Desde reuniones con ministros hasta donaciones de 1,5 millones por la Fundación Gates. Las empresas biotecnológicas buscan que las nuevas técnicas de edición genética queden fuera de algunos controles de seguridad, seguimientos y etiquetado

La industria de la biotecnología está librando una batalla en la Unión Europea para que la nueva generación de técnicas de modificación genética sea excluida de las regulaciones europeas sobre los organismos modificados genéticamente. Esto significaría que las plantas, animales y microorganismos creados con técnicas de ingeniería genética como la CRISPR/Cas (herramienta que se puede utilizar para cortar con precisión y eliminar o reemplazar una secuencia genética específica) no estarían sujetos a ciertos controles de seguridad, seguimiento o etiquetado para el consumidor.
Así se desprende <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">de la documentación conseguida por el Corporate Europe Observatory (CEO)</a>, a través de solicitudes de transparencia y de acceso a información, que revelan la tácticas utilizadas por la industria biotecnológica para preparar el terreno para la desregulación.
<a href="https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos">De acuerdo con el informe del CEO</a>, al que ha tenido acceso elDiario.es, la industria ha seleccionado a cargos ministeriales de los países para reunirse con los lobistas; ha creado un grupo de trabajo dirigido por un equipo de expertos gracias a una gran subvención de la Fundación Gates para diseñar "narrativas climáticas" sobre la desregulación de los transgénicos; ha lanzado un manifiesto firmado por investigadores para trasladar la idea de que estas técnicas gozan de un amplio apoyo de la comunidad científica.
La Comisión Europea tiene previsto publicar un estudio a finales de abril sobre las nuevas técnicas como base para un mayor debate entre los Estados miembros. "Mientras, colectivos de la sociedad civil y grupos agrícolas piden a la UE que dé prioridad a las preocupaciones ambientales y de salud, y mantenga los controles de seguridad de los organismos genéticamente modificados", relata el informe del Corporate Europe Observatory.
Con el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, la Comisión Von der Leyen se ha comprometido a un cambio que se aleja de la agricultura industrial tal como la conocemos.
Con un objetivo de reducción del 50% de plaguicidas y un objetivo de agricultura orgánica del 25% para 2030, crea una crisis existencial para aquellas corporaciones que son dominantes tanto en el mercado de pesticidas como en el de semillas comerciales, en particular Bayer, BASF, Corteva (antes DowDupont) y Syngenta (ChemChina).
"Estas corporaciones están destinadas a perder una gran parte de sus beneficios por la venta de plaguicidas y, por lo tanto, buscan un nuevo modelo comercial: aumentar los ingresos del negocio de las semillas. Esto se aplica aún más al gigante químico alemán Bayer, que se encuentra en serios problemas financieros desde que compró Monsanto, debido al costoso litigio en curso sobre el glifosato en EEUU. Tener nuevas semillas modificadas genéticamente sin supervisión regulatoria, pero patentadas, seguramente cumpliría ese objetivo", afirma el informe.
"Durante muchos años, la industria de la biotecnología ha presionado a la Comisión Europea para que no regule los productos elaborados con nuevas técnicas de modificación genética, incluidas las técnicas de edición del genoma como CRISPR/Cas. Sin embargo, el 25 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que dichos procedimientos de edición del genoma son técnicas de modificación genética y que sus productos deben estar regulados como tales, de acuerdo con las normativas comunitarias", explica la entidad: "Desde entonces, la industria y los investigadores han estado presionando para cambiar las normas comunitarias (2001/18) con el fin de desregular la edición del genoma (es decir, sin evaluación de riesgo, supervisión o etiquetado)".
Pero hay dos grandes obstáculos que superar. En primer lugar, cada decisión sobre los organismos modificados genéticamente en la UE es muy controvertida, por lo que será difícil encontrar suficiente apoyo para revisar las regulaciones.
En segundo lugar, y relacionado con el primero, también se debe ganar el apoyo público. "Por lo tanto, se están haciendo promesas desorbitadas sobre los supuestos beneficios de los cultivos y animales con técnicas de edición del genoma", asegura el CEO.
Las tácticas de lobby descritas en el informe parecen centrarse, en primer lugar, en la estrategia legal y, en segundo lugar, en desarrollar una narrativa positiva de relaciones públicas de, por ejemplo, "productos insignia" respetuosos con el clima, con el fin de obtener la aceptación pública de los nuevos OMG.
"Las iniciativas de lobby descritas en este informe aparentemente parecen estar impulsadas por institutos de investigación público-privados, sin embargo, esto oculta el hecho de que existen vínculos estrechos con los intereses corporativos", explica la investigación: "A través de solicitudes de Libertad de Información a la Comisión Europea y los gobiernos de Holanda y Bélgica, el Corporate Europe Observatory (CEO) ha descubierto nueva información sobre tácticas de presión recientes empleadas para socavar y cambiar las regulaciones de OGM de la UE existentes para permitir nuevas plantas y animales transgénicos, obtenidos a través de técnicas de edición del genoma no estén reguladas en el mercado interior de la UE. Esto significaría: sin evaluaciones de bioseguridad, inocuidad alimentaria o ambientales; sin control y sin libertad de elección para los consumidores (debido a la falta de etiquetado del producto)".
La Comisión Europea (dirección general de Sanidad) publicará un estudio antes del 30 de abril de 2021, "que puede contener 'opciones políticas' para cambiar las leyes de OMG de la UE", afirma el informe: "El estudio fue solicitado por el Consejo de la UE [los Gobiernos] bajo la presidencia rotatoria finlandesa, en tanto que los Estados miembros querían respuestas a las cuestiones prácticas de la aplicación de la sentencia. Pero como argumentó una investigación de Amigos de la Tierra, 'la configuración del estudio ha dado lugar a grandes preocupaciones de que el proceso haya sido capturado por la industria'. Esto se debe a que la base del estudio es una consulta dirigida a las partes interesadas muy sesgada y dominada por la industria".
Entre mayo y junio de 2021, los Estados miembros discutirán el estudio en el Consejo de Agricultura y el de Medio Ambiente. Luego, las votaciones sobre el informe de la granja a la mesa del Parlamento Europeo en junio (comisiones) y julio (sesión plenaria) revelarán la posición del Parlamento sobre esta cuestión.
<h3>Reguladores cuidadosamente seleccionados</h3>
Las solicitudes de acceso a la información a las autoridades belgas y holandesas del CEO revelan que la Organización Europea de las Ciencias Vegetales (EPSO)<a href="https://epsoweb.org/">,</a> con sede en Bruselas, "ha estado celebrando una serie de reuniones de presión con reguladores nacionales cuidadosamente seleccionados de países y ministerios. El objetivo es conseguir la desregulación de las técnicas de edición del genoma. Las discusiones se centraron, por un lado, en cuál sería la vía legal menos difícil para lograr la desregulación; y, por otro lado, encontrar 'proyectos emblemáticos' de productos editados con genoma que puedan ganar los corazones y las mentes del público. Hasta ahora se han celebrado tres reuniones (septiembre de 2019, enero de 2020, noviembre de 2020), y una cuarta está prevista para mayo de 2021", relata el informe.
La invitación a la primera reunión decía, según los papeles del CEO: "La reunión será una discusión informal de mente abierta bajo las Reglas de Chatham House entre científicos (1 por país) y responsables políticos (1-2 por país)". Se invitó a los participantes "de países que mostraron inclinación a apoyar una aproximación innovadora para la agricultura y el mejoramiento vegetal genético en Europa (por "innovador" se refieren a afines con los nuevos OMG)". El objetivo es que la EPSO, según la documentación, "colabore con los responsables de la formulación de políticas para desarrollar una reglamentación adecuada y preparada para el futuro" para las nuevas técnicas de OMG.
Sin embargo, pocos o ninguno de esos países tienen una posición oficial y pública sobre el asunto. En algunos, como en Francia y Alemania, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, tienen puntos de vista opuestos. Y no hay constancia de que los ministerios de Medio Ambiente de estos países han tenido conocimiento de la existencia de estas reuniones.
Los documentos contienen listas de participantes, pero los nombres están tachados. A la primera reunión, en septiembre de 2019 en Bruselas, asistieron reguladores de siete países de la UE: Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, España y Suecia.
En cuanto a los investigadores, de los documentos se sabe que René Custers asistió por el Flanders Institute for Biotechnology (VIB, Bélgica); Ernst van den Ende, por la Wageningen University (Holanda); y Ralf Wilhelm, por el Julius Kuhn Institute (Alemania). Es probable que otros sean miembros del grupo de trabajo de Tecnologías Agrícolas de la EPSO.
En la segunda reunión, en enero de 2020 en Bruselas, la asistencia de los ministerios de los Estados miembros fue menor, con muchas cancelaciones, y solo asistieron reguladores de Finlandia, Francia y Alemania. En el caso de Alemania, asistieron no menos de cuatro reguladores de dos ministerios. La lista de países se había ampliado a 12, esta vez incluidos Dinamarca y Lituania.
<h3>Financiación de la Fundación Gates</h3>
El think tank Re-Imagine Europa (RIE) enuncia como razón de ser "reforzar el papel de Europa como potencia económica mundial en el siglo XXI capaz de salvaguardar un futuro próspero de paz, libertad y justicia social para todos sus ciudadanos". La entidad fue cofundada por el exjefe de Estado francés Valéry Giscard d'Estaing, recientemente fallecido.
Re-Imagine Europa tiene una metodología específica: establecer un grupo de trabajo para cada uno de los tres "desafíos estratégicos" (Democracia, Economía y Planeta) que involucran a "un comité de aproximadamente un centenar de expertos del mundo académico, think tanks, industria, ONG, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes". Los temas de los grupos de trabajo son seleccionados por la Junta Asesora.
La web de RIE explica que los miembros de la Junta "que solicitan la puesta en marcha de un Grupo de Trabajo sobre Innovación y Clima" incluyen al eurodiputado Paolo De Castro (PD/S&amp;D) y al ex comisario europeo de Investigación Carlos Moedas, quienes han hecho declaraciones en el pasado a favor de la desregulación de las nuevas técnicas de modificación genética.
En noviembre de 2020 se lanzó el nuevo grupo de trabajo: Agricultura e innovación sostenibles. Sin embargo, el único enfoque de su cometido se centra en cómo conseguir la desregulación en la UE de cultivos y animales con genomas editados.
Para este grupo de trabajo, la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) concedió una subvención de 1,5 millones de dólares en 2020. El objetivo del grupo de trabajo se describe en la web de la Fundación Gates en términos claros: "Comprometerse con un amplio conjunto de actores europeos en la edición del genoma en el siglo XXI".
La subvención de la BMGF, con fecha de julio de 2020, aún no figura en la entrada del grupo de expertos en el registro de transparencia de lobbys de la UE, según el CEO: "Re-imagine Europa tiene un presupuesto total declarado de poco menos de 5.000 euros. Su web establece que 'Re-Imagine Europa quiere trabajar por el interés de los ciudadanos europeos', con un presupuesto donde '1/3 de los fondos provengan de fundaciones públicas, 1/3 de privados y 1/3 de la gente".
Su web, explica el CEO, afirma: "Re-Imagine Europa está financiado por fundaciones líderes, como Fundación La Caixa, Fondazione Cariplo, Fundación Bill &amp; Melinda Gates, así como financiación basada en proyectos de la Comisión Europea".
<a href="https://reimagine-europa.eu/re-imagine-europa-announces-task-force-on-sustainable-agriculture-and-innovation">El grupo de trabajo Agricultura sostenible e innovación tiene su propio Comité Directivo</a>. "Incluye a muchos defensores de la desregulación, como el eurodiputado Paolo de Castro, Garlich von Essen (Euroseeds, el lobby de las semillas), PekkaPessonen (el lobby de las grandes granjas Copa-Cogeca), Dirk Inzé (VIB y EU-SAGE) y Pere Puigdomenech, del Centro de Investigación en Economía Agraria de Barcelona. Puigdomenech también es miembro de la junta de All European Academies (ALLEA). ALLEA y EU-SAGE son sub-beneficiarios de la subvención de la Fundación Gates para Re-Imagine Europa", relata el informe del Corporate Europe Observatory: "La composición del Comité Directivo y del comité de expertos está dirigida a favor de la desregulación".
"Un documento publicado en la web del grupo de expertos del RIE muestra que tiene objetivos muy similares a las reuniones de reguladores de la EPSO: desarrollar una estrategia legal por un lado y enmarcar la edición del genoma como algo positivo en el contexto narrativas por el otro", relata el informe del CEO: "Este documento describe el objetivo del grupo de trabajo como 'comprender mejor los valores y las prioridades' que deberían 'guiar el pensamiento para la estrategia de la granja a la mesa'. Luego, analizarán 'cómo las nuevas tecnologías podrían ayudarnos a lograr esta visión. Los límites entre la denominada agricultura industrial y la producción orgánica" deberían ser 'redefinidos'. Como desafíos, el grupo de trabajo identifica 'la velocidad a la que se desarrollan las nuevas tecnologías y la evidencia científica', y también 'la herencia de un discurso público cargado de emociones de los años noventa".
<h3>EU-SAGE y los apoyos científicos</h3>
Unos meses después de la sentencia del Tribunal Europeo de julio de 2018, un grupo de investigadores liderado por el Instituto Flandes de Biotecnología (VIB) envió una carta al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresando su preocupación por las consecuencias de la sentencia, explica el informe del CEO: "Instaron a la Comisión Europea saliente a preparar propuestas de políticas que excluirían a los nuevos OGM de la legislación existente y garantizar que los Estados miembros dieran su apoyo. La carta apenas contiene argumentos con fundamento científico sobre agricultura o incluso biotecnología, y se refería a las regulaciones de la UE como obstáculo en la carrera de la innovación o para la competitividad".
"El VIB ha participado activamente en la campaña de lobby para la desregulación de nuevos OGM durante muchos años", afirma el informe: "El instituto tiene a Bayer y BASF en su directorio, y sus investigadores a menudo tienen intereses adquiridos en la tecnología a través de patentes. El director científico de VIB, Dirk Inzé, destacaba en un artículo de opinión que la carta abierta promovida por EU-SAGE [una plataforma de lobby creada por el instituto flamenco de biotecnología VIB] firmada por 'científicos europeos' es 'una prueba de un sólido consenso entre la comunidad académica de investigación en ciencias de la vida de que debemos actuar para salvaguardar el futuro de la edición del genoma".
EU-SAGE se inscribió en el registro de transparencia de lobbys de la UE en enero de 2020. Las tres personas que figuran como responsables son empleados de VIB: el director científico Dirk Inzé, el lobista René Custers y Oana Dima, "directora de políticas científicas de la red EU-SAGE".
"Una de las razones para crear EU-SAGE tiene que ver con la oportunidad de participar como parte interesada a escala comunitaria en la fase de consultas para el estudio de la Comisión Europea por parte de la dirección general de Salud", afirma el informe del CEO: "¿EU-SAGE realmente representa a los '129 institutos de investigación' como afirma en su sitio web".
Y añade: "Sin embargo, una mirada más cercana muestra que muchos firmantes no representan a su instituto, y se calcula que menos de la mitad de los institutos han firmado como tales: un rector de una universidad belga, por escrito, se opuso al uso del logotipo de su institución. Incluso cuando los rectores o directores generales firmen, se pueden dudar sobre qué proceso se aplicó para decidir apoyar esa carta abierta. En algunos otros casos, los signatarios no eran de institutos de investigación, y en otros las firmas se repetían".

Así hace lobby la industria biotecnológica en la UE

Reuniones, donaciones millonarias. Las biotecnológicas buscan que las nuevas técnicas genéticas queden fuera de algunas regulaciones

From meetings with ministers to million-dollar donations from the Gates Foundation. Biotech companies seek to exempt new gene-editing techniques from certain safety, monitoring and labelling controls

The biotech industry is fighting a battle with the European Union to have the new generation of genetic engineering excluded from European regulations on genetically modified organisms (GMOs). This would mean that plants, animals and micro-organisms created with genetic techniques such as CRISPR/Cas — a tool that can be used to precisely cut and remove or replace a specific genetic sequence, would not be subject to certain safety, traceability or consumer labelling controls.
This is according to <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">documentation obtained by the Corporate Europe Observatory (CEO</a>), through transparency and access to information requests, which reveal the tactics used by the biotech industry to pave the way for deregulation.
ElDiario.es has had access to <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">the CEO report</a>. According to it, the industry has selected ministerial officials from countries to meet with lobbyists, and has created a working group led by a team of experts thanks to a large grant from the Gates Foundation to design "climate narratives" on the deregulation of GMOs. The industry has also launched a manifesto signed by researchers to convey the idea that these techniques enjoy broad support from the scientific community.
The European Commission plans to publish a study at the end of April on the new techniques as the basis for further debate among member states. "Civil society and farming groups call on the EU to prioritise environmental and health concerns, and keep GM safety checks in place", says the Corporate Europe Observatory report.
"With the European Green Deal and the Farm to Fork Strategy, the Von der Leyen Commission has committed to a fundamental shift away from industrial agriculture as we know it today", the document explains.&nbsp;
With a 50 percent pesticide reduction target and a 25 percent organic farming target by 2030, it creates "an existential crisis for those corporations that are dominant in both the pesticide and commercial seed markets, in particular Bayer, BASF, Corteva (formerly DowDupont) and Syngenta (ChemChina)."
"These corporations are set to lose a large share of their profits from selling pesticides, and are therefore looking for a new business model: increase profits from the seed business. This applies all the more to German chemical giant Bayer, which is in deep financial trouble since buying Monsanto, because of ongoing and costly glyphosate litigation in the US. To have new GMO seeds without regulatory oversight, but still patented, would surely serve that aim", the report states.
"For many years the biotech industry has lobbied the European Commission not to regulate products made using new GMO techniques, including ‘genome editing’ techniques such as CRISPR-Cas. However, on 25 July 2018 the European Court of Justice ruled that such genome editing procedures are GM techniques and its products must be regulated as such. Since then, industry and researchers have been pushing hard to change the EU GMO law (2001/18) in order to get genome editing deregulated (ie with no risk assessment, monitoring, or labelling)."
But there are two major hurdles to overcome. Firstly, every decision on GMOs in the EU is highly controversial, so it will be difficult to find enough support to revise the regulations.
Furthermore, and related to the first issue, public support must also be won. "Therefore, wild promises are being made about the alleged benefits of crops and animals which are made using genome editing techniques", says the institution.&nbsp;
The lobbying tactics described in the report appear to focus firstly on legal strategy and secondly on developing a positive public relations narrative of, for example, climate-friendly "flagship projects" in order to gain public acceptance of new GMOs.
The research explains that the lobbying initiatives described "appear to be driven by public research organisations, however they have close ties to corporate interests." This information has been obtained through Freedom of Information requests to the European Commission and the Dutch and Belgian governments. Thus, &nbsp;the Corporate Europe Observatory (CEO) "has uncovered new information about recent lobby tactics employed to undermine and change existing European Union GMO regulations in order to let new GM plants and animals – obtained via genome editing techniques – go unregulated into the EU’s internal market. This would mean: no biosafety, food safety, or environmental assessments; no monitoring, and no freedom of choice for consumers (due to a lack of product labelling)."
The European Commission's health division will publish a study by 30 April 2021, "which may contain 'policy options' to change the EU’s GMO laws", the report states. "This study, was requested by the EU Council under the Finnish rotating presidency (July 2019), while member states wanted answers to the practical issues of implementing the ruling. But an investigation provided by the organisation Friends of the Earth argued that 'the set-up of the study has now given rise to strong concerns that the process has been captured by industry'. This is because the basis of the study is a highly biased targeted stakeholder consultation which was dominated by industry", the report explains.&nbsp;
Between May and June 2021, member states will discuss the study in the Agriculture and Environment Council. Then, votes on the farm report to the European Parliament's bureau in June (committees) and July (plenary session) will reveal the Parliament's position on this issue.
<h3>Carefully selected regulators</h3>
After having access to information requests to the Belgian and Dutch governments, CEO authorities reveal that the Brussels-based European Plant Science Organisation (EPSO) "has been holding a series of lobby meetings with hand-picked national officials from selected countries and selected ministries." According to the report, these meetings seek to "get genome editing techniques deregulated". Discussions focused on two issues. One, on "what would be the least difficult legal route to obtain deregulation", and the other, "to find ‘flagship projects’ of genome edited products that could win the hearts and minds of the public. Three meetings have been held so far (September 2019, January 2020, November 2020) and a fourth is planned for May 2021", the report explains.
These papers describe the first meeting as "an informal open-minded discussion under the Chatham House rules between scientists (one per country) and policy makers (one or two per country)." Among the participants, people "from countries which had already indicated support for an innovative approach in agriculture and plant breeding in Europe" — by "innovative" they mean related to genetically modified organisms. EPSO's goal, according to these documents is "to collaborate with policy makers to develop an appropriate regulation ready for the future” for new GMO techniques.
Yet, few if any of these countries have an official and public position on the issue. In some countries, as in France and Germany, the ministries of Agriculture and Environment respectively have opposing views. And it is unclear whether the Environment ministries in these countries have been made aware of the existence of these meetings.
The documents contain lists of participants, but the names are blacked out. The first meeting, in September 2019 in Brussels, was attended by regulators from seven EU countries: Belgium, Finland, France, Germany, the Netherlands, Spain and Sweden.
The documents prove that researchers such as René Custers attended, representing the Flanders Institute for Biotechnology (VIB, Belgium); Ernst van den Ende, for Wageningen University (Netherlands); and Ralf Wilhelm, for the Julius Kuhn Institute (Germany). Others are "likely to be members of the EPSO Agricultural Technologies working group."
The second meeting, held in January 2020 in Brussels included a lower presence of member state ministries. Many cancelled. Only regulators from Finland, France and Germany attended. In the case of Germany, "no fewer than four regulators from two ministries attended." This time, the list of participant countries has been extended to 12 countries, including Denmark and Lithuania.
<h3>Gates Foundation funding</h3>
Think tank Re-Imagine Europa (RIE), was co-founded by former French head of state Valéry Giscard d'Estaing, who recently passed away. This organisation's mission is to "reinforce Europe’s role as a global economic power in the 21st century, able to safeguard a prosperous future of peace, freedom and social justice for all its citizens."
With a precise method, Re-Imagine Europa seeks to establish a working group for each of the three "strategic challenges" (Democracy, Economy and Planet) involving "an expert committee of roughly one hundred experts from academia, think tanks, industry, NGOs, CSOs, and other stakeholders." The Advisory Board selects the working group topics.
Having a quick browse through RIE's website it's possible to see their call for the launch of a taskforce on Innovation and Climate. That includes MEP Paolo De Castro (PD/S&amp;D) and former European Commissioner for Research Carlos Moedas. Both politicians have endorsed the deregulation of new genetic modification.
A new working group, called Sustainable Agriculture and Innovation, was launched in November 2020. However, its only target is to achieve EU deregulation of genome-edited crops and animals.
The Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) awarded a grant of €1.5 million in 2020 to this group. Their goal, as described on the philanthropists' website, is "to engage with a broad set of European stakeholders on genome editing in the 21st century".
The BMGF grant, dated July 2020, is not yet listed in the think tank's entry in the EU lobby transparency register, according to the report: "Re-imagine Europa's current budget is just under €50,000. On their website, they declare to 'work in the interest of European citizens', and &nbsp;aim for a budget where 'one third of funds come from public foundations, a third from private sources and a third crowdsourced.'"
"Re-Imagine Europa is funded by leading foundations including: La Caixa Foundation, Fondazione Cariplo, Bill &amp; Melinda Gates Foundation as well as project-based funding from the European Commission", says their webpage.
<a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">The Sustainable Agriculture and Innovation working group has its own Steering Committee</a> which is "extremely biased", says the Corporate Europe Observatory. "It includes many very outspoken deregulation proponents, such as Paolo de Castro MEP, Garlich von Essen (Euroseeds, the seed lobby), Pekka Pessonen (big farm lobby Copa-Cogeca), Dirk Inzé (VIB and EU-SAGE), and Pere Puigdomenech (Barcelona Center for Research in Agricultural Economics, and board member of All European Academies (ALLEA)."
According to these documents, RIE has very similar objectives to the EPSO regulators' meetings. Their main goal is to find out "what is the best legal strategy for deregulation, and how can genome editing techniques be framed as a solution to climate change." &nbsp;Re-Imagine Europa explains that the taskforce was set up "in light of the European Green Deal and the Farm to Fork Strategy, and the expected changes they will bring for the agricultural sector". The taskforce would "create a forum for real dialogue between different viewpoints on these issues." They will also look at which new technologies will help to achieve that vision. Another aim is to "redefine the boundaries between so-called industrial agriculture and organic production" and how "the inheritance of an emotionally charged public discourse from the 1990’s will add to the challenge of changing perspectives in &nbsp;&nbsp;Europe."
<h3>EU-SAGE and scientific support</h3>
A few months after the July 2018 European Court ruling, a group of researchers led by the Flanders Institute of Biotechnology (VIB) sent a letter to the then-president of the European Commission, Jean-Claude Juncker. In it, they expressed their concerns about the consequences of the ruling. According to the report: "They urged the outgoing Commission to prepare policy proposals that would exclude the new GMOs from the existing GMO legislation, and to ensure that member states lent their support." But this letter hardly had any scientific arguments about agriculture or even biotechnology. It was more concerned with EU regulations as "an obstacle in the innovation race or for competitiveness," says the CEO report.&nbsp;
The report reveals how the VIB has been "actively involved in the lobby campaign for the deregulation of new GMOs for many years." They point to the institute's connections with Bayer and BASF within its governing board. The documents also explain that "its researchers often have vested interests in the technology through patents." It also focusses on one specific person. Its director Dirk Inzé wrote an opinion piece where he said that the open letter promoted by EU-SAGE, a lobbying platform set up by the Flemish biotech institute VIB, and signed by "European scientists" is "proof of a solid consensus among the academic community of life science research that we need to act to safeguard the future of genome editing."
EU-SAGE was registered in the EU lobby transparency register in January 2020. The three people listed as responsible are VIB employees — scientific director Dirk Inzé, lobbyist René Custers and Oana Dima, "science policy manager of the EU-SAGE network".
For the Corporate Europe Observatory, one of the reasons to set up EU-SAGE may have been that "this opened up the opportunity to participate as an EU-level stakeholder in the consultation for the European Commission study." They also ask themselves whether EU-SAGE "really represents the '129 research institutes' it claims to on its website."
The extensive report reveals that, after an in-depth look at the EU-SAGE letter, many of the signatories do not actually represent a research institution. "In 49 cases, support for the lobby letter comes from one or a few individual researchers, or from a head of faculty or department – not from someone who could represent the institute as a whole. Even the legal department of the Université Libre de Bruxelles (ULB) wrote a letter emphasising that the use of its logo in this case was 'potentially misleading.'" They even found some signatures that were duplicated.&nbsp;

How The Biotech Industry Lobbies in The EU

Meetings and million-dollar donations. Biotech companies are seeking to keep new genetic techniques out of EU regulations

Spotkania z politykami i 1,5 mln dolarów darowizny z fundacji Gatesów. Firmy biotechnologiczne starają się wyłączyć nowe techniki edycji genów z niektórych kontroli bezpieczeństwa, monitorowania i z obowiązku etykietowania.

Przemysł biotechnologiczny toczy w Unii Europejskiej batalię o wyłączenie nowej generacji technik interwencji genetycznej z europejskich regulacji dotyczących genetycznie modyfikowanych organizmów. Oznaczałoby to, że rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy stworzone za pomocą technik inżynierii genetycznej, takich jak CRISPR/Cas (narzędzie, które może być stosowane do precyzyjnego wycinania i usuwania lub zastępowania określonej sekwencji genetycznej), nie podlegałyby określonym kontrolom w zakresie bezpieczeństwa, śledzenia i etykietowania dla konsumentów.
Tak wynika z <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">dokumentacji uzyskanej przez Corporate Europe Observatory (CEO)</a>, które dzięki wnioskom o przejrzystość i dostęp do informacji, ujawniło strategię stosowaną przez przemysł biotechnologiczny w celu utorowania sobie drogi do deregulacji.
<a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">Według raportu CEO</a>, do którego elDiario.es uzyskało dostęp, przemysł wybrał krajowych ministrów na spotkania z lobbystami; stworzył grupę roboczą kierowaną przez zespół ekspertów dzięki dużej dotacji z Fundacji Gatesa mającą zaprojektować "narracje klimatyczne" na temat deregulacji GMO, wydał manifest podpisany przez naukowców, aby wywoływać wrażenie, że techniki te cieszą się szerokim poparciem społeczności naukowej.
Komisja Europejska planuje opublikować pod koniec kwietnia opracowanie na temat nowych technik interwencji genetycznej, które będzie podstawą do dalszej debaty w państwach członkowskich. "Tymczasem społeczeństwo obywatelskie i rolnicy wzywają UE do priorytetowego traktowania kwestii środowiskowych i zdrowotnych oraz utrzymania kontroli bezpieczeństwa genetycznie modyfikowanych organizmów" - czytamy w raporcie Corporate Europe Observatory.
Poprzez Europejski zielony ład i Strategię "od pola do stołu" Komisja pod przewodnictwem Von der Leyen zobowiązała się do odejścia od przemysłowego rolnictwa, jakie znamy.
Cel ograniczenia stosowania pestycydów o 50 proc. i zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego o 25 proc. do 2030 r. oznacza poważny kryzys dla korporacji dominujących zarówno na rynku pestycydów, jak i na rynku nasion: w szczególności Bayer, BASF, Corteva (dawniej DowDupont) i Syngenta (ChemChina).
"Korporacje te są skazane na utratę dużej części zysków ze sprzedaży pestycydów i dlatego szukają nowego modelu biznesowego – zwiększenia przychodów z biznesu nasiennego. Dotyczy to w jeszcze większym stopniu niemieckiego giganta chemicznego Bayer, mającego poważne problemy finansowe od czasu zakupu Monsanto, ze względu na trwający kosztowny spór sądowy o glifosat w USA [pozwy dotyczą oskarżeń o rakotwórczość tego związku używanego w środkach chwastobójczych - red.]. Posiadanie nowych, opatentowanych genetycznie modyfikowanych nasion, ale bez nadzoru regulacyjnego z pewnością zaspokoiłaby tę potrzebę" - czytamy w raporcie.
"Przez wiele lat przemysł biotechnologiczny lobbował Komisję Europejską, aby nie regulowała produktów wytworzonych przy użyciu nowych technik modyfikacji genetycznej, w tym technik edycji genomu, takich jak CRISPR/Cas. 25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł jednak, że takie procedury edycji genomu są technikami modyfikacji genetycznej i że ich produkty muszą być regulowane jako takie na mocy przepisów UE" - wyjaśnia raport. "Od tego czasu przemysł i naukowcy lobbowali, aby zmienić przepisy UE (2001/18), aby deregulować edycję genomu (tj. brak oceny ryzyka, nadzoru lub etykietowania)."
Są jednak dwie poważne przeszkody do pokonania. Po pierwsze każda decyzja w sprawie GMO w UE jest wysoce kontrowersyjna, więc trudno będzie znaleźć wystarczające poparcie dla zmiany przepisów.
Po drugie (i w nawiązaniu do pierwszego) konieczne jest też uzyskanie poparcia społecznego. "Dlatego też składane są wygórowane obietnice dotyczące rzekomych korzyści z upraw i zwierząt z zastosowaniem technik edycji genomu" - wskazuje CEO.
Taktyka lobbingu opisana w raporcie wydaje się skupiać po pierwsze na strategii prawnej, a po drugie na rozwijaniu pozytywnych narracji wizerunkowych, na przykład dotyczących przyjaznych dla klimatu "sztandarowych produktów", w celu uzyskania społecznej akceptacji dla nowych GMO.
"Inicjatywy lobbingowe opisane w tym raporcie wydają się być napędzane przez publiczno-prywatne instytuty badawcze, jednak przesłania to fakt, że istnieją bliskie powiązania z interesami korporacyjnymi" - czytamy w raporcie. "Dzięki wnioskom o wolny dostęp do informacji skierowanym do Komisji Europejskiej oraz rządów Holandii i Belgii, CEO ujawniło nowe informacje na temat ostatnich taktyk lobbingowych stosowanych w celu podważenia i zmiany istniejących regulacji UE w zakresie GMO, aby umożliwić nowym roślinom i zwierzętom zmodyfikowanym genetycznie, stworzonym dzięki technikom edycji genomu, funkcjonowanie bez regulacji na rynku wewnętrznym UE. Oznaczałoby to: brak oceny bezpieczeństwa biologicznego, bezpieczeństwa żywności lub środowiska; brak kontroli i brak swobody wyboru dla konsumentów (z powodu braku oznakowania produktów)".
Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) opublikuje do 30 kwietnia 2021 r. studium, "które może zawierać 'opcje polityczne' dla zmiany prawa UE w zakresie GMO" - mówi fragment raportu. "Studium zostało zamówione przez Radę UE w trakcie fińskiej prezydencji, ponieważ państwa członkowskie chciały uzyskać odpowiedzi na praktyczne kwestie związane ze wdrożeniem orzeczenia. Jednak jak stwierdzono w dochodzeniu przeprowadzonym przez organizację Friends of the Earth, sposób zaplanowania badania wywołał poważne obawy, że zostało ono przejęte przez przemysł. Podstawą badania są wysoce stronnicze i zdominowane przez przemysł konsultacje z zainteresowanymi stronami".
W okresie od maja do czerwca 2021 r. państwa członkowskie omówią analizę na forum Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie czerwcowe (w komisjach) i lipcowe (sesja plenarna) głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym rolnictwa ujawnią stanowisko Europarlamentu w tej sprawie.
<h3>Starannie zaplanowany lobbing</h3>
Wnioski o dostęp do informacji skierowane do belgijskich i holenderskich władz ujawniają, że Europejska Organizacja ds. Nauk o Roślinach (EPSO) z siedzibą w Brukseli "odbyła serię spotkań lobbingowych ze starannie dobranymi spośród państw i ministerstw organami odpowiadającymi za regulacje prawne. Celem jest doprowadzenie do deregulacji technik edycji genomu. Dyskusje koncentrowały się z jednej strony na tym, jaka byłaby najprostsza droga prawna do osiągnięcia deregulacji, a z drugiej strony na znalezieniu 'sztandarowych projektów' produktów modyfikowanych genomowo, które mogłyby podbić serca i umysły opinii publicznej. Do tej pory odbyły się trzy spotkania (wrzesień 2019, styczeń 2020, listopad 2020), a czwarte planowane jest na maj 2021 r." - ujawnia raport.
Według CEO, treść zaproszenia na pierwsze spotkanie była następująca: "Spotkanie będzie nieformalną, otwartą dyskusją według zasad Chatham House, prowadzoną pomiędzy naukowcami (1 na kraj) i politykami (1-2 na kraj)." Uczestnicy zostali zaproszeni "z krajów, które wykazały skłonność do wspierania innowacyjnego podejścia do rolnictwa i hodowli roślin w Europie (przez "innowacyjne" rozumie się związane z nowymi GMO)". Raport donosi, że celem EPSO jest "współpraca z decydentami politycznymi w celu opracowania odpowiednich i przyszłościowych przepisów" dotyczących nowych technik GMO.
Jednakże niewiele z tych krajów ma oficjalne i publiczne stanowisko w tej sprawie, jeśli mają jakiekolwiek. W niektórych krajach, jak Francja i Niemcy, ministerstwa rolnictwa i środowiska mają sprzeczne opinie i nie ma żadnych informacji potwierdzających, że resorty środowiska tych państw wiedziały o istnieniu tych spotkań.
W dokumentach znajdują się listy uczestników, ale nazwiska są zamazane. W pierwszym spotkaniu, we wrześniu 2019 r. w Brukseli, wzięli udział regulatorzy z siedmiu krajów UE: Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Szwecji.
Jeśli chodzi o naukowców, z dokumentów wiadomo, że René Custers uczestniczył z ramienia Flandryjskiego Instytutu Biotechnologii (VIB, Belgia); Ernst van den Ende z ramienia Uniwersytetu Wageningen (Holandia) oraz Ralf Wilhelm z ramienia Instytutu Juliusa Kuhna (Niemcy). Inne osoby były prawdopodobnie członkami grupy roboczej EPSO ds. technologii rolniczych.
Na drugim posiedzeniu, które odbyło się w styczniu 2020 r. w Brukseli, frekwencja wśród ministerstw państw członkowskich była niższa, gdyż wiele osób odwołało swoje wizyty, a udział wzięły jedynie organy regulacyjne z Finlandii, Francji i Niemiec. W przypadku Niemiec w spotkaniu uczestniczyło co najmniej czterech regulatorów z dwóch ministerstw. Za to lista reprezentowanych krajów wydłużyła się do 12, znalazły się na niej także Dania i Litwa.
<h3>Pieniądze z Fundacji Gatesów</h3>
Think-tank Reimagine Europe (RIE) jako swoje credo podaje "wzmocnienie roli Europy jako światowej potęgi gospodarczej w XXI w., zdolnej do zapewnienia dostatniej przyszłości, pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej dla wszystkich swoich obywateli". Współzałożycielem organizacji był zmarły niedawno były prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing.
W oparciu o precyzyjny modus operandi RIE towrzy grupy robocze dla każdego z trzech "wyzwań strategicznych" (demokracja, gospodarka i planeta), w skład której wchodzą "komitet około stu ekspertów ze środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, przemysłu, organizacji pozarządowych, organizacji obywatelskich i innych istotnych podmiotów". Tematy grup roboczych są wybierane przez Radę Doradczą.
Strona internetowa RIE wyjaśnia, że wśród członków zarządu "wzywających do uruchomienia grupy roboczej ds. innowacji i klimatu" są m.in. poseł Paolo De Castro z włoskiej Partii Demokratycznej i były komisarz ds. badań Carlos Moedas, którzy w przeszłości popierali deregulację nowych technik GMO.
W listopadzie 2020 r. rozpoczęła działalność nowa grupa robocza "Zrównoważone rolnictwo i innowacje", która jednak w swoich działaniach skupia się wyłącznie na tym, w jaki sposób doprowadzić do deregulacji UE w zakresie roślin i zwierząt modyfikowanych genetycznie.
To tej grupie roboczej Fundacja Billa i Melindy Gatesów (BMGF) przyznała w 2020 r. grant w wysokości 1,5 mln dolarów. Cel grupy roboczej jest jasno opisany na stronie internetowej Fundacji Gatesów: "Współpraca z szerokim gronem europejskich interesariuszy w zakresie edycji genomu w XXI w.".
Dotacja BMGF, datowana na lipiec 2020 r., nie widnieje jeszcze we wpisie RIE do unijnego rejestru transparentności. Jak czytamy w raporcie CEO: "RIE ma całkowity zadeklarowany budżet w wysokości nieco poniżej 5 tys. euro. Na jej stronie internetowej czytamy, że 'Reimagine Europe chce działać w interesie obywateli Europy', z budżetem, w którym '1/3 środków pochodzi od fundacji publicznych, 1/3 od prywatnych i 1/3 od obywateli'".
Na stronie internetowej RIE znajdziemy informację, że "Reimagine Europe jest finansowana przez wiodące fundacje, takie jak La Caixa Foundation, Fondazione Cariplo, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, a także przez fundusze projektowe Komisji Europejskiej".
Grupa robocza Zrównoważonego rolnictwa i innowacji ma swój własny Komitet Sterujący. "W jej skład wchodzi wielu zwolenników deregulacji, takich jak Paolo de Castro, Garlich von Essen (Euroseeds, lobby nasienne), Pekka Pessonen (duże lobby rolnicze Copa-Cogeca), Dirk Inzé (VIB i EU-SAGE) oraz Pere Puigdomenech, z Centrum Badań nad Ekonomiką Rolnictwa w Barcelonie. Puigdomenech jest również członkiem zarządu All European Academies (ALLEA). ALLEA i EU-SAGE są sub-odbiorcami grantu Fundacji Gatesów dla Reimagine Europe" - podkreśla raport, stwierdzając przy tym, że "skład komitetu sterującego i komitetu ekspertów jest stronniczy na korzyść deregulacji".
"Dokument opublikowany na stronie internetowej grupy ekspertów RIE pokazuje, że jej cele są bardzo podobne do celów spotkań regulatorów EPSO. Z jednej strony chodzi o opracowanie strategii prawnej, a z drugiej strony stworzenie narracji o edycji genomu jako pozytywnym zjawisku" - wyjaśnia raport. "Dokument ten opisuje cel grupy roboczej jako 'lepsze zrozumienie wartości i priorytetów', które powinny kierować myśleniem o Strategii' od pola do stołu. Następnie poddadzą rozwadze, w jaki sposób nowe technologie mogą nam pomóc w realizacji tej wizji. Granice między tak zwanym rolnictwem przemysłowym a produkcją ekologiczną powinny zostać 'zdefiniowane na nowo'". Jako potencjalne wyzwania wymieniane są "tempo rozwoju nowych technologii i dowodów naukowych", a także "spuścizna emocjonalnie nacechowanego dyskursu publicznego z lat 90".
<h3>Wątpliwe wsparcie naukowe</h3>
Kilka miesięcy po orzeczeniu Trybunału Europejskiego z lipca 2018 r. grupa naukowców pod przewodnictwem Flandryjskiego Instytutu Biotechnologii wysłała list do ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude'a Junckera, wyrażając zaniepokojenie konsekwencjami orzeczenia. "Wezwali oni ustępującą Komisję Europejską do przygotowania propozycji politycznych, które wykluczyłyby nowe GMO z istniejącego prawodawstwa i zapewniłyby, że państwa członkowskie udzieliłyby im poparcia. List nie zawierał prawie żadnych argumentów naukowych dotyczących rolnictwa czy nawet biotechnologii, a regulacje unijne określał jako przeszkodę w wyścigu innowacyjności i konkurencyjności" - wskazuje raport.
"VIB od wielu lat aktywnie angażuje się w kampanię lobbingową na rzecz deregulacji nowych GMO" - czytamy w raporcie. "W zarządzie Instytutu zasiadają firmy Bayer i BASF, a jego naukowcy często mają żywotne interesy związane z technologią poprzez patenty. Dyrektor naukowy VIB, Dirk Inzé napisał w swoim artykule, że list otwarty promowany przez EU-SAGE (platforma lobbystyczna utworzona przez VIB) i podpisany przez "europejskich naukowców" jest "dowodem silnego konsensusu wśród akademickiej społeczności badawczej nauk przyrodniczych, że musimy działać, aby zabezpieczyć przyszłość edycji genomu".
EU-SAGE został wpisany do unijnego rejestru transparentności w styczniu 2020 r. Trzy osoby wymienione jako odpowiedzialne są pracownikami VIB: dyrektor naukowy Dirk Inzé, lobbysta René Custers i Oana Dima, "kierowniczka ds. polityki naukowej sieci EU-SAGE".
"Jeden z powodów utworzenia EU-SAGE ma związek z możliwością uczestniczenia jako interesariusz na poziomie UE w fazie konsultacji badania Komisji Europejskiej przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności" - czytamy w raporcie CEO. "Czy EU-SAGE rzeczywiście reprezentuje '129 instytutów badawczych', jak twierdzi na swojej stronie internetowej?" - pytają autorzy raportu.
"Bliższe przyjrzenie się sprawie odsłania jednak, że wielu sygnatariuszy nie reprezentuje swojego instytutu i szacuje się, że mniej niż połowa instytutów w ogóle złożyła podpisy. Rektor jednego z belgijskich uniwersytetów wyraził pisemny sprzeciw wykorzystywaniu logo swojej instytucji. Nawet jeśli rektorzy czy dyrektorzy generalni podpisują się pod listem, można mieć wątpliwości, co stoi za podjęciem decyzji o poparciu takiego listu otwartego. W niektórych innych przypadkach sygnatariusze nie byli z instytutów badawczych, a w innych podpisy się powtarzały" - wykazało w swoim raporcie CEO.

