisenpakets finanziert werden.
Nach Angaben aus Finanzquellen wird bereits an dem nationalen Plan gearbeitet, den Deutschland der Europäischen Kommission vorlegen soll. An den Überlegungen beteiligen sich alle Ministerien im Kabinett von Angela Merkel sowie die Fraktionen der Regierungskoalition, also die CDU, ihr bayerischer Flügel, die CSU und die SPD. Sobald der Plan erstellt ist, wird er dem Ministerrat und dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt. Er wird das Ende eines Fahrplans darstellen, auf den sich die Regierungskoalition im vergangenen Oktober geeinigt hat und der nicht vorsieht, den Teil der EU-Hilfe an Darlehen zu verwenden. Deutschland braucht ihn nicht.
<h3>Belgien</h3>
Die Planung für die europäischen Gelder hat auch in Belgien Debatten ausgelöst, wobei es in diesen weniger um die genaue Verwaltung ging. Das liegt daran, dass der Verantwortliche, der neue Staatssekretär für Wissenschaftspolitik, Wiederaufbau und strategische Investitionen, Thomas Dermine, jahrelang die rechte Hand von Paul Magnette, dem Chef der französischsprachigen Sozialisten war – und bis zur letzten Minute – Kandidat für den Posten des Premierministers. Die Tatsache, dass die Regierung, die am 1. Oktober antrat, ihr Organigramm im Hinblick auf die Absorption von Gemeinschaftsgeldern erstellt hat, trägt wahrscheinlich zur Entspannung bei. Und deshalb verfügt Dermine, der 34 Jahre alt ist, über ein auf die Bedürfnisse zugeschnittenes Portfolio für strategischen Wiederaufbau und Investitionen.
Belgien hat die Zügel in den Händen eines vertrauenswürdigen Regierungsberaters, eines ausgebildeten Wirtschaftsingenieurs und eines ehemaligen Beraters gelassen. Eigentlich ist diese Macht aber relativ, denn der Schlüssel liegt in der Verteilung zwischen den betreffenden Gebieten, für die ein "Beratungsausschuss" geschaffen wurde – Positionen, die in Spanien trotz der Dezentralisierung nicht berechnet wurden. Flandern, der Wirtschaftsmotor Belgiens, verlangt mehr als die Hälfte vom Kuchen. Und bis Ende des Jahres wird die Auszahlung nach "gerechten" Kriterien genehmigt. Es gibt keinen definitiven Plan, aber es ist die Rede von fünf Schlüsselbereichen, in denen Belgien, dank mehr als fünf Milliarden an direkten Transfers, &nbsp;eine Wiederbelebung anstrebt: Klima, Mobilität, Produktivität, Digitalisierung und das, was "Solidarität" genannt wird. Die Regierung wird die Kontrolle haben, es gibt keine unabhängige Person und keine öffentlich-private Koordinierung. Aber es gibt einen anderen Bezug zum Premierminister und zu territorialen Koordinierungsstellen, die es in Spanien nicht gibt.

Pedro Sánchez, Europas König Midas  

Keine anderer Politiker hat so viel Macht über den Wiederaufbaufonds wie der spanische Premierminister. Wie wird er sie nutzen?

219891678.jpg

Sánchez pide "superar vetos" ante una negociación histórica y la canciller promete viajar a Bruselas con una disposición al compromiso