Jak przemysł biotechnologiczny i fundacja Gatesów lobbują w UE

Lobbing i darowizny idące w miliony. Firmy biotechnologiczne próbują doprowadzić do deregulacji nowych technik modyfikacji genetycznej.

Von Treffen mit Ministern bis zu Millionenspenden der Gates-Stiftung: Biotech-Firmen versuchen, neue Gen-Editing-Techniken von bestimmten Sicherheits-, Überwachungs- und Kennzeichnungskontrollen auszunehmen.

Die Biotech-Industrie kämpft mit der Europäischen Union darum, dass die neue Generation der Gentechnik von den europäischen Vorschriften für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) ausgenommen wird. Dies würde bedeuten, dass Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, die mit genverändernden Techniken wie CRISPR/Cas — einem Werkzeug, mit dem eine bestimmte genetische Sequenz präzise geschnitten und entfernt oder ersetzt werden kann — geschaffen wurden, bestimmten Sicherheits-, Rückverfolgbarkeits- oder Verbraucherkennzeichnungskontrollen nicht unterliegen würden.
Dies geht aus <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">Unterlagen hervor, die die NGO Corporate Europe Observatory (CEO</a>) durch Transparenzarbeit erhalten hat. Sie soll die Taktiken der Biotech-Industrie aufdecken, mit denen diese Wege für eine Deregulierung ebnen will.
ElDiario.es hatte Zugang zu <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">dem CEO-Bericht</a>. Demnach hat die Industrie Ministerialbeamte aus Ländern ausgewählt, damit diese sich mit Lobbyisten treffen. Außerdem hat sie eine Arbeitsgruppe unter der Leitung eines Expertenteams und dank eines großen Zuschusses der "Gates Foundation" gegründet, um sogenannte Klimanarrative zur Deregulierung von GVO zu entwerfen. Die Industrie hat auch ein von Forschenden unterzeichnetes Manifest aus dem Boden gestampft, um die Politik zu überzeugen, dass diese Techniken breite Unterstützung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft genießen.
Die Europäische Kommission plant, Ende April eine Studie über die neuen Techniken als Grundlage für die weitere Debatte unter den Mitgliedsstaaten zu veröffentlichen. "Zivilgesellschaftliche und landwirtschaftliche Gruppen fordern die EU auf, Umwelt- und Gesundheitsbelangen Priorität einzuräumen und die Sicherheitskontrollen für GVO beizubehalten", heißt es im Bericht von Corporate Europe Observatory.
"Mit dem Europäischen Green Deal und der 'Farm to Fork'-Strategie hat sich die Von der Leyen-Kommission zu einem grundlegenden Wandel weg von der industriellen Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, verpflichtet", heißt es weiter.
Mit einem 50-Prozent-Reduktionsziel für Pestizide und einem 25-Prozent-Ziel für den ökologischen Landbau bis 2030 schaffe sie "eine existenzielle Krise für die Konzerne, die sowohl den Pestizid- als auch den kommerziellen Saatgutmarkt dominieren, insbesondere Bayer, BASF, Corteva (früher DowDupont) und Syngenta (ChemChina)."
"Diese Konzerne werden einen großen Teil ihrer Gewinne aus dem Verkauf von Pestiziden verlieren und suchen deshalb nach einem neuen Geschäftsmodell: Gewinne aus dem Saatgutgeschäft steigern. Dies gilt umso mehr für den deutschen Chemieriesen Bayer, der seit dem Kauf von Monsanto in tiefen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Grund dafür sind die laufenden und kostspieligen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten. Neues GVO-Saatgut ohne behördliche Aufsicht, aber dennoch patentiert zu haben, würde diesem Ziel sicherlich dienen", argumentiert CEO.
"Viele Jahre lang hat die Biotech-Industrie Lobbyarbeit bei der Europäischen Kommission betrieben, damit Produkte nicht reguliert werden, die mit neuen GVO-Techniken hergestellt wurden, einschließlich 'Genome Editing'-Verfahren wie CRISPR-Cas. Am 25. Juli 2018 entschied der Europäische Gerichtshof jedoch, dass solche Genveränderungsverfahren GVO-Techniken sind und ihre Produkte als solche reguliert werden müssen. Seitdem drängen Industrie und Forschende darauf, das EU-GVO-Gesetz (2001/18) zu ändern, um Genome Editing dereguliert zu bekommen (also ohne Risikobewertung, Überwachung oder Kennzeichnung)."
Es gibt jedoch zwei große Hürden zu überwinden. Erstens ist jede Entscheidung über GVO in der EU höchst umstritten, sodass es schwierig sein wird, genügend Unterstützung für eine Überarbeitung der Vorschriften zu finden.
Damit hängt zusammen, dass auch die öffentliche Unterstützung gewonnen werden muss. "Deshalb werden wilde Versprechungen über den angeblichen Nutzen von Nutzpflanzen und Tieren gemacht, die mit Gen-Editierungsverfahren hergestellt werden", so die Einrichtung.
Die in dem Bericht beschriebenen Lobbying-Taktiken scheinen sich erstens auf die juristische Strategie und zweitens auf die Entwicklung eines positiven Public-Relations-Narrativs wie beispielsweise klimafreundlichen "Vorzeigeprojekten" zu konzentrieren, um die öffentliche Akzeptanz für neue GVOs zu gewinnen.
Die Untersuchung erklärt, dass die beschriebenen Lobbying-Initiativen "scheinbar von öffentlichen Forschungsorganisationen angetrieben werden, jedoch enge Verbindungen zu Unternehmensinteressen haben." Diese Informationen wurden durch Informationsfreiheitsanfragen an die Europäische Kommission und die niederländische und belgische Regierung erlangt. So hat das Corporate Europe Observatory (CEO) "neue Informationen über die jüngsten Lobby-Taktiken aufgedeckt, die darauf abzielen, die bestehenden GVO-Regelungen der Europäischen Union zu untergraben und zu verändern, um neue gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere – die durch Genom-Editierungsverfahren gewonnen wurden – unreguliert in den EU-Binnenmarkt zu lassen. Dies würde bedeuten: keine Bewertungen der biologischen Sicherheit, der Lebensmittelsicherheit oder der Umwelt; keine Überwachung und keine Wahlfreiheit für die Verbraucher (aufgrund einer fehlenden Produktkennzeichnung)."
Die Gesundheitsabteilung der Europäischen Kommission wird bis zum 30. April 2021 eine Studie veröffentlichen, "die 'politische Optionen' zur Änderung der GVO-Gesetze in der EU enthalten könnte", heißt es in dem Bericht. "Diese Studie wurde vom EU-Rat unter der finnischen rotierenden Präsidentschaft (Juli 2019) angefordert, während die Mitgliedsstaaten Antworten auf die praktischen Fragen der Umsetzung des Urteils wollten. Aber eine von der Organisation Friends of the Earth zur Verfügung gestellte Untersuchung argumentiert, dass 'der Aufbau der Studie nun Anlass zu starken Bedenken gibt, dass der Prozess von der Industrie gekapert wurde'. Das liegt daran, dass die Grundlage der Studie eine sehr voreingenommene, gezielte Stakeholder-Konsultation ist, die von der Industrie dominiert wurde", erklärt der Bericht.
Zwischen Mai und Juni 2021 werden die Mitgliedsstaaten die Studie im Rat für Landwirtschaft und Umwelt diskutieren. Dann werden die Abstimmungen über den Agrarbericht im Präsidium des Europäischen Parlaments im Juni, wenn die Ausschüsse stattfinden, und Juli, wenn es Plenarsitzungen geben wird, die Position des Parlaments zu diesem Thema offenbaren.
<h3>Sorgfältig ausgewählte Regulierer</h3>
Auf Grundlage von Informationsanfragen an die belgische und niederländische Regierung offenbart CEO, dass die in Brüssel ansässige European Plant Science Organisation (EPSO) "eine Reihe von Lobby-Treffen mit handverlesenen Vertretern aus ausgewählten Ländern und Ministerien" abgehalten habe. Dem Bericht zufolge zielten diese Treffen darauf ab, "eine Deregulierung der Gen-Veränderungsverfahren zu erreichen". Die Diskussionen konzentrierten sich auf zwei Themen. Zum einen darauf, "was der einfachste rechtliche Weg wäre, um eine Deregulierung zu erreichen", und zum anderen darauf, "Vorzeigeprojekte" für genverändernde Produkte zu finden, die die Herzen und Köpfe der Öffentlichkeit gewinnen könnten. Bisher wurden drei Treffen abgehalten, im September 2019, Januar 2020, November 2020, ein viertes ist für Mai 2021 geplant", erklärt der Bericht.
Diese Papiere beschreiben das erste Treffen als "eine informelle, aufgeschlossene Diskussion nach den Chatham-House-Regeln zwischen Wissenschaftlern (einer pro Land) und politischen Entscheidungstragenden (einer oder zwei pro Land)." Unter den Teilnehmenden waren Personen "aus Ländern, die bereits Unterstützung für einen innovativen Ansatz in der Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung in Europa signalisiert hatten" — mit "innovativ" meinen sie: in Bezug auf gentechnisch veränderte Organismen. Das Ziel von EPSO ist laut diesen Dokumenten, "mit politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um eine angemessene, zukunftsfähige Regelung" für neue GVO-Techniken zu entwickeln.
Dennoch haben nur wenige dieser Länder, wenn überhaupt, eine offizielle und öffentliche Position zu diesem Thema. In einigen Ländern, wie in Frankreich und Deutschland, haben die Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt jeweils gegensätzliche Ansichten. Und es ist unklar, ob die Umweltministerien in diesen Ländern davon erfahren, dass diese Treffen stattfinden.
Die Dokumente enthalten zwar Teilnehmerlisten, doch die Namen sind geschwärzt. Am ersten Treffen, im September 2019 in Brüssel, nahmen Regulierungsbehörden aus sieben EU-Ländern teil: Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Spanien und Schweden.
Die Dokumente belegen, dass Forscher wie René Custers als Vertreter des Flämischen Instituts für Biotechnologie (VIB, Belgien), Ernst van den Ende für die Universität Wageningen (Niederlande) und Ralf Wilhelm für das Julius-Kuhn-Institut (Deutschland) teilnahmen. Andere sind "wahrscheinlich Mitglieder der EPSO-Arbeitsgruppe für landwirtschaftliche Technologien."
Beim zweiten Treffen, das im Januar 2020 in Brüssel stattfand, waren weniger Ministerien der Mitgliedsstaaten anwesend. Viele sagten ab. Nur Regulierer aus Finnland, Frankreich und Deutschland nahmen teil. Im Fall von Deutschland nahmen "nicht weniger als vier Regulierer aus zwei Ministerien teil." Dieses Mal wurde die Liste der teilnehmenden Länder auf zwölf Länder erweitert, darunter Dänemark und Litauen.
<h3>Finanzierung durch die Gates Foundation</h3>
Die Denkfabrik "Re-Imagine Europa" (RIE) wurde vom kürzlich verstorbenen ehemaligen französischen Staatschef Valéry Giscard d'Estaing mitbegründet. Die Mission dieser Organisation ist es, "Europas Rolle als globale Wirtschaftsmacht im 21. Jahrhundert zu stärken, die in der Lage ist, eine prosperierende Zukunft in Frieden, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit für alle seine Bürger zu sichern."
Re-Imagine Europa will für jede der drei "strategischen Herausforderungen" (Demokratie, Wirtschaft und Planet) eine Arbeitsgruppe einrichten, an der "ein Expertenkomitee von etwa hundert Fachleuten aus der Wissenschaft, Denkfabriken, Industrie, NGOs, CSOs und anderen Interessengruppen beteiligt ist." Der Beirat wählt die Themen der Arbeitsgruppen aus.
Ein kurzer Blick auf die Website von RIE zeigt, dass sie zur Gründung einer Taskforce für Innovation und Klima aufrufen. Dieser gehören der Europaabgeordnete Paolo De Castro (PD/S&amp;D) und der ehemalige EU-Kommissar für Forschung, Carlos Moedas, an. Beide Politiker haben die Deregulierung von neuen gentechnischen Veränderungen befürwortet.
Eine neue Arbeitsgruppe mit dem Namen "Nachhaltige Landwirtschaft und Innovation" wurde im November 2020 ins Leben gerufen. Ihr einziges Ziel ist es jedoch, eine EU-Deregulierung von genom-editierten Nutzpflanzen und Tieren zu erreichen.
Die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) hat dieser Gruppe im Jahr 2020 einen Zuschuss von 1,5 Millionen Euro gewährt. Ihr Ziel ist es, wie auf der Website der Philanthropen beschrieben, "mit einer breiten Gruppe von europäischen Stakeholdern über Genveränderung im 21. Jahrhundert zu sprechen."
Der BMGF-Zuschuss, datiert auf Juli 2020, ist laut dem Bericht noch nicht im Eintrag der Denkfabrik im EU-Lobby-Transparenzregister aufgeführt: "Das aktuelle Budget von Re-imagine Europa beträgt knapp 50.000 Euro. Auf ihrer Website erklären sie, 'im Interesse der europäischen Bürger zu arbeiten', und streben ein Budget an, bei dem 'ein Drittel der Mittel aus öffentlichen Stiftungen, ein Drittel aus privaten Quellen und ein Drittel aus Crowdsourcing stammt.'"
"Re-Imagine Europa wird von führenden Stiftungen finanziert, darunter: La Caixa Foundation, Fondazione Cariplo, Bill &amp; Melinda Gates Foundation sowie durch projektbezogene Förderungen der Europäischen Kommission", heißt es auf deren Webseite.
Die <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">Arbeitsgruppe "Nachhaltige Landwirtschaft und Innovation" hat einen eigenen Lenkungsausschuss</a>, der "extrem voreingenommen" ist, sagt Corporate Europe Observatory. "Darin sitzen viele ausgesprochene Deregulierungsbefürworter wie Paolo de Castro (MdEP), Garlich von Essen (Euroseeds, die Saatgutlobby), Pekka Pessonen (Copa-Cogeca, große Agrarlobby), Dirk Inzé (VIB und EU-SAGE) und Pere Puigdomenech (Barcelona Center for Research in Agricultural Economics, und Vorstandsmitglied von All European Academies (ALLEA)."
Diesen Dokumenten zufolge ähneln die Ziele von RIE denen der EPSO-Regulierer stark. Ihr Hauptziel ist es, herauszufinden, "was die beste rechtliche Strategie für die Deregulierung ist und wie Genveränderungs-Techniken als Lösung für den Klimawandel gestaltet werden können". Re-Imagine Europa erklärt, dass die Taskforce "vor dem Hintergrund des europäischen Green Deals und der Farm to Fork-Strategie und den zu erwartenden Veränderungen, die sie für den Agrarsektor mit sich bringen werden" gegründet wurde. Die Taskforce würde "ein Forum für einen echten Dialog zwischen verschiedenen Standpunkten zu diesen Themen schaffen." Sie würde auch untersuchen, welche neuen Technologien helfen würden, diese Vision zu erreichen. Ein weiteres Ziel ist es, "die Grenzen zwischen sogenannter industrieller Landwirtschaft und ökologischer Produktion neu zu definieren" und wie "das Erbe eines emotional aufgeladenen öffentlichen Diskurses aus den 1990er-Jahren zur Herausforderung des Perspektivenwechsels in Europa beitragen wird."
<h3>EU-SAGE und wissenschaftliche Unterstützung</h3>
Einige Monate nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli 2018 schickte eine Gruppe von Forschenden unter Leitung des Flanders Institute of Biotechnology (VIB) einen Brief an den damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Darin äußerten sie ihre Bedenken über die Folgen des Urteils. Laut dem CEO-Bericht würden sie die scheidende Kommission dazu drängen "politische Vorschläge auszuarbeiten, die die neuen GVOs von der bestehenden GVO-Gesetzgebung ausschließen, und sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten ihre Unterstützung gewähren." Doch dieser Brief soll kaum wissenschaftliche Argumente über Landwirtschaft oder gar Biotechnologie beinhaltet haben. Es wäre mehr um die EU-Vorschriften als "ein Hindernis im Innovationswettlauf oder für die Wettbewerbsfähigkeit" gegangen, so der CEO-Bericht.
Er enthüllt zudem, wie das flämische Biotech-Institut VIB "seit vielen Jahren aktiv an der Lobbykampagne für die Deregulierung neuer GVOs beteiligt ist." Sie verweisen auf die Verbindungen des Instituts zu Bayer und BASF innerhalb seines Vorstands. Die Dokumente erklären auch, dass "seine Forscher oft durch Patente ein Eigeninteresse an der Technologie haben." Auch eine bestimmte Person steht im Fokus. VIB-Direktor Dirk Inzé schrieb in einem Meinungsartikel, dass der offene Brief, der von EU-SAGE, einer vom VIB gegründeten Lobbying-Plattform, gefördert und von "europäischen Wissenschaftlern" unterzeichnet wurde, "ein Beweis für einen soliden Konsens in der akademischen Gemeinschaft der lebenswissenschaftlichen Forschung ist, dass wir handeln müssen, um die Zukunft der Genveränderung zu sichern."
EU-SAGE wurde im Januar 2020 in das EU-Lobby-Transparenzregister eingetragen. Die drei als Verantwortliche aufgeführten Personen sind VIB-Mitarbeiter — der wissenschaftliche Direktor Dirk Inzé, der Lobbyist René Custers und Oana Dima, "science policy manager of the EU-SAGE network".
Für das Corporate Europe Observatory mag einer der Gründe für die Gründung von EU-SAGE gewesen sein, "dass dies die Möglichkeit eröffnete, als Stakeholder auf EU-Ebene an der Konsultation für die Studie der Europäischen Kommission teilzunehmen." Sie fragen sich auch, ob EU-SAGE tatsächlich "129 Forschungsinstitute" repräsentiere, wie auf der Website behauptet wird.
Der ausführliche Bericht zeigt, dass nach einer eingehenden Prüfung des EU-SAGE-Briefes viele der Unterzeichner eigentlich keine Forschungseinrichtung repräsentieren. "In 49 Fällen kommt die Unterstützung für den Lobbybrief von einem oder wenigen einzelnen Forschenden oder von einem Fakultäts- oder Abteilungsleiter – nicht von jemandem, der das Institut als Ganzes vertreten könnte. Selbst die Rechtsabteilung der Université Libre de Bruxelles (ULB) schrieb einen Brief, in dem sie betonte, dass die Verwendung ihres Logos in diesem Fall 'potenziell irreführend' sei." Dabei wurden sogar einige Unterschriften gefunden, die doppelt auftauchten.

Wie die Biotech-Industrie Lobbyarbeit in der EU betreibt

Meetings und Millionenspenden: Biotech-Firmen versuchen, neue gentechnische Verfahren aus den EU-Vorschriften herauszuhalten.

Des réunions avec des ministres aux dons de millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates, les entreprises de biotechnologie cherchent à exempter les nouveaux OGM de certains contrôles de sécurité, de surveillance et d'étiquetage.

L'industrie biotechnologique mène une bataille contre l'Union européenne pour que la nouvelle génération de génie génétique soit exclue de la réglementation européenne sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). Cela signifierait que les plantes, les animaux et les micro-organismes créés à l'aide de techniques génétiques telles que CRISPR/Cas - un outil qui peut être utilisé pour couper et supprimer ou remplacer avec précision une séquence génétique spécifique - ne seraient pas soumis à certains contrôles de sécurité, de traçabilité ou d'étiquetage pour les consommateurs.
C'est ce qui ressort de la <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">documentation obtenue par le Corporate Europe Observatory (CEO</a>), par le biais de demandes d'accès à l'information, qui révèle les tactiques utilisées par l'industrie biotechnologique pour ouvrir la voie à la déréglementation.
ElDiario.es a eu accès au <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">rapport du CEO</a>. Selon le centre de recherche, l'industrie a sélectionné des responsables ministériels de pays pour rencontrer des lobbyistes et a créé un groupe de travail dirigé par une équipe d'experts grâce à une importante subvention de la Fondation Bill &amp; Melinda Gates pour concevoir des « récits climatiques » sur la déréglementation des OGM. L'industrie a également lancé un manifeste signé par des chercheurs pour faire passer l'idée que ces techniques bénéficient d'un large soutien de la communauté scientifique.
La Commission européenne prévoit de publier fin avril une étude sur les nouvelles techniques qui servira de base à la poursuite du débat entre les États membres. « La société civile et les groupes d'agriculteurs appellent l'UE à donner la priorité aux préoccupations environnementales et sanitaires, et à maintenir les contrôles de sécurité des OGM en place », indique le CEO.
« Avec le Green Deal européen et la stratégie Farm to Fork (F2F, « De la ferme à la fourchette », ndlr), la Commission Von der Leyen s'est engagée à s'éloigner fondamentalement de l'agriculture industrielle telle que nous la connaissons aujourd'hui », poursuite le rapport.
Avec un objectif de réduction de 50 % des pesticides et un objectif d'agriculture biologique de 25 % d'ici 2030, elle crée « une crise existentielle pour les sociétés qui dominent à la fois le marché des pesticides et celui des semences commerciales, en particulier Bayer, BASF, Corteva (anciennement DowDupont) et Syngenta (ChemChina) », ajoute le CEO.
« Ces sociétés sont appelées à perdre une grande partie de leurs bénéfices provenant de la vente de pesticides et sont donc à la recherche d'un nouveau modèle économique : augmenter les bénéfices provenant du commerce des semences. Cela s'applique d'autant plus au géant allemand de la chimie Bayer, qui est en grande difficulté financière depuis qu'il a racheté Monsanto, en raison des litiges permanents et coûteux liés au glyphosate aux États-Unis. Le fait de disposer de nouvelles semences OGM sans surveillance réglementaire, mais toujours brevetées, servirait certainement cet objectif », indique le rapport.
« Pendant de nombreuses années, l'industrie biotechnologique a fait pression sur la Commission européenne pour qu'elle ne réglemente pas les produits fabriqués à l'aide de nouvelles techniques OGM, notamment les techniques d'"édition du génome" telles que CRISPR-Cas. Cependant, le 25 juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que ces procédures d'édition du génome sont des techniques OGM et que ses produits doivent être réglementés comme tels. Depuis, l'industrie et les chercheurs font pression pour modifier la législation européenne sur les OGM (2001/18) afin que l'édition du génome soit déréglementée (c'est-à-dire sans évaluation des risques, sans surveillance ni étiquetage) », continue le rapport.
Mais il y a deux obstacles majeurs à surmonter. Tout d'abord, chaque décision sur les OGM dans l'UE est très controversée, il sera donc difficile de trouver un soutien suffisant pour réviser la réglementation.
Par ailleurs, et en lien avec le premier point, il faut également gagner le soutien du public. « Par conséquent, des promesses farfelues sont faites quant aux prétendus avantages des cultures et des animaux réalisés à l'aide des techniques d'édition du génome », indique le centre de recherche basé à Bruxelles.
Les tactiques de lobbying décrites dans le rapport semblent se concentrer d'abord sur la stratégie juridique et ensuite sur le développement d'un récit positif de relations publiques, par exemple des « projets phares » respectueux du climat, afin de faire accepter les nouveaux OGM par le public.
La recherche explique que les initiatives de lobbying décrites « sont en apparence dirigées par des organisations de recherche publiques, mais elles ont des liens étroits avec les intérêts des entreprises. » Ces informations ont été obtenues grâce à des demandes d'accès à l'information adressées à la Commission européenne et aux gouvernements néerlandais et belge. Ainsi, le CEO « a découvert de nouvelles informations sur les récentes tactiques de lobbying employées pour saper et modifier les réglementations actuelles de l'UE en matière d'OGM afin de laisser les nouvelles plantes et les nouveaux animaux génétiquement modifiés - obtenus par des techniques d'édition du génome - entrer sans réglementation sur le marché intérieur de l'UE. Cela signifierait : aucune évaluation de la biosécurité, de la sécurité alimentaire ou de l'environnement ; aucune surveillance et aucune liberté de choix pour les consommateurs (en raison de l'absence d'étiquetage des produits). »
La division de la santé de la Commission européenne publiera une étude d'ici le 30 avril 2021, « qui pourrait contenir des "options politiques" pour modifier la législation de l'UE sur les OGM », indique le rapport. « Cette étude, a été demandée par le Conseil de l'UE sous la présidence tournante finlandaise (juillet 2019), alors que les États membres voulaient des réponses aux questions pratiques de la mise en œuvre de la décision. Mais une enquête de l'ONG Les Amis de la Terre a fait valoir que "la mise en place de l'étude a maintenant donné lieu à de fortes inquiétudes quant au fait que le processus a été capturé par l'industrie". Cela s'explique par le fait que la base de l'étude est une consultation hautement biaisée des parties prenantes ciblées qui a été dominée par l'industrie », explique le rapport.
Entre mai et juin 2021, les États membres discuteront du rapport au sein du Conseil Agriculture et environnement. Ensuite, les votes sur le rapport agricole au bureau du Parlement européen en juin (commissions) et juillet (session plénière) révéleront la position du Parlement sur cette question.
<h3>Des régulateurs sélectionnés avec soin</h3>
Après avoir adressé des demandes d'accès à l'information aux gouvernements belge et néerlandais, CEO révèle que l'Organisation européenne pour la phytoscience (EPSO), basée à Bruxelles, « a organisé une série de réunions de lobbying avec des fonctionnaires nationaux triés sur le volet dans certains pays et certains ministères ». Selon le rapport, ces réunions visent à « obtenir la déréglementation des techniques d'édition du génome ». Les discussions ont porté sur deux questions. D'une part, « quelle serait la voie juridique la moins difficile pour obtenir la déréglementation », et d'autre part, « trouver des "projets phares" de produits modifiés du génome qui pourraient gagner le cœur et l'esprit du public. Trois réunions ont eu lieu jusqu'à présent (septembre 2019, janvier 2020, novembre 2020) et une quatrième est prévue pour mai 2021 », détaille le rapport.
Ces documents décrivent la première réunion comme « une discussion informelle à esprit ouvert, selon les règles de Chatham House, entre des scientifiques (un par pays) et des décideurs politiques (un ou deux par pays) ». Parmi les participants, des personnes « provenant de pays qui avaient déjà indiqué leur soutien à une approche innovante en matière d'agriculture et de sélection végétale en Europe » - par « innovante », ils entendent liée aux OGM. L'objectif de l'EPSO, selon ces documents, est de « collaborer avec les décideurs politiques pour élaborer une réglementation appropriée et prête pour l'avenir » pour les nouvelles techniques d'OGM.
Pourtant, rares sont les pays ayant une position officielle et publique sur la question. Dans certains, comme en France et en Allemagne, les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement ont respectivement des points de vue opposés. Et il n'est pas sûr que les ministères de l'Environnement de ces pays aient été informés de l'existence de ces réunions.
Les documents contiennent des listes de participants, mais les noms sont noircis. La première réunion, en septembre 2019 à Bruxelles, a réuni des régulateurs de sept pays de l'UE : Belgique, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Suède.
Les documents prouvent que des chercheurs comme René Custers y ont participé, représentant l'Institut flamand pour la biotechnologie (VIB, Belgique), Ernst van den Ende, pour l'université de Wageningen (Pays-Bas), et Ralf Wilhelm, pour l'Institut Julius Kuhn (Allemagne). D'autres sont « susceptibles d'être membres du groupe de travail EPSO sur les technologies agricoles ».
La deuxième réunion, qui s'est tenue en janvier 2020 à Bruxelles, a comporté une présence moindre des ministères des États membres. Beaucoup ont annulé. Seuls les régulateurs de la Finlande, de la France et de l'Allemagne étaient présents. Dans le cas de l'Allemagne, « pas moins de quatre régulateurs de deux ministères étaient présents. » Cette fois, la liste des pays participants a été étendue à 12 pays, dont le Danemark et la Lituanie.
<h3>Financement de la Fondation Gates</h3>
Le groupe de pression Re-Imagine Europa (RIE), a été cofondé par l'ancien chef d'État français Valéry Giscard d'Estaing, récemment décédé. La mission de cette organisation est de « renforcer le rôle de l'Europe en tant que puissance économique mondiale au XXIe siècle, capable de préserver un avenir prospère de paix, de liberté et de justice sociale pour tous ses citoyens. »
Avec une méthode précise, RIE cherche à établir un groupe de travail pour chacun des trois « défis stratégiques » (Démocratie, Économie et Planète) impliquant « un comité d'experts d'environ cent experts issus du monde universitaire, de think tanks, de l'industrie, d'ONG, d'organisations de la société civile et d'autres parties prenantes. » Le conseil consultatif sélectionne les sujets des groupes de travail.
En parcourant rapidement le site web de RIE, on tombe sur son appel au lancement d'un groupe de travail sur l'innovation et le climat. Celle-ci comprend l'eurodéputé Paolo De Castro (PD/S&amp;D) et l'ancien commissaire européen à la Recherche, Carlos Moedas. Les deux hommes politiques ont approuvé la dérégulation des nouvelles modifications génétiques.
Un nouveau groupe de travail, appelé Agriculture durable et innovation, a été lancé en novembre 2020. Cependant, son seul objectif est de parvenir à la déréglementation par l'UE des cultures et des animaux modifiés par le génome.
La Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) a accordé une subvention de 1,5 million d'euros en 2020 à ce groupe. Leur objectif, tel que décrit sur le site web des philanthropes américains, est « de participer avec un large ensemble de parties prenantes européennes à l'édition du génome au XXIe siècle ».
La subvention de la Fondation Gates, datée de juillet 2020, ne figure pas encore dans l'entrée du think tank dans le registre de transparence des lobbies de l'UE, selon le rapport : « Le budget actuel de Re-imagine Europa est légèrement inférieur à 50 000 euros. Sur leur site web, ils déclarent "travailler dans l'intérêt des citoyens européens", et visent un budget où "un tiers des fonds proviennent de fondations publiques, un tiers de sources privées et un tiers de crowdsourcing". »
« Re-Imagine Europa est financé par des fondations de premier plan, notamment : La Caixa Foundation, Fondazione Cariplo, Bill &amp; Melinda Gates Foundation ainsi que des financements par projet de la Commission européenne », peut-on lire sur leur page web.
Le <a href="https://crisprfiles.corporateeurope.org/s/XAtCx2fStSF4STb">groupe de travail sur l'agriculture durable et l'innovation dispose de son propre comité directeur</a> qui est « extrêmement partial », selon le Corporate Europe Observatory. « Il comprend de nombreux partisans de la déréglementation, tels que Paolo de Castro, député européen, Garlich von Essen (Euroseeds, le lobby des semences), Pekka Pessonen (Copa-Cogeca, le lobby des grandes exploitations agricoles), Dirk Inzé (VIB et EU-SAGE) et Pere Puigdomenech (Centre de recherche en économie agricole de Barcelone et membre du conseil d'administration de toutes les académies européennes (ALLEA) », dit le rapport.
Selon ces documents, la RIE a des objectifs très similaires à ceux des réunions des régulateurs de l'EPSO. Leur principal objectif est de trouver « la meilleure stratégie légale pour la dérégulation, et de présenter les techniques d'édition de génome comme solution au changement climatique ». Re-Imagine Europa explique que le groupe de travail a été mise en place « à la lumière du Green Deal européen et de la stratégie "F2F", et des changements attendus qu'ils apporteront au secteur agricole ». Le groupe de travail « créera un forum pour un véritable dialogue entre les différents points de vue sur ces questions ». Ils examineront également quelles nouvelles technologies permettront de concrétiser cette vision. Un autre objectif est de « redéfinir les frontières entre l'agriculture dite industrielle et la production biologique » et de voir comment « l'héritage d'un discours public chargé d'émotions datant des années 1990 ajoutera au défi de changer les perspectives en Europe ».
<h3>EU-SAGE et le soutien scientifique</h3>
Quelques mois après l'arrêt de la Cour européenne de juillet 2018, un groupe de chercheurs dirigé par l'Institut flamand de biotechnologie (VIB) a envoyé une lettre au président de la Commission européenne de l'époque, Jean-Claude Juncker. Ils y exprimaient leurs inquiétudes quant aux conséquences de l'arrêt. Selon le rapport : « Ils ont exhorté la Commission sortante à préparer des propositions politiques qui excluraient les nouveaux OGM de la législation existante sur les OGM, et à s'assurer que les États membres leur apportent leur soutien. » Mais cette lettre ne contenait guère d'arguments scientifiques sur l'agriculture ou même la biotechnologie. Elle s'intéressait davantage aux règlements de l'UE en tant qu'« obstacle dans la course à l'innovation ou pour la compétitivité », indique le rapport du CEO.
Le rapport révèle comment le VIB a été « activement impliqué dans la campagne de lobbying pour la déréglementation des nouveaux OGM pendant de nombreuses années. » Ils soulignent les liens de l'institut avec Bayer et BASF au sein de son conseil d'administration. Les documents expliquent également que « ses chercheurs ont souvent des intérêts directs dans la technologie par le biais de brevets. » L'institut se concentre également sur une personne en particulier. Son directeur, Dirk Inzé, a écrit un article d'opinion dans lequel il affirme que la lettre ouverte promue par EU-SAGE, une plateforme de lobbying mise en place par l'institut flamand de biotechnologie VIB, et signée par des « scientifiques européens » est « la preuve d'un consensus solide au sein de la communauté académique de la recherche en sciences de la vie, selon lequel nous devons agir pour préserver l'avenir de l'édition du génome. »
EU-SAGE a été enregistré dans le registre de transparence des lobbies de l'UE en janvier 2020. Les trois personnes citées comme responsables sont des employés du VIB - le directeur scientifique Dirk Inzé, le lobbyiste René Custers et Oana Dima, « responsable de la politique scientifique du réseau EU-SAGE ».
Pour le Corporate Europe Observatory, l'une des raisons de la création d'EU-SAGE pourrait être que « cela a ouvert la possibilité de participer en tant que partie prenante au niveau européen à la consultation pour l'étude de la Commission européenne. » Ils se demandent également si EU-SAGE « représente réellement les "129 instituts de recherche" qu'il prétend représenter sur son site web ».
Le rapport détaillé révèle, après un examen approfondi de la lettre d'EU-SAGE, que de nombreux signataires ne représentent pas réellement un institut de recherche. « Dans 49 cas, le soutien à la lettre de lobbying provient d'un ou de quelques chercheurs individuels, ou d'un chef de faculté ou de département - et non de quelqu'un qui pourrait représenter l'institut dans son ensemble. Même le service juridique de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) a écrit une lettre soulignant que l'utilisation de son logo dans cette affaire était "potentiellement trompeuse". » Ils ont même trouvé des signatures qui étaient dupliquées.