El presidente Pedro Sánchez ha tenido más suerte en Berlín con la canciller Angela Merkel que la víspera en La Haya con el holandés Mark Rutte en cuanto a las formas. La alemana, presidenta de tuno de la UE le ha dado todo lo que podía garantizar de cara en la negociación del fondo europeo para la reconstrucción. Acudirá a la cumbre europea esta semana en Bruselas con ánimo de lograr un acuerdo a los fondos de reconstrucción europea tras la catástrofe del Covid-19, aunque no será fácil y puede ni se consiga.
En una comparecencia previa a las conversaciones que les ha reunido en la Cancillería, la canciller declaró que pondrá una propuesta de compromiso sobre la mesa en la cumbre europea que arranca a finales de semana en Bruselas, pues los estragos causados por la pandemia del coronavius son enormes y el tiempo apremia.
"Hay posiciones muy diferentes, pero la parte alemana viajará a Bruselas con disposición al compromiso", dijo la canciller en una breve declaración de bienvenida y en la que pese a su amabilidad como anfitriona advirtió rebajó las expectativas de Sánchez al señalar que puede que ese acuerdo no se logre en esa reunión, sino que deba recurrirse a una cita posterior.
Sánchez, que se extendió más en su intervención reiteró que julio debe ser el mes del compromiso y recordó que la Unión Europea no se ha construido a base de vetos sino de diálogo y compromiso..
En búsqueda de una sintonía perfecta con la canciller, Sanchez trazó su visión de lo que ha de ser la UE del futuro incidiendo en las palabras y conceptos claves de la canciller: Digitalización y ecología. Manifestó igualmente la necesidad, expresada por Merkel, de que Europa recobre su autonomía en materia de sanidad y no se olvidó de apelar a la solidaridad con el continente africano, que, resultará muy dañado por la pandemia.
Sánchez parafraseo a la canciller para calificar la crisis del coronavirus como el mayor desafío al que se enfrenta España desde la guerra civil el siglo pasado, como ella hizo en su día al comparar la situación que ahora vive en Alemania como la mas seria desde la II Guerra Mundial.
De seguir en privado con la mira puesta en la Historia, uno de los argumentos que Sánchez podría poner sobre a la mesa para que Merkel interceda en favor de España e Italia ante los cuatro frugales está en los libros de Historia. Alemania fue un acreedor que nunca pagó. No pagó los créditos dados por Estados Unidos para hacer frente a las indemnizaciones de impuestas en el Tratado de Versadas de 1919. Después se benefició de la llamada moratoria Hoove y del Tratado de Lausaa, por el que Francia y el Reino Unido renunciaron a los pagos que tenían pendientes, lo que hizo que el 98% de las deudas que hasta entonces acarreaba Alemania se las llevara el viento.
Tras la II Guerra Mundial y pese a la destrucción y muerte provocados por el Ejército nazi a todo el continente, los aliados condonaron en 1953 grandes sustanciales de deuda alemana. Entre los países que luego se sumaron a ese perdón estaban España e Italia. No así Holanda, Finlandia y Austria, el núcleo duro del cuarteo
El comentario holandés, Mark Rutte, previo a su reunión con Sánchez este lunes, en el sentido de que "vosotros (los españoles) tenéis que encontrar la solución" dentro de España y no en la Unión Europea, vale cuentos apoyos tenga. Abiertamente es el portavoz de otros tres socios europeos: Austria, Dinamarca y Suecia. Bajo la alfombra puede que también el de Alemania.
Merkel, como presidenta de turno de la Unión Europea, ha asumido el papel de mediadora pero no aceptará soluciones contrarias a los intereses de Alemania. Y los alemanes no dan nada gratis. Las críticas constantes del Bundesbank a la política laxa del Banco Central Europeo, encaminada según ellos a apoyar a las economías del sur, es sólo un ejemplo.
No hay voces españolas de peso en los medios alemanes. Las informaciones que llegan de España a los lectores alemanas no transmiten, salvo excepciones, imágenes de una coalición de gobierno cohesionada y con buen rumbo. En su defecto, las apariciones de expertos financieros y miembros de los gobiernos holandeses o austriacos es continua.
Este domingo, le tocó el turno al canciller austríaco, Sebastian Kurz. En una entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el canciller dejó como titular esta cita: "Con nosotros no habrá una Unión de la deuda. Austria no aceptará una Unión de la deuda. Naturalmente debemos ayudar en esta crisis extraordinaria los Estados que han sido más golpeados desde el punto de vista económico y financiero, pero hay que seguir negociando en detalle", declaró Kurz.
Las negociaciones, en marcha desde hace semanas, se intensificaran en la cumbre europea que arranca a finales de semana en Bruselas, y está vez de forma presencial, lo que facilitará apartes y encuentros bilaterales dinámicos.
Sobre la mesa hay 750.000 millones de euros para la reconstrucción, de los que Comisión de la Unión Europea quiere que 500.000 millones se concedan en forma de subvenciones y 250.000 millones en forma de préstamos.
Sánchez se encuentra en consonancia con la Comisión y también con Merkel y el presidente francés, Emmanuel Macron. Sin embargo, al igual que el primer ministro italiano, Mario Conte, ha mostrado su preocupación de que la ayuda a su país se vincule a requisitos de reforma que puedan conducir a una injerencia en la política social y económica de España.
En su entrevista con el diario alemán, Kurz defendió la condicionalidad de las ayudas, destacó las reformas que han realizado "bajo presión" en España, Irlanda y Portugal, y, en el caso concreto del fondo de reconstrucción, recordó que "en España, incluso el líder de la oposición cree que el dinero sólo debe ir a cambio de reformas". Kurz y Pablo Casado pertenecen a la familia de los populares europeos.

Merkel enfría ante Sánchez la posibilidad de un acuerdo inminente: "Las diferencias persisten"

Sánchez calls for "overcoming vetoes" in the face of historic negotiations and the Chancellor promises to go to Brussels with a willingness to compromise