Un rapport révèle l'ampleur du lobbying pro-OGM à Bruxelles

Réunions avec de ministres, dons généreux de la fondation Gates, un rapport révèle les pratiques de lobbying en faveur des OGM à Bruxelles. 

Από συναντήσεις με υπουργούς μέχρι δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων από το Ίδρυμα Gates. Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας επιδιώκουν να εξαιρέσουν τις νέες τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας από ορισμένους ελέγχους ασφάλειας, παρακολούθησης και επισήμανσης

Πώς η βιομηχανία βιοτεχνολογίας ασκεί πιέσεις στην ΕΕ

Συναντήσεις και δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας θέλουν να εξαιρέσουν τις νέες γενετικές τεχνικές από τους κανόνες της ΕΕ

avatar.png

235330282.jpg

Después de meses de guerra por los fondos europeos, Pedro Sánchez y Mark Rutte firman un documento en el que apuestan por la autonomía económica y estratégica de la UE frente a potencias globales como Estados Unidos y China

Las negociaciones fueron durísimas. "Hemos parado algunas cosas que habrían sido muy duras para muchos países, incluido España", decía la negociadora socialista en la Eurocámara, Eider Gardiazabal. El Gobierno de Mark Rutte, por voz de su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, pidió a la Comisión Europea una investigación sobre la situación fiscal de los países del sur en las discusiones sobre la respuesta europea a la pandemia, actitud calificada de "repugnante" por Portugal.
"Esa mezquindad recurrente amenaza el futuro de la UE", llegó a decir el primer ministro portugués, António Costa. Hoekstra se hizo tan famoso en Europa como otro compatriota suyo, Jeroen Dijsselbloem, aquel holandés que presidió el Eurogrupo durante la anterior crisis y acusó a los países del sur de gastarse el dinero en "mujeres y copas".
Desde el inicio de la pandemia, hace más de un año, hasta finales de 2020, cuando se cerraron las negociaciones en el Parlamento Europeo para el reglamento de los fondos europeos de reconstrucción, la pugna entre Países Bajos y sus aliados –los autodenominados frugales, Dinamarca, Suecia y Austria– y España y los suyos –Italia, Grecia, Francia– por que hubiera dinero y que ese dinero no fuera solo préstamos, se arrastraron durante semanas y meses. Pero el acuerdo político de julio entre los líderes, después de cinco días seguidos de discusión, supuso un punto de inflexión, que termina de cerrarse este miércoles con la presentación de un documento firmado por Pedro Sánchez y Mark Rutte, quien acaba de revalidar su cuarta victoria en las urnas, sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea.
"¿Por qué no?", dicen fuentes gubernamentales: "España y Países Bajos comparten puntos de vista en este asunto y el Gobierno de España es capaz de pactar con diferentes Estados miembros para asuntos distintos". Esta alianza, de alguna manera, es paralela al tradicional eje francoalemán, y también quiebra el tradicional de países del sur en el que se sitúa España en la UE frente al que se suelen situar los nórdicos, más ricos, con Holanda al frente.
"Es una operación de dos países que entienden bien los temas de mercado interior", dice una fuente comunitaria, "que creen en la compatibilidad del mercado interior fuerte con una Europa abierta para definir una autonomía estratégica abierta. Y creo que es siempre útil".
En su non-paper, España y Holanda instan a los 27 en 13 puntos a mantener abierta su economía en un momento en el que la UE intenta independizarse de potencias globales como Estados Unidos y China en asuntos como la tecnología, la producción de vacunas y la energía.
El llamamiento de Sánchez y Rutte, que tienen una gran exposición al comercio y al turismo, se produce el mismo día en que la Comisión Europea ha hecho públicas reglas más estrictas sobre la exportación de vacunas COVID-19, con la posibilidad de bloquear los envíos a algunos países, con la mirada puesta en Reino Unido. ¿El motivo? Que las empresas entreguen las vacunas acordadas y la UE pueda culminar su proceso de vacunación, que va más retrasado que el británico o el estadounidense.
En este sentido, "mantener abierta la economía europea debe ser un elemento clave", dicen Sánchez y Rutte, en una carta al presidente de turno de la UE, el portugués António Costa: "La UE debe mantener su compromiso con las economías y sociedades abiertas. La autonomía estratégica de la UE no implica aislacionismo o proteccionismo económico; debe basarse en principios de multilateralismo, cooperación y libre comercio basado en reglas, sin socavar los intereses de los países menos desarrollados".
Así, Rutte y Sánchez piden que las medidas para asegurar la autonomía estratégica de la UE sean "proporcionadas, racionales y adaptadas a los desafíos concretos".
Los dos países también piden acabar con las reglas de unanimidad de la UE, según las cuales las decisiones sobre asuntos clave deben ser aprobadas por los 27 países.

España y Holanda se alían en la UE

Después de meses de guerra por los fondos europeos, Sánchez y Rutte firman un documento para reforzar el papel estratégico de la Unión Europea

After months of war over European funds, Pedro Sanchez and Mark Rutte sign a document in which they are committed to the economic and strategic autonomy of the EU against global powers such as the United States and China

The negotiations were very tough. "We have stopped some things that would have been very hard for many countries, including Spain", said the Socialist negotiator in the European Parliament, Eider Gardiazabal. Mark Rutte's government called on the European Commission to investigate the fiscal situation of the southern countries. They was done through finance minister, Wopke Hoekstra, in discussions on the European response to the pandemic. An attitude described as "repugnant" by Portugal.
"This recurrent pettiness completely undermines what the spirit of the European Union is", Portuguese prime minister António Costa declared. Hoekstra became as famous in Europe as his compatriot Jeroen Dijsselbloem. The latter chaired the Eurogroup during the previous crisis and accused the southern countries of spending money on "drinks and women."
Ever since the pandemic started a year ago and until the end of 2020, &nbsp;when the European Parliament's negotiations for the regulation of the European reconstruction funds closed, there has been a struggle between the two blocs. On the one side, the Netherlands and its allies, Denmark, Sweden and Austria – the so-called the Frugal Four. On the other, Spain and its partners – Italy, Greece, and France, who pressed for money to be available not just as loans. The clash dragged on for weeks and months. But the political agreement achieved in July between the leaders, following five days straight of discussion, was a turning point. This ended on 24 March after the Spanish and Dutch prime ministers Pedro Sánchez and Mark Rutte signed a joint document on the European Union's strategic autonomy. Rutte recently achieved his fourth electoral victory.
"Why not?", say Spanish government sources. "Spain and the Netherlands share views on this issue, and the Spanish government can agree with different member states on different matters." In a way, this alliance is parallel to the traditional Franco-German axis. It also breaks with the traditional southern bloc of which Spain is a member in the EU, in contrast to the richer Nordic countries, with the Netherlands in the lead.
"It is an operation by two countries that understand internal market issues well and believe in the compatibility of a strong internal market with an open Europe to define an open strategic autonomy. I think that is always useful", an EU source comments.
In their 13-point document, Spain and the Netherlands urge the member states to keep their economies open at a time when the EU is trying to become independent from global powers like the United States and China on issues like technology, vaccine production and energy.
The joint call made by Sánchez and Rutte, who have heavy exposure to trade and tourism, comes on the same day that the European Commission has released stricter rules on the export of Covid-19 vaccines. Von der Leyen has suggested the possibility of blocking shipments to some countries with an eye on the UK. This is to ensure that the companies deliver the agreed doses and that the EU can complete its vaccination process, which is lagging behind both the UK and the US.
In this sense, "preserving an open economy, in order to guarantee the stability of Europe and confirm its position as a key global actor" is essential, explained Sánchez and Rutte. In a letter to the Portuguese António Costa, the EU's current rotating president, both leaders stressed that: "the EU must uphold its commitment to open economies and societies. The EU’s strategic autonomy does not imply isolationism or economic protectionism; rather it should be built on principles of multilateralism, cooperation and rules-based free trade, without undermining the interests of the least developed countries."
Rutte and Sánchez call for measures to ensure the EU's strategic autonomy to be "rational and tailor made to these specific challenges."
The two countries also call for an end to the EU's unanimity rules since it "hampers the EU’s capability to act", by requiring all 27 countries to approve decisions taken on key issues.

Spain And The Netherlands Join Forces within The EU

After months of war over European funds, Sánchez and Rutte sign a document to strengthen the strategic role of the European Union

Po miesiącach wojny o fundusze europejskie Pedro Sánchez i Mark Rutte podpisują dokument, w którym zobowiązują się do gospodarczej i strategicznej autonomii UE wobec globalnych potęg, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny.

Negocjacje były bardzo trudne. - Zatrzymaliśmy pewne rzeczy, które byłyby bardzo trudne dla wielu krajów, w tym dla Hiszpanii - wskazuje negocjator z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w Parlamencie Europejskim, Eider Gardiazabal. Podczas dyskusji nad europejską odpowiedzią na pandemię głosem ministra finansów Wopke Hoekstry holenderski rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o zbadanie sytuacji fiskalnej krajów południowych. Portugalia określiła to jako "obrzydliwe".
- Taka powtarzająca się małostkowość zagraża przyszłości UE - ocenia premier Portugalii António Costa. Hoekstra stał się w Europie równie sławny jak jego rodak Jeroen Dijsselbloem, Holender, który w czasie poprzedniego kryzysu przewodniczył Eurogrupie i oskarżał kraje południa o wydawanie pieniędzy na "trunki i kobiety".
Od początku pandemii do końca 2020 r., kiedy to zakończyły się negocjacje w Parlamencie Europejskim w sprawie europejskiego Funduszu Odbudowy, między Holandią i jej sojusznikami (samozwańczymi "oszczędnymi": Danią, Szwecją i Austrią) a Hiszpanią i jej sojusznikami (Włochami, Grecją i Francją) trwała walka o dostępność pieniędzy i o to, by pieniądze te nie były wyłącznie pożyczkami. Punktem zwrotnym okazało się zawarte w lipcu – po trwającej pięć dni dyskusji – porozumienie pomiędzy przywódcami politycznymi. Efektem tamtych ustaleń jest środowa prezentacja dokumentu podpisanego premiera Hiszpanii Pedro Sáncheza i premiera Holandii Marka Rutte (który właśnie po raz czwarty wygrał wybory parlamentarne w Belgii) w sprawie strategicznej autonomii Unii Europejskiej.
"Dlaczego nie?" - słyszymy w hiszpańskim rządzie. - Hiszpania i Holandia mają wspólne poglądy na ten temat, a rząd hiszpański jest w stanie porozumieć się z różnymi państwami członkowskimi w różnych kwestiach - mówią nasi informatorzy. Sojusz ten jest w pewnym sensie równoległy do tradycyjnej osi francusko-niemieckiej, a także przełamuje tradycyjny sojusz południowych krajów UE, do których zalicza się Hiszpanię, a której przeciwieństwem są bogatsze "kraje nordyckie" na czele z Holandią.
- Jest to operacja dwóch krajów, które dobrze rozumieją kwestie rynku wewnętrznego - mówi źródło unijne. - To kraje, które wierzą w kompatybilność silnego rynku wewnętrznego z otwartą Europą w celu zdefiniowania otwartej autonomii strategicznej. I myślę, że to jest zawsze pożyteczne - ocenia.
W swoim nieoficjalnym dokumencie Hiszpania i Holandia w 13 punktach wzywają państwa członkowskie Unii do utrzymania otwartej gospodarki, w czasie gdy UE stara się uniezależnić od światowych potęg, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny, w zakresie technologii, produkcji szczepionek i energii.
Wezwanie Sáncheza i Rutte, mocno zaangażowanych w sprawy handlu i turystyki, pojawia się w tym samym dniu, w którym Komisja Europejska wydała bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące eksportu szczepionek Covid-19, z możliwością zablokowania dostaw do niektórych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii. Powód? Chodzi o to, aby firmy dostarczały uzgodnione ilości dawek, a UE mogła zakończyć proces szczepień, z którym Unia jest w tyle za Wielką Brytanią i USA.
W tym sensie "utrzymanie otwartej gospodarki europejskiej musi być kluczowym elementem", stwierdzają Sánchez i Rutte w liście do António Costy, premiera Portugalii, która obecnie przewodniczy Radzie Europejskiej: "UE musi utrzymać swoje zaangażowanie na rzecz otwartych gospodarek i społeczeństw. Autonomia strategiczna Unii nie oznacza izolacjonizmu ani protekcjonizmu gospodarczego; musi opierać się na zasadach multilateralizmu, współpracy i wolnego handlu opartego na zasadach, bez naruszania interesów krajów słabiej rozwiniętych".
Rutte i Sánchez wzywają, by środki mające zapewnić strategiczną autonomię UE były "proporcjonalne, racjonalne i dostosowane do konkretnych wyzwań".
Oba kraje wzywają również do zaprzestania stosowania w UE zasady jednomyślności, zgodnie z którą decyzje w kluczowych sprawach muszą być zatwierdzane przez wszystkie 27 państw.

Hiszpania i Holandia połączyły siły

Po miesiącach wojny o fundusze europejskie Sánchez i Rutte podpisują dokument mający wzmocnić Unię w rywalizacji z Chinami i USA.

Nach monatelangem Krieg um europäische Gelder unterzeichnen Pedro Sánchez und Mark Rutte ein Dokument, in dem sie sich zur wirtschaftlichen und strategischen Autonomie der EU gegenüber globalen Mächten wie den Vereinigten Staaten und China bekennen.

Die Verhandlungen waren sehr zäh. "Wir haben einige Dinge verhindert, die für viele Länder, einschließlich Spanien, sehr hart gewesen wären", sagte der sozialdemokratische Verhandlungsführer im Europäischen Parlament, Eider Gardiazabal. Die Regierung von Mark Rutte forderte die Europäische Kommission auf, die finanzielle Situation der südlichen Länder zu untersuchen. Dies geschah durch Finanzminister Wopke Hoekstra in Diskussionen über die europäische Antwort auf die Pandemie. Portugal bezeichnete dies als "widerwärtig".
"Diese wiederkehrende Kleinlichkeit untergräbt den Geist der Europäischen Union völlig", erklärte der portugiesische Premierminister António Costa. Hoekstra wurde in Europa ebenso berühmt wie sein Landsmann Jeroen Dijsselbloem. Letzterer leitete während der letzten Krise die Eurogruppe und warf den Südländern vor, Geld für "Partys und Frauen" auszugeben.
Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr und bis Ende 2020, als die Verhandlungen des Europäischen Parlaments zur Regelung des europäischen Wiederaufbaufonds abgeschlossen wurden, stritten sich die beiden Blöcke. Auf der einen Seite: Die Niederlande und ihre Verbündeten, Dänemark, Schweden und Österreich, die sogenannten "Sparsamen Vier". Auf der anderen Seite: Spanien und seine Partner, Italien, Griechenland und Frankreich, die darauf drängten, dass die Gelder nicht nur als Kredite zur Verfügung stehen sollten. Die Auseinandersetzungen zogen sich über Wochen und Monate hin. Doch die politische Einigung, die im Juli zwischen den Staats- und Regierungschefs nach fünf Tagen Diskussion am Stück erzielt wurde, war ein Wendepunkt. Alles änderte sich am 24. März, nachdem der spanische und der niederländische Premierminister Pedro Sánchez und Mark Rutte ein gemeinsames Dokument zur strategischen Autonomie der Europäischen Union unterzeichneten. Rutte erzielte kürzlich seinen vierten Wahlsieg.
"Warum nicht?", sagen spanische Regierungsquellen. "Spanien und die Niederlande teilen ihre Ansichten in dieser Frage, und die spanische Regierung kann sich mit verschiedenen Mitgliedsstaaten in verschiedenen Angelegenheiten einigen." In gewisser Weise verhält sich dieses Bündnis parallel zum traditionellen deutsch-französischen Tandem. Es bricht auch mit dem traditionellen südlichen Block, dem Spanien in der EU angehört, im Gegensatz zu den reicheren nordischen Ländern, mit den Niederlanden an der Spitze.
"Es ist ein Vorgehen von zwei Ländern, die Binnenmarktfragen gut verstehen und an die Vereinbarkeit eines starken Binnenmarktes mit einem offenen Europa glauben, um eine offene strategische Autonomie zu definieren. Ich denke, das ist immer nützlich", kommentiert eine EU-Quelle.
In ihrem 13-Punkte-Dokument drängen Spanien und die Niederlande die Mitgliedsstaaten, ihre Wirtschaft offenzuhalten, in einer Zeit, in der die EU versucht, in Fragen wie Technologie, Impfstoffproduktion und Energie unabhängig von globalen Mächten wie den Vereinigten Staaten und China zu werden.
Der gemeinsame Aufruf von Sánchez und Rutte, die sich stark für Handel und Tourismus einsetzen, kommt am selben Tag, an dem die Europäische Kommission strengere Regeln für den Export von Covid-19-Impfstoffen veröffentlicht hat. Von der Leyen hat, nach Großbritannien schielend, vorgeschlagen, Lieferungen in einige Länder zu blockieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen die vereinbarten Impfdosen liefern und dass die EU ihren Impfprozess abschließen kann, der sowohl gegenüber Großbritannien als auch den Vereinigten Staaten im Rückstand ist.
In diesem Sinne sei "die Bewahrung einer offenen Wirtschaft, um die Stabilität Europas zu garantieren und seine Position als wichtiger globaler Akteur zu bestätigen" wesentlich, erklärten Sánchez und Rutte. In einem Brief an den portugiesischen António Costa, den amtierenden EU-Ratspräsidenten, betonten beide Politiker: "Die EU muss ihr Engagement für offene Volkswirtschaften und Gesellschaften aufrechterhalten. Die strategische Autonomie der EU bedeutet nicht Isolationismus oder wirtschaftlichen Protektionismus – vielmehr sollte sie auf den Prinzipien des Multilateralismus, der Zusammenarbeit und des regelbasierten Freihandels aufbauen, ohne die Interessen der am wenigsten entwickelten Länder zu untergraben."
Rutte und Sánchez fordern, dass die Maßnahmen zur Sicherung der strategischen Autonomie der EU "rational und auf diese spezifischen Herausforderungen zugeschnitten sein müssen."
Die beiden Länder fordern auch ein Ende der Einstimmigkeitsregeln der EU, da diese "die Handlungsfähigkeit der EU beeinträchtigen", indem verlangt wird, dass alle 27 Länder Entscheidungen zu wichtigen Themen zustimmen müssen.

Allianz in der EU: Spanien und die Niederlande schließen sich zusammen

Nach monatelangem Kampf um europäische Gelder schließen sich Spanien und die Niederlande zusammen. Das stärkt beide Länder in der EU. 

Après des mois de guerre sur les fonds européens, Pedro Sanchez et Mark Rutte signent un document dans laquelle ils s'engagent à assurer l'autonomie économique et stratégique de l'UE face aux puissances mondiales telles que les États-Unis et la Chine.

Les négociations ont été très dures. « Nous avons arrêté certaines choses qui auraient été très difficiles pour de nombreux pays, y compris l'Espagne », a déclaré le négociateur socialiste au Parlement européen, Eider Gardiazabal. Le gouvernement de Mark Rutte a demandé à la Commission européenne d'enquêter sur la situation financière des pays du Sud. Ils l'ont fait par l'intermédiaire du ministre des Finances néerlandais, Wopke Hoekstra, lors de discussions sur la réponse européenne à la pandémie. Une attitude qualifiée de « répugnante » par le Portugal.
« Cette mesquinerie récurrente sape complètement ce qu'est l'esprit de l'Union européenne », a déclaré le Premier ministre portugais, António Costa. M. Hoekstra est devenu aussi célèbre en Europe que son compatriote Jeroen Dijsselbloem. Ce dernier présidait l'Eurogroupe lors de la précédente crise et accusait les pays du Sud de dépenser leur argent « en boissons et en femmes ».
Depuis le début de la pandémie, il y a un an, et jusqu'à la fin 2020, date de la clôture des négociations du Parlement européen pour le règlement du fonds de relance européen, une lutte s'est engagée entre les deux blocs. D'un côté, les Pays-Bas et leurs alliés, le Danemark, la Suède et l'Autriche - les « quatre frugaux ». De l'autre, l'Espagne et ses partenaires - l'Italie, la Grèce et la France - qui ont fait pression pour que l'argent ne soit pas seulement disponible sous forme de prêts. L'affrontement s'est prolongé pendant de longues semaines. Mais l'accord politique conclu en juillet entre les dirigeants, après cinq jours consécutifs de discussion, a marqué un tournant. Celui-ci a pris fin le 24 mars, après que les Premiers ministres espagnol et néerlandais, Pedro Sánchez et Mark Rutte, ont signé un document commun sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne. M. Rutte a récemment remporté sa quatrième victoire électorale.
« Pourquoi pas ? », soulèvent les sources gouvernementales espagnoles. « L'Espagne et les Pays-Bas partagent des points de vue sur cette question et le gouvernement espagnol peut s'entendre avec différents États membres sur différents sujets. » D'une certaine manière, cette alliance est parallèle à l'axe traditionnel franco-allemand. Elle rompt également avec le bloc traditionnel du Sud dont l'Espagne est membre dans l'UE, contrairement aux pays nordiques plus riches, Pays-Bas en tête.
« C'est une opération menée par deux pays qui comprennent bien les questions de marché intérieur et qui croient en la compatibilité d'un marché intérieur fort avec une Europe ouverte pour définir une autonomie stratégique ouverte. Je pense que c'est toujours utile », commente une source européenne.
Dans leur document en 13 points, l'Espagne et les Pays-Bas exhortent les États membres à maintenir leurs économies ouvertes à un moment où l'UE tente de devenir indépendante de puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine sur des questions comme la technologie, la production de vaccins et l'énergie.
L'appel conjoint de MM. Sanchez et Rutte, qui sont très exposés au commerce et au tourisme, intervient le jour même où la Commission européenne a publié des règles plus strictes sur l'exportation des vaccins Covid-19. La présidente, Ursula Von der Leyen, a suggéré la possibilité de bloquer les expéditions vers certains pays, en particulier vers le Royaume-Uni. Il s'agit de s'assurer que les entreprises livrent les doses convenues et que l'UE puisse achever son processus de vaccination, qui est à la traîne par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis.
En ce sens, « préserver une économie ouverte, afin de garantir la stabilité de l'Europe et de confirmer sa position d'acteur mondial clé » est essentiel, ont expliqué MM. Sánchez et Rutte. Dans une lettre adressée au Portugais António Costa, actuel président tournant de l'UE, les deux dirigeants ont souligné que l'UE devait « respecter son engagement en faveur d'économies et de sociétés ouvertes », ajoutant : « L'autonomie stratégique de l'UE n'implique pas l'isolationnisme ou le protectionnisme économique ; elle doit plutôt être construite sur les principes du multilatéralisme, de la coopération et du libre-échange fondé sur des règles, sans porter atteinte aux intérêts des pays les moins développés. »
MM. Rutte et Sánchez demandent que les mesures visant à garantir l'autonomie stratégique de l'UE soient « rationnelles et adaptées à ces défis spécifiques. »
Les deux pays demandent également la fin des règles d'unanimité de l'UE, car elles « entravent la capacité d'action de l'UE » en exigeant que les 27 pays approuvent les décisions prises sur des questions clés.

Le nouvel axe européen entre l'Espagne et les Pays-Bas 

Après des mois de guerre sur les fonds européens, Pedro Sanchez et Mark Rutte s'engagent à renforcer le rôle stratégique de l'UE.

Μετά από μήνες σύγκρουσης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ο Πέδρο Σάντσεθ και ο Μαρκ Ρούτε υπογράφουν έγγραφο με το οποίο δεσμεύονται για την οικονομική και στρατηγική αυτονομία της ΕΕ έναντι παγκόσμιων δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα

Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ σκληρές. «Σταματήσαμε κάποια πράγματα που θα ήταν πολύ δύσκολα για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας», δήλωσε ο διαπραγματευτής των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έιντερ Γκαρδιαθαμπάλ. Η κυβέρνηση του Μαρκ Ρούτε κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δημοσιονομική κατάσταση των χωρών του Νότου. Έγινε μέσω του υπουργού Οικονομικών, Γούπκε Χούκστρα, σε συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία. Μια θέση που η Πορτογαλία χαρακτήρισε «αποκρουστική».
«Αυτή η επαναλαμβανόμενη μικροπρέπεια υπονομεύει πλήρως αυτό που είναι το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα. Ο Χούκστρα έγινε εξίσου διάσημος στην Ευρώπη με τον συμπατριώτη του Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο τελευταίος διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης και κατηγόρησε τις χώρες του Νότου ότι ξοδεύουν λεφτά σε «ποτά και γυναίκες».
Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία πριν από ένα χρόνο και μέχρι το τέλος του 2020, όταν έκλεισαν οι διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό των ευρωπαϊκών ταμείων ανασυγκρότησης, ξέσπασε μια σύγκρουση μεταξύ των δύο μπλοκ. Από τη μία πλευρά, η Ολλανδία και οι σύμμαχοί της, η Δανία, η Σουηδία και η Αυστρία - οι λεγόμενοι «Τέσσερις λιτοί». Από την άλλη, η Ισπανία και οι εταίροι της - η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γαλλία, οι οποίοι πίεζαν ώστε τα χρήματα να μην είναι διαθέσιμα μόνο ως δάνεια. Η σύγκρουση τράβηξε για εβδομάδες και μήνες. Αλλά η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ των ηγετών, μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες συζητήσεων, αποτέλεσε σημείο καμπής. Αυτή έληξε στις 24 Μαρτίου, όταν οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Ολλανδίας Πέδρο Σάντσεθ και Μαρκ Ρούτε υπέγραψαν ένα κοινό έγγραφο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ρούτε πέτυχε πρόσφατα την τέταρτη εκλογική του νίκη.
«Γιατί όχι;», λένε ισπανικές κυβερνητικές πηγές. «Η Ισπανία και οι Ολλανδία έχουν κοινές απόψεις για το θέμα αυτό και η ισπανική κυβέρνηση μπορεί να συμφωνήσει με διαφορετικά κράτη μέλη σε διάφορα θέματα». Κατά κάποιον τρόπο, αυτή η συμμαχία είναι παράλληλη με τον παραδοσιακό γαλλογερμανικό άξονα. Επίσης, έρχεται σε ρήξη με το παραδοσιακό μπλοκ του Νότου, του οποίου η Ισπανία είναι μέλος στην ΕΕ, σε αντίθεση με τις πλουσιότερες χώρες του Βορρά, όπου η Ολλανδία πρωτοστατεί.
«Πρόκειται για μια πράξη δύο χωρών που κατανοούν καλά τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και πιστεύουν στη συμβατότητα μιας ισχυρής εσωτερικής αγοράς με μια ανοικτή Ευρώπη για τον καθορισμό μιας ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάντα χρήσιμο», σχολιάζει πηγή της ΕΕ.
Στο έγγραφό τους των 13 σημείων, η Ισπανία και οι Ολλανδία προτρέπουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις οικονομίες τους ανοικτές σε μια εποχή που η ΕΕ προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από παγκόσμιες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, σε θέματα όπως την τεχνολογία, την παραγωγή εμβολίων και την ενέργεια.
Η κοινή έκκληση των Σάντσεθ και Ρούτε, οι οποίοι έχουν μεγάλη έκθεση στο εμπόριο και τον τουρισμό, έρχεται την ίδια ημέρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αυστηρότερους κανόνες για την εξαγωγή εμβολίων για τον Covid-19. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέταξε το ενδεχόμενο να μπλοκαριστούν οι αποστολές προς ορισμένες χώρες με το βλέμμα στραμμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα παραδώσουν τις συμφωνημένες δόσεις και ότι η ΕΕ θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού της, η οποία υστερεί σε σχέση τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και με τις ΗΠΑ.
Υπό αυτή την έννοια, «η διατήρηση μιας ανοικτής οικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Ευρώπης και να επιβεβαιωθεί η θέση της ως βασικός παγκόσμιος παράγοντας» είναι απαραίτητη, εξήγησαν οι Σάντσεθ και Ρούτε. Σε επιστολή τους προς τον Πορτογάλο Αντόνιο Κόστα, τον νυν εκ περιτροπής πρόεδρο της ΕΕ, οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι: «η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευσή της για ανοικτές οικονομίες και κοινωνίες. Η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ δε συνεπάγεται απομονωτισμό ή οικονομικό προστατευτισμό, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της πολυμέρειας, της συνεργασίας και του ελεύθερου εμπορίου βάσει κανόνων, χωρίς να υπονομεύονται τα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών».
Οι Ρούτε και Σάντσεθ ζητούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ να είναι «ορθολογικά και προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες προκλήσεις».
Οι δύο χώρες ζητούν επίσης τον τερματισμό των κανόνων ομοφωνίας της ΕΕ, καθώς «εμποδίζουν την ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί», απαιτώντας από το σύνολο των 27 χωρών να εγκρίνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται για καίρια ζητήματα.

Ισπανία και Ολλανδία ενώνουν τις δυνάμεις τους εντός της ΕΕ

Μετά από μήνες πολέμου για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, Σάντσεθ και Ρούτε συμφώνησαν να ενισχυθεί ο στρατηγικός ρόλος  της ΕΕ

220197735.jpg

El PPE lo tendrá más fácil para suspender o expulsar una delegación nacional. Pero el partido húngaro Fidesz se adelanta y se va antes de que lo echen

Los 'populares' en la Eurocámara muestran la puerta de salida a Viktor Orbán. Y este la ha cogido antes de que siquiera se la abran después de que el 84% de los eurodiputados del PPE hayan votado a favor de cambiar las reglas internas para facilitar la suspensión e, incluso, la expulsión de una delegación nacional entera. Con 180 votos emitidos –de los 187 posibles–, 148 eurodiputados han votado a favor; 28 en contra; y se han producido 4 abstenciones. La posición de los populares españoles ha sido dar su voto afirmativo al nuevo reglamento, que se ha aprobado con la mirada puesta en Fidesz, el partido del primer ministro húngaro.
Minutos después conocerse el resultado, Viktor Orbán ha anunciado que deja el grupo del PP europeo en la Eurocámara con una carta enviada al presidente del grupo parlamentario, el alemán Manfred Weber. Lo que no hace Orbán es anunciar que deja el Partido Popular Europeo, en el que está suspendido desde hace dos años por sus críticas al expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El PPE, presidido por Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, tenía pendiente decidir también sobre el futuro de Fidesz.
Para los que tienen más raíces democristianas, ha sido su agenda iliberal, con recortes de derechos civiles y persiguiendo a migrantes y al colectivo LGTBI. Para los más leales con la familia política popular, fueron sus mofas sobre Jean-Claude Juncker cuando presidía la Comisión Europea. Y para todos, el colmo han sido sus chantajes en la última fase de la negociación de los fondos europeos por su rechazo a que el dinero europeo estuviera vinculado al cumplimiento del Estado de Derecho, hasta el punto de que su mano derecha en Bruselas, Tamas Deutsch, comparara al jefe de los populares en la Eurocámara, Manfred Weber, con prácticas de la Gestapo.
Viktor Orbán ha pasado a gran velocidad de ser un líder respetado por sus victorias electorales; mimado por la todopoderosa Angela Merkel, y querido por los populares españoles por su virulencia contra el independentismo catalán a verse fuera de la familia política más importante de Europa. Su partido, Fidesz, ya fue puesto en cuarentena por el Partido Popular Europeo por sus ataques a la UE y a Juncker, y en las próximas semanas debatirá su expulsión –la asamblea prevista para ello ha ido posponiéndose porque se quiere hacer presencial y la pandemia no lo permite–.
Donde sí se está se ha producido el debate es en el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo. En diciembre, los populares europeos, comandados por Merkel, que es quien tiene al final en su mano la suerte de Orbán dentro de la familia popular, decidieron por amplia mayoría –133 votos a favor, 3 abstenciones y 6 votos en contra– dejar en un castigo los insultos de Deutsch. Así, los populares europeos han decidido "retirar con efecto inmediato de Tamas Deutsch todos los derechos a tiempo de uso de la palabra en el Pleno en nombre del Grupo, a nombramientos como ponente u otros cargos formales en nombre del Grupo hasta que se tomen más decisiones".
El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró que, si el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, "no da un giro de 180 grados", Fidesz "será expulsado" del PPE. "Digamos que tiene un pie en la extrema derecha y otro pie en la democracia cristiana. Cierto que cada vez más apoya su peso sobre el pie que tiene en la extrema derecha", ha dicho González Pons, quien afirmaba que expulsarle tenía "la gran ventaja" de que permite mostrar al PPE ante la opinión pública como los "constructores" de la UE, mientras que la "desventaja" sería enviar a un partido de Gobierno a la extrema derecha, como el polaco PiS y no dar tiempo a "que un día Orbán pasará y ese día nos alegraremos de haber pasado la fiebre de Fidesz y tener a ese partido que tradicionalmente fue un partido que luchó por la libertad en Hungría dentro del PPE".
Así, el grupo del PP europeo en la Eurocámara llamaba en diciembre a los 12 eurodiputados de Fidesz a que "reflexionen sobre si sus convicciones políticas fundamentales siguen siendo compatibles con los valores del Grupo del PPE", y pedía al Partido Popular Europeo, presidido por el expresidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, "que tome una decisión final sobre la pertenencia de Fidesz en cuanto las condiciones de salud lo permitan".
Y en lo que ha ido avanzando el PP en la Eurocámara es una modificación de su reglamento interno, lo que de facto señalaba la puerta de salida a Fidesz, que se ha apresurado a coger Orbán. Este miércoles los eurodiputados del Partido Popular Europeo han votado estas nuevas normas, que introducen el concepto de la suspensión dentro del grupo parlamentario (paso previo a la expulsión total) y permiten que la suspensión se aplique a una delegación en su conjunto –que ni siquiera participaría en la votación si previamente está suspendida– en vez de tener que votar diputado a diputado.
La suspensión, como la que se ha aplicado a Deutsch, supondría la retirada del derecho a realizar todo tipo de actividades parlamentarias, como hablar en los plenos o negociar legislación en nombre del Partido Popular Europeo, si bien administrativamente aún serían parte de la formación. Una vez estas nuevas normas entren en vigor, se espera que se convoque el voto en las próximas semanas para suspender a la delegación de Fidesz.
Orbán ya ha amenazado con adelantarse a este voto y retirar a su formación política del grupo popular en el Parlamento. Es más, los medios oficiales húngaros daban por hecha su marcha antes de la votación.
Una vez consume su marcha Orbán, su delegación pasaría al grupo de los miembros del Parlamento que no están inscritos en ningún grupo político (como los líderes independentistas catalanes o el M5S, por ejemplo), lo cual les dejaría sin el apoyo y la infraestructura que supone la pertenencia a un grupo, así como sin los turnos de palabra en los plenos que corresponden a los grupos más grandes y sin poder acceder a las presidencias de las comisiones parlamentarias.
No obstante, podrían negociar su adhesión a otros grupos situados a la derecha del PPE en el espectro político, como los ultraconservadores (ECR, donde está Vox y el PiS polaco) o Identidad y Democracia (con los partidos de Marine Le Pen y Matteo Salvini). Eso sí, mientras Orbán pertenezca a la familia del PPE presidida por Tusk, no podrá unirse ni a ECR ni a ID.

Orbán abandona el grupo popular en la Eurocámara justo antes de que lo echen

The European People's Party (EPP) will find it easier to suspend or expel a national delegation. But Hungary's Fidesz moves ahead and leaves before it is kicked out.

The centre-right bloc in the European Parliament has shown the exit door to Viktor Orbán and he has walked out before they can even open it. A total of 84 percent of the European People's Party MEPs voted to change the internal rules to more easily facilitate the suspension, and even the expulsion, of an entire national delegation. &nbsp;With 180 votes cast (out of a possible 187), 148 MEPs voted in favour; 28 against; and 4 abstentions. The Spanish People's Party (PP) voted in favour of this new regulation, which was passed looking at Fidesz, the Hungarian Prime Minister's party.
Minutes after the vote result, Viktor Orbán announced his departure from the European Parliament's EPP group, with a letter sent to the president of the parliamentary group, the German Manfred Weber. However, Orbán is not leaving the European People's Party, from which he has been suspended for two years for his criticism of former European Commission President Jean-Claude Juncker. The EPP, headed by Donald Tusk, former president of the European Council, has also yet to decide on the future of Fidesz.
For those with more Christian Democrat roots, it has been its illiberal agenda, with restrictions in civil rights and the persecution of migrants and the LGTBQI community. For those more loyal to the EPP political family, it was his mockery of Jean-Claude Juncker when he was president of the European Commission. But the breaking point for everyone was his blackmailing during the last stage of the negotiation of the European fundings because of his refusal to comply with the rule of law to utilise European money. In fact, his right-hand man in Brussels, Tamas Deutsch, compared the head of the EPP group in the European Parliament, Manfred Weber, to the Gestapo.
Viktor Orbán has quickly gone from being a respected leader for his electoral victories; cherished by the all-powerful Angela Merkel, and loved by the Spanish Popular Party for his strong stance against the Catalan independence movement, to finding himself outside the most important political family in Europe. His party, Fidesz, has already been quarantined by the European People's Party for its attacks on the EU and Juncker. In the coming weeks, the bloc will discuss its expulsion —the planned assembly for it has had to be postponed because they want to do it face-to-face and the pandemic does not allow this.
However, there has been a debate inside the EPP's parliamentary group. In December, the group led by Merkel, who ultimately has Orbán's fate in her hands within the political family, decided by a large majority –133 votes in favour, 3 abstentions and 6 votes against– to punish Deutsch's insults. Thus they decided "to withdraw with immediate effect, from Tamas Deutsch, all rights to speaking time in plenary on behalf of the Group, to nominations as a (shadow) rapporteur or other formal positions on behalf of the Group until further decisions are made".
Esteban González Pons, vice president of the EPP in European Parliament says that if Hungary's Prime Minister Viktor Orbán, "does not make a U-turn", Fidesz "will be expelled" from the bloc. "Let's say he has one foot in the extreme right and one foot in Christian Democracy. He is increasingly leaning his weight on the foot in the extreme right", remarks González Pons. In his view, expelling Orbán has "the great advantage" of allowing the EPP to appeal to public opinion as the "builders" of the EU. But the "disadvantage" would be sending Fidesz, a governing party, to the extreme right, like Poland's Law and Justice Party (PiS). Instead, we should wait until "the day when Orbán will leave, and on that day we will be glad to have gotten past the Fidesz fever and to have this party, which traditionally has fought for freedom in Hungary, in the EPP", adds González Pons.
In December the EPP group in the European Parliament called on the 12 Fidesz MEPs to "reflect on whether their fundamental political convictions are still compatible with the values of the EPP Group"; and asked the European People's Party, chaired by former European Council President Donald Tusk "to take a final decision on Fidesz's membership as soon as health conditions allow it".
What the EPP group has been making progress on is an amendment to its rules of procedure. This de facto opened the exit door for Fidesz and Orbán has been quick to seize the opportunity. On Wednesday, MEPs voted on the new rules, which introduce the concept of suspension within the parliamentary group (a step prior to total expulsion) and allow suspension to be applied to a delegation as a whole. This means that a delegation would not even take part in the vote if it has previously been suspended, rather than having to vote on a member by member basis.
A suspension, like the one that has been applied to Deutsch, would mean the withdrawal of the right to carry out all kinds of parliamentary activities, such as speaking in plenary or negotiating legislation on behalf of the European People's Party. However, administratively they would still be part of the family. Once these new rules come into force, it is expected that the party will call a vote in the coming weeks to suspend the Fidesz delegation.
Orbán has already threatened to pre-empt this vote and withdraw his political party from the group in Parliament. In fact, the official Hungarian media took for granted his expected his departure before the vote.
Once Orbán leaves, his delegation would go to the group of MEPs who are not registered in any political group, such as the Catalan pro-independence leaders or the Italian Five Star Movement (M5S). That would leave them without the support and infrastructure of belonging to the largest group within the Parliament. They would also lose their chance to speak in the plenary sessions assigned to the larger groups and would lose their access to the presidencies of the parliamentary committees.
However, they may negotiate to join other groups to the right of the EPP. They can join the far-right of European Conservatives and Reformists (ECR) which includes Vox and Poland's PiS, or Identity and Democracy (ID), with Marine Le Pen and Matteo Salvini's parties. However, while Orbán belongs to the EPP family headed by Tusk, he will neither be able to join the ECR, nor the ID.

Orbán Leaves The EPP Group in European Parliament Before They Suspend Him 

The centre-right group will find it easier to suspend or expel a national delegation. Hungary's Fidesz leaves in anticipation to this.

Είναι πλέον πιο εύκολο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) να αναστείλει ή να αποπέμψει μια εθνική αντιπροσωπεία. Αλλά το Fidesz της Ουγγαρίας προχωρά και φεύγει πριν το διώξουν.

Το κεντροδεξιό μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Βίκτορ Όρμπαν και αυτός έφυγε πριν καν την ανοίξουν. Συνολικά, το 84% των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ψήφισε να αλλάξουν οι εσωτερικοί κανονισμοί για να είναι πιο εύκολη η αναστολή συμμετοχής, ακόμη και η αποπομπή, μιας ολόκληρης εθνικής αντιπροσωπείας. Με 180 ψηφίσαντες (από ένα σύνολο 187), 148 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 28 κατά, και 4 απείχαν. Το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα (PP) ψήφισε υπέρ αυτού του νέου κανονισμού, ο οποίος ψηφίστηκε με το βλέμμα στραμμένο στο Fidesz, το κόμμα του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.
Λίγα λεπτά μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια επιστολή που εστάλη στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Γερμανό Μάνφρεντ Βέμπερ. Ωστόσο, ο Όρμπαν δεν αποχωρεί συνολικά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο έχει τεθεί σε αναστολή για δύο χρόνια για την κριτική του που άσκησε στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Το ΕΛΚ, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το μέλλον του Fidesz.
Για όσους έχουν περισσότερο Χριστιανοδημοκρατικές ρίζες, είχε να κάνει με την ανελεύθερη ατζέντα του, με τους περιορισμούς στα πολιτικά δικαιώματα και τις διώξεις των μεταναστών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Για εκείνους που είναι πιο πιστοί στην πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ, ήταν ο χλευασμός του για τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όταν ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά το σημείο καμπής για όλους ήταν ο εκβιασμός του κατά το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με την άρνηση του να συμμορφωθεί με το κράτος δικαίου ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά χρήματα. Το δεξί του χέρι στις Βρυξέλλες, ο Ταμάς Ντόιτς, συνέκρινε μάλιστα τον επικεφαλής της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, με την Γκεστάπο.
Ο Βίκτορ Όρμπαν γρήγορα έχει φτάσει από το να είναι ένας σεβαστός ηγέτης για τις εκλογικές του νίκες -που τον λατρεύει η πανίσχυρη Άνγκελα Μέρκελ και που τον αγαπά το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα για την ισχυρή στάση του εναντίον του καταλανικού κινήματος ανεξαρτησίας- στο να βρεθεί εκτός της πιο σημαντικής πολιτικής οικογένειας στην Ευρώπη. Το κόμμα του, το Fidesz, είχε ήδη τεθεί σε καραντίνα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τις επιθέσεις του εναντίον της ΕΕ και του Γιούνκερ. Τις επόμενες εβδομάδες, το μπλοκ θα συζητήσει την αποπομπή του - η προγραμματισμένη συνέλευση γι' αυτό έπρεπε να αναβληθεί επειδή θέλουν να γίνει πρόσωπο με πρόσωπο και η πανδημία δεν το επιτρέπει.
Ωστόσο, έγινε μια συζήτηση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ. Τον Δεκέμβριο, η ομάδα με επικεφαλής τη Μέρκελ, η οποία τελικά έχει στα χέρια της τη μοίρα του Όρμπαν στην πολιτική οικογένεια, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία – 133 ψήφους υπέρ, 3 αποχές και 6 ψήφους κατά – να τιμωρήσει τις προσβολές του Ντόιτς. Έτσι αποφάσισαν «να αποσύρουν με άμεση ισχύ, από τον Ταμάς Ντόιτς, όλα τα δικαιώματα του χρόνου ομιλίας στην Ολομέλεια εξ ονόματος της Ομάδας, του να θέσει υποψηφιότητα ως (σκιώδης) εισηγητής ή για άλλες επίσημες θέσεις εξ ονόματος της Ομάδας έως ότου ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις».
Ο Εστεμπάν Γκονζάλεθ Πονς, αντιπρόεδρος του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει ότι εάν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, «δεν κάνει στροφή 180 μοιρών», το Fidesz «θα αποπεμφθεί» από το μπλοκ. «Ας πούμε ότι έχει το ένα πόδι στην ακροδεξιά και το άλλο πόδι στη Χριστιανοδημοκρατία. Ρίχνει όλο και περισσότερο το βάρος του στο πόδι που είναι στην ακροδεξιά», σχολιάζει ο Γκονζάλεθ Πονς. Κατά την άποψη του, η αποπομπή του Όρμπαν έχει «το μεγάλο πλεονέκτημα» ότι θα επιτρέψει στο ΕΛΚ να απευθύνεται στην κοινή γνώμη ως οι «θεμελιωτές» της ΕΕ. Αλλά το «μειονέκτημα» θα ήταν να στείλει το Fidesz, ένα κυβερνών κόμμα, στην αγκαλιά της ακροδεξιάς, όπως του Νόμος και Δικαιοσύνη της Πολωνίας (PiS). Αντ' αυτού, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι «την ημέρα που ο Όρμπαν θα φύγει, και εκείνη την ημέρα θα χαρούμε να ξεπεράσουμε τον πυρετό του Fidesz και να έχουμε αυτό το κόμμα, το οποίο παραδοσιακά αγωνιζόταν για την ελευθερία στην Ουγγαρία, στο ΕΛΚ», προσθέτει Γκονζάλεθ Πονς.
Τον Δεκέμβριο, η ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τους 12 ευρωβουλευτές του Fidesz να «σκεφτούν εάν οι θεμελιώδεις πολιτικές τους πεποιθήσεις εξακολουθούν να είναι συμβατές με τις αξίες της Ομάδας του ΕΛΚ»· και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπό την προεδρία του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ «να λάβει τελική απόφαση για την ιδιότητα μέλους του Fidesz μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες».
Εκεί που σημείωσε πρόοδο η Ομάδα του ΕΛΚ είναι στην τροποποίηση του εσωτερικού της κανονισμού. Αυτό de facto άνοιξε την πόρτα της εξόδου για το Fidesz και ο Όρμπαν γρήγορα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν τους νέους κανονισμούς, οι οποίοι εισάγουν την έννοια της αναστολής εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας (ένα βήμα πριν από την πλήρη αποπομπή) και επιτρέπουν την εφαρμογή αναστολής σε μια αντιπροσωπεία στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει ότι μια αντιπροσωπεία δε θα μπορούσε καν να συμμετάσχει στην ψηφοφορία εάν είχε προηγουμένως ανασταλεί, αντί να γίνει ψηφοφορία με όλα τα μέλη.
Μια αναστολή, όπως αυτή που έχει επιβλήθηκε στον Ντόιτς, θα σήμαινε την ανάκληση του δικαιώματος άσκησης κάθε είδους κοινοβουλευτικής δραστηριοτήτας, όπως να μιλάει στην ολομέλεια ή να διαπραγματεύεται νομοθεσία εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ωστόσο, διοικητικά θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι μέλη της οικογένειας. Μόλις τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι κανόνες, αναμένεται ότι το ΕΛΚ θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία τις αμέσως επόμενες εβδομάδες για να αναστείλει την αντιπροσωπεία του Fidesz.
Ο Όρμπαν έχει ήδη απειλήσει να προλάβει αυτήν την ψηφοφορία και να αποσύρει το πολιτικό κόμμα του από την ομάδα του Κοινοβουλίου. Στην πραγματικότητα, τα επίσημα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης θεωρούσαν δεδομένη την αναμενόμενη αποχώρηση του πριν από την ψηφοφορία.
Μόλις ο Όρμπαν φύγει, η αντιπροσωπεία του μάλλον θα πάει στην ομάδα των ευρωβουλευτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε καμία πολιτική ομάδα, όπως οι Καταλανοί ηγέτες υπέρ της ανεξαρτησίας ή το ιταλικό Κίνημα Πέντε Αστέρων (M5S). Αυτό θα τους άφηνε χωρίς την υποστήριξη και τις υποδομές που έχουν επειδή ανήκουν στη μεγαλύτερη ομάδα του Κοινοβουλίου. Θα χάσουν επίσης την ευκαιρία να μιλούν στις συνόδους ολομέλειας που έχουν ανατεθεί στις μεγαλύτερες ομάδες και θα χάσουν την πρόσβασή τους στις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Ωστόσο, ενδέχεται να διαπραγματευτούν την ένταξη τους σε άλλες ομάδες στα δεξιά του ΕΛΚ. Μπορούν να ενταχθούν στην ακροδεξιά των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) που περιλαμβάνει το Vox και το PiS της Πολωνίας, ή την Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID), με τα κόμματα της Μαρίν Λεπέν και του Ματέο Σαλβίνι. Ωστόσο, όσο ο Όρμπαν ανήκει στην οικογένεια του ΕΛΚ με επικεφαλής τον Τουσκ, δε θα μπορεί ούτε να ενταχθεί ούτε στο ECR, ούτε στο ID.

Ο Όρμπαν αποχωρεί από την Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τον θέσουν σε αναστολή

Είναι πλέον πιο εύκολο για την κεντροδεξιά ομάδα να αναστείλει ή να αποπέμψει μια εθνική αντιπροσωπεία. Το ουγγρικό Fidesz έφυγε πριν το διώξουν.

Le bloc du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen a pris des mesures pour faciliter la suspension ou l'expulsion d'une délégation nationale. Mais le Fidesz hongrois est allé de l'avant en prenant la porte avant d'être expulsé.

Le bloc de centre-droit au Parlement européen a montré la porte de sortie à Viktor Orbán et il est sorti avant même qu'ils puissent l'ouvrir. Au total, 84 % des députés européens du Parti populaire européen (PPE) ont voté en faveur d'une modification des règles internes afin de faciliter la suspension, voire l'expulsion, de toute une délégation nationale. 180 voix (sur 187 possibles) ont été exprimées, dont 148 pour, 28 contre et 4 abstentions. Le parti populaire espagnol (PP) a voté en faveur de ce nouveau règlement, qui a été adopté en ayant à l'esprit le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois.
Quelques minutes après le résultat du vote, Viktor Orbán a annoncé son départ du bloc PPE au Parlement européen par le biais d'une lettre envoyée au président du groupe parlementaire, l'Allemand Manfred Weber. Toutefois, M. Orbán ne quitte pas le Parti populaire européen, dont il a été suspendu pendant deux ans pour avoir critiqué l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le PPE, dirigé par Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, n'a pas non plus encore décidé de l'avenir du Fidesz.
Pour ceux qui ont des racines plus démocrates-chrétiennes, c'est son programme illibéral, avec des restrictions en matière de droits civils et la persécution des migrants et de la communauté LGBTQI. Pour ceux qui sont plus fidèles à la famille politique du PPE, ce furent ses moqueries à l'égard de Jean-Claude Juncker lorsqu'il était président de la Commission européenne. Mais le point de rupture pour tous a été son chantage lors de la dernière étape de la négociation du plan de relance de l'UE, en raison de son refus de respecter l'Etat de droit pour utiliser l'argent européen. Son bras droit à Bruxelles, Tamas Deutsch, a même comparé Manfred Weber à la Gestapo.
Viktor Orbán est rapidement passé du statut de leader respecté pour ses victoires électorales, apprécié par la toute-puissante Angela Merkel et par le PP espagnol pour sa position ferme contre le mouvement d'indépendance catalan, à celui d'exclu de la plus importante famille politique d'Europe. Son parti, le Fidesz, a déjà été mis en quarantaine par le PPE pour ses attaques contre l'UE et M. Juncker. Dans les semaines à venir, le bloc discutera de son expulsion - l'assemblée prévue pour cela a dû être reportée parce qu'ils veulent le faire en face-à-face et que la pandémie ne le permet pas.
Cependant, un débat a eu lieu au sein du groupe parlementaire du PPE. En décembre, le groupe dirigé par Angela Merkel, qui détient le dernier mot sur le sort de Viktor Orbán au sein de la famille politique, a décidé à une large majorité - 133 voix pour, 3 abstentions et 6 voix contre - de punir les insultes proférées par Tamas Deutsch. Les eurodéputés ont ainsi décidé « de retirer avec effet immédiat à Tamas Deutsch tout droit à un temps de parole en plénière au nom du groupe, à la nomination en tant que rapporteur (fictif) ou à d'autres positions formelles au nom du groupe jusqu'à ce que d'autres décisions soient prises ».
Esteban González Pons, vice-président du PPE au Parlement européen, déclare que si le Premier ministre hongrois Viktor Orbán « ne prend pas un virage à 180 degrés », le Fidesz « sera expulsé » du bloc. « Disons qu'il a un pied dans l'extrême droite et un pied dans la démocratie chrétienne. Il porte de plus en plus son poids sur le pied de l'extrême droite », note M. González Pons. Selon lui, l'expulsion du parti de Viktor Orbán a « le grand avantage » de permettre au PPE d'interpeler l'opinion publique en tant que « bâtisseurs » de l'UE. Mais l'« inconvénient » serait d'envoyer le Fidesz, un parti au pouvoir, à l'extrême droite, comme le parti polonais Droit et justice (PiS). « Nous devrions plutôt attendre le jour où Orbán partira, et ce jour-là, nous serons heureux d'avoir dépassé la fièvre du Fidesz et d'avoir ce parti, qui a traditionnellement lutté pour la liberté en Hongrie, au sein du PPE », ajoute M. González Pons.
En décembre, le groupe PPE au Parlement européen a appelé les 12 eurodéputés du Fidesz à « réfléchir à la question de savoir si leurs convictions politiques fondamentales sont toujours compatibles avec les valeurs du groupe PPE ». Par ailleurs, le bloc a demandé au PPE « de prendre une décision finale sur l'adhésion du Fidesz dès que les conditions sanitaires le permettront ».
Entre temps, le groupe PPE a progressé sur un amendement de son règlement intérieur. Cela a de facto ouvert la porte de sortie pour le Fidesz et Viktor Orbán a rapidement saisi l'occasion. Mercredi, les députés ont voté sur les nouvelles règles, introduisant le concept de suspension au sein du groupe parlementaire (une étape préalable à l'expulsion totale) et permettant d'appliquer la suspension à une délégation dans son ensemble. Cela signifie qu'une délégation ne participerait même pas au vote si elle a été suspendue auparavant, plutôt que de devoir voter membre par membre.
Une suspension, comme celle qui a été appliquée contre M. Deutsch, signifierait le retrait du droit d'exercer toutes sortes d'activités parlementaires, telles que de parler en plénière ou négocier une législation au nom du PPE. Toutefois, sur le plan administratif, ils feraient toujours partie de la famille. Une fois que ces nouvelles règles entreront en vigueur, le parti devrait convoquer un vote dans les semaines à venir pour suspendre la délégation du Fidesz.
Viktor Orbán a déjà menacé de devancer ce vote et de retirer son parti politique du groupe au Parlement. Les médias hongrois officiels tiennent d'ailleurs pour acquis son départ avant le vote.
Après le départ de M. Orban, sa délégation rejoindra le groupe d'eurodéputés non-inscrits, tels que les leaders indépendantistes catalans ou le mouvement italien des cinq étoiles. Ils se retrouveraient ainsi sans le soutien et l'infrastructure nécessaires pour appartenir au plus grand groupe du Parlement. Ils perdraient également leur chance de s'exprimer lors des sessions plénières attribuées aux groupes les plus importants et perdraient leur accès aux présidences des commissions parlementaires.
Cependant, ils pourraient négocier pour rejoindre d'autres groupes à la droite du PPE, tels que le groupe d'extrême droite Conservateurs et Réformistes européens (ECR) qui comprend Vox et le PiS de Pologne, ou Identité et Démocratie (ID), qui comporte les partis de Marine Le Pen et de Matteo Salvini. Cependant, tant que Viktor Orbán appartient à la famille du PPE dirigée par Donald Tusk, il ne pourra rejoindre ni l'ECR, ni l'ID.

Viktor Orbán quitte le groupe PPE au Parlement européen

Sur le point d'être expulsé par le groupe conservateur du Parlement européen, le Fidesz hongrois a pris les devants en prenant la porte.

Dzięki nowemu regulaminowi Europejska Partia Ludowa będzie mgła zawiesić lub wyrzucić delegacje krajowe. Jednak węgierski Fidesz poszedł krok naprzód i odszedł, zanim został wyrzucony.

Centroprawicowy blok w Parlamencie Europejskim pokazał Viktorowi Orbánowi gdzie znajdują się drzwi wyjściowe. Jednak premier Węgier wyszedł, zanim Europejska Partia Ludowa (EPL) zdążyła je otworzyć. W sumie 84 proc. posłów EPL zagłosowało za zmianą przepisów wewnętrznych pozwalających łatwiej zawiesić, a nawet wydalić całą delegację narodową. Spośród 180 głosów (na 187 możliwych) oddanych przez europosłów 148 było za, 28 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Hiszpańska Partia Ludowa (PP) głosowała za przyjęciem nowego rozporządzenia, które zostało uchwalone, właśnie z uwagi na Fidesz, partię premiera Węgier.
Dosłownie minuty po przedstawieniu wyniku głosowania Viktor Orbán ogłosił swoje odejście z grupy EPL w Parlamencie Europejskim, wysyłając list do przewodniczącego grupy parlamentarnej, Niemca Manfreda Webera. Orbán nie opuszcza jednak Europejskiej Partii Ludowej, w której został zawieszony na dwa lata za krytykę byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. EPL, na której czele stoi Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, również nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie przyszłości Fideszu.
Dla tych, którzy mają bardziej chrześcijańsko-demokratyczne korzenie, problemem jest to antyliberalny program Orbána, ograniczanie praw obywatelskich i prześladowanie migrantów oraz społeczności LGTBQI. Dla tych bardziej lojalnych wobec rodziny politycznej EPL były nim kpiny z Jean-Claude'a Junckera, gdy ten był przewodniczącym Komisji Europejskiej. Ale czara goryczy przelała się dla wszystkich z powodu szantaż na ostatnim etapie negocjacji w sprawie funduszy europejskich i odmowy powiązania środków europejskich z przestrzeganiem zasad praworządności. W rzeczy samej Tamas Deutsch, prawa ręka węgierskiego premiera w Brukseli, porównał szefa grupy EPL w Parlamencie Europejskim, Manfreda Webera, do Gestapo.
Viktor Orbán szybko przeszedł drogę od przywódcy szanowanego za swoje zwycięstwa wyborcze, cenionego przez wszechmocną Angelę Merkel i uwielbianego przez hiszpańską Partię Ludową za zdecydowane stanowisko wobec katalońskiego ruchu niepodległościowego, do znalezienia się poza najważniejszą rodziną polityczną w Europie. Jego partia, Fidesz, została już poddana kwarantannie przez Europejską Partię Ludową za ataki na UE i Junckera. W najbliższych tygodniach blok będzie dyskutował nad jego wydaleniem - planowane zebranie w tej sprawie musiało zostać odłożone, ponieważ politycy chcą to zrobić twarzą w twarz, a nie pozwala na to pandemia.
Wewnątrz grupy parlamentarnej EPL trwa jednak debata. W grudniu grupa pod przewodnictwem Merkel, w której rękach ostatecznie spoczywa los Orbána, zdecydowała się znaczną większością głosów -133 za, 3 wstrzymujące się i 6 przeciw - ukarać obelgi rzucane przez Deutscha. W związku z tym postanowili "odebrać Tamasowi Deutschowi ze skutkiem natychmiastowym wszelkie prawa do zabierania głosu na posiedzeniach plenarnych w imieniu grupy, do nominacji na (pomocniczego) sprawozdawcę lub inne formalne stanowiska w imieniu grupy do czasu podjęcia dalszych decyzji".
Esteban González Pons, wiceprzewodniczący EPL w Parlamencie Europejskim, przekonuje, że jeśli premier Węgier Viktor Orbán "nie zmieni kierunku", Fidesz "zostanie wyrzucony" z bloku. - Powiedzmy, że jedną nogą stoi w polu skrajnej prawicy, a drugą w Chrześcijańskiej Demokracji. Jednak coraz bardziej opiera się na tej pierwszej - mówi González Pons. Jego zdaniem, wyrzucenie Orbána ma "wielką zaletę", ponieważ pozwoli EPL przedstawić się opinii publicznej jako "budowniczy" UE. Jednak "wadą" byłoby wysłanie Fideszu, partii rządzącej, na pozycje skrajnie prawicowe, jak w przypadku PiS w Polsce. - Zamiast tego powinniśmy poczekać do momentu, w którym Orbán odejdzie, i wówczas będziemy się cieszyć, że udało nam się pokonać gorączkę Fideszu i zachować w EPL partię, która tradycyjnie walczyła o wolność na Węgrzech - dodaje González Pons.
W grudniu grupa EPL w Parlamencie Europejskim wezwała 12 europosłów Fideszu do "zastanowienia się, czy ich podstawowe przekonania polityczne są nadal zgodne z wartościami grupy EPL" oraz zwróciła się do Europejskiej Partii Ludowej, której przewodniczy Donald Tusk, o "podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie członkostwa Fideszu, jak tylko pozwolą na to warunki pandemii".
Postęp w EPL polega na zmiane jej regulaminu. To de facto otworzyło drzwi wyjściowe dla Fideszu, a Orbán szybko skorzystał z okazji. W środę europosłowie przegłosowali nowy regulamin, który wprowadza pojęcie zawieszenia w ramach grupy parlamentarnej (krok przed całkowitym wydaleniem) i pozwala na zastosowanie zawieszenia wobec całej delegacji. Oznacza to, że delegacja nie będzie mogła nawet wziąć udziału w głosowaniu, jeśli została wcześniej zawieszona, zamiast głosować na zasadzie "głos dla każdego członka".
Zawieszenie, takie jak to, które zastosowano wobec posła Deutscha, oznaczałoby odebranie mu prawa do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności parlamentarnej, takiej jak zabieranie głosu na posiedzeniach plenarnych czy negocjowanie prawodawstwa w imieniu Europejskiej Partii Ludowej. Jednak pod względem administracyjnym nadal byliby oni częścią rodziny. Po wejściu w życie nowych zasad można się spodziewać, że w najbliższych tygodniach partia zwoła głosowanie w sprawie zawieszenia delegacji Fideszu.
Orbán już wcześniej zagroził, że uprzedzi to głosowanie i wycofa swoją partię polityczną z grupy w parlamencie. W rzeczywistości oficjalne media węgierskie uznały za pewnik jego spodziewane odejście jeszcze przed głosowaniem.
Gdy Orbán odejdzie, jego delegacja przejdzie do grupy posłów, którzy nie są zarejestrowani w żadnej grupie politycznej, takich jak katalońscy przywódcy niepodległościowi czy włoski Ruch Pięciu Gwiazd (M5S). Pozostawiłoby ich to bez wsparcia i infrastruktury wynikającej z przynależności do największej grupy w PE. Straciliby także możliwość zabierania głosu na sesjach plenarnych przypisanych większym ugrupowaniom oraz dostęp do prezydiów komisji parlamentarnych.
Mogą jednak negocjować przyłączenie się do innych ugrupowań na prawo od EPL. Mogą dołączyć do skrajnie prawicowego ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do którego należy Vox i polski PiS, lub do partii Tożsamość i Demokracja (ID), do której należą Marine Le Pen i Matteo Salvini. Jednak tak długo jak Orbán należeć będzie do rodziny EPL, na której czele stoi Tusk, nie będzie mógł wstąpić ani do EKR, ani do ID.

Orbán opuszcza grupę EPL w PE, zanim ta zdążyła go zawiesić

Dzięki nowemu regulaminowi europejska chadecja będzie mgła zawiesić lub wyrzucić delegację krajową. Jednak Fidesz odszedł, zanim został wyrzucony.

Die Europäische Volkspartei kann nun nationale Delegationen einfacher suspendieren oder gar ausschließen. Ungarns Fidesz ging lieber gleich selbst.

Der Mitte-Rechts-Block im Europäischen Parlament hatte Viktor Orbán mehrmals die Ausgangstür gezeigt. Nun ging er lieber selbst, bevor sie ihm überhaupt geöffnet werden konnte. Insgesamt 84 Prozent der Abgeordneten der Europäischen Volkspartei (EVP) stimmten dafür, die internen Regeln zu ändern, um die Suspendierung und sogar den Ausschluss einer ganzen nationalen Delegation zu erleichtern. 148 Abgeordnete stimmten mit 180 Stimmen (von 187 möglichen) dafür, 28 dagegen und 4 enthielten sich. Die spanische Volkspartei (PP) stimmte für diese neue Regelung, die mit Blick auf die Fidesz, die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten, verabschiedet wurde.
Minuten nach dem Abstimmungsergebnis kündigte Viktor Orbán seinen Austritt aus der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments an, mit einem Brief an den Fraktionsvorsitzenden, den Deutschen Manfred Weber. Orbán verlässt jedoch nicht die Europäische Volkspartei, aus der er wegen seiner Kritik am ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker für zwei Jahre suspendiert worden war. Auch die EVP, angeführt von Donald Tusk, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, muss noch über die Zukunft von Fidesz entscheiden.
Für diejenigen mit christdemokratischen Wurzeln ging es vor allem um seine illiberale Agenda: die Einschränkung der Bürgerrechte sowie die Verfolgung von Migranten und der LGTBQI-Gemeinschaft. Für diejenigen, die der politischen Familie der EVP treu sind, war es sein Spott über Jean-Claude Juncker, als er Präsident der Europäischen Kommission war. Für alle jedoch war der Gipfel seine Erpressung während der letzten Phase der Verhandlungen über europäische Gelder, weil er sich weigerte, die Bindung europäischer Gelder an die Rechtsstaatlichkeit zu zu akzeptieren. Es ging sogar so weit, dass Tamas Deutsch, seine rechte Hand in Brüssel, den Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber, mit der Gestapo verglich.&nbsp;
Viktor Orbán ist schnell von einem für seine Wahlsiege respektierten politischen Anführer, der von der allmächtigen Angela Merkel geschätzt und von der spanischen Volkspartei für seine starke Haltung gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung geliebt wird, dazu übergegangen, sich außerhalb der wichtigsten politischen Familie in Europa wiederzufinden. Seine Partei, Fidesz, wurde bereits von der Europäischen Volkspartei wegen ihrer Angriffe auf die EU und Juncker quasi unter Quarantäne gestellt. In den kommenden Wochen wird der Block über seinen Ausschluss diskutieren – die geplante Versammlung dafür musste verschoben werden, weil sie dies von Angesicht zu Angesicht machen wollen und die Pandemie dies nicht zulässt.
Innerhalb der EVP-Fraktion hat es jedoch eine Debatte gegeben. Im Dezember beschloss die von Merkel geführte Fraktion, die innerhalb der politischen Familie letztlich das Schicksal Orbáns in der Hand hat, mit großer Mehrheit –133 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und 6 Gegenstimmen –, die Beleidigungen Deutschs zu bestrafen. So beschlossen sie, "Tamas Deutsch mit sofortiger Wirkung alle Rechte auf Redezeit im Plenum im Namen der Fraktion, auf Nominierungen als Schatten-Berichterstatter oder andere formale Positionen im Namen der Fraktion zu entziehen, bis weitere Entscheidungen getroffen werden".
Esteban González Pons, Vizepräsident der EVP im Europaparlament, erklärte, wenn Ungarns Premierminister Viktor Orbán "keine Kehrtwende macht", werde Fidesz "aus dem Block ausgeschlossen". "Sagen wir, er hat einen Fuß in der extremen Rechten und einen in der Christdemokratie. Er stützt sein Gewicht immer mehr auf den Fuß in der extremen Rechten", bemerkt González Pons. Seiner Meinung nach hat ein Ausschluss Orbáns "den großen Vorteil", dass die EVP als "Baumeister" der EU an die Öffentlichkeit treten kann. Aber der "Nachteil" wäre, die Regierungspartei Fidesz in die extreme Rechte zu stellen, wie Polens Partei PiS. Stattdessen sollte man abwarten, "bis zu dem Tag, an dem Orbán geht, und an diesem Tag werden wir froh sein, das Fidesz-Fieber überwunden zu haben und diese Partei, die traditionell für die Freiheit in Ungarn gekämpft hat, in der EVP zu haben", fügt González Pons hinzu.
Im Dezember forderte die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament die zwölf Fidesz-Abgeordneten auf, darüber nachzudenken, ob ihre grundlegenden politischen Überzeugungen noch mit den Werten der EVP-Fraktion vereinbar seien – und bat die Europäische Volkspartei unter dem Vorsitz des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, "eine endgültige Entscheidung über die Mitgliedschaft von Fidesz zu treffen, sobald es der Gesundheitszustand erlaubt".
Was die EVP-Fraktion vorangebracht hat, ist eine Änderung ihrer Geschäftsordnung. Diese öffnete de facto die Ausgangstür für Fidesz und Orbán hat die Gelegenheit schnell genutzt. Am Mittwoch stimmten die Abgeordneten über die neuen Regeln ab, die das Konzept der Suspendierung innerhalb der Fraktion einführen (ein Schritt vor dem totalen Ausschluss) und es ermöglichen, dass die Suspendierung auf eine Delegation als Ganzes angewendet werden kann. Das bedeutet, dass eine Delegation gar nicht erst an der Abstimmung teilnehmen würde, wenn sie zuvor suspendiert wurde, anstatt dass über jedes einzelne Mitglied abgestimmt werden muss.
Eine Suspendierung, wie sie bei Deutsch vorgenommen wurde, würde den Entzug des Rechts bedeuten, alle Arten von parlamentarischen Aktivitäten auszuüben, wie zum Beispiel im Plenum zu sprechen oder im Namen der Europäischen Volkspartei Gesetze zu verhandeln. Administrativ wären sie jedoch weiterhin Teil der Familie. Sobald diese neuen Regeln in Kraft treten, wird erwartet, dass die Partei in den kommenden Wochen eine Abstimmung über die Suspendierung der Fidesz-Delegation einberufen wird.
Orbán hat bereits gedroht, dieser Abstimmung zuvorzukommen und seine Partei aus der Fraktion im Parlament zurückzuziehen. Tatsächlich gingen die offiziellen ungarischen Medien davon aus, dass er seinen Austritt noch vor der Abstimmung erwartet.
Sobald Orbán geht, würde seine Delegation zu der Gruppe von Abgeordneten übergehen, die in keiner Fraktion registriert sind, wie die katalanischen Unabhängigkeitsführer oder die italienische Fünf-Sterne-Bewegung. Das würde sie ohne die Unterstützung und Infrastruktur der Zugehörigkeit zur größten Fraktion im Parlament zurücklassen. Sie würden auch ihre Chance verlieren, in den Plenarsitzungen zu sprechen, die den größeren Fraktionen zugewiesen sind, und der Zugang zu den Vorsitzen der Parlamentsausschüsse würde ihnen verwehrt bleiben.
Allerdings könnte es auch sein, dass sie sich anderen Gruppen rechts der EVP anschließt: Etwa der rechtsextremen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), zu der auch die spanische Vox und die polnische PiS gehören; oder der Partei Identität und Demokratie (ID), zu der Marine Le Pen und Matteo Salvini gehören. Solange Orbán jedoch noch offiziell zur EVP-Familie gehört, die von Tusk angeführt wird, wird er weder mit der ECR noch der ID anbandeln können.