Somehow, Prime Minister Pedro Sánchez has been luckier in Berlin with Chancellor Angela Merkel than he was the day before in The Hague with the Dutch Mark Rutte. As a current president of the European Union, Merkel has given him all the guarantees she could in the negotiation of the European recovery fund. She will go to the European summit this week in Brussels with the aim of reaching an agreement on the European reconstruction fund after the covid-19 disaster, although this will not be easy and may not even be achieved.
At a hearing prior to the talks that brought them together at the Chancellery, Merkel said that she would come with a compromise proposal to the European summit that starts at the end of the week in Brussels. She added that the consequences of the coronavirus pandemic are enormous and time is running out.
"There are very different positions, but the German side will go to Brussels with a willingness to compromise," the chancellor said in a brief welcoming statement. Despite her kindness as host, she reduced Sánchez's expectations by pointing out that the agreement may not be reached at that meeting, but that a later date may have to be arranged.
Sánchez, whose speech was longer, reiterated that July should be the month of commitment and recalled that the European Union has not been built on vetoes but on dialogue and compromise.
In a bid to be on the same page as the chancellor, Sánchez outlined his vision of what the EU of the future should be by focusing on Merkel's keywords and concepts: digitalisation and ecology. He also expressed the need, as Merkel has done, for Europe to recover its autonomy in healthcare, and did not forget to call for solidarity with Africa, which will be greatly damaged by the pandemic.
Sánchez paraphrased the chancellor, describing the crisis of the coronavirus as the greatest challenge in the last century that Spain has had to face since the Civil War (1936-1939) , as she did in her own way when she compared the situation now being experienced in Germany as being the most serious since World War II.
If he continues in private with his sights set on history, one of the arguments that Sánchez could present Merkel to encourage her to intercede on behalf of Spain and Italy against the 'frugal four' is in the history books. Germany was a debtor that never paid. It did not pay the credits given by the United States to face the compensations imposed in the Treaty of Versailles in 1919. Right after that, the country was beneficiary of the so-called Hoover Moratorium and the Treaty of Lausanne, under which France and the United Kingdom waived their outstanding payments, causing 98% of Germany's debts to be blown away.
After World War II, and despite the destruction and death caused by the Nazi army to the entire continent, the Allies wrote off substantial German debt in 1953. Among the countries that later supported this forgiveness were Spain and Italy. The same cannot be said for the Netherlands, Finland and Austria, with more hardcore policies, which constitute three of the four frugals.&nbsp;
Before his meeting with Sánchez on Monday, the Dutch Mark Rutte commented that "you (Spanish) have to find the solution" within Spain and not in the European Union – a thought that has lots of support. He is openly the spokesperson for three other European partners: Austria, Denmark and Sweden. And secretly, perhaps he represents Germany as well.
As the rotating president of the European Union, Merkel has assumed the role of a mediator but will not accept solutions that are contrary to Germany's interests. And the Germans don't give anything away for free. The Bundesbank's constant criticism of the European Central Bank's lax policy, which according to them is aimed at supporting the economies of the south, is just one example.
There are no strong Spanish voices in the German media. The information that reaches German readers from Spain does not, with few exceptions, convey images of a cohesive and well-targeted government coalition. On the other hand, media appearances from financial experts and members of the Dutch or Austrian governments are continuous.
This Sunday, the Austrian Chancellor Sebastian Kurz gave an interview with the Frankfurter Allgemeine Zeitung. In it, he made the following statement: "with us, there will be no debt union. Austria will not accept a debt union. Of course, we must help those states that have been hit hardest economically and financially in this extraordinary crisis, but we must continue to negotiate in detail," Kurz said.
The negotiations, which have been underway for weeks, will intensify at the European summit that starts at the end of the week in Brussels, this time in person, which will facilitate dynamic bilateral and private meetings.
There are 750 billion euros available for reconstruction, of which the EU Commission wants 500 billion in grants and 250 billion in loans.
Sánchez is in line with the Commission and also with Merkel and French President Emmanuel Macron. However, like Italian Prime Minister Guiseppe Conte, he has expressed concern that aid to his country is linked to reforms that could interfere in Spain's social and economic policy.
In his interview with the German newspaper, Kurz defended the conditionality of aid, he highlighted the reforms that have been carried out "under pressure" in Spain, Ireland and Portugal, and in the specific case of the reconstruction fund, he recalled that "in Spain, even the leader of the opposition believes that money should only be granted in exchange for reforms". Kurz and Pablo Casado [editor's note: leader of the conservative People's Party] belong to the family of the European People's Party.

Merkel rules out the possibility of an imminent agreement: "the differences persist"

Pedro Sánchez calls for "vetoes to be avoided" in the historic negotiations at the weekend. Angela Merkel wants to be ready to compromise.

Sanchez wzywa do "przezwyciężenia weta" w obliczu historycznych negocjacji, a kanclerz obiecuje, że do Brukseli uda się z gotowością do kompromisu.

Premier Pedro Sánchez miał więcej szczęścia z kanclerz Angelą Merkel w Berlinie, niż dzień wcześniej z holenderskim permierem Markiem Rutte w Hadze. Merkel, która obecnie przewodzi Unii Europejskiej, dała mu wszelkie możliwe gwarancje w negocjacjach dotyczących europejskiego Funduszu Odbudowy. Osiągnięcia porozumienia w sprawie europejskiego Funduszu Odbudowy po katastrofie spowodowanej przez koronawirusa nie będzie to łatwe i póki co może nie zostać osiągnięte.
Podczas konferencji poprzedzanej rozmowy, które odbyły się w jej kancelarii, Merkel powiedziała, że na europejskim szczycie, który rozpocznie się pod koniec tygodnia w Brukseli, przedstawi kompromisową pozpocyję. Dodała, że konsekwencje pandemii koronawirusa są ogromne i czas kończy się z każdym dniem.
- Są bardzo różne stanowiska, ale strona niemiecka pojedzie do Brukseli z gotowością do kompromisu - powiedział Merkel w krótkim oświadczeniu powitalnym. Pomimo jej uprzejmości jako gospodarza, zmniejszyła oczekiwania Sancheza, wskazując, że porozumienie może nie zostać osiągnięte na najbliższym spotkaniu, ale być może trzeba będzie ustalić późniejszy termin.
Sánchez, którego wystąpienie było dłuższe, powtórzył, że lipiec powinien być miesiącem pełnego zaangażowania i przypomniał, że Unia Europejska nie została zbudowana na wetach, ale na dialogu i kompromisie.
Chcąc znaleźć się po tej samej stronie co kanclerz Niemiec Sánchez, nakreślił swoją wizję tego, czym powinna być UE w przyszłości, skupiając się na kluczowych hasłach i koncepcjach Merkel: cyfryzacji i ekologii. Wyraził również potrzebę, tak jak uczyniła to Merkel, aby Europa odzyskała swoją autonomię w dziedzinie opieki zdrowotnej i wezwał do solidarności z Afryką, która zostanie bardzo zniszczona przez pandemię.
Hiszpański premier sparafrazował słowa kanclerz, określając koronakryzys "największym wyzwaniem dla Hiszpanii w ciągu wieku" od czasu wojny domowej (1936-1939). Merkel wcześniej porównała sytuację Niemiec jako najpoważniejszą od II wojny światowej.
Jeśli Sánchez kontynuowałby to spojrzenie na historię, jeden z argumentów, które mógłby przedstawić Merkel, aby zachęcić ją do wstawiennictwa w imieniu Hiszpanii i Włoch przeciwko "oszczędnej czwórce", znaleźć można w podręcznikach historii. Niemcy były wierzycielem, który nigdy nie spłacił swoich należności: nie spłaciły kredytów udzielonych im przez Stany Zjednoczone, aby sprostać mogły odszkodowaniom nałożonym na nie w traktacie wersalskim w 1919 roku. Zaraz po tym kraj ten skorzystał z tzw. moratorium Hoovera i traktatu z Lozanny, na mocy którego Francja i Wielka Brytania umorzyły swoje zaległe płatności, co spowodowało, że 98 proc. długów Niemiec zostało spłacone.
Po II wojnie światowej, pomimo zniszczeń i śmierci spowodowanych przez nazistów na całym kontynencie, w 1953 r. alianci umorzyli znaczący niemiecki dług. Wśród krajów, które później poparły to umożenie, znalazły się Hiszpania i Włochy. Nie można tego powiedzieć o Holandii, Finlandii i Austrii, które prowadziły bardziej zdecydowaną politykę, a dziś stanowią trzy z czterech tzw.
Przed spotkaniem z Sánchezem w poniedziałek holenderski Mark Rutte powiedział, że "Hiszpanie sami muszą znaleźć rozwiązanie dla Hiszpanii, zamiast pokładać nadzieje w Unii Europejskiej". Przekonanie to cieszy się dużym poparciem. Rutte otwarcie odgrywa rolę rzecznika trzech innych europejskich krajów: Austrii, Danii i Szwecji. &nbsp;Być może "potajemnie" reprezentuje również Niemcy.
Jako rotacyjny prezydent Unii Europejskiej Merkel przyjęła rolę mediatora, ale nie zaakceptuje rozwiązań sprzecznych z interesami Niemiec. A Niemcy nie oddają niczego za darmo. Ciągła krytyka Bundesbanku wobec pobłażliwej polityki Europejskiego Banku Centralnego, która według nich ma na celu wspieranie gospodarek Południa, jest tylko jednym z przykładów.
W niemieckich mediach nie ma silnego hiszpańskiego głosu. Informacje, które docierają do niemieckich czytelników z Hiszpanii, z nielicznymi wyjątkami, nie oddają obrazu spójnej i dobrze ukierunkowanej koalicji rządowej. Z drugiej strony, w mediach stale pojawiają się eksperci finansowi i członkowie rządów Holandii czy Austrii.
W tę niedzielę kanclerz Austrii Sebastian Kurz udzielił wywiadu w "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Złożył w nim następujące oświadczenie: - Nie będziemy częścią unii długów. Austria nie zaakceptuje unii długów. Oczywiście musimy pomóc tym państwom, które zostały najbardziej dotknięte gospodarczo i finansowo w tym nadzwyczajnym kryzysie, ale musimy kontynuować szczegółowe negocjacje - mówił Kurz.
Negocjacje, które trwają od tygodni, pogłębią się na szczycie europejskim, który rozpoczyna się pod koniec tygodnia w Brukseli, tym razem w nie w formie wideokonferencji, co ułatwi dynamiczne dwustronne i prywatne spotkania.
Na odbudowę dostępnych jest 750 miliardów euro, z czego Komisja Europejska chce zapewnić 500 miliardów w formie dotacji i 250 miliardów w formie pożyczek.
Sánchez zgadza się z Komisją, a także z Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jednakże podobnie jak włoski premier Giuseppe Conte, wyraził on obawę, że pomoc dla jego kraju jest związana z reformami, które mogą kolidować z hiszpańską polityką społeczną i gospodarczą.
W wywiadzie dla niemieckiej gazety "Kurz" Sánchez bronił warunkowości pomocy, ale jednocześnie podkreślił w Hiszpanii, Irlandii i Portugalii reformy zostały przeprowadzone "pod presją". W odniesieniu do Funduszu Odbudowy podkreślił, że "w Hiszpanii nawet lider opozycji uważa, że pieniądze powinny być przyznawane tylko w zamian za reformy". Ponado zarówno Kurz, jak i Pablo Casado [lider konserwatywnej Partii Ludowej - red.] należą do rodziny Europejskiej Partii Ludowej.

Merkel wyklucza możliwość rychłego porozumienia: "Wciąż mamy różnice zdań"

Les négociations sont historiques. M. Sanchez appelle à « surmonter les vetos », tandis que la Chancelière promet de se rendre à Bruxelles, soucieuse de trouver un compromis.