Orbán verlässt die EVP, bevor sie ihn suspendiert 

226065591.jpg

Economistas y cargos públicos e institucionales presionan para que el BCE, que tiene el 25% de la deuda total de muchos países del euro, cancele la deuda creciente por la pandemia para que ese dinero a devolver pueda reinvertirse en los países deudores

Gasto público, rescates a la ciudadanía y a empresas, subvención de los ERTE, desembolsos sanitarios... La pandemia de la COVID-19 está golpeando las economías como nunca antes en tiempos de paz y, a consecuencia de ello, la Comisión Europea activó la cláusula de escape para que los países puedan saltarse los topes de deuda y déficit –60% del PIB y 3% del PIB, respectivamente– durante 2020 y 2021 para sostener las economías con fondos públicos. En paralelo, el Banco Central Europeo prevé gastar al menos 1,85 billones de euros en compras de deuda en la eurozona hasta verano de 2022 para aliviar las primas de riesgo.
Todo ello, en conjunto, hace que el BCE está acumulando grandes volúmenes de deuda, entre el 25% y el 30% de la deuda total acumulada de algunos países, como España, Italia, Francia o Alemania. En los últimos cinco años, el BCE ha comprado alrededor de 3 billones de euros en bonos del sector público en un intento de impulsar la inflación en la zona euro y, más recientemente, mantener el crédito barato frente a la pandemia de coronavirus.
Entre el alrededor del centenar de firmantes del manifiesto, la mayoría son de Francia y figuran también economistas de Alemania, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Suecia, Grecia y Portugal, así como una veintena de economistas de España. Entre ellos, Thomas Piketty (Escuela de Economía de París), Nacho Álvarez, secretario de Estado de Agenda 2030; y Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis; Manuel Escudero, presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE; el exministro Jordi Sevilla; José Moisés Martín Carretero; Manolo Garí; Daniel Albarracín.
Todos ellos han defendido en un artículo publicado en varios medios europeos –Le Monde (Francia), El País (España), La Libre Belgique, Der Freitag (Alemania) y Avvenire (Italia)– este viernes que, en tanto que un 25% de lo que deben los países se lo deben a ellos mismos en tanto que es deuda en manos del BCE y, por tanto, del eurosistema, se debe cancelar y sustituir por inversión.
El propio presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha dicho que la cancelación de la deuda es "una interesante hipótesis de trabajo".
Si bien la deuda pública ha aumentado considerablemente para proteger a los hogares y las empresas, "los ciudadanos están descubriendo, algunos con consternación, que casi el 25% de la deuda pública europea está ahora en manos de su banco central", señalan estos economistas: "Nos debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos y, si la devolvemos, tendremos que buscarla en otra parte, ya sea pidiendo prestado nuevamente para refinanciar la deuda en lugar de pedir prestado para invertir, o aumentando los impuestos o reduciendo los gastos".
La cancelación de las deudas públicas o su transformación en deudas perpetuas sin intereses se haría a cambio del compromiso de los Estados de "invertir los mismos montos en la reconstrucción ecológica y social". "Estas cantidades ascienden ahora a cerca de 2,5 billones de euros para el conjunto de Europa", según el texto.
Los firmantes afirman que "la cancelación no está explícitamente prohibida por los tratados europeos" y que "la historia ha demostrado una y otra vez que las dificultades legales se desvanecen con los acuerdos políticos".
Preocupados por un posible retorno de las políticas de austeridad que implican reducciones de la deuda pública como las llevadas a cabo desde 2015 hasta el inicio de la crisis del Covid-19, los académicos también piden "una nueva gobernanza europea, en particular a través de la transición a la mayoría cualificada en impuestos importa".
La reacción del Banco Central Europeo ha sido dura. El vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, ha dicho este viernes: "La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto".
Un argumento respondido en Twitter por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.
Según De Guindos, "este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada".
La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, cerraba la puerta hace unos días a preguntas de los eurodiputados: "Ni siquiera me hago la pregunta. Es tan simple como eso, porque cualquier cosa en ese sentido sería simplemente una violación del tratado. El BCE opera bajo el tratado; existe el artículo 123 del tratado que prohíbe ese tipo de enfoque y yo respeto el tratado. Punto".
Sin embargo, como recuerda en un hilo de Twitter Daniel Fuentes Castro<a href="https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/11/14/news/sassoli_l_europa_deve_cancellare_i_debiti_per_il_covid_-274411308/">,</a> jefe de información económica del Gobierno y traductor de Piketty en España, las cancelaciones de deuda han sido una constante en la historia tras grandes crisis o catástrofes, como la Francia de 1797; Reino Unido entre 1815 y 1914; Alemania en 1919; y Alemania, Francia y Reino Unido en 1945.
Como explica Fuentes Castro citando los datos de Capital e ideología (Piketty, 2019), "la ley de 30 de septiembre de 1797 consolidó un tercio de la deuda, mientras que los dos tercios restantes se pagaron en bonos al portador. Impuestos e inflación hicieron el resto: la deuda se redujo desde el 90% de la renta nacional en 1797 al 20% en 1815".
En Reino Unido, tras las guerras napoleónicas, la deuda aumentó a más del 200% de la renta nacional. "Para reducirla a base de acumular superávits primarios", explica Fuentes Castro, "los británicos tuvieron que destinar, de media, entre el 2% y el 3% de su renta nacional anual al pago de la deuda e intereses durante un siglo, en una época en la que los ingresos eran del 10% y se gastaba en educación menos del 1%. A pesar de un crecimiento del PIB superior al 2% anual durante esos 100 años, la deuda todavía era del 150% en 1850 y del 70% en 1914. ¿Fue lo mejor que pudo haber hecho el Reino Unido con esos recursos?".
Otro ejemplo: las compensaciones de guerra establecidas en el Tratado de Versailles de 1919 dispararon la deuda de Alemania a alrededor del 350% de la renta nacional. "Con un tipo de interés del 4%", reflexiona el economista, "sólo el pago de intereses habría supuesto que Alemania transfiriera cada año alrededor del 15% de su producción nacional durante las décadas de 1920-1930 sin siquiera poder comenzar a reembolsar su deuda. En 1931, en plena Gran Depresión, las deudas alemanas fueron anuladas, abandonada cualquier perspectiva de reembolso".
Tras la Segunda Guerra Mundial, la deuda se redujo de forma expeditiva: Francia pasó del 273% de la renta en 1944 al 47% en 1948, Alemania del 183% en 1944 al 33% en 1948. ¿Pero cómo? "En Francia se aplicó un tributo excepcional sobre la riqueza en 1945, pero sobre todo la inflación superó el 50% anual durante cuatro años, entre 1945 y 1948, y la inflación redujo mecánicamente la deuda pública, pero arruinó a millones de pequeños ahorradores y condenó a la pobreza a las personas mayores en la década de los 1950", razona el el jefe de información económica en Moncloa: "Alemania, traumatizada por la hiperinflación de los años 1920, introdujo impuestos progresivos y excepcionales sobre la propiedad privada, algunos de los cuales se mantuvieron hasta los años 1980 y además se benefició de la suspensión de su deuda externa en la Conferencia de Londres de 1953, que se canceló definitivamente en 1991. En el caso del Reino Unido, la inflación fue menor que en Alemania y en Francia, lo que explica que su deuda se mantuviese elevada durante las décadas de 1950 a 1970".
"En conclusión", dice Fuentes Castro, "es posible reducir la ratio de deuda de diferentes formas, pero solo el crecimiento real del PIB lo hace 'a coste cero'. La acumulación de superávits primarios es condición necesaria, pero no suficiente, e implica un coste de oportunidad. La inflación es una mecanismo drástico y eficaz para reducir la ratio de deuda, pero genera un conflicto distributivo, al albur de los precios, y empobrece especialmente a las rentas bajas. Los impagos deterioran la credibilidad del Estado y rompen el equilibrio de legitimidades entre acreedores y deudores. Las anulaciones o quitas forman parte de la Historia y exceden la lógica financiera: priman criterios políticos y/o sociales. En la crisis de la COVID-19 hay vida más allá de los eurobonos, cuya puesta en práctica sería benéfica para la zona euro. Pero, antes o después, habrá que ponerse manos a la obra para reducir una deuda que ahora necesitamos. A la vista de los precedentes históricos, nadie debería extrañarse de que Europa termine planteándose algún día si proceder y cómo a una 'reducción mancomunada de deudas', con criterios técnicos que no serán exclusivamente financieros. Es la Historia".
La carga de la deuda es algo que preocupa a los dirigentes europeos, teniendo en cuenta que Comisión Europea ha instado a varios países (Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España), al aprobar sus borradores de planes presupuestarios, a tener cuidado con la generación de deuda demasiado grande: las respuestas de los gobiernos a la pandemia acumularán 1,5 billones de euros de deuda adicional, lo que empujará la deuda soberana de la eurozona por encima del tamaño de la economía del bloque este año por primera vez.
De acuerdo con un <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip143_en.pdf">informe sobre sostenibilidad de la deuda</a> publicado este viernes por la Comisión Europea, España está en "alto riesgo", al igual que Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Rumanía, países particularmente golpeados por la pandemia, además de Grecia, el país más endeudado de la UE.
Hace pocos días<a href="https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/11/14/news/sassoli_l_europa_deve_cancellare_i_debiti_per_il_covid_-274411308/">,</a> el diario Handelsblatt presentaba un artículos que abunda en el debate, más aún si llega desde Alemania. Lo escribía el ministro en jefe de la Cancillería Federal, el conservador Helge Braun. Se titulaba: "Un pacto para Alemania tras la pandemia". En él se leía que "el freno a la deuda no podrá ser respetado en los próximos años, incluso cuando se mantenga una estricta disciplina de gasto". Así aludía Braun a esa disposición descrita en el artículo 115 la Carta Magna alemana, según la cual los déficits públicos han de limitarse al 0,35% del PIB nominal. Es decir, parte del Gobierno alemán no ve factible regresar a las reglas fiscales en el corto plazo.
La pandemia ha hecho que, de momento, las autoridades alemanas se olviden de los límites para contraer deudas. Así, el estado alemán se endeudó en 2020 por valor de 130.000 millones de euros. Este año el Bundestag ya ha aprobado 180.000 millones de euros en deudas. Pese al parón económico que han supuesto –y aún suponen– las medidas anti-COVID-19, ese endeudamiento está permitiendo a la economía encajar el envite económico de la pandemia mejor que otros países de su entorno.
"Debido a la pandemia, estamos en un buen momento para endeudarse", dice a elDiario.es Michael C. Burda, profesor de economía de la Universidad Humboldt de Berlín. "En este nuevo mundo que tenemos ante nosotros, al menos temporalmente, vamos a tener más gasto en sanidad. Además, hay que ocuparse de toda esa gente que no tiene trabajo. Lo que se está haciendo en realidad es invertir en el futuro de la economía", añade.
En 2020, la economía alemana cayó un 5%, según los datos presentados esta semana por el ministro de Economía, el también conservador Peter Altmaier. Ese porcentaje es menor a lo que inicialmente se esperaba. A mediados de 2020 se llegó a indicar que la caída del PIB teutón sería de hasta un 6,3%. Es decir, iba a registrarse el peor hundimiento económico en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Haberse olvidado de las deudas ha evitado ese escenario.
"Hay dos asuntos que debemos tener en cuenta para hacer frente a la deuda que estamos creando", reflexionaba el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una entrevista con elDiario.es, apuntando por donde podría ir el regreso a las reglas fiscales en la UE a partir de 2022-2023: "La primera fase es cómo estábamos antes de la crisis, el resultado de las políticas de los Estados miembros. Y luego tienes la segunda fase, que es la crisis del COVID-19 y la deuda que nos hemos visto obligados a generar colectivamente con el mandato de la Comisión. Y algunos dicen que podría llamarse deuda covid, que es la deuda de este momento, la deuda 2020-2021, una situación en la que tomamos una acción conjunta global para evitar la crisis, para proteger a las personas y creamos una deuda adicional. Es una deuda adicional que creamos juntos y hay que ver cuál sería su vencimiento, cómo afectaría a este o aquel país. Debemos asegurarnos de tener en cuenta esto".

¿Y si se cancelara la deuda de la COVID-19? Crece la presión en la UE para convertirla en inversiones

El BCE recibe presiones para cancelar la deuda creciente por la pandemia y que ese dinero pueda reinvertirse en los países deudores

Economists, public and institutional officials push for the European Central Bank – which holds 25% of the total debt of many EU countries – to absolve burgeoning Covid-19-related debt, in favour of a reinvestment in debtor countries

Public spending, bailouts for citizens and companies, subsidies for suspended contracts, health care expenditures – the Covid-19 pandemic is affecting global economies in peacetime as never before. As a result, the European Commission activated the general escape clause to permit a temporary deviation from normal Member State requirements, ensuring that during 2020 and 2021, countries are exempt from debt and deficit ceilings (60% and 3% of GDP, respectively), in order to sustain their economies with public funds. In parallel, the European Central Bank (ECB) plans to spend at least 1.85 trillion euros purchasing debts in the eurozone to alleviate risk premiums by the summer of 2022.
Taken together, this means that the ECB is amassing large volumes of debt, totalling between 25% and 30% of the accumulated debts of some countries, such as Spain, Italy, France and Germany. In the past five years, the ECB has bought around 3 trillion euros in public sector bonds in an attempt to boost inflation in the eurozone, and more recently, to keep credit rates cheap in the face of the coronavirus pandemic.
Of the manifesto’s approximately 100 signatories, the majority are from France, and also comprise economists from Germany, Italy, Ireland, Luxembourg, Belgium, Switzerland, Sweden, Greece and Portugal, as well as around 20 economists from Spain. Signatories include Thomas Piketty, Associate Chair at the Paris School of Economics; Nacho Álvarez, Secretary of State for the 2030 Agenda; Cristina Narbona, President of the Spanish Socialist Workers’ Party; Jorge Fabra, President of Economistas Frente a la Crisis (Economists Facing the Crisis); Manuel Escudero, President of the OECD Development Centre; Jordi Sevilla, Former Minister of Spain; José Moisés Martín Carretero; Manolo Garí and Daniel Albarracín.
All signatories supported an article published last Friday in several European media outlets – Le Monde (France), El País (Spain), La Libre Belgique, Der Freitag (Germany), and Avvenire (Italy) – which argued that, because 25% of the countries’ total debts are owed to themselves as debt in the hands of the ECB (and therefore, of the Eurosystem), the debt should be cancelled and replaced by investments.
President of the European Parliament David Sassoli has himself said that debt cancellation is "an interesting working hypothesis".
While public debt has risen sharply to protect households and businesses, "citizens are discovering, some with much shock, that about 25% of the European debt is now held by their own central bank." These economists point out: "We owe ourselves 25% of our own debt. And if we are to reimburse that amount, we must find it elsewhere, either by borrowing it again to roll over the debt instead of borrowing to invest, or by raising taxes or cutting spending."
The cancellation of public debts or their transformation into perpetual interest-free debts would be made in exchange for a commitment by states to "use the money-making power of the ECB to finance ecological and social reconstruction". "These amounts currently add up to almost 2.5 trillion euros," according to the cited text.
The signatories state that "cancellation is not explicitly prohibited by European treaties" and that "history has shown countless times that petty legal issues fade away in front of robust political deals."
Concerned about a possible return of austerity policies involving public debt reductions such as those carried out from 2015 until the onset of the Covid-19 crisis, the academics also call for "a new European governance, in particular through a transition to qualified majority-voting in tax matters".
The reaction from the ECB has been harsh. On Friday ECB Vice-President Luis de Guindos stated: "Debt cancellation is illegal according to the treaties. But I would like to point out that it is not merely a legal issue, and not only that it goes against the treaties. Debt cancellation makes no economic or financial sense whatsoever."
This statement generated a swift response on Twitter by the Spanish Minister of Inclusion, Social Security and Migration José Luis Escrivá.
According to De Guindos, "this debate on debt cancellation is harmful, because in the end, governments would not gain much, while the reputation, credibility, and independence of central banks would be greatly affected."
Christine Lagarde, President of the European Central Bank, closed the door a few days ago to questions from MEPs: "I don’t even ask myself the question. It’s as simple as that, because anything along those lines would simply be a violation of the Treaty. The ECB operates under the Treaty. There’s Article 123 of the Treaty, which prohibits that kind of approach, and I respect the Treaty. Period!"
However, as Daniel Fuentes Castro, Head of Macroeconomic and Financial Policies of the Spanish Government, recalls in a Twitter thread, debt cancellations have been a constant in history after major crises or catastrophes, such as in France in 1797, the United Kingdom between 1815 and 1914, Germany in 1919, and Germany, France and the United Kingdom in 1945.
As Fuentes Castro explains with data from Capital and Ideology (Piketty, 2019), "The law of 30 September 1797 consolidated one-third of the debt, while the remaining two-thirds were paid in bearer bonds. Taxes and inflation did the rest: the debt fell from 90% of national income in 1797 to 20% in 1815."
After the Napoleonic Wars, debt rose in the UK to over 200% of national income. Explains Fuentes Castro: "To reduce debt by accumulating primary surpluses, the British had to spend, on average, between 2% and 3% of their annual national income on debt and interest payments for a century, at a time when income was at its 10% and less than 1% was spent on education. Despite GDP growth of over 2% a year for those 100 years, the debt was still 150% in 1850 and 70% in 1914. Was that the best the UK could have done with those resources?".
Another example: the war reparations set out in the 1919 Treaty of Versailles shot Germany's debt to around 350% of national income. "At an interest rate of 4%, interest payments alone would have meant that Germany would have transferred about 15% of its national output each year during the 1920s and 1930s without even being able to begin to repay its debt. In 1931, in the midst of the Great Depression, German debts were cancelled, abandoning any prospect of repayment", the economist reflects.
After World War II, the debt was expeditiously reduced: France went from 273% of income in 1944 to 47% in 1948, Germany from 183% in 1944 to 33% in 1948. But how? "In France, an exceptional tax on wealth was applied in 1945, but above all, inflation exceeded 50% per year for four years, between 1945 and 1948, and inflation mechanically reduced the public debt, but ruined millions of small savers and condemned the elderly to poverty in the 1950s", states Fuentes Castro. He continues: "Germany, traumatized by the hyperinflation of the 1920s, introduced progressive and exceptional taxes on private property, some of which remained in place until the 1980s. Germany also benefited from the suspension of its foreign debt at the London Conference of 1953, which was definitively cancelled in 1991. In the case of the United Kingdom, inflation was lower than in Germany and France, which explains why its debt remained high during the 1950s to 1970s."
"In conclusion," he says, "it is possible to reduce the debt ratio in different ways, but only real GDP growth does it 'at zero cost'. The accumulation of primary surpluses is a necessary condition, but not sufficient, and implies an opportunity cost. Inflation is a drastic and effective mechanism to reduce the debt ratio, but it generates a distributional conflict, which is at the mercy of prices, impoverishing low incomes in particular. Defaults deteriorate the credibility of the State and break the balance of legitimacy between creditors and debtors. Cancellations or write-offs are part of history and go beyond financial logic: political and/or social criteria take precedence. In the Covid-19 crisis, there is life beyond Eurobonds, the implementation of which would be beneficial for the eurozone. But, sooner or later, we will have to get down to work to reduce the debt that we now require. In view of historical precedents, no one should be surprised that Europe will one day end up considering whether and how to proceed with a 'joint reduction of debts', with technical criteria that will not be exclusively financial. This is history."
The debt burden is something that troubles European leaders, given that the Commission has urged several countries (Belgium, France, Greece, Italy, Portugal and Spain) to beware of generating too much debt when approving their draft budget plans – governments' responses to the pandemic will rack up 1.5 trillion euros of additional debt, pushing the eurozone's sovereign debt above the size of the EU economy this year for the very first time.
According to a report on debt sustainability published on Friday by the Commission, Spain is at "high risk", as are France, Italy, Portugal, Belgium and Romania, countries particularly harmed by the pandemic, in addition to Greece, the most indebted country in the EU.
A few days ago, Handelsblatt newspaper published an article that adds to the debate, particularly as it comes from Germany. Authored by the conservative Head of the Chancellery and Federal Minister for Special Affairs, Helge Braun, in the article entitled, "A Pact for Germany After the Pandemic", Braun states that "the debt brake will not be respected in the coming years, even if strict spending discipline is maintained." Thus, Braun alluded to the provision described in Article 115 of the German Constitution, according to which public deficits must be limited to 0.35% of nominal GDP. In other words, part of the German government does not see a return to fiscal rules as feasible in the short term.
The global pandemic has caused the German authorities to forget the debt limits for the time being. In 2020, for example, the German state took on 130 billion euros in debt. And this year, the Bundestag has already approved an additional debt of 180 billion euros. Despite the economic slowdown that the anti-Covid-19 measures have created – and still create – this indebtedness is nevertheless enabling the economy to cope with the economic impact of the pandemic better than other countries in the region.
"Because of the pandemic, we are in a good time to go into debt", asserted Michael C. Burda, Professor of Economics at Humboldt University in Berlin, speaking to elDiario.es. "In this new world that we find ourselves in, at least temporarily, we are going to have spend more on health care. On top of that, we have to take care of all the people who don't have jobs. What you're really doing is investing in the future of the economy", he added.
In 2020 the German economy fell by 5%, according to data presented this week by another conservative, the Federal Minister for Economic Affairs and Energy Peter Altmaier. However, that percentage is lower than initially expected. In mid-2020 it was projected that the fall of the German GDP could rise up to 6.3%. In other words, it would be the worst economic collapse in the country since the Second World War. But, absolving debts has thus far prevented that worst-case scenario.
"There are two issues that we must factor in to address the debt we are creating", said European Commissioner for Internal Market Thierry Breton, in an interview with elDiario.es. Outlining how the return of the fiscal rules in the EU from 2022-2023 would materialise, he states: "The first phase is how we were before the crisis, the result of the policies of the Member States. And then you have the second phase, which is the Covid-19 crisis and the debt that we have been forced to generate collectively with the mandate of the Commission. Some say it could be called "Covid debt", which is the debt of this moment, the 2020-2021 debt – a situation where, to protect people, we take global joint action to avoid the crisis, and we create additional debt. It is an additional debt that we create together, and we have to see its deadline, and how it would affect this or that country. We have to make sure that we take this into account."

What if Covid-19 Debt Was Cancelled? Pressure Grows in the EU to Convert Debt into Investments

ECB under pressure to write off rising pandemic debt so that funds can be reinvested in debtor countries

Οικονομολόγοι, δημόσιοι και θεσμικοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - η οποία κατέχει το 25% του συνολικού χρέους πολλών χωρών της ΕΕ - να συγχωρήσει το αυξανόμενο χρέος που σχετίζεται με τον Covid-19, υπέρ μιας νέας επένδυσης σε χώρες οφειλέτες

Κι αν διαγράφαμε το χρέος Covid-19; Αυξάνεται η πίεση στην ΕΕ για τη μετατροπή του χρέους σε επενδύσεις

Η ΕΚΤ βρίσκεται υπό πίεση να διαγράψει το αυξανόμενο πανδημικό χρέος, ώστε να επενδυθούν κεφάλαια στις χώρες οφειλέτες

Ekonomiści, urzędnicy państwowi i instytucjonalni naciskają na Europejski Bank Centralny - który posiada 25 proc. całkowitego zadłużenia wielu krajów UE - aby umorzył rosnące zadłużenie związane z Covid-19 na rzecz reinwestycji w krajach zadłużonych.

Wydatki publiczne, pomoce finansowe dla obywateli i przedsiębiorstw, dotacje do zawieszonych kontraktów, wydatki na opiekę zdrowotną - w czasie pokoju pandemia Covid-19 wpływa na światowe gospodarki jak nigdy dotąd. W związku z tym Komisja Europejska uruchomiła ogólną klauzulę korekcyjną, aby umożliwić tymczasowe odstępstwo od normalnych wymogów państw członkowskich, zapewniając, że w latach 2020 i 2021 kraje będą zwolnione z limitów zadłużenia i deficytu (odpowiednio 60 proc. i 3 proc. PKB), aby za pomocą środków publicznych podtrzymać swoje gospodarki. Równocześnie Europejski Bank Centralny (EBC) planuje wydać do lata 2022 roku co najmniej 1,85 bln euro na zakup długów w strefie euro, aby złagodzić premie za ryzyko.
W sumie oznacza to, że EBC gromadzi duże ilości długu, wynoszące od 25 proc. do 30 proc. skumulowanego zadłużenia niektórych krajów, takich jak Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy. W ciągu ostatnich pięciu lat EBC skupił około 3 bilionów euro w obligacjach sektora publicznego, próbując zwiększyć inflację w strefie euro, a ostatnio utrzymać niskie oprocentowanie kredytów w obliczu pandemii koronawirusa.
Spośród około 100 sygnatariuszy manifestu większość pochodzi z Francji, a ponadto są wśród nich ekonomiści z Niemiec, Włoch, Irlandii, Luksemburga, Belgii, Szwajcarii, Szwecji, Grecji i Portugalii, a także około 20 ekonomistów z Hiszpanii. Wśród sygnatariuszy są: Thomas Piketty, profesor nadzwyczajny Paris School of Economics; Nacho Álvarez, sekretarz stanu ds. Agendy 2030; Cristina Narbona, przewodnicząca Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej; Jorge Fabra, przewodniczący Economistas Frente a la Crisis (Ekonomiści w obliczu kryzysu); Manuel Escudero, przewodniczący Centrum Rozwoju OECD; Jordi Sevilla, były minister; José Moisés Martín Carretero; Manolo Garí i Daniel Albarracín.
Wszyscy sygnatariusze poparli artykuł opublikowany w zeszły piątek w kilku europejskich mediach - Le Monde (Francja), El País (Hiszpania), La Libre Belgique, Der Freitag (Niemcy) i Avvenire (Włochy) - w którym argumentowano, że ponieważ 25 proc. całkowitego zadłużenia państw członkowskich to dług wobec nich samych w rękach EBC (a więc Eurosystemu), należy go anulować i zastąpić inwestycjami.
Sam przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli powiedział, że anulowanie długu jest "interesującą hipotezą roboczą".
Podczas gdy dług publiczny gwałtownie wzrósł, aby chronić gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, "niektórzy obywatele są w szoku, gdy dowiadują się że około 25 proc. europejskiego długu jest obecnie w posiadaniu ich własnego banku centralnego." Ekonomiści podkreślają: "Sami jesteśmy sobie winni 25 proc. naszego własnego długu. I jeśli mamy zwrócić tę kwotę, musimy ją znaleźć gdzie indziej, albo pożyczając ją ponownie w celu refinansowania długu, zamiast pożyczać na inwestycje, albo podnosząc podatki lub tnąc wydatki."
Umorzenie długów publicznych lub ich przekształcenie w bezodsetkowe długi wieczyste miałoby nastąpić w zamian za zobowiązanie państw do "wykorzystania uprawnień EBC w dziedzinie polityki pieniężnej do finansowania odbudowy ekologicznej i społecznej". "Kwoty te sumują się obecnie do prawie 2,5 biliona euro" - czytamy w cytowanym tekście.
Sygnatariusze stwierdzają, że "anulowanie nie jest wyraźnie zabronione przez europejskie traktaty" i że "historia wiele razy pokazała, że drobne kwestie prawne bledną wobec solidnych politycznych porozumień".
Zaniepokojeni możliwym powrotem polityki oszczędnościowej polegającej na redukcji długu publicznego, takiej jak ta prowadzona od 2015 r. do wybuchu kryzysu Covid-19, akademicy wzywają również do "nowego europejskiego zarządzania, w szczególności poprzez przejście na głosowanie większością kwalifikowaną w sprawach podatkowych".
Reakcja EBC była ostra. W piątek wiceprezes EBC Luis de Guindos oświadczył: "Umorzenie długu jest nielegalne w rozumieniu traktatów. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jest to tylko kwestia prawna i nie tylko dlatego, że jest to sprzeczne z traktatami. Umorzenie długu nie ma żadnego sensu ekonomicznego ani finansowego".
Wypowiedź ta wywołała szybką reakcję na Twitterze hiszpańskiego ministra ds. integracji, ubezpieczeń społecznych i migracji José Luisa Escrivá.
Według De Guindosa "debata na temat anulowania długów jest szkodliwa, ponieważ w ostatecznym rozrachunku rządy niewiele by zyskały, natomiast reputacja, wiarygodność i niezależność banków centralnych zostałyby mocno nadszarpnięte."
Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, kilka dni temu zamknęła dyskusję z europosłami: "Nawet nie zadaję sobie tego pytania. Jest to tak proste, ponieważ wszystkie idące w tym kierunku działania byłyby po prostu naruszeniem traktatu. EBC działa na mocy traktatu. Artykuł 123 Traktatu zabrania tego rodzaju podejścia, a ja szanuję Traktat. I kropka!"
Jednak, jak przypomina w poście na Twitterze Daniel Fuentes Castro, szef polityki makroekonomicznej i finansowej hiszpańskiego rządu, w historii po wielkich kryzysach lub katastrofach anulowanie wielokrotnie anulowano długi, jak we Francji w 1797 roku, w Wielkiej Brytanii w latach 1815-1914, w Niemczech w 1919 roku, a także w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii w 1945 roku.
Jak wyjaśnia Fuentes Castro, posługując się danymi z Capital and Ideology (Piketty, 2019), "Ustawa z 30 września 1797 roku skonsolidowała jedną trzecią długu, podczas gdy pozostałe dwie trzecie zostały spłacone w obligacjach na okaziciela. Podatki i inflacja dokonały reszty: dług spadł z 90 proc. dochodu narodowego w 1797 roku do 20 proc. w 1815 roku."
Po wojnach napoleońskich zadłużenie w Wielkiej Brytanii wzrosło do ponad 200 proc. dochodu narodowego. "Aby zmniejszyć zadłużenie poprzez akumulację nadwyżek pierwotnych, Brytyjczycy przez sto lat musieli wydawać średnio od 2 proc. do 3 proc. rocznego dochodu narodowego na spłatę długu i odsetek, w czasie gdy dochód wynosił 10 proc., a na edukację wydawano mniej niż 1 proc. Pomimo wzrostu PKB o ponad 2 proc. rocznie przez te 100 lat, dług nadal wynosił 150 proc. w 1850 roku i 70 proc. w 1914 roku. Czy to było najlepsze, co Wielka Brytania mogła zrobić z tymi zasobami?" zastanawia się Fuentes Castro.
Inny przykład: określone w Traktacie Wersalskim z 1919 roku reparacje wojenne nakręciły zadłużenie Niemiec do około 350 proc. dochodu narodowego. "Przy stopie procentowej 4 proc., same płatności odsetkowe oznaczałyby, że w latach 20-tych i 30-tych Niemcy przekazywałyby na spłatę około 15 proc. swojej produkcji narodowej każdego roku, nie będąc nawet w stanie zacząć spłacać długu. W 1931 roku, w samym środku Wielkiego Kryzysu, niemieckie długi zostały anulowane przy rezygnacji z jakiejkolwiek perspektywy spłaty" - wyjaśnia ekonomista.
Po II wojnie światowej zadłużenie zostało szybko zredukowane: Francja przeszła z zadłużenia wynoszącego 273 proc. dochodu w 1944 roku do 47 proc. w 1948 roku, Niemcy z 183 proc. w 1944 roku do 33 proc. w 1948 roku. Ale jak? "We Francji w 1945 r. zastosowano wyjątkowy podatek od bogactwa, ale przede wszystkim inflacja przekraczała 50 proc. rocznie przez cztery lata, między 1945 a 1948 r. Inflacja mechanicznie zmniejszyła dług publiczny, ale pożarła skromne oszczędności milionów osób i w latach 50-tych skazała osoby starsze na ubóstwo", stwierdza Fuentes Castro. Kontynuuje: "Straumatyzowane przez hiperinflację lat 20-tych Niemcy wprowadziły progresywne i wyjątkowe podatki od własności prywatnej, z których część pozostała w mocy aż do lat 80-tych. Na konferencji londyńskiej w 1953 roku Niemcy skorzystały również z zawieszenia zadłużenia zagranicznego, które zostało ostatecznie anulowane w 1991 roku. W przypadku Wielkiej Brytanii inflacja była niższa niż w Niemczech i Francji, co wyjaśnia, dlaczego dług tego kraju pozostawał wysoki w latach 50. i 70."
"Podsumowując" mówi "możliwe jest zmniejszenie wskaźnika zadłużenia na różne sposoby, ale tylko realny wzrost PKB czyni to 'po zerowych kosztach'. Akumulacja nadwyżek pierwotnych jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym i pociąga za sobą koszt alternatywny. Inflacja jest drastycznym i skutecznym mechanizmem obniżania wskaźnika zadłużenia, ale generuje konflikt dystrybucyjny, który jest na łasce cen, zubażając w szczególności osoby o niskich dochodach. Niewypłacalność pogarsza wiarygodność państwa i narusza równowagę legitymizacji między wierzycielami a dłużnikami. Anulowanie lub umorzenie zobowiązań jest rozwiązaniem historycznym i wykracza poza logikę finansową: pierwszeństwo mają kryteria polityczne i/lub społeczne. W kryzysie Covid-19 istnieje życie poza euroobligacjami, których wdrożenie byłoby korzystne dla strefy euro. Ale prędzej czy później będziemy musieli zabrać się do pracy, aby zmniejszyć zadłużenie, którego obecnie potrzebujemy. W świetle historycznych precedensów nikt nie powinien być zaskoczony, że pewnego dnia Europa w końcu rozważy, czy i jak przystąpić do "wspólnej redukcji długów", z kryteriami technicznymi, które nie będą wyłącznie finansowe. Taka jest historia."
Obciążenie długiem jest czymś, co niepokoi europejskich przywódców, biorąc pod uwagę, że Komisja wezwała kilka krajów (Belgię, Francję, Grecję, Włochy, Portugalię i Hiszpanię), aby uważały na generowanie zbyt dużego długu podczas zatwierdzania projektów planów budżetowych - reakcje rządów na pandemię spowodują nagromadzenie 1,5 biliona euro dodatkowego długu, co sprawi, że dług państwowy strefy euro po raz pierwszy w tym roku przekroczy wartość gospodarki UE.
Według raportu na temat zdolności obsługi zadłużenia, opublikowanego w piątek przez Komisję, Hiszpania znajduje się w grupie "wysokiego ryzyka", podobnie jak Francja, Włochy, Portugalia, Belgia i Rumunia, kraje szczególnie dotknięte pandemią, a także Grecja, najbardziej zadłużony kraj UE.
Kilka dni temu gazeta Handelsblatt opublikowała artykuł, który wnosi do debaty dodatkowy element, zwłaszcza że pochodzi z Niemiec. W artykule zatytułowanym "Pakt dla Niemiec po pandemii", autorstwa konserwatywnego szefa Urzędu Kanclerskiego i federalnego ministra ds. specjalnych Helge Brauna, Braun stwierdza, że "hamulec zadłużenia nie będzie przestrzegany w najbliższych latach, nawet jeśli utrzymana zostanie ścisła dyscyplina wydatków". Tym samym Braun nawiązał do zapisu opisanego w artykule 115 niemieckiej konstytucji, zgodnie z którym deficyt publiczny musi być ograniczony do 0,35 proc. nominalnego PKB. Innymi słowy, część niemieckiego rządu nie widzi powrotu do reguł fiskalnych jako realnego w krótkim terminie.
Światowa pandemia sprawiła, że niemieckie władze na razie zapomniały o limitach zadłużenia. Na przykład w 2020 roku niemieckie państwo zadłużyło się na 130 mld euro. A w tym roku Bundestag zatwierdził już dodatkowe zadłużenie w wysokości 180 mld euro. Mimo spowolnienia gospodarczego, jakie wywołały - i nadal wywołują - działania anty-Covid-19, zadłużenie pozwala jednak gospodarce lepiej niż gospodarkom innych krajów regionu radzić sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii.
"Pandemia sprawia, że to dobry moment, aby się zadłużać", zapewnia Michael C. Burda, profesor ekonomii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w rozmowie z elDiario.es. "W tym nowym świecie, w którym się znaleźliśmy, przynajmniej tymczasowo, będziemy musieli wydawać więcej na opiekę zdrowotną. Poza tym musimy zadbać o wszystkie osoby, które nie mają pracy. To, co naprawdę robimy, to inwestowanie w przyszłość gospodarki" - dodał.
W 2020 roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 5 proc., wynika z danych przedstawionych w tym tygodniu przez innego konserwatystę, federalnego ministra gospodarki i energii Petera Altmaiera. Odsetek ten jest jednak niższy niż początkowo oczekiwano. W połowie 2020 roku przewidywano, że spadek niemieckiego PKB może wzrosnąć nawet do 6,3 proc. Innymi słowy, byłaby to największa zapaść gospodarcza w tym kraju od czasów II wojny światowej. Ale umorzenie długów jak dotąd zapobiegło temu najgorszemu scenariuszowi.
"Istnieją dwie kwestie, które musimy wziąć pod uwagę, aby rozwiązać problem długu, który tworzymy" - powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton w wywiadzie dla elDiario.es. Nakreślając, jak zmaterializowałby się powrót zasad fiskalnych w UE od 2022-2023 roku, stwierdza: "Pierwsza faza to sytuacja przed kryzysem, wynik polityki państw członkowskich. Druga faza to kryzys Covid-19 i zadłużenie, które wspólnie byliśmy zmuszeni wygenerować, za przyzwoleniem Komisji. Niektórzy mówią, że można by go nazwać "długiem Covid", czyli długiem chwili obecnej, długiem na lata 2020-2021 - sytuacją, w której, aby chronić ludzi, w celu uniknięcia kryzysu podejmujemy globalnie wspólne działania i tworzymy dodatkowy dług. Jest to dodatkowy dług, który tworzymy wspólnie, i musimy przewidzieć jego koniec oraz to, jak wpłynie na ten czy inny kraj. Musimy się upewnić, że bierzemy to pod uwagę".

Co by było, gdyby dług Covid-19 został anulowany? W UE rośnie presja na zamianę długu na inwestycje

EBC jest pod presją, by umorzyć rosnący dług spowodowany pandemią, tak by środki mogły być reinwestowane w krajach zadłużonych.

Un manifeste publié par des économistes et des responsables politiques presse la BCE d'annuler la dette liée à la pandémie, afin de favoriser l'investissement dans les pays débiteurs.