D'une certaine manière, le Premier ministre Pedro Sánchez a eu plus de chance à Berlin avec la chancelière Angela Merkel que la veille à La Haye avec le Néerlandais Mark Rutte. En tant qu'actuelle présidente de l'Union européenne, Merkel lui a donné toutes les garanties possibles pour la négociation du fonds européen de relance. Elle se rendra au sommet européen cette semaine à Bruxelles dans le but de parvenir à un accord sur le fonds européen de reconstruction après la catastrophe due à la covid-19, même si cela ne sera pas facile et pourrait même s'avérer impossible.
Lors d'une audition précédant les discussions qui les ont réunis à la Chancellerie, Mme Merkel a déclaré qu'elle présenterait une proposition de compromis au sommet européen qui débute à la fin de la semaine à Bruxelles. Elle a ajouté que les conséquences de la pandémie sont énormes et que le temps presse.
« Il y a des positions très différentes, mais la partie allemande ira à Bruxelles avec une volonté de compromis », a déclaré la chancelière dans une brève déclaration de bienvenue. Malgré son accueil chaleureux, elle a tempéré les attentes de M. Sanchez en soulignant que l'accord pourrait ne pas être conclu lors de cette réunion, mais qu'une date ultérieure pourrait devoir être fixée.
M. Sánchez, dont le discours était plus long, a rappelé que juillet devrait être le mois de l'engagement et que l'Union européenne ne s'est pas construite sur des vetos mais sur le dialogue et le compromis.
Afin d'être sur la même longueur d'onde que la chancelière, M. Sánchez a exposé sa vision de ce que devrait être l'UE du futur en se concentrant sur les mots et concepts clés de Mme Merkel : numérisation et écologie. Il a également exprimé la nécessité, comme l'a fait Merkel, pour l'Europe de retrouver son autonomie en matière de soins de santé, et n'a pas oublié d'appeler à la solidarité avec l'Afrique, qui sera fortement touchée par la pandémie.
Sánchez a paraphrasé la chancelière en décrivant la crise du coronavirus comme le plus grand défi du siècle dernier auquel l'Espagne a dû faire face depuis la guerre civile (1936-1939), comme Mme Merkel l'a fait à sa manière lorsqu'elle a comparé la situation que connaît actuellement l'Allemagne comme étant la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.
S'il continue en privé de se référer à l'histoire, l'un des arguments que Sánchez pourrait présenter à Merkel pour l'encourager à intercéder en faveur de l'Espagne et de l'Italie contre les « quatre frugaux » &nbsp;se trouve dans les livres d'histoire. L'Allemagne était un débiteur qui n'a jamais payé. Elle n'a pas remboursé les crédits accordés par les États-Unis pour faire face aux compensations imposées par le traité de Versailles en 1919. Tout de suite après, le pays a bénéficié du moratoire dit « Hoover » et du traité de Lausanne, en vertu desquels la France et le Royaume-Uni ont renoncé à leurs arriérés de paiement, ce qui a fait disparaître 98 % des dettes de l'Allemagne.
Après la Seconde Guerre mondiale, et malgré les destructions et les morts causées par l'armée nazie à l'ensemble du continent, les Alliés ont annulé une importante dette allemande en 1953. Parmi les pays qui ont par la suite soutenu cette annulation, on trouve l'Espagne et l'Italie. On ne peut pas en dire autant des Pays-Bas, de la Finlande et de l'Autriche, dont les politiques sont plus dures, et qui constituent trois des quatre frugaux.
Avant sa rencontre avec Sánchez lundi, le Néerlandais Mark Rutte a déclaré que « vous (les Espagnols) devez trouver la solution » en Espagne et non dans l'Union européenne. Il est ouvertement le porte-parole de trois autres européens : l'Autriche, le Danemark et la Suède. Et en secret, il parle peut-être aussi au nom de l'Allemagne.
En tant que présidente de l'Union européenne, Merkel a assumé le rôle de médiatrice mais n'acceptera pas de solutions contraires aux intérêts de l'Allemagne. Et les Allemands ne donnent rien gratuitement. La critique constante de la Bundesbank à l'égard de la politique laxiste de la Banque centrale européenne, qui selon eux vise à soutenir les économies du sud, n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Il n'y a pas de voix espagnoles fortes dans les médias allemands. Les informations qui parviennent aux lecteurs allemands depuis l'Espagne ne véhiculent pas, à quelques exceptions près, l'image d'une coalition gouvernementale unie et décidée. En revanche, les apparitions dans les médias d'experts financiers et de membres des gouvernements néerlandais ou autrichien sont continues.
Ce dimanche, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a accordé une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il y a fait la déclaration suivante : « Avec nous, il n'y aura pas de dette commune. L'Autriche n'acceptera pas une mutualisation des dettes. Bien sûr, nous devons aider les États qui ont été le plus durement touchés économiquement et financièrement dans cette crise extraordinaire, mais nous devons continuer à négocier en détail », a déclaré M. Kurz.
Les négociations, qui sont en cours depuis des semaines, s'intensifieront lors du sommet européen qui débutera à la fin de la semaine à Bruxelles, cette fois-ci en présentiel, ce qui facilitera des rencontres bilatérales et privées dynamiques.
Il y a 750 milliards d'euros disponibles pour la reconstruction, et la Commission européenne veut 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts.
M. Sanchez est en accord avec la Commission, ainsi qu'avec Mme Merkel et le président français Emmanuel Macron. Toutefois, comme le Premier ministre italien Mario Conte, il s'inquiète que l'aide à son pays soit conditionnée à des réformes qui pourraient interférer dans la politique sociale et économique de l'Espagne.
Dans son interview au journal allemand, M. Kurz a défendu la conditionnalité de l'aide, il a souligné les réformes qui ont été menées « sous pression » en Espagne, en Irlande et au Portugal, et dans le cas précis du fonds de reconstruction, il a rappelé qu'« en Espagne, même le chef de l'opposition estime que l'argent ne devrait être accordé qu'en échange de réformes ». Kurz et Pablo Casado ( leader du Parti populaire espagnol conservateur, ndlr) appartiennent à la même famille du Parti populaire européen.

Plan de relance européen : « des divergences persistent », estime Merkel

M. Sanchez appelle à « dépasser les vetos » et la Chancelière promet de se rendre à Bruxelles avec l'ambition de trouver un accord.

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez ruft dazu auf,  bei den historischen Verhandlungen am Wochenende "Vetos zu unterlassen". Die Bundeskanzlerin verspricht zudem, kompromissbereit nach Brüssel zu kommen.

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hatte in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Glück als am Tag zuvor in Den Haag mit dem Niederländer Mark Rutte. Als amtierende Ratspräsidentin der Europäischen Union sprach Merkel ihm alle Garantien aus, die sie bei den Verhandlungen über den Europäischen Konjunkturfonds geben konnte. Sie wird diese Woche mit dem Ziel zum Gipfel nach Brüssel fahren, eine Einigung über den europäischen Wiederaufbaufonds nach der Pandemie zu erzielen. Es ist keine leichte Aufgabe, die bevorsteht - und vielleicht wird sie bei diesem Gipfel &nbsp;nicht einmal gelöst werden können.
Bei einer Anhörung im Vorfeld der Gespräche im Kanzleramt sagte Merkel, dass sie beim Gipfel, der Ende der Woche beginnt, einen Kompromiss vorschlagen werde. Sie warnte, dass die Folgen der Coronavirus-Pandemie enorm seien und die Zeit knapp werde.
"Es gibt sehr unterschiedliche Positionen, aber die deutsche Seite wird kompromissbereit nach Brüssel gehen", sagte die Kanzlerin in einem kurzen Grußwort. Trotz ihrer Freundlichkeit als Gastgeberin schränkte sie Sánchez' Erwartungen deutlich ein, indem sie darauf hinwies, dass die Einigung möglicherweise nicht bei diesem Treffen erzielt werden kann, Möglicherweise müsse es einen weiteren Termin geben.
Sánchez, dessen Rede länger dauerte, bekräftigte, dass der Juli der Monat des Engagements sein sollte. Er erinnerte daran, dass die Europäische Union nicht auf Vetos, sondern auf Dialog und Kompromiss aufgebaut ist.
In dem Bestreben, mit der Kanzlerin auf einer Wellenlänge zu sein, umriss Sánchez seine Vision davon, wie die EU der Zukunft aussehen sollte, indem er sich auf Merkels wichtigste Schwerpunkte konzentrierte: Digitalisierung und Ökologie. Er bekräftigte ebenso wie Merkel, dass es nötig sei, dass Europa seine Autonomie im Gesundheitswesen zurückgewinnt. Auch rief er zur Solidarität mit den afrikanischen Ländern auf, die besonders von der Pandemie betroffen sind.&nbsp;
Sánchez paraphrasierte die Kanzlerin und bezeichnete die Coronaviruskrise als die größte Herausforderung des letzten Jahrhunderts, die Spanien seit dem Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 zu bewältigen hatte. Merkel wiederum betonte, dass die Situation, die Deutschland jetzt erlebe, eine der schwersten seit dem Zweiten Weltkrieg sei.
Wenn Sánchez im privaten Gespräch mit Merkel auch über die Historie der Länder sprechen sollte, könnte er ein Argument aus den Geschichtsbüchern anbringen, um sie zu ermutigen, sich für Spanien und Italien, und gegen die "genügsamen Vier" auszusprechen: Deutschland hatte einst selbst Schulden, die nie beglichen wurden. Deutschland bezahlte nämlich nicht die Kredite, die die Vereinigten Staaten für die im Versailler Vertrag von 1919 auferlegten Entschädigungen gewährt hatten. Unmittelbar danach profitierte das Land vom sogenannten Hoover-Moratorium und dem Vertrag von Lausanne, in denen Frankreich und das Vereinigte Königreich auf ihre ausstehenden Zahlungen verzichteten. Dadurch wurde Deutschland 98 Prozent der Schulden erlassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg - und trotz der Zerstörung und des Todes, die die Wehrmacht auf dem gesamten Kontinent hinterließ - erließen die Alliierten 1953 den Deutschen erhebliche Schulden. Zu den Ländern, die diesen Erlass später unterstützten, gehörten Spanien und Italien. Dasselbe gilt nicht für die Niederlande, Finnland und Österreich, die eine härtere Politik verfolgten und die neben Deutschland die anderen drei der "Sparsamen Vier" darstellen.&nbsp;
Vor seinem Treffen mit Sánchez am Montag kommentierte der Niederländer Mark Rutte, dass Spanien die Situation "selbst lösen muss" und nicht gemeinsam mit der EU - eine Meinung, die viel Zuspruch findet. Er vertritt damit die drei weiteren sparsamen Länder Österreich, Dänemark und Schweden. Und insgeheim vielleicht auch Deutschland.
Als EU-Ratspräsidentin hat Merkel die Rolle einer Vermittlerin übernommen, wird aber keine Lösungen akzeptieren, die den deutschen Interessen zuwiderlaufen. Und die Deutschen verschenken bekanntlich nichts. Die ständige Kritik der Bundesbank an der laxen Politik der Europäischen Zentralbank, die ihrer Meinung nach darauf abzielt, die Volkswirtschaften des Südens zu unterstützen, ist nur ein Beispiel dafür.
Es gibt keine starken spanischen Stimmen in den deutschen Medien. Die Informationen, die die deutschen Leser aus Spanien erreichen, vermitteln bis auf wenige Ausnahmen nicht das Bild einer geschlossenen und zielgerichteten Regierungskoalition. Auf der anderen Seite gibt es ständige Medienauftritte von Finanzexperten und Mitgliedern der niederländischen oder österreichischen Regierung.
Am Sonntag gab der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview. Darin äußerte er sich wie folgt: "Mit uns wird es keine Schuldenunion geben. Österreich wird eine Schuldenunion nicht akzeptieren. Natürlich müssen wir den Staaten helfen, die in dieser außergewöhnlichen Krise wirtschaftlich und finanziell am stärksten betroffen sind, aber wir müssen weiter im Detail verhandeln", so Kurz.
Die seit Wochen laufenden Verhandlungen werden auf dem europäischen Gipfel, der Ende der Woche in Brüssel beginnt, intensiviert, diesmal persönlich, was dynamische bilaterale und private Treffen ermöglichen wird.
Für den Wiederaufbau stehen 750 Milliarden Euro zur Verfügung, davon will die EU-Kommission 500 Milliarden in Form von Zuschüssen und 250 Milliarden in Form von Darlehen auszahlen.
Sánchez steht auf einer Linie mit der Kommission, Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Wie der italienische Premierminister Giuseppe Conte äußerte er jedoch die Sorge, dass die Hilfe für sein Land an Reformen geknüpft ist, die in die spanische Sozial- und Wirtschaftspolitik eingreifen könnten.
In seinem Interview mit der deutschen Zeitung verteidigte Kurz die Konditionalität der Hilfe, er hob die Reformen hervor, die in Spanien, Irland und Portugal "unter Druck" durchgeführt wurden. Im konkreten Fall des Wiederaufbaufonds erinnerte er daran, dass "in Spanien selbst der Oppositionsführer der Meinung ist, dass Geld nur im Austausch für Reformen gewährt werden sollte". Kurz und Pablo Casado, der Vorsitzender der konservativen Volkspartei, sind beide Teil der Europäischen Volkspartei.