Dépenses publiques, renflouements des citoyens et des entreprises, subventions pour les contrats suspendus, dépenses de santé - la pandémie de Covid-19 bouleverse les économies mondiales comme jamais auparavant en temps de paix. Aussi la Commission européenne a-t-elle activé la clause de sauvegarde générale pour permettre une dérogation temporaire aux exigences normales des États membres. Cette clause garantit qu'en 2020 et 2021, les pays sont exemptés des plafonds de dette et de déficit (respectivement 60% et 3% du PIB), afin de pouvoir soutenir leurs économies avec des fonds publics. En parallèle, la Banque centrale européenne (BCE) prévoit de dépenser au moins 1,85 trillion d'euros pour acheter des dettes publiques dans la zone euro afin d'alléger les primes de risque d'ici l'été 2022.
Globalement, cela signifie que la BCE accumule des volumes importants de dettes, totalisant entre 25 et 30 % des dettes cumulées de certains pays, comme l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. Au cours des cinq dernières années, la BCE a acheté pour environ 3 000 milliards d'euros d'obligations du secteur public afin de stimuler l'inflation dans la zone euro et, plus récemment, de maintenir des taux de crédit bon marché face à la pandémie de coronavirus.
Sur les quelque 100 signataires du manifeste, la majorité vient de France et comprend également des économistes d'Allemagne, d'Italie, d'Irlande, du Luxembourg, de Belgique, de Suisse, de Suède, de Grèce et du Portugal, ainsi qu'une vingtaine d'économistes d'Espagne. Figurent notamment Thomas Piketty, président associé de l'École d'économie de Paris, Nacho Álvarez, secrétaire d'État pour l'Agenda 2030, Cristina Narbona, présidente du parti socialiste espagnol, Jorge Fabra, président d'Economistas Frente a la Crisis (Économistes face à la crise), Manuel Escudero, président du Centre de développement de l'OCDE, Jordi Sevilla, ancien ministre espagnol, José Moisés Martín Carretero, Manolo Garí et Daniel Albarracín.
Tous ont signé un article publié vendredi dernier dans plusieurs médias européens - Le Monde (France), El País (Espagne), La Libre Belgique, Der Freitag (Allemagne), et Avvenire (Italie) - proposant, comme 25% de la dette totale des pays est entre les mains de la BCE (et donc de l'Eurosystème, l'institution qui gère la zone euro), qu'elle soit annulée et transformée en investissements.&nbsp;
Le président du Parlement européen, David Sassoli, a lui-même déclaré que l'annulation de la dette était « une hypothèse de travail intéressante ».
Alors que la dette publique a fortement augmenté pour protéger les ménages et les entreprises, « Les citoyens découvrent, pour certains avec effarement, que près de 25 % de la dette publique européenne sont aujourd’hui détenus par leur Banque centrale. » Ces économistes soulignent : « Nous nous devons à nous-même 25 % de notre dette et si nous remboursons cette somme, nous devrons la trouver ailleurs, soit en réempruntant pour "rouler la dette" au lieu d’emprunter pour investir, soit en augmentant les impôts, soit en baissant les dépenses ».
L'annulation des dettes publiques ou leur transformation en dettes perpétuelles sans intérêt serait faite en échange d'un engagement des États à se « servir du pouvoir de création monétaire de la BCE pour financer la reconstruction écologique et sociale ». « Ces montants s’élèvent aujourd’hui, pour l’ensemble de l’Europe, à près de 2 500 milliards d’euros », selon le manifeste.
Les signataires déclarent que « l'annulation n'est pas explicitement interdite par les traités européens » et que « l’histoire nous a maintes fois montré que les difficultés juridiques s’effacent devant les accords politiques. »
Préoccupés par un éventuel retour des politiques d'austérité impliquant des réductions de la dette publique comme celles menées de 2015 jusqu'à l'essor de la pandémie, les signataires du manifeste appellent également à « une nouvelle gouvernance européenne, notamment par le passage à la majorité qualifiée en matière fiscale ».
La réponse de la BCE ne s'est pas faite attendre et a été sèche. Vendredi, son vice-président, Luis de Guindos, a déclaré : « L'annulation de la dette est illégale selon les traités. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une question juridique, et que cela va à l'encontre des traités. L'annulation de la dette n'a aucun sens économique ou financier ».
Cette déclaration a suscité une réponse rapide sur Twitter du ministre espagnol de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá.
Selon M. De Guindos, « ce débat sur l'annulation de la dette est néfaste, car au bout du compte, les gouvernements n'y gagneraient pas beaucoup, tandis que la réputation, la crédibilité et l'indépendance des banques centrales seraient grandement affectées ».
De son côté, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a opposé une fin de non recevoir aux questions des députés européens : « Je ne me pose même pas la question. C'est aussi simple que cela, car tout ce qui va dans ce sens serait tout simplement une violation du traité. La BCE opère dans le cadre du Traité. L'article 123 du traité interdit ce genre d'approche et je respecte le traité. Point final ! »
Cependant, comme le rappelle Daniel Fuentes Castro, responsable des politiques macroéconomiques et financières du gouvernement espagnol, dans un fil de discussion sur Twitter, les annulations de dettes ont été une constante dans l'histoire après des crises ou des catastrophes majeures, comme en France en 1797, au Royaume-Uni entre 1815 et 1914, en Allemagne en 1919, et en Allemagne, France et Royaume-Uni en 1945.
S'appuyant des données de Capital et de l'Idéologie (Piketty, 2019), M. Fuentes Castro rappelle que « la loi du 30 septembre 1797 a consolidé un tiers de la dette, tandis que les deux tiers restants ont été payés en titres au porteur. Les impôts et l'inflation ont fait le reste : la dette est passée de 90 % du revenu national en 1797 à 20 % en 1815 ».
Après les guerres napoléoniennes, la dette a augmenté au Royaume-Uni pour atteindre plus de 200 % du revenu national. Selon M. Fuentes Castro, « pour réduire la dette en accumulant des excédents primaires, les Britanniques ont dû consacrer, en moyenne, entre 2 et 3 % de leur revenu national annuel au paiement de la dette et des intérêts pendant un siècle, à une époque où le revenu était de 10 % et où moins de 1 % était consacré à l'éducation. Malgré une croissance du PIB supérieure à 2 % par an pendant ces 100 ans, la dette était encore de 150 % en 1850 et de 70 % en 1914. Le Royaume-Uni n'aurait-il pas pu faire mieux avec ces ressources ? »
Autre exemple : les réparations de guerre prévues dans le traité de Versailles de 1919 ont fait passer la dette de l'Allemagne à environ 350 % du revenu national. « Avec un taux d'intérêt de 4 %, le seul paiement des intérêts aurait signifié que l'Allemagne aurait transféré environ 15 % de son produit national chaque année pendant les années 1920 et 1930 sans même pouvoir commencer à rembourser sa dette. En 1931, pendant la Grande Dépression, les dettes allemandes ont été annulées, abandonnant toute perspective de remboursement », rappelle l'économiste.
Après la Seconde Guerre mondiale, la dette a été rapidement réduite : celle de la France est passée de 273% des revenus en 1944 à 47% en 1948, celle de l'Allemagne de 183% en 1944 à 33% en 1948. Comment ? « En France, un impôt exceptionnel sur la fortune a été appliqué en 1945, mais surtout, l'inflation a dépassé 50 % par an pendant quatre ans, entre 1945 et 1948, réduisant mécaniquement la dette publique, mais ruinant des millions de petits épargnants et condamnant les personnes âgées à la pauvreté dans les années 50 », explique M. Fuentes Castro. « L'Allemagne, traumatisée par l'hyperinflation des années 1920, a introduit des taxes progressives et exceptionnelles sur la propriété privée, dont certaines sont restées en vigueur jusqu'aux années 80, poursuit l'économiste. L'Allemagne a également bénéficié de la suspension de sa dette extérieure lors de la conférence de Londres de 1953, et qui a été définitivement annulée en 1991. Dans le cas du Royaume-Uni, l'inflation a été plus faible qu'en Allemagne et en France, ce qui explique que sa dette soit restée élevée pendant les années 1950 à 1970 ».
« En conclusion, dit-il, il est possible de réduire le taux d'endettement de différentes manières, mais seule la croissance du PIB réel le fait "à coût zéro". L'accumulation d'excédents primaires est une condition nécessaire, mais non suffisante, et implique un coût d'opportunité. L'inflation est un mécanisme drastique et efficace pour réduire le taux d'endettement, mais elle génère un conflit de répartition, qui est à la merci des prix, appauvrissant notamment les faibles revenus. Les défaillances détériorent la crédibilité de l'État et rompent l'équilibre de la légitimité entre créanciers et débiteurs. Les annulations ou les amortissements font partie de l'histoire et dépassent la logique financière : les critères politiques et/ou sociaux priment. Dans la crise de la Covid-19, il y a une vie au-delà des euro-obligations, dont la mise en œuvre serait bénéfique pour la zone euro. Mais, tôt ou tard, nous devrons nous mettre au travail pour réduire la dette dont nous avons maintenant besoin. Au vu des précédents historiques, personne ne devrait s'étonner que l'Europe finisse un jour par se demander si et comment procéder à une "réduction commune des dettes", avec des critères techniques qui ne seront pas exclusivement financiers. C'est l'histoire ».
Le fardeau de la dette inquiète les dirigeants européens, car la Commission a exhorté plusieurs pays (Belgique, France, Grèce, Italie, Portugal et Espagne) à prendre garde à ne pas trop s'endetter lorsqu'ils approuvent leurs projets de budget. Les mesures prises par les gouvernements pour faire face à la pandémie entraîneront une augmentation de la dette de 1 500 milliards d'euros, ce qui, pour la première fois cette année, fera passer la dette souveraine de la zone euro au-dessus, en taille, de l'économie européenne.
Selon un rapport sur la viabilité de la dette publié vendredi par la Commission, l'Espagne présente un « haut risque », tout comme la France, l'Italie, le Portugal, la Belgique et la Roumanie, pays particulièrement touchés par la pandémie, outre la Grèce, le pays le plus endetté de l'UE.
Il y a quelques jours, le journal Handelsblatt a publié un article intitulé « Un pacte pour l'Allemagne après la pandémie » qui ajoute au débat, notamment parce qu'il vient d'Allemagne. Son auteur, le directeur conservateur de la chancellerie et ministre fédéral des Affaires spéciales, Helge Braun, assure que « le frein à l'endettement ne sera pas respecté dans les années à venir, même si une discipline stricte en matière de dépenses est maintenue ». Ainsi, M. Braun fait allusion à la disposition décrite dans l'article 115 de la Constitution allemande, selon laquelle les déficits publics doivent être limités à 0,35% du PIB nominal. En d'autres termes, une partie du gouvernement allemand ne considère pas qu'un retour aux règles budgétaires soit possible à court terme.
La pandémie a fait oublier aux autorités allemandes les objectifs de limitation de la dette pour le moment. En 2020, par exemple, l'État allemand a contracté une dette de 130 milliards d'euros. Et cette année, le Bundestag a déjà approuvé une dette supplémentaire de 180 milliards d'euros. Malgré le ralentissement économique que les mesures anti-Covid-19 ont créé - et créent encore - cet endettement permet néanmoins à l'économie de mieux faire face à l'impact économique de la pandémie que les autres pays de la région.
« En raison de la pandémie, nous sommes dans une bonne période pour nous endetter », estime Michael C. Burda, professeur d'économie à l'université Humboldt de Berlin, interrogé par elDiario.es. « Dans ce nouveau monde dans lequel nous nous trouvons, au moins temporairement, nous allons devoir dépenser plus pour les soins de santé. En outre, nous devons prendre soin de tous ceux qui n'ont pas d'emploi. Ce que vous faites réellement, c'est investir dans l'avenir de l'économie », a-t-il ajouté.
En 2020, l'économie allemande a chuté de 5 %, selon les données présentées cette semaine par un autre conservateur, le ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Peter Altmaier. Toutefois, ce pourcentage est inférieur aux prévisions initiales. À la mi-2020, il était prévu que la chute du PIB allemand atteigne 6,3 %. En d'autres termes, cela aurait été le pire effondrement économique du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'effacement des dettes a jusqu'à présent permis d'éviter ce scénario catastrophe.
« Il y a deux questions que nous devons prendre en compte pour faire face à la dette que nous créons », soutient le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton. Dans une interview à elDiario.es, il explique comment le retour des règles fiscales dans l'UE de 2022-2023 se concrétisera : « La première phase est celle de l'état dans lequel nous étions avant la crise, résultat des politiques des États membres. Et puis vous avez la deuxième phase, qui est la crise de la Covid-19 et la dette que nous avons été obligés de générer collectivement avec le mandat de la Commission. Certains disent qu'on pourrait l'appeler "dette Covid", qui est la dette de ce moment, la dette 2020-2021 - une situation où, pour protéger les gens, nous prenons des mesures conjointes au niveau mondial pour éviter la crise, et nous créons une dette supplémentaire. C'est une dette supplémentaire que nous créons ensemble, et nous devons voir son échéance, et comment elle affecterait tel ou tel pays. Nous devons nous assurer que nous en tenons compte ».

Et si la « dette Covid » était annulée ?

Pour favoriser l'investissement dans les pays endettés, un manifeste presse la BCE d'effacer la dette liée à la Covid-19.

In einem internationalen offenen Brief drängen Ökonomen und Vertreterinnen öffentlicher und privater Institutionen darauf, dass die Europäische Zentralbank, bei der 25 Prozent der Gesamtschulden vieler EU-Länder liegen, die ausufernden pandemiebedingten Schulden erlässt – zugunsten einer Reinvestition in die Schuldnerländer.

Öffentliche Ausgaben, Rettungsmaßnahmen für Individuen oder ganze Unternehmen, Subventionen für ausgesetzte Verträge, die Aufwendungen für das Gesundheitswesen – in Friedenszeiten hat nie zuvor eine Krise die Weltwirtschaft so sehr belastet, wie die durch Covid-19 verursachte. Als Reaktion aktivierte die Europäische Kommission die allgemeine Ausweichklausel, um den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, vorübergehend von den normalen Anforderungen abzuweichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Länder in den Jahren 2020 und 2021 von den Schulden- und Defizitobergrenzen (60 bzw. 3 Prozent des BIP) befreit sind, und so ihre Wirtschaft mit öffentlichen Mitteln aufrechterhalten zu können. Parallel dazu plant die Europäische Zentralbank (EZB), bis zum Sommer 2022 mindestens 1,85 Billionen Euro für den Ankauf von Schulden in der Eurozone auszugeben, um die Risikoprämien zu senken.
Zusammengenommen heißt das, dass die EZB so große Mengen an Schulden anhäuft, dass sie insgesamt zwischen 25 und 30 Prozent der aufgelaufenen Schulden einiger Länder, wie Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, ausmachen. In den letzten fünf Jahren hat die EZB rund drei Billionen Euro an Anleihen des öffentlichen Sektors gekauft, um die Inflation in der Eurozone anzuregen, und in jüngster Zeit, um die Kreditzinsen angesichts der Corona-Pandemie günstig zu halten.
Von den rund 100 Personen, die einen offenen Brief dazu unterzeichnet haben, stammt die Mehrheit aus Frankreich; außerdem sind Ökonomen aus Deutschland, Italien, Irland, Luxemburg, Belgien, der Schweiz, Schweden, Griechenland und Portugal, sowie rund 20 Ökonomen aus Spanien darunter. Zu den Unterzeichnenden gehören Thomas Piketty, Beirat an der Paris School of Economics; Nacho Álvarez, Staatssekretär für die Agenda 2030; Cristina Narbona, Präsidentin der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens; Jorge Fabra, Präsident von Economistas Frente a la Crisis (Ökonomen stellen sich der Krise); Manuel Escudero, Präsident des OECD-Entwicklungszentrums; Jordi Sevilla, ehemaliger Minister Spaniens, sowie José Moisés Martín Carretero; Manolo Garí und Daniel Albarracín.
Der Aufruf ist letzten Freitag in mehreren europäischen Medien erschienen – Le Monde (Frankreich), El País (Spanien), La Libre Belgique, Der Freitag (Deutschland) und Avvenire (Italien) – und schlägt vor: Weil 25 Prozent der Gesamtschulden der Länder als Schulden in den Händen der EZB (und damit des Eurosystems selbst) liegen, sollten diese Schulden gestrichen und durch Investitionen ersetzt werden.
Auch der Präsident des Europäischen Parlaments David Sassoli sagte, dass ein Schuldenerlass "eine interessante Arbeitshypothese" sei.
Während die Staatsverschuldung zum Schutz der Privathaushalte und Unternehmen stark angestiegen ist, "stellen die europäischen Bürgerinnen und Bürger teils mit Bestürzung fest, dass fast 25 Prozent der europäischen Schulden jetzt von ihrer eigenen Zentralbank gehalten werden", so die Ökonomen im Aufruf. "25 Prozent unserer Schulden leihen wir mit anderen Worten bei uns selbst. Und wenn wir diesen Betrag zurückerstatten wollen, müssen wir dieses Geld woanders finden: Entweder, indem wir im Rahmen einer Umschuldung erneut Kredite aufnehmen, um die alten Schulden abzuzahlen anstatt zu investieren, indem wir Steuern erhöhen, oder indem wir die Ausgaben senken."
Die Streichung der Staatsschulden oder ihre Umwandlung in fortwährend zinslose Schulden würde im Gegenzug für eine Verpflichtung der Staaten erfolgen, "die Möglichkeit der Geldschöpfung durch die EZB zu nutzen, um den ökologischen und sozialen Wiederaufbau zu finanzieren". "Diese Beträge belaufen sich europaweit heute auf fast 2,5 Billionen Euro", heißt es in dem Text.
Die Unterzeichnenden stellen fest, dass "ein Schuldenerlass in den EU-Verträgen gesetzlich nicht ausdrücklich verboten ist", und dass "die Geschichte immer wieder gezeigt" habe, dass "wenn politische Einigungen getroffen werden" auch "rechtliche Schwierigkeiten" gelöst werden könnten. &nbsp;
Besorgt über eine mögliche Rückkehr der Austeritätspolitik zum Abbau öffentlicher Schulden, wie es sie von 2015 bis zum Ausbruch der Covid-19-Krise gegeben hatte, fordern die Wissenschaftler auch eine "neue europäische Politik, insbesondere durch einen Übergang zum Prinzip der qualifizierten Mehrheit in Steuerfragen".&nbsp;
Die EZB reagierte harsch. Am Freitag erklärte ihr Vizepräsident Luis de Guindos: "Laut den Verträgen ist ein Schuldenerlass illegal. Aber es ist nicht bloß eine rechtliche Frage, und nicht nur eine Verletzung der Verträge: Ein Schuldenerlass ergibt wirtschaftlich und finanziell überhaupt keinen Sinn."
Der spanische Minister für Integration, soziale Sicherheit und Migration José Luis Escrivá reagiert auf Twitter prompt auf diese Aussage.
De Guindos zufolge werde "diese Debatte über einen Schuldenerlass Schaden anrichten, weil die Regierungen am Ende nicht viel gewinnen würden, während der Ruf, die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit der Zentralbanken stark leiden würden."
EZB-Präsidentin Christine Lagarde wich den Fragen der Abgeordneten schlichtweg aus: "Ich stelle mir die Frage gar nicht. So einfach ist das, denn alles, was in diese Richtung geht, wäre einfach ein Verstoß gegen den Vertrag. Die EZB arbeitet gemäß dem Vertrag. Es gibt im Vertrag den Artikel 123, der diese Art von Vorgehen verbietet, und ich respektiere den Vertrag. Punkt!"
Wie Daniel Fuentes Castro, Leiter der Abteilung für makroökonomische und finanzielle Politik der spanischen Regierung, in einem Twitter-Thread in Erinnerung ruft, sind Schuldenerlasse jedoch eine Konstante in der Geschichte nach großen Krisen oder Katastrophen. Beispielsweise in Frankreich 1797, im Vereinigten Königreich zwischen 1815 und 1914, in Deutschland 1919, und in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich 1945.
Wie Fuentes Castro mit Daten aus Kapital und Ideologie (Piketty, 2019) erklärt: "Das Gesetz vom 30. September 1797 konsolidierte ein Drittel der Schulden, während die restlichen zwei Drittel in Inhaberschuldverschreibungen bezahlt wurden. Steuern und Inflation taten ihr Übriges: Die Schulden fielen von 90 Prozent des Nationaleinkommens im Jahr 1797 auf 20 Prozent im Jahr 1815."
Nach den Napoleonischen Kriegen stieg die Verschuldung in Großbritannien auf über 200 Prozent des Nationaleinkommens. Fuentes Castro erläutert: "Um die Schulden durch die Anhäufung von Primärüberschüssen zu reduzieren, mussten die Briten ein Jahrhundert lang im Durchschnitt zwischen zwei und drei Prozent ihres jährlichen Nationaleinkommens für Schulden und Zinszahlungen ausgeben. Und das zu einer Zeit, als das Einkommen zehn Prozent betrug und weniger als ein Prozent für Bildung ausgegeben wurde. Trotz eines BIP-Wachstums von über zwei Prozent pro Jahr in diesen 100 Jahren lag die Verschuldung 1850 noch bei 150 Prozent und 1914 bei 70 Prozent. War das die beste Möglichkeit, wie das Vereinigte Königreich mit diesen Ressourcen hätte umgehen können?"
Ein weiteres Beispiel: Die im Versailler Vertrag von 1919 festgelegten Kriegsreparationen ließen die Schulden Deutschlands auf rund 350 Prozent des Volkseinkommens ansteigen. "Bei einem Zinssatz von vier Prozent hätten allein die Zinszahlungen dazu geführt, dass Deutschland in den 1920er- und 1930er-Jahren jährlich etwa 15 Prozent seiner Wirtschaftsleistung abgeführt hätte, ohne seine Schulden auch nur ansatzweise zurückzahlen zu können. Im Jahr 1931, mitten in der Weltwirtschaftskrise, wurden die deutschen Schulden gestrichen und damit jede Aussicht auf Rückzahlung aufgegeben", so der Wirtschaftswissenschaftler.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Verschuldung zügig abgebaut: In Frankreich fiel sie von 273 Prozent des Nationaleinkommens im Jahr 1944 auf 47 Prozent im Jahr 1948, in Deutschland von 183 Prozent im Jahr 1944 auf 33 Prozent im Jahr 1948. Aber wie? "In Frankreich wurde 1945 eine außerordentliche Vermögenssteuer erhoben, aber vor allem war die Inflation vier Jahre lang, zwischen 1945 und 1948, über 50 Prozent pro Jahr. Sie reduzierte automatisch die Staatsverschuldung, ruinierte aber Millionen von Kleinsparer und verdammte die älteren Menschen in den 1950er-Jahren zur Armut", so Fuentes Castro. Und weiter: "Deutschland, traumatisiert von der Hyperinflation der 1920er-Jahre, führte progressive und außergewöhnliche Steuern auf Privateigentum ein, von denen einige bis in die 1980er-Jahre in Kraft blieben. Deutschland profitierte auch von der Aussetzung seiner Auslandsverschuldung auf der Londoner Konferenz von 1953, die 1991 endgültig gestrichen wurde. Im Falle des Vereinigten Königreichs war die Inflation niedriger als in Deutschland und Frankreich, was erklärt, warum seine Verschuldung in den 1950er- bis 1970er-Jahren hoch blieb."
"Zusammenfassend", so Fuentes Castro, sei es "möglich, die Schuldenquote auf verschiedene Arten zu reduzieren, aber nur das reale BIP-Wachstum erreicht das 'zum Nulltarif'. Die Akkumulation von Primärüberschüssen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung und impliziert Opportunitätskosten. Inflation ist ein drastischer und effektiver Mechanismus, um die Schuldenquote zu senken, aber sie erzeugt einen Verteilungskonflikt, der von den Preisen abhängt und besonders die Einkommensschwachen verarmen lässt. Zahlungsausfälle verschlechtern die Glaubwürdigkeit des Staates und stören das Gleichgewicht der Legitimität zwischen Gläubigern und Schuldnern. Erlasse oder Abschreibungen sind Teil der Geschichte und gehen über die finanzielle Logik hinaus: politische und/oder soziale Kriterien haben Vorrang. In der Covid-19-Krise gibt es eine Logik jenseits der Eurobonds, deren Umsetzung für die Eurozone von Vorteil wäre. Aber früher oder später werden wir uns an die Arbeit machen müssen, um die Schulden, die wir jetzt aufnehmen müssen, abzubauen. Angesichts historischer Präzedenzfälle sollte es niemanden überraschen, dass Europa eines Tages darüber nachdenken wird, ob und wie es mit einem "gemeinsamen Schuldenabbau" weitergehen soll, mit formalen Kriterien, die nicht ausschließlich finanzieller Natur sein werden. Das ist Geschichte."
Die Schuldenlast ist etwas, das die europäischen Staats- und Regierungschefs beunruhigt. Die Kommission hatte mehrere Länder (Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien) aufgefordert, bei der Verabschiedung ihrer Haushaltsentwürfe darauf zu achten, nicht zu viele Schulden zu machen. Die Maßnahmen der Regierungen gegen die Auswirkungen der Pandemie werden zusätzliche Schulden in Höhe von 1,5 Billionen Euro verursachen, wodurch die Staatsschulden der Eurozone in Summe in diesem Jahr zum ersten Mal die Größe der EU-Wirtschaft übersteigen werden.
Laut einem am Freitag von der Kommission veröffentlichten Bericht zur Schuldentragfähigkeit hat Spanien ein "hohes Risiko", ebenso wie Frankreich, Italien, Portugal, Belgien und Rumänien – alles Länder, die besonders von der Pandemie betroffen sind, zusätzlich zu Griechenland, dem am höchsten verschuldeten Land in der EU.
Vor ein paar Tagen veröffentlichte das Handelsblatt einen Artikel, der die Debatte weiter anheizte – zumal er aus Deutschland kommt. In dem Text mit dem Titel "Ein Plan für Deutschland nach Corona" des konservativen Kanzleramtschefs und Bundesministers für besondere Aufgaben, Helge Braun, heißt es, dass die Schuldenbremse in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten sei. Damit spielte Braun auf die in Artikel 115 des Grundgesetzes beschriebene Regelung an, wonach die öffentlichen Defizite auf 0,35 Prozent des nominalen BIP begrenzt werden müssen. Mit anderen Worten: Ein Teil der Bundesregierung sieht eine Rückkehr zu Haushaltsvorschriften kurzfristig nicht als machbar an.
Die weltweite Pandemie hat die deutschen Behörden dazu veranlasst, die Schuldengrenzen vorerst unbeachtet zu lassen. So nahm der deutsche Staat im Jahr 2020 130 Milliarden Euro Schulden auf. Und in diesem Jahr hat der Bundestag bereits eine zusätzliche Verschuldung von 180 Milliarden Euro beschlossen. Trotz der wirtschaftlichen Verlangsamung, die durch die Maßnahmen gegen die Pandemie entstanden ist – und noch entsteht –, ermöglicht diese Verschuldung der deutschen Wirtschaft dennoch, die Auswirkungen der Pandemie besser zu bewältigen, als andere Länder in der Region.
"Wegen der Pandemie ist es eine gute Zeit, um Schulden zu machen", behauptet Michael C. Burda, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität in Berlin, im Gespräch mit elDiario.es. "In dieser neuen Realität, in der wir uns befinden, werden wir zumindest vorübergehend mehr für die Gesundheitsversorgung ausgeben müssen. Darüber hinaus müssen wir uns um all die Menschen kümmern, die keine Arbeit haben. Im Grunde genommen investieren Sie damit in die Zukunft der Wirtschaft", fügte er hinzu.
Letztes Jahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um fünf Prozent, so die Daten, die diese Woche von einem weiteren Konservativen, dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, vorgestellt wurden. Dieser Prozentsatz ist jedoch niedriger als ursprünglich erwartet. Mitte 2020 wurde prognostiziert, dass der Rückgang des deutschen BIP auf bis zu 6,3 Prozent steigen könnte. Mit anderen Worten: Es wäre der schlimmste wirtschaftliche Einbruch in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch der Schuldenerlass hat dieses Worst-Case-Szenario bisher verhindert.
"Es gibt zwei Punkte, die wir berücksichtigen müssen, um die Schulden, die wir machen, anzugehen", sagte der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, in einem Interview mit elDiario.es. Er skizzierte, wie die Wiederaufnahme der Haushaltsvorschriften in der EU ab 2022–2023 aussehen könnte: "Die erste Phase ist der Zustand, in dem wir vor der Krise waren, das Ergebnis der Politik der Mitgliedsstaaten. Und dann haben Sie die zweite Phase, das ist die Covid-19-Krise und die Schulden, die wir mit dem Mandat der Kommission gezwungen waren, kollektiv zu tragen. Manche sagen, man könnte sie "Covid-Schulden" nennen – es sind die Schulden dieser aktuellen Zeit, die 2020-2021-Schulden, Schulden aus einer Situation, in der wir, um die Menschen zu schützen, globale gemeinsame Maßnahmen ergreifen, um die Krise zu vermeiden. Und deshalb zusätzliche Schulden machen. Es sind zusätzliche Schulden, die wir gemeinsam schaffen. Wir müssen sehen, wie wir sie begrenzen, und wie das dieses oder jenes Land betreffen würde. Wir müssen sicherstellen, dass wir das in Betracht ziehen."

Was, wenn die Covid-19-Schulden in Investitionen umgewandelt würden?

Ökonomen fordern die EZB auf, die wachsenden Pandemie-Schulden abzuschreiben. Die Mittel sollten lieber reinvestiert werden.

220301648 (1).jpg

Europa acumula retrasos en su campaña de vacunación mientras la Comisión Europea pugna con los laboratorios por hacerles cumplir sus plazos de entrega de acuerdo con unos contratos que permanecen secretos

Bruselas pidió a los Gobiernos llegar al 70% de adultos vacunados para el verano. Pero la propia Bruselas ha terminado reconociendo que, dadas las circunstancias, no será fácil, aun teniendo en cuenta que la estación de verano abarca tres meses. La Comisión Europea desembolsó 2.700 millones de euros para asegurarse las primeras vacunas, pero los laboratorios –Pfizer y AstraZeneca– están poniendo problemas con las entregas pactadas. La UE se ha comprometido a una estrategia colectiva, por la que el Ejecutivo comunitario cerraba acuerdos con las farmacéuticas para un reparto equitativo en función de la población. Pero los contratos firmados son secretos y se multiplican las sospechas sobre contratos paralelos y comportamientos desleales.
Este miércoles se reúne por tercera vez la Comisión Europea con AstraZeneca y representantes de los 27 gobiernos de la UE después de que el laboratorio anunciara el viernes que no iba a ser capaz de cumplir con los compromisos de entrega de vacunas contra la COVID-19. Y Bruselas no se fía y aumenta la presión, amenazando con "cualquier medida necesaria" –es decir, los tribunales– y anunciando reglas de transparencia sobre las exportaciones –es decir, sugiere que AstraZeneca ha vendido a otros países las vacunas destinadas a la UE: ¿Reino Unido?–. "No se trata de bloquear, sino de saber qué están haciendo los laboratorios para poder tomar las medidas adecuadas", ha afirmado este martes el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.
Pascal Soriot, CEO de AstraZeneca, explica en una entrevista con varios periódicos europeos: "Hay muchas reacciones sobre las vacunas en la UE. Pero es complicado, no es cierto que desviemos la vacuna de Europa a otros países para sacar beneficio". &nbsp;“Nuestro acuerdo no es un compromiso contractual como tal, básicamente dijimos que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos garantizar que vayamos a tener éxito", dice Soriot: "Europa quería ser abastecida más o menos al mismo tiempo que el Reino Unido a pesar de que el contrato se firmó tres meses después. Dijimos que lo intentaríamos, pero no podemos comprometernos contractualmente porque tenemos 3 meses de retraso". &nbsp;
Y la UE no se fía, y precisamente por el hecho de comprar para 450 millones de habitantes, con la ventaja de lograr precios competitivos, les hace sospechar que las vacunas han podido acabar en otros mercados, como el británico, que aprobó la vacuna de AstraZeneca el 30 de diciembre –la Agencia Europea del Medicamento prevé dar su visto bueno para este 29 de enero–. &nbsp;
Según algunas informaciones, Israel paga 47 dólares por dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, frente a los 19,50 que paga Estados Unidos y los 14,76 por dosis que paga Europa.
"La UE ha ayudado con grandes cantidades de dinero [2.700 millones] a la producción", ha dicho en el foro de Davos este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Europa ha invertido miles de millones en ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra la COVID-19 del mundo. Y ahora las empresas deben cumplir su parte, deben honrar sus compromisos. Por eso queremos un mecanismo de transparencia para las exportaciones. Europa está determinada a contribuir a este bien común mundial. Pero también es negocio".
Mientras tanto, este martes la directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cook, ha reconocido que en los estudios para evaluar la vacuna de AstraZeneca hay escaso porcentaje de población mayor, si bien ha defendido, sobre las nuevas variantes, que las vacunas actuales son efectivas, aunque con la sudafricana se necesita más información.
<h3>¿Contratos paralelos?</h3>
Además de las sospechas de la Comisión Europea sobre la deslealtad de los laboratorios, en algunos medios se han deslizado las sospechas de otras deslealtades: las de algunos países, como Alemania, al que se señala como posible comprador de vacunas al margen del contrato colectivo de la UE. La Comisión Europea niega la posibilidad.
"No he visto ningún contrato paralelo de los que tanto se ha rumoreado y no creo que lo vea. Es algo que en mi opinión no existe. En cualquier caso, lo que está claro es que las cantidades adquiridas para Europa van primero", ha dicho la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo comunitario, Sandra Gallina, ante las preguntas del Parlamento Europeo sobre supuestas compras por parte de Alemania, Dinamarca o Croacia al margen del procedimiento conjunto europeo. La directora general de la Comisión Europea ha asegurado estar "confundida" por noticias que apuntan a compras por parte de algunos Estados miembros, y afirmó que estos contratos "no son posibles", en parte porque "no hay viales sobrantes que se puedan adquirir en un contrato bilateral. Ahora es demasiado tarde para comprar dosis".
La propia Ursula von der Leyen ha rechazado la posibilidad de las compras paralelas: "Incluso las farmacéuticas prefieren tener un solo interlocutor para 450 millones de habitantes. Esta crisis ha demostrado que nos va mejor unidos".
Pero la sospecha no ha sido despejada del todo en Bruselas. Y a ello se suma que los contratos, precisamente, son secretos. <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">Solo se ha hecho público, y con tachones, el de Curevac</a>. Es más, al ser preguntado el portavoz de la Comisión Europea sobre si el contrato con AstraZeneca era similar al de Curevac, Mamer ha respondido: "No puedo hablar de ese contrato". Ni siquiera ha dicho si lo es o no. "No podemos responder cientos de veces a la misma pregunta", se ha quejado.
El eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares vio el contrato de Curevac durante 50 minutos en una sala habilitada para ello en la Comisión Europea, sin móvil, con párrafos tachados y con personal del Ejecutivo comunitario al lado. Días después, la propia Comisión hizo público ese contrato. Pero no el resto.
"Me parece bien que una empresa se haya abierto a este ejercicio de transparencia, me pregunto por qué otras no. Debería ser para todos los casos y situaciones", afirma el eurodiputado socialista en conversación con elDiario.es: "Te llevan a una sala, te piden que dejes el móvil y te dejan tomar notas".
González Casares explica que el contrato refleja que se "está comprando algo que aún no existe en el mercado, lo que da lugar a mucho tipo de salvaguardas y condicionalidades en el contrato, y que los países corren con riesgos".
Lo que también se aprecia en el contrato es que el abastecimiento se puede demorar o interrumpir por causas de fuerza mayor, algo que primero alegó Pfizer y luego AstraZeneca. De momento, Pfizer ha comunicado este martes que se pondrá al día a finales de semana, aunque inicialmente dijera que en febrero, según ha comunicado la Comisión Europea.
En todo caso, el precio de la dosis sale capado en el único contrato que ha publicado la Comisión Europea, para la que esta operación, inicialmente, era un caramelo porque se ve el papel de Europa, le da visibilidad a la Comisión Europea y le exime de gran parte de responsabilidad de la evaluación de la vacuna y las campañas de vacunación. Es más, el vicepresidente de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha afirmado sobre la estrategia de vacunas de la UE: "Es un avance histórico en la integración europea y el comienzo de una nueva era".
Hasta tal punto alimentaría la vacunación el capital político de la Comisión Europea si fuera bien, que la EMA evalúa y en horas el Ejecutivo comunitario da su visto bueno. Es más, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció cuándo empezaría la vacunación en la UE antes de que la propia EMA autorizara ninguna vacuna. Es decir, el Ejecutivo comunitario se siente muy liberado de responsabilidad... Salvo por los contratos negociados y firmados.
"Soy provacunas y defiendo el acuerdo de vacunas", afirma el eurodiputado socialista Nicolás González Casares: "Es fantástico que nos hayamos puesto todos de acuerdo, pero pedimos más transparencia".
Sobre lo que se conoce de los contratos, el grupo de La Izquierda en la Eurocámara (GUE/NGL), afirma: "La información esencial, como precios u horarios de entrega, está tachada, esto es denunciable. Pero aun así, hay una cláusula que afirma que la empresa será la única propietaria de la vacuna, aunque el I + D y la capacidad de producción y compra fueron pagados con fondos públicos. Además, hay otra cláusula que afirma que los Estados miembros pagarán por los daños, y se prohíbe explícitamente la transferencia de vacunas a países en desarrollo, a menos que la empresa esté de acuerdo".

La UE entra en crisis ante los retrasos, la incertidumbre y la falta de transparencia sobre la vacunación

La Comisión Europea choca con los laboratorios por incumplir las entregas. Y sus contratos con ellos siguen siendo un secreto 

Europe's vaccination campaign is running behind schedule. The European Commission is clashing with laboratories over distribution deadlines and a lack of transparency when it comes to contracts

Brussels itself has acknowledged that delivering the vaccine will not be easy under the circumstances, although the summer season covers three months. The European Commission paid out €2.7 billion to guarantee the first vaccines, but the laboratories (Pfizer and AstraZeneca) are having problems with the agreed deliveries. The EU has committed itself to a collective strategy by signing agreements with pharmaceutical companies for an equitable distribution according to population. But the deals signed are secret, and there are growing concerns about parallel contracts and unfair behaviour.
This Wednesday the European Commission meets with AstraZeneca and representatives of the 27 EU governments for the third time, after the laboratory announced on Friday that it would not meet its commitments to delivering vaccines against Covid-19. But Brussels distrust them and is increasing the pressure by threatening them with "any necessary measures", meaning the courts, and announcing transparency rules on exports, suggesting that AstraZeneca has sold vaccines destined for the EU to other countries. The UK? On Tuesday, EU spokesman Eric Mamer said: "this is not about blocking. This is about knowing what the companies are exporting or will export to markets outside of the European Union".
Pascal Soriot, CEO of AstraZeneca, explained <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">in an interview</a> with several European newspapers that everyone was getting "a bit aggravated or emotional" about vaccines in the EU. "We're certainly not taking vaccines away from the Europeans to sell somewhere else for more profit", said Soriot. "Our contract is not a contractual commitment. It's a best effort. Basically we said we're going to try our best, but we can't guarantee we're going to succeed," he stated. &nbsp;"Europe at the time wanted to be supplied more or less at the same time as the UK, even though the contract was signed three months later. So we said, 'ok, we're going to do our best, we’re going to try, but we cannot commit contractually because we are three months behind the UK'", Soriot claimed.
The EU does not trust them, and the very fact the EU is buying for 450 million inhabitants, with the advantage of competitive prices, makes them suspect that the vaccines may have ended up in other markets. For example, the British market, which approved the AstraZeneca vaccine on 30 December. The European Medicines Agency expects to give its approval on January 29.&nbsp;
According to some reports, Israel pays $47 per dose for Pfizer and Moderna vaccines, compared with $19.50 in the United States and $14.76 per dose in Europe.
"Europe invested billions [€2.7] to help develop the world‘s first Covid-19 vaccines." European Commission President Ursula von der Leyen stated on Davos on Tuesday: "the EU and others helped with money to build research capacities and production facilities. To create a truly global common good. And now, the companies must deliver. They must honour their obligations. This is why we will set up a vaccine export transparency mechanism. Europe is determined to contribute. But it also means business".
Meanwhile, the head of the European Medicines Agency, Emer Cooke, has acknowledged that in studies to evaluate the AstraZeneca vaccine, there is a very low percentage efficacy in the elderly population. She has also defended that the current jabs are effective against the new strains, although more information is needed with the South African vaccine.
<h3>Parallel contracts?</h3>
In addition to the European Commission's suspicions about the dishonesty of laboratories, some media have let slip suspicions of other disloyalties. Some countries, such as Germany, have been pointed out as being a possible buyer of vaccines offered outside the collective contract of the EU. The European Commission denies this possibility.
The Director General for Health and Food Safety of the EU executive, Sandra Gallina said that she hasn't seen any of the rumoured parallel contracts in response to questions from the European Parliament about alleged purchases by Germany, Denmark or Croatia outside the joint European procedure. "It’s something that in my view does not exist, based on what I have been told," she stated. Gallina has felt "confused" by the news that point to purchases by some Member States, and said that these contracts "are not possible", partly because "there are no spare vials that somebody can buy in a bilateral deal" and "it’s a bit too late to go around buying doses".
Ursula von der Leyen herself has rejected the possibility of parallel purchasing because "even the pharmaceutical companies would prefer to have only one partner for 450 million inhabitants" and "this crisis has shown that we do better together."
But the suspicion has not been fully cleared up in Brussels. And then there is the fact that the contracts are secret. <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">Only Curevac's contract has been made public,</a> and only with redactions. Moreover, when the European Commission spokesman was asked whether the contract with AstraZeneca was similar to the one with Curevac, Mamer replied: "I can't talk about that contract". He didn't even say whether it is or isn't. "We can't answer the same question hundreds of times," he complained.
The Socialist MEP Nicolás González Casares saw the Curevac contract for 50 minutes in a room set up for this purpose in the European Commission, without a mobile phone, with paragraphs crossed out and with staff from the EU executive next to him. Days later, the Commission itself made that contract public. But not the rest.
"I think it's good that a company has opened up to this transparency exercise, I wonder why others have not. It should be available in all cases and situations," says the Socialist MEP in conversation with elDiario.es: "they take you to a room, they ask you to leave your mobile phone and let you take notes".
González Casares explains that the contract reflects that "you are buying something that does not yet exist in the market, which gives rise to many safeguards and conditionalities in the contract, and that countries assume risks".
What is also apparent in the contract is that supply can be delayed or interrupted by force majeure, something that Pfizer first claimed and then AstraZeneca. At the moment, Pfizer communicated on Tuesday that it will be up to date by the end of the week, although it initially said that in February, according to the European Commission.
In any case, the price per dose is hidden in the only contract that has been published by the European Commission – for which this operation, initially, was a blessing. With it, they can show Europe's role, give visibility to the European Commission, and stay exempt from much of the responsibility of evaluating the vaccine and vaccination campaigns. Moreover, the vice-president for European Lifestyle Promotion, Margaritis Schinas, has said of the EU vaccine strategy that it represents "a historic breakthrough in European integration and the beginning of a new era".&nbsp;
If successful, vaccination would enhance the political capital of the European Commission to such an extent that the EMA evaluates it and within hours the EU executive gives its approval. Moreover, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, announced when vaccination would begin in the EU before the EMA itself had authorised any vaccines. In other words, the EU executive feels very much relieved of responsibility. Except for the contracts negotiated and signed.
"I am pro-vaccine and I defend the vaccine agreement," says Socialist MEP Nicolás González Casares: "it's great that we have all agreed, but we ask for more transparency".
On what is known about the contracts, the GUE/NGL group says: "essential information, such as prices or delivery times, is blacked out, this is reprehensible. But even so, there is a clause stating that the company will be the sole owner of the vaccine, even though the R&amp;D, production and purchasing capacity were paid for with public funds. In addition, there is another clause stating that member states will pay for damages, and the transfer of vaccines to developing countries is explicitly forbidden unless the company agrees".