Merkel schließt baldige Einigung aus: "Differenzen bleiben bestehen"

Pedro Sánchez ruft dazu auf,  bei den historischen Verhandlungen am Wochenende "Vetos zu unterlassen". Die Bundeskanzlerin will kompromissbereit sein.

Ο Σάντσεθ ζητά να «παρακαμφθούν τα βέτο» ενόψει των ιστορικών διαπραγματεύσεων και η καγκελάριος υπόσχεται να πάει στις Βρυξέλλες με προθυμία για συμβιβασμό

Κατά κάποιον τρόπο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στάθηκε πιο τυχερός στο Βερολίνο με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ από ότι ήταν την προηγούμενη μέρα στη Χάγη με τον Ολλανδό Μαρκ Ρούτε. Ως σημερινός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μέρκελ του έδωσε όλες τις εγγυήσεις που μπορούσε κατά τη διαπραγμάτευση του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης. Η Μέρκελ προσέρχεται στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής αυτήν την εβδομάδα στις Βρυξέλλες με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία για το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης από την καταστροφή του Covid-19. Βέβαια, αυτό δε θα είναι εύκολο και μπορεί κιόλας να μην επιτευχθεί.
Σε μια ακρόαση πριν τις συνομιλίες που έφεραν μαζί στην Καγκελαρία, η Μέρκελ είπε ότι θα πάει με μια συμβιβαστική πρόταση στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας στις Βρυξέλλες. Συμπλήρωσε ότι οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού είναι τεράστιες και ότι ο χρόνος τελειώνει.
«Υπάρχουν πολύ διαφορετικές θέσεις, αλλά η γερμανική πλευρά θα πάει στις Βρυξέλλες με προθυμία για συμβιβασμό», δήλωσε η καγκελάριος σε σύντομες δηλώσεις της. Παρά την καλοσύνη της ως οικοδεσπότης, χαμήλωσε τις προσδοκίες του Σάντσεθ επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να μην επιτευχθεί συμφωνία σε αυτήν τη συνάντηση, αλλά ίσως χρειαστεί να κανονιστεί μια σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο Σάντσεθ, του οποίου οι δηλώσεις είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, επανέλαβε ότι ο Ιούλιος πρέπει να είναι ένας μήνας δέσμευσης και υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οικοδομηθεί πάνω σε βέτο αλλά σε διάλογο και συμβιβασμό.
Σε μια προσπάθεια να βρεθεί στο ίδιο μήκος κύματος με την καγκελάριο, ο Σάντσεθ περιέγραψε το όραμά του για το πως πρέπει να είναι η ΕΕ του μέλλοντος εστιάζοντας στις λέξεις και έννοιες- κλειδιά της Μέρκελ: ψηφιοποίηση και οικολογία. Εξέφρασε επίσης την ανάγκη, όπως έκανε η Μέρκελ, να ανακτήσει η Ευρώπη την αυτονομία της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και δεν παρέλειψε να ζητήσει αλληλεγγύη προς την Αφρική, η οποία θα υποστεί μεγάλη ζημιά από την πανδημία.
Ο Σάντσεθ παράφρασε την καγκελάριο, χαρακτηρίζοντας την κρίση του κορονοϊού ως τη μεγαλύτερη πρόκληση τον τελευταίο αιώνα που αντιμετώπισε η Ισπανία από τον εμφύλιο πόλεμο (1936-1939), όπως έκανε με τον τρόπο της όταν συνέκρινε την κατάσταση που βιώνει τώρα στη Γερμανία ως την πιο σοβαρή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εάν συνεχίσει κατ' ιδίαν με το βλέμμα του στην ιστορία, ένα από τα επιχειρήματα που θα μπορούσε να παρουσιάσει ο Σάντσεθ στη Μέρκελ για να την ενθαρρύνει να μεσολαβήσει εξ ονόματος της Ισπανίας και της Ιταλίας εναντίον των «τεσσάρων της λιτότητας» βρίσκεται στα βιβλία της ιστορίας. Η Γερμανία ήταν ο οφειλέτης που δεν πλήρωσε ποτέ. Δεν πλήρωσε τις πιστώσεις που της έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει τις αποζημιώσεις που επιβλήθηκαν στη Συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Αμέσως μετά, η χώρα επωφελήθηκε από το λεγόμενο Μορατόριουμ Χούβερ και τη Συνθήκη της Λωζάνης, βάσει των οποίων η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραιτήθηκαν από τις εκκρεμείς πληρωμές, με αποτέλεσμα να εκκαθαριστεί το 98% των χρεών της Γερμανίας.
Μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, και παρά την καταστροφή και τον θάνατο που προκάλεσε ο ναζιστικός στρατός σε ολόκληρη την ήπειρο, οι Σύμμαχοι διέγραψαν σημαντικό μέρος του γερμανικού χρέους το 1953. Μεταξύ των χωρών που υποστήριξαν αργότερα αυτή τη συγχώρεση ήταν η Ισπανία και η Ιταλία. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία, που είχαν πιο σκληρές πολιτικές, οι οποίες αποτελούν τρεις από τους τέσσερις της λιτότητας.
Πριν από τη συνάντησή του με τον Σάντσεθ τη Δευτέρα, ο Ολλανδός Μαρκ Ρούτε σχολίασε ότι «εσείς (οι Ισπανοί) πρέπει να βρείτε τη λύση» εντός της Ισπανίας και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση - μια ιδέα που έχει μεγάλη απήχηση. Είναι ανοιχτά ο εκπρόσωπος τριών άλλων Ευρωπαίων εταίρων: της Αυστρίας, της Δανίας και της Σουηδίας. Και κρυφά, ίσως εκπροσωπεί και τη Γερμανία.
Ως εκ περιτροπής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μέρκελ ανέλαβε το ρόλο του μεσολαβητή, αλλά δεν θα δεχτεί λύσεις που είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα της Γερμανίας. Και οι Γερμανοί δεν δίνουν τίποτα δωρεάν. Η συνεχής κριτική της Bundesbank για την χαλαρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σύμφωνα με αυτούς στοχεύει στη στήριξη των οικονομιών του Νότου, είναι μόνο ένα &nbsp;παράδειγμα.
Δεν υπάρχουν ισχυρές ισπανικές φωνές στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που φτάνουν στους Γερμανούς αναγνώστες από την Ισπανία, με λίγες εξαιρέσεις, δε δίνουν την εικόνα ενός συνεκτικού και καλά στοχευμένου κυβερνητικού συνασπισμού. Από την άλλη πλευρά, είναι συνεχείς οι εμφανίσεις οικονομικών εμπειρογνωμόνων και μελών των ολλανδικών ή αυστριακών κυβερνήσεων στα μέσα ενημέρωσης.
Αυτή την Κυριακή, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς έδωσε συνέντευξη στη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Εκεί, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «με εμάς, δε θα υπάρξει μια ένωση χρέους. Η Αυστρία δε θα δεχτεί μια ένωση χρέους. Φυσικά, πρέπει να βοηθήσουμε εκείνα τα κράτη που έχουν πληγεί σκληρότερα οικονομικά σε αυτήν την εξαιρετική κρίση, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με προσοχή στις λεπτομέρειες», δήλωσε ο Κουρτς.
Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για εβδομάδες, θα ενταθούν στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που ξεκινά στο τέλος της εβδομάδας στις Βρυξέλλες, αυτή τη φορά αυτοπροσώπως, η οποία θα διευκολύνει δυναμικές διμερείς και ιδιωτικές συναντήσεις.
Υπάρχουν 750 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για ανασυγκρότηση, εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια.
Ο Σάντσεθ είναι σύμφωνος με την Επιτροπή, καθώς και με τη Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, όπως και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η βοήθεια προς τη χώρα του συνδέεται με μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κοινωνική και οικονομική πολιτική της Ισπανίας.
Στη συνέντευξή του με τη γερμανική εφημερίδα, ο Κουρτς υπερασπίστηκε τις προϋποθέσεις για βοήθεια, τόνισε τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν «υπό πίεση» στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του ταμείου ανάκαμψης, υπενθύμισε ότι «στην Ισπανία, ακόμη και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης πιστεύει ότι τα χρήματα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε αντάλλαγμα για μεταρρυθμίσεις». Ο Κουρτς και ο Πάμπλο Κασάδο [σημείωση του συντάκτη: ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος] ανήκουν στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η Μέρκελ αποκλείει την πιθανότητα μιας επικείμενης συμφωνίας: «οι διαφορές παραμένουν»

Ο Σάντσεθ ζητά να «παρακαμφθούν τα βέτο» ενόψει των ιστορικών διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου και η καγκελάριος είναι πρόθυμη για συμβιβασμό

Carmen Valero

Berlin Fails to Cap Rental Prices

Pedro Sánchez, Europe's King Midas

Merkel rules out a quick deal for reconstruction