EU in Crisis over Vaccination Delays, Uncertainty and Lack of Transparency

The European Commission is clashing with laboratories over delivery failures. Secrecy surrounds the contracts with them

Η εκστρατεία εμβολιασμού της Ευρώπης έχει μείνει πίσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρούεται με τα εργαστήρια σχετικά με τις προθεσμίες διανομής και την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις συμβάσεις

Οι ίδιες οι Βρυξέλλες αναγνώρισαν ότι η χορήγηση του εμβολίου δε θα είναι εύκολη υπό αυτές τις συνθήκες και ότι δε θα τους φτάσουν ούτε οι τρεις μήνες της θερινής περιόδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρωσε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να λάβει εγγύηση παράδοσης των πρώτων εμβολίων, αλλά τα εργαστήρια (Pfizer και AstraZeneca) αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις συμφωνημένες παραδόσεις. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια συλλογική στρατηγική υπογράφοντας συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες για μια δίκαιη κατανομή ανάλογα με τον πληθυσμό. Όμως οι συμφωνίες που υπογράφηκαν είναι μυστικές και υπάρχουν εντεινόμενες ανησυχίες για παράλληλες συμβάσεις και αθέμιτη συμπεριφορά.
Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε συνάντηση την AstraZeneca και εκπροσώπους των 27 κυβερνήσεων της ΕΕ για τρίτη φορά, αφού το εργαστήριο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δε θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του για χορήγηση εμβολίων κατά της Covid-19. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν τους εμπιστεύονται και αυξάνουν την πίεση απειλώντας τους με «όλα τα απαραίτητα μέτρα», δηλαδή τα δικαστήρια, και ανακοινώνοντας κανόνες διαφάνειας για τις εξαγωγές, υποδηλώνοντας ότι η AstraZeneca έχει πουλήσει εμβόλια προοριζόμενα για την ΕΕ σε άλλες χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο; Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος της ΕΕ Έρικ Μάμερ είπε: «δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού εξαγωγών. Αυτό αφορά στο να γνωρίζουμε τι εξάγουν ή θα εξάγουν οι εταιρείες σε αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο Πασκάλ Σοριό, Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca, εξήγησε <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">σε συνέντευξή του</a> σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι όλοι έχουν αρχίσει «να αισθάνονται ενοχλημένοι ή εκνευρισμένοι» σχετικά με τα εμβόλια στην ΕΕ. «Σίγουρα δεν παίρνουμε εμβόλια από τους Ευρωπαίους για να τα πουλήσουμε κάπου αλλού για περισσότερα κέρδη», δήλωσε ο Σοριό. «Το συμβόλαιό μας δεν αποτελεί συμβατική δέσμευση. Είναι μια προσπάθεια για το καλύτερο. Βασικά είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα το πετύχουμε», δήλωσε. «Η Ευρώπη τότε ήθελε οι παραδόσεις να γίνουν λίγο πολύ ταυτόχρονα με το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που η σύμβαση υπογράφηκε τρεις μήνες αργότερα. Έτσι είπαμε, «εντάξει, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, θα το προσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε συμβατικά επειδή είμαστε τρεις μήνες πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο»», ισχυρίστηκε ο Σοριό.
Η ΕΕ δεν τους εμπιστεύεται και το γεγονός ότι η ΕΕ αγοράζει εμβόλια για 450 εκατομμύρια πληθυσμό, με το πλεονέκτημα των ανταγωνιστικών τιμών, τους κάνει να υποπτεύονται ότι τα εμβόλια ενδέχεται να έχουν καταλήξει σε άλλες αγορές. Για παράδειγμα, στη βρετανική αγορά, η οποία ενέκρινε το εμβόλιο AstraZeneca στις 30 Δεκεμβρίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναμένεται να δώσει την έγκρισή του για το εμβόλιο στις 29 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, το Ισραήλ πληρώνει 47 $ ανά δόση για τα εμβόλια Pfizer και Moderna, σε σύγκριση με 19,50 $ στις Ηνωμένες Πολιτείες και 14,76 $ ανά δόση στην Ευρώπη.
«Η Ευρώπη επένδυσε δισεκατομμύρια [2,7 €] για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των πρώτων εμβολίων Covid-19 στον κόσμο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στο Νταβός την Τρίτη. «Η ΕΕ και άλλοι βοήθησαν με χρήματα για να αναπτυχθούν οι ερευνητικές δυνατότητες και οι εγκαταστάσεις παραγωγής. Για να δημιουργηθεί ένα πραγματικά παγκόσμιο κοινό αγαθό. Και τώρα, οι εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν. Πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό διαφάνειας για τις εξαγωγές εμβολίων. Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να συνεισφέρει. Αλλά εννοεί και όσα λέει».
Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Έμερ Κουκ, αναγνώρισε ότι σε μελέτες για την αξιολόγηση του εμβολίου AstraZeneca, υπάρχει πολύ χαμηλή ποσοστιαία αποτελεσματικότητα στον ηλικιωμένο πληθυσμό. Υποστήριξε επίσης ότι τα σημερινά εμβόλια είναι αποτελεσματικά έναντι των νέων στελεχών, αν και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες με το εμβόλιο της Νοτίου Αφρικής.
<h3>Παράλληλες συμβάσεις;</h3>
Εκτός από τις υποψίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανεντιμότητα των εργαστηρίων, ορισμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αφήσει υπονοούμενα και για άλλες ανισότητες. Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, έχουν επισημανθεί ως πιθανός αγοραστής εμβολίων που προσφέρονται εκτός της συλλογικής σύμβασης της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται ότι αυτό είναι πιθανό.
Η Γενική Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της του εκτελεστικού σκέλους της ΕΕ, Σάντρα Γκαλίνα, δήλωσε ότι δεν έχει δει καμία από τις φημολογούμενες παράλληλες συμβάσεις ως απάντηση σε ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με εικαζόμενες αγορές από τη Γερμανία, τη Δανία ή την Κροατία εκτός της κοινής ευρωπαϊκής διαδικασίας. «Είναι κάτι που κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν, με βάση αυτά που μου έχουν πει», δήλωσε. Η Γκαλίνα αισθάνθηκε «μπερδεμένη» από τις ειδήσεις μιλούν για αγορές από ορισμένα κράτη μέλη και είπε ότι αυτές οι συμβάσεις «δεν είναι εφικτές», εν μέρει επειδή «δεν υπάρχουν εφεδρικά φιαλίδια που κάποιος μπορεί να αγοράσει σε διμερή συμφωνία» και «είναι λίγο αργά για να προσπαθήσεις να αγοράσεις δόσεις».
Η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την πιθανότητα να έχουν γίνει παράλληλες αγοράς επειδή «ακόμη και οι φαρμακευτικές εταιρείες θα προτιμούσαν να έχουν μόνο έναν εταίρο για 450 εκατομμύρια κατοίκους» και επειδή «αυτή η κρίση έχει δείξει ότι μαζί τα πάμε καλύτερα».
Ωστόσο, οι υποψίες δεν έχουν διαλυθεί πλήρως στις Βρυξέλλες. Επιπλέον υπάρχει και το θέμα πως οι συμβάσεις είναι μυστικές. <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">Μόνο το συμβόλαιο της Curevac έχει δημοσιευτεί</a> και μόνο τμηματικά. Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν η σύμβαση με την AstraZeneca ήταν παρόμοια με εκείνη της Curevac, ο Μάμερ απάντησε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το συμβόλαιο». Δεν είπε καν αν είναι ή όχι. «Δεν μπορούμε να απαντάμε στην ίδια ερώτηση εκατοντάδες φορές», παραπονέθηκε.
Ο Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Νίκολας Γκονθάλεθ Κάσαρες είδε το συμβόλαιο Curevac για 50 λεπτά σε ένα δωμάτιο που φτιάχτηκε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς κινητό τηλέφωνο, με παραγράφους που έχουν σβηστεί και με προσωπικό από το εκτελεστικό της ΕΕ δίπλα του. Μέρες αργότερα, η ίδια η Επιτροπή δημοσιοποίησε αυτή τη σύμβαση. Αλλά όχι τις υπόλοιπες.
«Νομίζω ότι είναι καλό που μια εταιρεία είναι ανοιχτή σε αυτήν την άσκηση διαφάνειας, αναρωτιέμαι γιατί άλλοι δεν είναι. Θα πρέπει να είναι υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις περιπτώσεις και καταστάσεις», λέει ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής σε συνομιλία με το elDiario.es: «σας μεταφέρουν σε ένα δωμάτιο, σας ζητούν να αφήσετε το κινητό σας τηλέφωνο και σας επιτρέπουν να κρατήσετε σημειώσεις».
&nbsp;Ο Γκονθάλεθ Κάσαρες εξηγεί ότι στη σύμβαση αντικατοπτρίζεται η λογική «αγοράζετε κάτι που δεν υπάρχει ακόμη στην αγορά, το οποίο θέτει πολλά εμπόδια και προϋποθέσεις στη σύμβαση και οι χώρες αναλαμβάνουν τους κινδύνους».
Αυτό που είναι επίσης ξεκάθαρο στη σύμβαση είναι ότι η προμήθεια μπορεί να καθυστερήσει ή να διακοπεί λόγω ανωτέρας βίας, κάτι που ισχυρίστηκε αρχικά η Pfizer και μετά η AstraZeneca. Προς το παρόν, η Pfizer ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προλάβει τις προθεσμίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν και το είπε αρχικά για Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση, η τιμή ανά δόση έχει κρυφτεί στο μοναδικό συμβόλαιο που έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - για το οποίο αυτή η διαδικασία, αρχικά, ήταν ευλογία. Με αυτό, μπορούν να αναδείξουν τον ρόλο της Ευρώπης, να ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να απαλλαγούν από μεγάλο μέρος της ευθύνης της αξιολόγησης των εμβολίων και των εκστρατειών εμβολιασμού. Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Προώθησης Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια, ότι αντιπροσωπεύει «μια ιστορική επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την αρχή μιας νέας εποχής».
Εάν είναι επιτυχής, ο εμβολιασμός θα ενισχύσει το πολιτικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοιο βαθμό που ο EMA θα αξιολογεί και εντός ωρών το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα εγκρίνει. Επιπλέον, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στην ΕΕ πριν καν ο ίδιος ο EMA εγκρίνει οποιαδήποτε εμβόλια. Με άλλα λόγια, η εκτελεστική αρχή της ΕΕ αισθάνεται ιδιαίτερα απαλλαγμένη από την όποια ευθύνη. Εκτός από τις συμβάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και υπογραφής.
«Είμαι υπέρ του εμβολίου και υπερασπίζομαι τη συμφωνία», λέει ο Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Νικολάς Γκονθάλεθ Κασάρες: «είναι υπέροχο που όλοι έχουμε συμφωνήσει, αλλά ζητάμε περισσότερη διαφάνεια».
Σχετικά με το τι είναι γνωστό σχετικά με τις συμβάσεις, ο όμιλος GUE / NGL λέει: «οι βασικές πληροφορίες, όπως οι τιμές ή οι χρόνοι παράδοσης, δε φαίνονται, αυτό είναι κατακριτέο. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχει μια ρήτρα που αναφέρει ότι η εταιρεία θα είναι η μόνη ιδιοκτήτρια του εμβολίου, παρόλο που η έρευνα και η ανάπτυξη, η παραγωγική ικανότητα και η αγοραστική ικανότητα πληρώθηκαν με δημόσια κεφάλαια. Επιπλέον, υπάρχει μια άλλη ρήτρα που αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πληρώσουν για τυχόν ζημιές και η μεταφορά εμβολίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες απαγορεύεται ρητά εκτός εάν η εταιρεία συμφωνεί».

Η ΕΕ σε κρίση λόγω των καθυστερήσεων στους εμβολιασμούς, της αβεβαιότητας και της έλλειψης διαφάνειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρούεται με τα εργαστήρια για τις αποτυχίες παράδοσης των εμβολίων. Ένα πέπλο μυστηρίου περιβάλλει τις συμβάσεις

La campagne de vaccination a pris du retard en Europe. La Commission européenne est en conflit avec les laboratoires sur les délais de distribution et le manque de transparence des contrats.

Bruxelles elle-même a reconnu que la livraison du vaccin ne sera pas facile dans ces circonstances. La Commission européenne a déboursé 2,7 milliards d'euros pour garantir les premiers vaccins, mais les laboratoires (Pfizer et AstraZeneca) ont des problèmes avec les délais de livraison convenus. L'UE s'est engagée dans une stratégie collective en signant des accords avec les sociétés pharmaceutiques pour une répartition équitable en fonction de la population de chaque pays. Mais les accords signés sont secrets, et la crainte de contrats parallèles et de comportements déloyaux grandit.
Ce mercredi, la Commission européenne rencontre AstraZeneca et les représentants des 27 gouvernements de l'UE pour la troisième fois, après que le laboratoire a annoncé vendredi qu'il ne respecterait pas ses engagements concernant la livraison de vaccins contre la Covid-19. Mais Bruxelles se méfie et fait monter la pression, menaçant le laboratoire de prendre « toute les mesures nécessaires », c'est-à-dire de saisir les tribunaux, et annonçant des règles de transparence sur les exportations, laissant entendre qu'AstraZeneca a vendu à d'autres pays des vaccins destinés à l'UE. Le Royaume-Uni ? Le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré mardi : « Il ne s'agit pas de bloquer. Il s'agit de savoir ce que les entreprises exportent ou exporteront vers des marchés extérieurs à l'Union européenne ».
Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca, a expliqué dans une interview à plusieurs journaux européens que dans l'UE tout le monde devenait « un peu trop énervé et à vif » à propos des vaccins. « Nous n'allons certainement pas retirer des vaccins aux Européens pour les vendre ailleurs pour plus de profit », a-t-il assuré. « Notre contrat n'est pas qu'un simple engagement contractuel. Il s'agit d'un effort maximal. En gros, nous avons dit que nous allions faire de notre mieux, mais nous ne pouvons pas garantir que nous allons réussir. À l'époque, l'Europe voulait être approvisionnée plus ou moins en même temps que le Royaume-Uni, même si le contrat a été signé trois mois plus tard. Nous avons donc dit : "Ok, nous allons faire de notre mieux, nous allons essayer, mais nous ne pouvons pas nous engager contractuellement parce que nous avons trois mois de retard par rapport au Royaume-Uni », a précisé M. Soriot.
L'UE ne fait pas confiance au laboratoire, et le fait même que Bruxelles achète pour 450 millions d'habitants, avec l'avantage de prix compétitifs, lui fait soupçonner que les vaccins ont pu se retrouver sur d'autres marchés. Par exemple, le marché britannique, qui a approuvé le vaccin d'AstraZeneca le 30 décembre. L'Agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de donner son approbation le 29 janvier.
Selon certains rapports, Israël paie 47 dollars par dose pour les vaccins Pfizer et Moderna, contre 19,50 dollars aux États-Unis et 14,76 dollars par dose en Europe.
« L'Europe a investi des milliards d'euros (2,7) pour aider à développer les premiers vaccins anti-Covid-19 au monde », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mardi à Davos : « L'UE et d'autres ont contribué financièrement à la mise en place de capacités de recherche et d'installations de production. Pour créer un bien commun véritablement mondial. Et maintenant, les entreprises doivent tenir leurs promesses. Elles doivent honorer leurs obligations. C'est pourquoi nous allons mettre en place un mécanisme de transparence des exportations de vaccins. L'Europe est déterminée à apporter sa contribution. Mais cela veut aussi dire qu'elle ne plaisante pas ».
Entre-temps, la directrice de l'EMA, Emer Cooke, a reconnu que les études d'évaluation du vaccin d'AstraZeneca ont révélé un très faible pourcentage d'efficacité chez les personnes âgées. Elle a également affirmé que les piqûres actuelles sont efficaces contre les nouvelles souches, bien que le vaccin sud-africain nécessite davantage d'informations.
<h3>Des contrats parallèles ?</h3>
Outre les soupçons de la Commission européenne concernant la malhonnêteté des laboratoires, certains médias ont laissé échapper des soupçons concernant d'autres déloyautés. Certains pays, comme l'Allemagne, ont été signalés comme étant un acheteur possible de vaccins proposés en dehors du contrat collectif de l'UE. La Commission européenne nie cette possibilité.
La directrice générale de la Santé et de la Sécurité alimentaire de l'exécutif européen, Sandra Gallina, a déclaré qu'elle n'avait vu aucune des rumeurs de contrats parallèles en réponse aux questions du Parlement européen sur des achats présumés de l'Allemagne, du Danemark ou de la Croatie en dehors de la procédure européenne commune. « C'est quelque chose qui, selon moi, n'existe pas, d'après ce qu'on m'a dit », a-t-elle déclaré. Mme Gallina s'est sentie « confuse » par les nouvelles qui font état d'achats par certains États membres, et a déclaré que ces contrats « ne sont pas possibles », en partie parce qu'« il n'y a pas de flacons de rechange que quelqu'un puisse acheter dans le cadre d'un accord bilatéral » et « il est un peu trop tard pour acheter des doses ».
Ursula von der Leyen elle-même a rejeté la possibilité d'achats parallèles parce que « même les entreprises pharmaceutiques préféreraient n'avoir qu'un seul partenaire pour 450 millions d'habitants » et « cette crise a montré que nous faisons mieux ensemble ».
Mais le soupçon n'a pas été complètement dissipé à Bruxelles. Et puis il y a le fait que les contrats sont secrets. <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">Seul le contrat de Curevac a été rendu public,</a> et seulement avec des caviardages. De plus, quand elDiario.es a demandé au porte-parole de la Commission européenne si le contrat avec AstraZeneca était similaire à celui avec Curevac, Eric Mamer a coupé net : « Je ne peux pas parler de ce contrat. Nous ne pouvons pas répondre à la même question des centaines de fois », s'est-il plaint.
L'eurodéputé socialiste Nicolás González Casares a vu le contrat Curevac pendant 50 minutes dans une salle aménagée à cet effet à la Commission européenne, sans téléphone portable, avec des paragraphes barrés et avec le personnel de l'exécutif européen à ses côtés. Quelques jours plus tard, la Commission elle-même a rendu ce contrat public. Mais pas le reste.
« Je pense que c'est une bonne chose qu'une entreprise se soit ouverte à cet exercice de transparence, je me demande pourquoi d'autres ne l'ont pas fait. Elles devraient se tenir disponible dans tous les cas et toutes les situations », dit l'eurodéputé à elDiario.es : « Ils vous emmènent dans une pièce, ils vous demandent de laisser votre téléphone portable et vous laissent prendre des notes ».
M. González Casares explique que le contrat indique que « vous achetez quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché, ce qui donne lieu à de nombreuses garanties et conditions dans le contrat, et que les pays assument les risques ».
Ce qui ressort également du contrat, c'est que l'approvisionnement peut être retardé ou interrompu par un cas de force majeure, ce que Pfizer a d'abord affirmé, puis AstraZeneca. Pour l'instant, Pfizer a communiqué mardi qu'il sera mis à jour d'ici la fin de la semaine, après avoir initialement déclaré que cela se ferait en février, selon la Commission européenne.
En tout cas, le prix par dose est caché dans le seul contrat qui a été publié par la Commission européenne - pour laquelle cette opération, au départ, était une bénédiction. Avec elle, ils peuvent montrer le rôle de l'Europe, donner de la visibilité à la Commission européenne et rester exempts d'une grande partie de la responsabilité de l'évaluation du vaccin et des campagnes de vaccination. En outre, le vice-présidente de la Commission européenne chargée de la promotion du mode de vie européen, Margaritis Schinas, a déclaré que la stratégie européenne en matière de vaccins représentait « une percée historique dans l'intégration européenne et le début d'une nouvelle ère ».
En cas de succès, la vaccination renforcerait le capital politique de la Commission européenne à tel point que lorsque l'EMA l'évalue, dans les heures qui suivent l'exécutif de l'UE donne son approbation. D'ailleurs, Mme von der Leyen a annoncé le début de la vaccination dans l'UE avant que l'EMA elle-même n'ait autorisé les vaccins. En d'autres termes, la Commission se sent relevée de toute responsabilité. Sauf en ce qui concerne les contrats négociés et signés.
« Je suis pro-vaccins et je défends l'accord sur les vaccins », précise M. González Casares, ajoutant : « C'est bien que nous nous soyons tous mis d'accord, mais nous demandons plus de transparence ».
Sur ce que l'on sait des contrats, le groupe GUE/NGL (siégeant à l'extrême gauche au Parlement européen, ndlr) affirme : « Des informations essentielles, comme les prix ou les délais de livraison, sont occultées, c'est répréhensible. Il y a aussi une clause qui stipule que l'entreprise sera l'unique propriétaire du vaccin, même si la R&amp;D, la production et les capacités d'achat ont été payées avec des fonds publics. Et une autre clause stipule que les États membres paieront des dommages et intérêts. Par ailleurs, le transfert de vaccins vers les pays en développement est explicitement interdit sauf si la société donne son accord ».

UE : retards et manque de transparence autour des vaccins

La Commission européenne est en conflit avec les laboratoires en raison de défauts de livraison et du manque de transparence. 

Europejska kampania szczepień jest opóźniona. Komisja Europejska spiera się z koncernami o terminy dystrybucji szczepionek i brak przejrzystości w umowach.

Bruksela sama przyznała, że uwzględniając obecne okoliczności, dystrybucja szczepionki nie będzie łatwa, nawet w trzymiesięcznym sezonie letnim. Choć Komisja Europejska przeznaczyła 2,7 mld euro na zagwarantowanie dostarczenia pierwszych szczepionek, koncerny (Pfizer i AstraZeneca) mają problemy z realizacją uzgodnionych dostaw. UE podpisała z firmami farmaceutycznymi umowy gwarantujące realizację wspólnej strategii sprawiedliwej dystrybucji szczepionki, w zależności od liczby ludności. Jednak umowy te są tajne i coraz częściej pojawiają się obawy o alternatywne umowy i nieuczciwe praktyki.
W najbliższą środę Komisja Europejska po raz trzeci spotyka się z AstraZenecą i przedstawicielami 27 rządów UE, po tym jak koncern ogłosił w piątek, że nie wywiąże się ze swoich zobowiązań dotyczących dostarczenia szczepionek przeciwko Covid-19. Ale Bruksela mu nie ufa i zwiększa presję, grożąc "wszelkimi niezbędnymi środkami", czyli sądami, oraz zapowiada zasady przejrzystości w eksporcie, sugerując, że AstraZeneca sprzedała innym krajom szczepionki przeznaczone dla UE. Wielkiej Brytanii? - Tu nie chodzi o blokowanie. Chodzi o to, by wiedzieć, co firmy eksportują lub będą eksportować na rynki poza Unią Europejską - powiedział we wtorek rzecznik UE Eric Mamer.
Pascal Soriot, dyrektor generalny AstraZeneca, stwierdził <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">w wywiadzie</a> udzielonym kilku europejskim gazetom, że wszyscy stali się "trochę wzburzeni czy też rozemocjonowani" w sprawie szczepionek w UE. "Oczywiście nie zabieramy szczepionek Europejczykom, aby sprzedawać je gdzie indziej dla większego zysku" - powiedział. "Nasza umowa nie jest wiążącym zobowiązaniem. Jest deklaracją podjęcia największych starań. Zasadniczo powiedzieliśmy, że postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, ale nie możemy zagwarantować, że nam się uda" - stwierdził. "Europa chciała w tamtym czasie [podczas negocjacji - red.] być zaopatrywana mniej więcej w tym samym momencie, co Wielka Brytania, mimo że umowa została podpisana trzy miesiące później. Powiedzieliśmy więc: ok, zrobimy co w naszej mocy, spróbujemy, ale nie możemy się zobowiązać poprzez podpisanie umowy, ponieważ trzy miesiące wcześniej została podpisana umowa z Wielką Brytanią" - tłumaczył Soriot.
UE &nbsp;nie ufa AstraZenece, jako że kupuje szczepionki dla 450 milionów mieszkańców po konkurencyjnej cenie, co pozwala podejrzewać, że szczepionki mogły trafić na inne rynki. Na przykład na rynek brytyjski, na którym 30 grudnia zatwierdzono szczepionkę firmy AstraZeneca. Europejska Agencja Leków spodziewa się, że wyda zgodę 29 stycznia.
Według niektórych raportów Izrael płaci 47 dolarów za dawkę szczepionki Pfizer i Moderna, w porównaniu z ceną 19,50 dolarów w Stanach Zjednoczonych i 14,76 dolarów za dawkę w Europie.
- Europa zainwestowała 2,7 miliarda euro, aby pomóc w opracowaniu pierwszych na świecie szczepionek Covid-19 - oświadczyła we wtorek w Davos przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - UE i inni pomogli pieniędzmi na budowę potencjału badawczego i zakładów produkcyjnych, aby stworzyć prawdziwie globalne wspólne dobro. Teraz więc firmy muszą się z tego wywiązać. Muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań. Dlatego właśnie stworzymy mechanizm przejrzystości eksportu szczepionek. Europa jest zdecydowana wnieść swój wkład. Ale to przekłada się również na kategorie biznesowe".
Tymczasem szefowa Europejskiej Agencji Leków, Emer Cooke, przyznała, że w badaniach nad szczepionką AstraZeneca odnotowano bardzo niski odsetek jej skuteczności w populacji osób starszych. Przekonywała jednocześnie, że obecne szczepionki są skuteczne przeciwko nowym szczepom, choć w przypadku mutacji z RPA potrzeba więcej informacji.
<h3>Alternatywne umowy?</h3>
Oprócz podejrzeń Komisji Europejskiej o nieuczciwość koncernów, w niektórych mediach pojawiły się podejrzenia o inne rodzaje nielojalności. Niektóre kraje, w tym Niemcy, zostały wskazane jako możliwi nabywcy szczepionek oferowanych poza wspólną umową UE. Komisja Europejska zaprzecza takiej możliwości.
Dyrektor generalny ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności w unijnej egzekutywie, Sandra Gallina, w odpowiedzi na pytania Parlamentu Europejskiego o rzekome zakupy Niemiec, Danii czy Chorwacji poza wspólną europejską procedurą, powiedziała, że nie widziała żadnej z domniemanych alternatywnych umów. - Na podstawie tego, co mi powiedziano uważam, że zjawisko to nie istnieje - stwierdziła. Gallina miała poczuć się "zdezorientowana" wiadomościami, które wskazują na zakupy dokonywane przez niektóre państwa członkowskie i powiedziała, że takie umowy "nie są możliwe", częściowo dlatego, że "nie ma zapasowych fiolek, które ktoś mógłby kupić w ramach dwustronnej umowy" i "jest trochę za późno, aby rozglądać się i kupować dawki".
Sama Ursula von der Leyen odrzuciła możliwość alternatywnych zakupów, ponieważ "nawet koncerny farmaceutyczne wolałyby mieć tylko jednego partnera dla 450 milionów mieszkańców" a "ten kryzys pokazał, że razem radzimy sobie lepiej".
Jednak podejrzenia nie zostały do końca wyjaśnione w Brukseli. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że umowy są tajne. <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">Jedynie umowa z Curevac została upublicznion</a>a i to po przeredagowaniu. Co więcej, na pytanie rzecznika Komisji Europejskiej, czy umowa z AstraZeneca jest podobna do tej z Curevac, Mamer odpowiedział, że "nie może mówić o tym kontrakcie". Nie powiedział nawet, czy tak jest, czy nie. - Nie możemy odpowiadać setki razy na to samo pytanie - narzekał.
Socjalistyczny eurodeputowany Nicolás González Casares otrzymał dostep do umowy Curevac na 50 minut. Przebywał w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu w Komisji Europejskiej, bez telefonu komórkowego. Niektóre paragrafy zostały wykreślone, a sam Casares był nadzorowany przez unijnych urzędników. Kilka dni później Komisja sama upubliczniła tę umowę. Ale całą resztę - nie.
- Myślę, że to dobrze, że firma otworzyła się na ten egzamin z przejrzystości i zastanawiam się, dlaczego inni tego nie zrobili. Umowy powinny być dostępne we wszystkich przypadkach i sytuacjach - mówi socjalistyczny eurodeputowany w rozmowie z elDiario.es. - Zabierają cię do pokoju, proszą o zostawienie telefonu komórkowego i pozwalają jedynie robić notatki - wspominał.
González Casares wyjaśnia, że umowa odzwierciedla fakt, że "kupuje się coś, co jeszcze nie istnieje na rynku, co powoduje, że zawiera wiele zabezpieczeń i warunków, a państwa podejmują ryzyko".
Z umowy wynika również, że dostawy mogą zostać opóźnione lub przerwane w wyniku działania siły wyższej, na co najpierw powoływał się Pfizer, a następnie AstraZeneca. Pfizer przekazał we wtorek, że zrealizuje partię zamówienia do końca tygodnia, choć początkowo, według KE, deklarował, że zrobi to w lutym.
W każdym razie cena za dawkę jest utajniona w jedynym kontrakcie, który został opublikowany przez Komisję Europejską. Podpisanie go było początkowo dla niej błogosławieństwem. Dzięki niemu mogła pokazać znaczenie Europy, zapewnić sobie widoczność i zwolnić się z dużej części odpowiedzialności za ocenę szczepionki i kampanii szczepień. Wiceprzewodniczący ds. promocji europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział o strategii szczepionkowej UE, że stanowi ona "historyczny przełom w integracji europejskiej i początek nowej ery".
Sukces szczepionki przełoży się na wzmocnienie kapitału politycznego Komisji Europejskiej. Po wydaniu pozytywnej oceny przez Europejską Agencję Leków, Komisja w ciągu kilku godzin zatwierdzi szczepionkę. Co więcej, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła rozpoczęcie szczepień w UE, zanim jeszcze sama Agencja dopuściła jakiekolwiek szczepionki. Innymi słowy, UE czuje się w znacznym stopniu zwolniona z odpowiedzialności. Z wyjątkiem kwestii wynegocjowanych i podpisanych kontraktów.
- Jestem proszczepionkowcem, więc bronię porozumienia w sprawie szczepionek - mówi socjalistyczny eurodeputowany Nicolás González Casares. - To wspaniale, że wszyscy się zgodziliśmy, ale prosimy o większą przejrzystość - dodaje.
Jeśli chodzi o to, co wiadomo o umowach, grupa GUE/NGL [Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica - red.] mówi: "Istotne informacje, takie jak ceny czy terminy dostaw, są tajne, co jest karygodne. A mimo to istnieje klauzula mówiąca, że firma będzie jedynym właścicielem szczepionki, mimo że badania i rozwój, produkcja i możliwości zakupu zostały opłacone ze środków publicznych. Ponadto istnieje klauzula mówiąca, że państwa członkowskie będą płacić za szkody, a przekazywanie szczepionek krajom rozwijającym się jest wyraźnie zabronione, chyba że firma wyrazi na to zgodę".

Szczepionkowy kryzys UE: opóźnienia i brak przejrzystości

Europejska kampania szczepień jest opóźniona. KE spiera się z koncernami o terminy dystrybucji szczepionek i brak przejrzystości w umowach.

Europas Impfkampagne hinkt dem Zeitplan hinterher. Die Europäische Kommission streitet mit den Laboren über Verteilungsfristen und mangelnde Transparenz bei Verträgen.

Selbst Brüssel musste anerkennen, dass die Lieferung des Impfstoffs unter den gegebenen Umständen nicht einfach wird. Die Europäische Kommission hat 2,7 Milliarden Euro gezahlt, um die ersten Impfdosen zu garantieren, aber die Labore Pfizer und AstraZeneca haben Probleme mit den vereinbarten Lieferungen. Die EU hat sich zu einer kollektiven Strategie verpflichtet und schloss mit den Pharmakonzernen Vereinbarungen für eine gerechte Verteilung je nach Bevölkerungsgröße des Mitgliedsstaates. Aber die unterzeichneten Verträge sind geheim. Es wächst die Besorgnis, dass es Parallelverträge und unfaire Abmachungen geben könnte.
An diesem Mittwoch trifft sich die EU-Kommission zum dritten Mal mit AstraZeneca und Vertreterinnen und Vertretern der 27 EU-Regierungen, nachdem das Labor am Freitag bekannt gegeben hatte, dass es seine Zusagen zur Lieferung von Impfdosen nicht werde einhalten können. Doch Brüssel ist misstrauisch, erhöht den Druck und droht mit "allen notwendigen Maßnahmen" – also dem Rechtsweg – und kündigt Transparenzregeln für Exporte an, die vermuten lassen, dass AstraZeneca die für die EU bestimmten Impfdosen an andere Länder verkauft hat. An Großbritannien vielleicht? Am Dienstag sagte der EU-Sprecher Eric Mamer: "Hier geht es nicht darum, zu blockieren. Es geht darum zu wissen, was die Unternehmen in Märkte außerhalb der Europäischen Union exportieren oder exportieren werden".
Pascal Soriot, CEO von AstraZeneca, erklärte in einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen, dass man in der EU "ein bisschen verärgert oder emotional" in Bezug auf Impfdosen sei. "Wir nehmen den Europäern sicherlich keine Impfdosen weg, um sie woanders für mehr Profit zu verkaufen", so Soriot. "Unser Vertrag ist nicht verpflichtend. Es ist ein Best Effort, das heißt wir liefern so gut es geht." Europa, so erklärt er, wollte zur gleichen Zeit beliefert werden wie Großbritannien, habe den Vertrag aber erst drei Monate später unterzeichnet. "Also sagten wir: In Ordnung, wir werden unser Bestes tun, wir werden es versuchen, aber wir können uns nicht vertraglich verpflichten, weil wir drei Monate hinter Großbritannien liegen", so Soriot.
Die EU glaubt das nicht. Die Tatsache, dass die EU für 450 Millionen Personen den Impfstoff für wettbewerbsfähige Preise einkauft, lässt vermuten, dass die Impfdosen auf anderen Märkten gelandet sein könnten. Zum Beispiel auf dem britischen Markt, der den Impfstoff von AstraZeneca am 30. Dezember zugelassen hat. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird voraussichtlich am 29. Januar ihre Zulassung erteilen.
Einigen Berichten zufolge zahlt Israel 47 Dollar pro Impfdosis von Pfizer und Moderna, verglichen mit 19,50 Dollar in den Vereinigten Staaten und 14,76 Dollar pro Dosis in Europa.
"Europa hat 2,7 Milliarden Euro investiert, um die Entwicklung der ersten Covid-19-Impfstoffe der Welt zu unterstützen", erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Dienstag in Davos. "Die EU und andere haben mit Geld geholfen, Forschungskapazitäten und Produktionsanlagen aufzubauen. Um ein wirklich globales Gemeinschaftsgut zu schaffen. Und jetzt müssen die Unternehmen liefern. Sie müssen ihren Verpflichtungen nachkommen. Deshalb werden wir einen Mechanismus zur Transparenz von Impfstoffexporten einrichten. Europa ist entschlossen, hier seinen Beitrag zu leisten. Aber wir meinen es auch ernst."
In der Zwischenzeit hat die Leiterin der EMA Emer Cooke eingeräumt, dass in Studien zur Bewertung des Impfstoffs von AstraZeneca eine sehr geringe prozentuale Wirksamkeit bei der älteren Bevölkerung festgestellt wurde. Sie verteidigte zudem, dass die aktuellen Impfungen gegen die neuen Mutationen wirksam sind, obwohl mehr Informationen über den südafrikanische Covid-Variante nötig seien.
<h3>Parallele Verträge?</h3>
Nicht nur die Europäische Kommission misstraut den Laboren, auch die Medien sind hellhörig geworden. Einige Länder, wie beispielsweise Deutschland, wurden genannt, die möglicherweise außerhalb des Kollektivvertrags der EU Impfstoffe erhalten haben könnten. Die Europäische Kommission dementiert das.
Die Generaldirektorin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der EU-Exekutive, Sandra Gallina, sagte, dass sie keinen der angeblichen Parallelverträge gesehen habe, als Antwort auf Fragen des Europäischen Parlaments über angebliche Käufe durch Deutschland, Dänemark oder Kroatien. "Mir ist nichts dergleichen bekannt", erklärte sie. Gallina sieht sich "verwirrt" durch solche Meldungen und erklärte, dass solche Verträge gar nicht möglich seien, unter anderem weil "es keine zusätzlichen Dosen gibt, die jemand in einem bilateralen Deal kaufen könnte". Auch sei es viel zu spät, nun auf eigene Faust Impfdosen kaufen zu wollen.
Auch Ursula von der Leyen hält das für extrem unwahrscheinlich. Wie sie erklärte, würden die Pharmafirmen selbst lieber "nur einen Partner für 450 Millionen Einwohner haben". Diese Krise habe gezeigt, dass es Sinn ergibt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Doch in Brüssel hält sich der Verdacht. Grund dafür ist, dass die Verträge mit den Laboren geheim sind. <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf">Nur der Vertrag von Curevac ist öffentlich gemacht worden,</a> und das auch nur mit Schwärzungen. Auf die Frage des Sprechers der EU-Kommission, ob der Vertrag mit AstraZeneca dem mit Curevac ähnlich sei, antwortete Mamer: "Ich kann über diesen Vertrag nicht sprechen". Er sagte nicht einmal, ob er es ist oder nicht. "Wir können nicht hunderte Male die gleiche Frage beantworten", beschwerte er sich.
Der sozialistische Europaabgeordnete Nicolás González Casares konnte den Curevac-Vertrag 50 Minuten lang einsehen, in einem dafür eingerichteten Raum in der Europäischen Kommission, ohne Handy, mit durchgestrichenen Paragraphen und mit Mitarbeitenden der EU-Exekutive neben sich. Tage später machte die Kommission selbst diesen Vertrag öffentlich. Aber nicht die restlichen.&nbsp;
"Ich finde es gut, dass sich ein Unternehmen so transparent gezeigt hat, ich frage mich, warum andere das nicht getan haben. Transparenz sollte es in allen Fällen und Situationen geben", sagt der sozialistische Abgeordnete im Gespräch mit elDiario.es: "Sie bringen dich in einen Raum, sie bitten dich, dein Handy abzulegen und lassen dich Notizen machen".
González Casares erklärt, dass der Vertrag widerspiegelt, dass "man etwas kauft, das es noch nicht auf dem Markt gibt, was viele Absicherungsklauseln und Bedingungen im Vertrag zur Folge hat, und dass die Länder Risiken übernehmen".
Aus dem Vertrag geht auch hervor, dass die Lieferung durch höhere Gewalt verzögert oder unterbrochen werden kann, was zuerst von Pfizer und dann von AstraZeneca behauptet wurde. Aktuell teilte Pfizer am Dienstag mit, dass man bis Ende der Woche auf dem neuesten Stand sein werde, obwohl man das ursprünglich schon im Februar gesagt hatte, so die Europäische Kommission.
In jedem Fall ist der Preis pro Dosis in dem einzigen Vertrag versteckt, der von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde – für die dieser Vorgang zunächst ein Segen war. Damit können sie die Rolle Europas aufzeigen, der Europäischen Kommission Sichtbarkeit verleihen und sich einem Großteil der Verantwortung für die Bewertung des Impfstoffs und der Impfkampagnen entgehen. Darüber hinaus hat der Kommissar für die Förderung des europäischen Lebensstils, Margaritis Schinas, über die EU-Impfstrategie gesagt, dass sie "einen historischen Durchbruch in der europäischen Integration und den Beginn einer neuen Ära" darstelle.
Im Falle eines Erfolges würde die Impfung das politische Kapital der Europäischen Kommission insofern aufwerten, als die Europäische Arzneimittelagentur sie evaluiert und die EU-Exekutive sie innerhalb weniger Stunden freigibt. Darüber hinaus hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, angekündigt, wann mit der Impfung in der EU begonnen wird, bevor die EMA selbst irgendwelche Impfstoffe zugelassen hat. Mit anderen Worten: Die EU-Exekutive sieht sich weitgehend aus der Verantwortung genommen. Bis auf die ausgehandelten und unterschriebenen Verträge.
"Ich verteidige das Impfstoffabkommen", sagt der sozialdemokratische Europaabgeordnete Nicolás González Casares: "Es ist toll, dass wir uns alle geeinigt haben, aber wir fordern mehr Transparenz".
Zu dem, was über die Verträge bekannt ist, sagt die linke GUE/NGL-Fraktion: "Wesentliche Informationen, wie Preise oder Lieferzeiten, sind geschwärzt, das ist verwerflich. Trotzdem gibt es eine Klausel, die besagt, dass das Unternehmen der alleinige Eigentümer des Impfstoffs sein wird, obwohl die Forschung und Entwicklung, die Produktion und die Einkaufskapazitäten mit öffentlichen Geldern bezahlt wurden. Außerdem gibt es eine weitere Klausel, die besagt, dass die Mitgliedsstaaten für Schäden aufkommen müssen, und der Transfer von Impfdosen in Entwicklungsländer ist ausdrücklich verboten, es sei denn, das Unternehmen stimmt zu."

EU in der Impfkrise: Verzögert, ungewiss, intransparent

Die Europäische Kommission streitet sich mit den Laboren über Lieferausfälle. Wie die Verträge genau aussehen – darüber wird geschwiegen. 

230246685.jpg

 El Gobierno prepara unos presupuestos que tienen en cuenta la barra libre fiscal europea y los fondos anticrisis, pero a la vuelta de la esquina está la vuelta a las reglas fiscales para cuadrar el déficit y la deuda 

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece que los Estados &nbsp;miembros de la UE no pueden tener más de un 3% de déficit y de un 60% de deuda. Es verdad que Bruselas se pone más nerviosa con el déficit que la deuda, salvo que sean casos como el de Italia, por encima del 130% antes de la pandemia.
Al inicio de la crisis del coronavirus, la Comisión Europea activó por primera vez la cláusula de escape. Es decir, levantó la vigilancia sobre el déficit y la deuda, dejando barra libre a los Estados para el gasto público, apoyado por los programas de compra de deuda del Banco Central Europeo. La perspectiva es que se cierre 2020 con cifras de déficit próximas al 10% en la UE, y de deuda por encima del 100% en muchos países. Entre ellos, España.
Bruselas reconoce que el Pacto de Estabilidad requiere una reforma, pero mientras se acomete o no, volverá a entrar en vigor. ¿Cuándo? La Comisión Europea no pone una fecha, pero el día que se reactive, vendrá acompañado de una exigencia de rebajar drásticamente las cifras de déficit y deuda. Y cada vez que eso ha ocurrido en el pasado, han llegado los recortes en servicios sociales —pensiones, &nbsp;prestaciones por desempleo, jubilaciones, salarios públicos, etc—, y los &nbsp;sacrificios económicos.
<h3>2022 como fecha para reactivar el Pacto de Estabilidad</h3>
"Hasta 2022, como pronto, no se reactivará el Pacto de Estabilidad", explica una fuente comunitaria: "Y no estará relacionado con la reforma del pacto, que no es para cambiar grandes principios de gobernanza fiscal. No creo que renovar el pacto sea una precondición para reactivar el marco fiscal. Está en manos de la Comisión".
De momento, la Comisión no se compromete con un calendario. Esta semana, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, afirmaba: "La Unión Europea y sus Estados miembros han respondido a una &nbsp;crisis sin precedentes con una respuesta sin precedentes. La Comisión &nbsp;Europea activó inmediatamente la cláusula general de salvaguardia por primera vez en nuestra historia y flexibilizamos nuestros fondos europeos y las normas sobre ayudas estatales. Ahora toca mantener el rumbo. Podemos esperar que nuestras economías empiecen a reactivarse tras una caída del 12 % del PIB en el segundo trimestre. Pero, ante la persistencia del virus, también persiste la incertidumbre, tanto en Europa como en el resto del mundo. Por lo tanto, está claro que no es el momento de retirar la ayuda. Nuestras economías necesitan un apoyo &nbsp;político continuo y habrá que encontrar un delicado equilibrio entre la prestación de apoyo financiero y la garantía de sostenibilidad &nbsp;presupuestaria".
Y añadía: "A más largo plazo, no hay más camino hacia la estabilidad y la competitividad que el de una Unión Económica y Monetaria más fuerte".
"¿Sería más arriesgado retirar el apoyo fiscal demasiado pronto o demasiado tarde?", se preguntaba en voz alta Paolo Gentiloni, comisario europeo de Finanzas, durante la última reunión de ministros de la zona euro (Eurogrupo). "En nuestra opinión, la primera es la principal fuente de preocupación: una retirada prematura del apoyo pondría en peligro la frágil recuperación".
El Ejecutivo comunitario, en todo caso, afirma: "No debemos olvidar la necesidad de asegurar la sostenibilidad a medio plazo y la necesidad de trazar un camino de ajuste en algún momento. Si calculamos mal el momento de este aterrizaje, corremos el riesgo de dañar la economía europea".
El comisario de finanzas ha recordado las cifras del PIB del segundo trimestre: "Estamos en una profunda contracción económica en la zona del euro, con una caída del PIB del 11,8%. Pero esta contracción es &nbsp;profundamente desigual, con caídas trimestrales del PIB que oscilan entre el 4% y el 18% en diferentes países. El riesgo de fragmentación está ahí".
El Ejecutivo comunitario reconoce que "a medida que disminuyeron los confinamientos, vimos un fuerte repunte de la actividad en junio y &nbsp;julio, pero los indicadores apuntan a que la actividad se ha desacelerado nuevamente en las últimas semanas por los nuevos brotes del virus. Prevemos que la mayoría de los Estados miembros no hayan alcanzado sus niveles de PIB anteriores a la crisis para finales de 2021".
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, por su parte, ha pedido a los gobiernos que no caigan en la "complacencia" y que mantengan los estímulos económicos hasta que la crisis provocada por &nbsp;la pandemia de coronavirus haya finalizado: "Nuestra política monetaria necesita el apoyo de la política fiscal. Ninguno de nosotros puede permitirse la complacencia por ahora", ha expresado la máxima responsable del BCE después de advertir de que la situación actual está &nbsp;"rodeada de mucha incertidumbre". En su opinión, estas políticas "deben mantenerse hasta que la crisis se acabe".

España, pendiente de cuándo Europa cortará el grifo del gasto público para pedir ajustes

El Gobierno prepara unos presupuestos que consideran los fondos anticrisis y la barra libre fiscal europea, pero sabiendo que esta puede cambiar

The government is preparing a budget that takes into account European tax flexibility and the anti-crisis funds. But just around the corner is the spectre of tax regulations to face the deficit and debt

The Stability and Growth Pact states that European Union countries may not have more than a 3% deficit and debt more than 60% of the GDP. It is true that Brussels is more nervous about the deficit, except in cases such as Italy, where debt was above 130% before the pandemic.
At the beginning of the coronavirus crisis, the European Commission activated the escape clause for the first time. In other words, it lifted the surveillance on the deficit and the debt, leaving Member States with a free pass on public spending, supported by the debt purchase programmes of the European Central Bank. The expectation is that 2020 will end with a deficit close to 10% in the EU, and debt above 100% in many countries. Among them, Spain.
Brussels recognises that the Stability Pact requires reform, but while this is being debated, it will come back into force. When? The European Commission has not set a date, but the day it is reactivated will be accompanied by a demand to drastically reduce the deficit and debt figures. And every time that has happened in the past, cuts in social services — pensions, unemployment benefits, public wages, etc — and economic sacrifices have been the cost.
<h3>2022 as the year for reactivating the Stability Pact</h3>
"The Stability Pact will not be reactivated until 2022 at the earliest," explains an EU source: "And it will not be related to the reform of the pact, which will not change major principles of fiscal governance. I do not think that renewing the pact is a precondition for reviving the fiscal framework. It is in the Commission's hands."
For the moment, the Commission is not committed to a timetable. This week, President Ursula von der Leyen said: "the European Union and its Member States responded to an unprecedented crisis with an unprecedented response. The Commission immediately triggered the general escape clause for the first time in our history. We made our European funds and State aid rules more flexible. Now is the time to hold our course. We can expect our economies to start moving again after a 12% drop in GDP in the second quarter. But as the virus lingers, so does the uncertainty, here in Europe and around the world. So this is definitely not the time to withdraw support. Our economies need continued policy support and a delicate balance will need to be struck between providing financial support and ensuring fiscal sustainability."
"In the longer-term there is no greater way to ensure stability and competitiveness than through a strong Economic and Monetary Union," she added.
"Would it be riskier to withdraw fiscal support too early or too late?" wondered Paolo Gentiloni, the European Commissioner for Economy, during the last meeting of eurozone ministers (Eurogroup). "In our view, the former is the primary source of concern. A premature withdrawal of support would put the fragile recovery in jeopardy."
The EU executive, in any case, said: "of course, we must not forget the need to ensure sustainability in the medium-run and the need to set a path for adjustment at some point. As I told ministers this morning, if we miscalculate the timing of this landing, we risk damaging the European economy".
The Economy Commissioner recalled the GDP figures for the second quarter: "we are in a deep economic contraction in the eurozone, with output dropping by 11.8%. But they also confirmed that this contraction is deeply uneven, with the quarterly falls in GDP ranging from around 4% to around 18% in different countries. The risk of fragmentation is there."
Gentiloni also acknowledged that "as the lockdowns eased, we saw a strong rebound in activity in June and July, but indicators point to activity slowing again in recent weeks, as countries have grappled with new flare-ups of the virus. We expect that most Member States will not have reached their pre-crisis levels of GDP by the end of 2021".
The President of the European Central Bank (ECB), Christine Lagarde, called on governments to not be complacent and to maintain economic stimuli until the crisis caused by the coronavirus pandemic is over. "Our accommodative monetary policy needs the support of fiscal policy, and none of us can afford complacency at the present moment," said the head of the ECB after warning that the current situation is "surrounded by a lot of uncertainty." In her opinion, these policies "must be maintained until the crisis is over".

Spain will wait for Europe to close the door on public spending before making adjustments 

The government is preparing a budget that considers the anti-crisis funds and the European tax flexibility, but the deficit and debt cannot be ignored

Η κυβέρνηση ετοιμάζει έναν προϋπολογισμό που λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή φορολογική ευελιξία και τα κονδύλια κατά της κρίσης. Όμως, το φάσμα των φορολογικών κανονισμών για την αντιμετώπιση του ελλείμματος και του χρέους πλησιάζει

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αναφέρει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να έχουν περισσότερο από έλλειμμα 3% και χρέος 60% του ΑΕΠ. Είναι αλήθεια ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν περισσότερο για το έλλειμμα, εκτός από περιπτώσεις όπως η Ιταλία, όπου το χρέος ήταν πάνω από 130% του ΑΕΠ πριν από την πανδημία.&nbsp;
Στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε για πρώτη φορά τη ρήτρα διαφυγής. Με άλλα λόγια, ήρε την επιτήρηση του ελλείμματος και του χρέους, παρέχοντας στα κράτη μέλη λευκή επιταγή ως προς τις δημόσιες δαπάνες, με τη στήριξη των προγραμμάτων αγοράς χρέους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η προσδοκία είναι ότι το 2020 θα κλείσει με έλλειμμα κοντά στο 10% στην ΕΕ και χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ σε πολλές χώρες. Μεταξύ αυτών, η Ισπανία.&nbsp;
Οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας απαιτεί μεταρρύθμιση, αλλά όσο οι αλλαγές συζητούνται, αυτό θα τεθεί ξανά σε ισχύ. Πότε; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ορίσει ημερομηνία, αλλά η ημέρα επανενεργοποίησης του θα συνοδεύεται από μια απαίτηση για δραστική μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους. Και κάθε φορά που κάτι τέτοιο συνέβη στο παρελθόν, οι περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες - συντάξεις, παροχές ανεργίας, μισθοί στον δημόσιο τομέα κ.λπ. - και οι οικονομικές θυσίες ήταν το αντίτιμο.&nbsp;
<h3>Το 2022 ως έτος επανενεργοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας&nbsp;</h3>
«Το Σύμφωνο Σταθερότητας θα επανενεργοποιηθεί το νωρίτερο το 2022», εξηγεί μια πηγή της ΕΕ: «Και αυτό δε σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση του συμφώνου, η οποία δε θα αλλάξει τις κύριες αρχές της δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Δε νομίζω ότι η επικαιροποίηση του συμφώνου αποτελεί προϋπόθεση για την αναβίωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι κάτι που αποφασίζει η Επιτροπή».&nbsp;
Προς το παρόν, η Επιτροπή δε δεσμεύεται για ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτήν την εβδομάδα, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντε Λάιεν είπε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ανταποκρίθηκαν σε μια άνευ προηγουμένου κρίση με μια άνευ προηγουμένου απάντηση. Η Επιτροπή ενεργοποίησε αμέσως τη γενική ρήτρα διαφυγής για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Κάναμε τα ευρωπαϊκά μας κονδύλια και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις πιο ευέλικτα. Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μπορούμε να περιμένουμε ότι οι οικονομίες μας θα αρχίσουν να κινούνται ξανά μετά από πτώση του ΑΕΠ κατά 12% το δεύτερο τρίμηνο. Αλλά καθώς ο ιός παραμένει, το ίδιο κάνει και η αβεβαιότητα, εδώ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Επομένως, σίγουρα δεν είναι η ώρα να αποσύρουμε τη στήριξη. Οι οικονομίες μας χρειάζονται συνεχή πολιτική στήριξη και θα πρέπει να επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της παροχής οικονομικής στήριξης και της εξασφάλισης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας». &nbsp;
«Μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα παρά μέσω μιας ισχυρής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», πρόσθεσε.&nbsp;
«Τι θα ήταν πιο επικίνδυνο, να αποσύρουμε τη δημοσιονομική στήριξη πολύ νωρίς ή πολύ αργά;» αναρωτήθηκε ο Πάολο Τζεντιλόνι, Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, κατά την τελευταία συνάντηση των υπουργών της ευρωζώνης (Eurogroup). «Κατά την άποψή μας, το πρώτο είναι η κύρια πηγή ανησυχίας. Η πρόωρη απόσυρση της υποστήριξης θα έθετε σε κίνδυνο την εύθραυστη ανάκαμψη».&nbsp;
Η επικεφαλής της ΕΕ, εν πάση περιπτώσει, είπε: «φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανάγκη να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα και την ανάγκη να καθορίσουμε ένα δρόμο για προσαρμογή σε κάποιο σημείο. Όπως είπα στους υπουργούς σήμερα το πρωί, εάν υπολογίσουμε εσφαλμένα το χρονοδιάγραμμα για αυτή την απόφαση, διατρέχουμε κίνδυνο να καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή οικονομία».&nbsp;
Ο Επίτροπος Οικονομίας υπενθύμισε τα στοιχεία του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο: «βρισκόμαστε σε μια βαθιά οικονομική συρρίκνωση στην ευρωζώνη, με την παραγωγή να μειώνεται κατά 11,8%. Ωστόσο, επιβεβαίωσαν επίσης ότι αυτή η συρρίκνωση είναι βαθιά άνιση, με τις τριμηνιαίες πτώσεις του ΑΕΠ να κυμαίνονται περίπου 4% έως περίπου 18% σε διαφορετικές χώρες. Υπάρχει ο κίνδυνος κατακερματισμού». &nbsp;
Ο Τζεντιλόνι αναγνώρισε επίσης ότι «καθώς μειώθηκαν τα lockdown, είδαμε μια ισχυρή ανάκαμψη στη δραστηριότητα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά οι δείκτες δείχνουν ότι η δραστηριότητα επιβραδύνθηκε ξανά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι χώρες αντιμετώπισαν νέες εξάρσεις του ιού. Αναμένουμε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δε θα φτάσουν στα προ κρίσης επίπεδα του ΑΕΠ μέχρι και το τέλος του 2021».&nbsp;
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, κάλεσε τις κυβερνήσεις να μην εφησυχάσουν και να διατηρήσουν την ενίσχυση της οικονομίας έως ότου τελειώσει η κρίση που προκαλείται από την πανδημία του κορονοϊού. «Η προσαρμοστική νομισματική μας πολιτική χρειάζεται την υποστήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής και κανένας από εμάς δεν μπορεί να αντέξει τον εφησυχασμό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ αφού προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κατάσταση «περιβάλλεται από μεγάλη αβεβαιότητα». Κατά την άποψή της, οι πολιτικές αυτές «πρέπει να διατηρηθούν έως ότου τελειώσει η κρίση».&nbsp;

Η Ισπανία θα περιμένει η Ευρώπη να κλείσει την πόρτα στις δημόσιες δαπάνες προτού προβεί σε προσαρμογές

Ο προϋπολογισμός που ετοιμάζει η κυβέρνηση  λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή φορολογική ευελιξία, αλλά το έλλειμμα και το χρέος δεν μπορούν να αγνοηθούν

Rząd przygotowuje budżet uwzględniający europejską elastyczność podatkową i fundusze antykryzysowe. Ale tuż za rogiem czai się widmo konieczności wprowadzenia przepisów podatkowych, które pozwoliłyby zmierzyć się z deficytem i zadłużeniem.

Pakt stabilności i wzrostu stanowi m.in. o tym, że kraje Unii Europejskiej nie mogą mieć więcej niż 3 proc. deficytu i 60 proc. długu publicznego. Bruksela nerwowo spogląda na kwestię deficytu, choć są wyjątki od tej tendencji. Na przykład przed pandemią zadłużenie we Włoszech wynosiło ponad 130 proc.
Na początku koronakryzysu Komisja Europejska po raz pierwszy uruchomiła tzw. klauzulę korekcyjną: zniesiony został nadzór nad deficytem i zadłużeniem, a państwa członkowskie uzyskały swobodę w zakresie wydatków publicznych oraz zostały wsparte przez programy zakupu długu przez Europejski Bank Centralny. Oczekuje się, że rok 2020 zakończy się deficytem bliskim 10 proc. w UE, a w wielu krajach długiem powyżej 100 proc. Hiszpania jest jednym z nich.
Bruksela przyznaje, że pakt stabilności wymaga reform. Jednak mimo trwających obecnie rozmów na ten temat, zostanie on &nbsp;przywrócony. Pytanie - kiedy? Komisja Europejska nie ustaliła daty, ale dzień, w którym zostanie reaktywowany, będzie oznaczał żądanie drastycznego zmniejszenia deficytu i zadłużenia. I tak jak to wielokrotnie miało miejsce w przeszłości, konieczne będą cięcia wydatków socjalnych: emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, wynagrodzeń dla urzędników publicznych itp.
<h3>2022 - rok reaktywacji paktu stabilności</h3>
- Pakt stabilności zostanie reaktywowany najwcześniej w 2022 r. - wyjaśnia osoba z UE. - I nie będzie to spowodowane reformą, która zmieniłaby główne zasady zarządzania budżetem. Nie sądzę, aby odnowa paktu była warunkiem koniecznym do odświeżenia ram budżetowych. Wszystko jest w rękach Komisji Europejskiej - dodaje.
Na ten moment Komisja nie jest zobowiązana do przestrzegania określonego harmonogramu. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała w tym tygodniu, że "Unia Europejska i państwa członkowskie zareagowały na bezprecedensowy kryzys w bezprecedensowy sposób". - Po raz pierwszy w naszej historii Komisja natychmiast uruchomiła ogólną klauzulę korekcyjną. Uelastyczniliśmy fundusze europejskie i zasady pomocy państwowej. Teraz nadszedł czas, aby utrzymać ten kurs. Możemy oczekiwać, że po spadku PKB o 12 proc. w drugim kwartale nasze gospodarki znów zaczną się rozwijać. Ale póki rozprzestrzenia się wirus, tu w Europie i na całym świecie panuje niepewność. A zatem zdecydowanie nie jest to czas na wycofywanie wsparcia. Nasze gospodarki potrzebują ciągłego wsparcia politycznego i trzeba będzie znaleźć delikatną równowagę między udzielaniem wsparcia finansowego a zapewnieniem stabilności budżetowej - mówiła.
W dłuższej perspektywie nie ma lepszego sposobu na zapewnienie stabilności i konkurencyjności niż poprzez silną unię gospodarczą i walutową - dodała.
"Czy bardziej ryzykowne byłoby wycofanie wsparcia fiskalnego za wcześnie, czy za późno?" pytał Paolo Gentiloni, europejski komisarz ds. gospodarki, podczas ostatniego spotkania ministrów strefy euro (tzw. Eurogrupy). "Naszym zdaniem to pierwsze jest głównym źródłem niepokoju. Przedwczesne wycofanie wsparcia zagroziłoby kruchemu ożywieniu gospodarczemu."
Następnie komisarz wytłumaczył: "Oczywiście nie wolno nam zapominać o konieczności zapewnienia trwałości w krótkiej perspektywie oraz o konieczności podjęcia w pewnym momencie kroków do normalizacji. Jak powiedziałem dziś rano ministrom, jeśli źle skalkulujemy czas wycofania pomocy, ryzykujemy, że zaszkodzimy europejskiej gospodarce".
Komisarz ds. gospodarki przypomniał dane dotyczące PKB za drugi kwartał: "w strefie euro mamy do czynienia z głębokim kryzysem gospodarczym, a produkcja spada o 11,8 proc." Stwierdził on również, że "spadek ten jest głęboko nierównomierny, a kwartalny spadek PKB waha się od około 4 proc. do około 18 proc. w różnych krajach". "Istnieje ryzyko rozdrobnienia" - dodał.
Gentiloni przyznał również, że "wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji sanitarnych, obserwujemy silny wzrost aktywności gospodarczej, ale wskaźniki wskazują na ponowne spowolnienie aktywności w ostatnich tygodniach, kiedy kraje zmagały się z nowym wzrostem przypadków zakażeń. Oczekujemy, że do końca 2021 r. większość państw członkowskich nie osiągnie poziomu PKB sprzed kryzysu".
Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wezwała rządy, aby nie popadały w samozadowolenie i utrzymały pomoc ekonomiczną do czasu zakończenia kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. "Nasza akomodacyjna polityka pieniężna potrzebuje wsparcia polityki fiskalnej i nikt z nas nie może sobie obecnie pozwolić na popadanie w samozadowolenie" powiedziała szefowa EBC po ostrzeżeniu, że obecna sytuacja jest "związana z dużą dozą niepewności". Jej zdaniem, obecna polityka "musi być utrzymana do czasu zakończenia kryzysu".

Hiszpania musi poczekać z uchwaleniem budżetu

Rząd przygotowuje budżet uwzględniający europejską elastyczność podatkową i fundusze antykryzysowe.

Le gouvernement prépare un budget qui tient compte de la flexibilité financière européenne et des fonds de relance. Mais le spectre de règlementations destinées à résorber le déficit et la dette se profile.

Le pacte de stabilité et de croissance stipule que les pays de l'Union européenne ne peuvent avoir un déficit supérieur à 3 % et une dette supérieure à 60 %. Certes, Bruxelles est plus soucieuse du déficit, sauf dans des cas comme celui de l'Italie, où la dette était supérieure à 130 % avant la pandémie.
Au début de la crise du coronavirus, la Commission européenne a activé pour la première fois la clause de sauvegarde. En d'autres termes, elle a levé la surveillance du déficit et de la dette, laissant aux États membres toute latitude sur les dépenses publiques, soutenues par les programmes de rachat de dette de la Banque centrale européenne. On s'attend à ce que l'année 2020 se termine avec un déficit proche de 10 % dans l'UE, et une dette supérieure à 100 % dans de nombreux pays. Parmi eux, l'Espagne.
Bruxelles reconnaît que le pacte de stabilité doit être réformé, pour autant, pendant que la question est débattue, le pacte va revenir en vigueur. Quand ? La Commission européenne n'a pas fixé de date, mais sa réactivation impliquera une demande de réduction drastique du déficit et de la dette. Et chaque fois que cela s'est produit dans le passé, cela s'est traduit par des coupes dans les services sociaux - retraites, allocations de chômage, salaires publics, etc. - et des sacrifices économiques.
<h3>2022 : l'année de la réactivation du pacte de stabilité</h3>
« Le pacte de stabilité ne sera pas réactivé avant 2022 au plus tôt », affirme une source européenne : « Et cela ne dépendra pas de la réforme du pacte, qui ne changera pas les grands principes de la gouvernance budgétaire. Je ne pense pas que le renouvellement du pacte soit une condition préalable à la réactivation du cadre financier. C'est entre les mains de la Commission ».
Pour l'instant, la Commission n'est pas tenue de respecter un calendrier. Cette semaine, sa présidente Ursula von der Leyen a déclaré : « L'Union européenne et ses États membres ont réagi à une crise sans précédent par une réponse sans précédent. La Commission a immédiatement déclenché la clause de sauvegarde générale pour la première fois de notre histoire. Nous avons assoupli nos règles en matière de fonds européens et d'aides d'État. Il est temps maintenant de maintenir le cap. Nous pouvons nous attendre à ce que nos économies se remettent à bouger après une chute de 12 % du PIB au deuxième trimestre. Mais plus le virus persiste, plus l'incertitude s'installe, ici en Europe et dans le monde entier. Ce n'est donc certainement pas le moment de retirer notre soutien. Nos économies ont besoin d'un soutien politique continu et un équilibre délicat devra être trouvé entre l'apport d'un soutien financier et la garantie de la viabilité budgétaire ».
« À plus long terme, il n'y a pas de meilleur moyen d'assurer la stabilité et la compétitivité que par une Union économique et monétaire forte », a-t-elle ajouté.
« Serait-il plus risqué de retirer le soutien financier trop tôt ou trop tard ? », s'est interrogé Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'Économie, lors de la dernière réunion des ministres de la zone euro (Eurogroupe). « Selon nous, la première option est la première source d'inquiétude. Un retrait prématuré du soutien mettrait en péril la fragile reprise ».
Quoi qu'il en soit, Mme von der Leyen a affirmé : « Bien sûr, nous ne devons pas oublier la nécessité d'assurer la durabilité à moyen terme et la nécessité de définir une voie d'ajustement à un moment donné. Comme je l'ai dit aux ministres ce matin, si nous nous trompons sur le calendrier de cet atterrissage, nous risquons de nuire à l'économie européenne ».
Le commissaire à l'Economie a rappelé les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre : « Nous sommes dans une profonde récession économique dans la zone euro, avec une baisse de la production de 11,8 %. Mais les chiffres confirment aussi que cette contraction est très inégale, les baisses trimestrielles du PIB allant d'environ 4 % à environ 18 % dans les différents pays. Le risque de fragmentation est présent ».
M. Gentiloni a également reconnu qu'« à mesure que les mesures de confinement se sont relâchées, nous avons constaté un fort rebond de l'activité en juin et juillet, mais les indicateurs montrent que l'activité a encore ralenti ces dernières semaines, les pays étant confrontés à de nouvelles flambées de virus. Nous prévoyons que la plupart des États membres n'auront pas atteint leur niveau de PIB d'avant la crise d'ici la fin de 2021 ».
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a appelé les gouvernements à ne pas se reposer sur leurs lauriers et à maintenir les stimuli économiques jusqu'à ce que la crise provoquée par la pandémie de coronavirus soit terminée. « Notre politique monétaire accommodante a besoin du soutien de la politique budgétaire, et aucun d'entre nous ne peut se permettre la complaisance en ce moment », a déclaré la présidente de la BCE après avoir averti que la situation actuelle est « entourée de beaucoup d'incertitudes ». Selon elle, ces politiques « doivent être maintenues jusqu'à la fin de la crise ».

En Espagne, les ajustements structurels attendront 

L'Espagne prépare un budget intégrant la flexibilité financière européenne et des fonds de relance. Mais dette et déficit peuvent-ils rester ignorés ?

Die Regierung bereitet einen Haushalt vor, der europäische Steuerregelungen und die Anti-Krisen-Fonds berücksichtigt. Aber die einzelnen Defizite und Schulden der Mitgliedsstaaten müssen auch beachtet werden. 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt besagt, dass die Länder der Europäischen Union nicht mehr als ein Defizit von 3% und eine Verschuldung von 60% des BIP haben dürfen. Es stimmt, dass das Defizit für Brüssel ein größeres Problem ist, außer bei Fällen wie Italien, wo die Verschuldung vor der Pandemie über 130% lag.
Zu Beginn der Corona-Krise hat die Europäische Kommission zum ersten Mal die Ausnahmeklausel aktiviert. Mit anderen Worten, sie hob die Überwachung des Defizits und der Verschuldung auf und gab den Mitgliedsstaaten einen Freifahrtschein für öffentliche Ausgaben, unterstützt durch die Programme zum Ankauf von Schulden der Europäischen Zentralbank. Es wird erwartet, dass das Jahr 2020 mit einem Defizit von fast 10% in der EU und einer Verschuldung von über 100% in vielen Ländern enden wird. Unter ihnen ist auch Spanien.
Brüssel erkennt an, dass der Stabilitätspakt reformiert werden muss. Aber während darüber debattiert wird, wird er wieder angewandt werden. Wann? Die Europäische Kommission hat kein Datum festgelegt. Aber der Tag seiner Reaktivierung wird mit einer Forderung nach einer drastischen Reduzierung der Defizit- und Schuldenzahlen einhergehen. Und jedes Mal, wenn dies in der Vergangenheit geschehen ist, waren Kürzungen der Sozialleistungen – Renten, Arbeitslosenunterstützung, Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst, usw. – und wirtschaftliche Einschränkungen der Preis dafür.
<h3>2022 als Jahr der Reaktivierung des Stabilitätspakts</h3>
"Der Stabilitätspakt wird frühestens 2022 reaktiviert werden", erklärt eine EU-Quelle: "Und das wird nicht mit der Reform des Paktes in Zusammenhang stehen, die die wichtigsten Grundsätze der Haushaltsführung nicht verändern wird. Ich glaube nicht, dass die Erneuerung des Paktes eine Vorbedingung für die Wiederbelebung des fiskalischen Rahmens ist. Es liegt in den Händen der Kommission".
Im Moment ist die Kommission nicht an einen Zeitplan gebunden. Diese Woche sagte Präsidentin Ursula von der Leyen: "Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben auf einer beispiellosen Krise eine beispiellose Reaktion folgen lassen. &nbsp;Zum ersten Mal in unserer Geschichte löste die Kommission sofort die allgemein Ausnahmeklausel aus. Wir haben unsere europäischen Fonds und Regeln für staatliche Beihilfen flexibler gestaltet. Jetzt ist es an der Zeit, unseren Kurs zu halten. Wir können erwarten, dass unsere Volkswirtschaften nach einem Rückgang des BIP um 12% im zweiten Quartal wieder in Bewegung kommen. Aber mit dem Virus bleibt auch &nbsp;die Unsicherheit, hier in Europa und in der ganzen Welt. Dies ist also definitiv nicht der Zeitpunkt, Unterstützung aufzukündigen. Unsere Volkswirtschaften brauchen weiterhin Rückhalt für ihre Maßnahmen, und es muss ein Gleichgewicht zwischen der Bereitstellung finanzieller Unterstützung und der Gewährleistung der fiskalischen Nachhaltigkeit gefunden werden".
"Längerfristig gibt es keine bessere Möglichkeit, Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, als durch eine starke Wirtschafts- und Währungsunion", fügte sie hinzu.
"Wäre es riskanter, die finanzielle Unterstützung zu früh oder zu spät zurückzuziehen", fragte sich Paolo Gentiloni, der Europäische Kommissar für Wirtschaft, während des letzten Treffens der Minister der Eurozone (Eurogruppe). "Unserer Ansicht nach ist Ersteres der Hauptgrund zur Besorgnis. Ein vorzeitiger Rückzug der Unterstützung würde den fragilen Aufschwung in Gefahr bringen."
Die EU-Exekutive sagte jedenfalls: "Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir mittelfristig für Nachhaltigkeit sorgen müssen und irgendwann einen Weg zur Anpassung festlegen. Wie ich den Ministern heute Morgen sagte, riskieren wir, der europäischen Wirtschaft zu schaden, wenn wir den Zeitpunkt dafür falsch einschätzen".
Der Wirtschaftskommissar erinnerte an die BIP-Zahlen für das zweite Quartal: "Wir befinden uns in einem tiefen wirtschaftlichen Abschwung in der Eurozone, die Produktion ist um 11,8% zurückgegangen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass dieser Abschwung sehr ungleichmäßig ist, wobei die vierteljährlichen Rückgänge des BIP in den einzelnen Ländern zwischen etwa 4% und etwa 18% liegen. Es besteht die Gefahr einer Fragmentierung."
Gentiloni räumte auch ein, dass "mit der Lockerung der Lockdowns im Juni und Juli eine starke Erholung der Aktivitäten zu verzeichnen war. Aber die Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktivität in den letzten Wochen wieder verlangsamt hat, da die Länder mit einem erneuten Aufflammen des Virus zu kämpfen hatten. Wir gehen davon aus, dass die meisten Mitgliedstaaten ihr BIP-Niveau von vor der Krise bis Ende 2021 noch nicht wieder erreicht haben werden".
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, rief die Regierungen dazu auf, nicht nachlässig zu werden und die wirtschaftlichen Anreize aufrechtzuerhalten, bis die durch die Corona-Pandemie verursachte Krise vorüber ist." Unsere akkommodierende Geldpolitik braucht die Unterstützung fiskaler Maßnahmen, und niemand von uns kann sich im Moment Selbstgefälligkeit leisten", sagte die EZB-Chefin, nachdem sie davor gewarnt hatte, dass die gegenwärtige Situation "von großer Unsicherheit geprägt ist". Ihrer Meinung nach muss diese Politik "beibehalten werden, bis die Krise vorbei ist".

Spaniens Haushaltsplan muss EU-Entscheidung zu Stabilitätspakt abwarten

Die Regierung bereitet einen Haushalt vor, der europäische Steuerregelungen und die Anti-Krisen-Fonds berücksichtigt.   

133926373.jpg

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia que presentará una propuesta la próxima semana y que el nuevo campo de refugiados de Moria será cogestionado por la UE. España teme que la propuesta de Bruselas sea una "solidaridad a la carta"

¿Las fronteras de un país de la UE son fronteras de la UE? Esa pregunta con una respuesta que parece sencilla no se responde igual si el país es España, Italia o Grecia o si es Austria, Hungría o Polonia. En particular si estamos hablando de personas que huyen del hambre y las guerras, ya sea de Oriente Próximo o de África. Pero, ya sea en términos geográficos, políticos, técnicos o de Schengen, lo cierto es que quien llega a un país de la UE, si arregla sus papeles podrá moverse por todo el sistema comunitario.
El anterior presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, intentó abordar la crisis de los refugiados de hace cinco años con un mecanismo de reparto de refugiados entre los diferentes países de la UE: independientemente de qué país los reciba o los rescate en medio del Mediterráneo, el reparto debía hacerse con cuotas. Pero fracasó, porque países como Hungría, Polonia o Austria se negaron, aunque Merkel diera un paso adelante con aquella célebre frase: "Lo lograremos".
Un lustro después de aquella premonición, lo cierto es que la Unión Europea sigue sin una política común en relación con los refugiados y la migración. Pero la crisis recientemente vivida en el campo de Moria, financiado con dinero comunitario, en la isla griega de Lesbos, parece haber acelerado los trabajos en Bruselas.
Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes por la tarde que la próxima semana, el día 23 de septiembre, presentará su propuesta –se había rumoreado que iba a ser el 30–. Dependerá de los 27 Gobiernos que prospere o que se entierre como pasó con la de Juncker. Además, Von der Leyen ha anunciado que el futuro reconstruido campo de Moira tendrá una gestión compartida entre el Gobierno griego y la Unión Europea.
"Las posiciones españolas e italianas no son las únicas que hay", dicen fuentes diplomáticas: "Lo que le hemos dicho a la Comisión Europea es que lo que no puede es premiar la falta de solidaridad. Hemos llegado aquí entre otras cosas porque hay Estados miembros que niegan la reubicación obligatoria en momentos de crisis".
El Gobierno español teme que "la Comisión Europea estará más en la línea de una solidaridad a la carta. Si eso es así, tendremos que decir que no nos gusta, y ver la carta y el contenido. ¿Estamos premiando a quien no está dispuesto a hacer nada? ¿Es una decisión equilibrada? No que el movimiento secundario sea algo fruto de la desidia del país de llegada. Cuando la llegada es por rescates, es una obligación de derecho internacional público y por cumplir con ese compromiso, ¿vamos a ser penalizados? Todo esto plantea un debate sobre en qué consiste una política más o menos común de asilo y migración".
Las fuentes se preguntan: "Frente a la migración económica, ¿qué es el asilo? Eso lo tiene que resolver la Comisión Europea. Vamos a tener que remar, parece claro. Lo que pasó en Lesbos nos demuestra que tenemos que hacer algo, no podemos seguir así. Europa ha de implicarse más en su conjunto".

La UE acelera con el pacto migratorio ante la crisis de Lesbos

El nuevo campo de Moria será cogestionado por la UE. España teme que la propuesta de Bruselas sea una "solidaridad a la carta"

European Commission President, Ursula von der Leyen, announces that she will present a plan next week and that the new refugee camp in Moria will be co-managed by the EU. Spain fears that the Brussels proposal will be "solidarity a la carte"

Are the borders of an EU country EU borders? The question has an apparently simple answer. But the response is not the same if the country is Spain, Italy or Greece, or if it is Austria, Hungary or Poland. Especially if we are talking about people fleeing from hunger and war, whether in the Middle East or in Africa. But, either in geographical, political, technical or Schengen terms, the truth is that whoever arrives in an EU country, provided that they arrange their documentation, will be able to move around the whole EU system.
Former European Commission President Jean-Claude Juncker tried to address the refugee crisis that took place five years ago with an instrument for distributing refugees between different EU countries: regardless of which country receives them or rescues them in the middle of the Mediterranean, the distribution had to be done with quotas. But it failed, because countries like Hungary, Poland and Austria refused, even though Angela Merkel took a step forward with the famous words: "we can do this!"
Five years after that premonition, the truth is that the European Union still lacks a common policy on refugees and migration. But the recent crisis in the Moria camp, funded with EU money, on the Greek island of Lesbos, seems to have accelerated the work in Brussels.
Thus, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, announced this Monday afternoon that next week, on 23 September, she will present her proposal – it had been rumoured that it would be on the 30th. It will depend on the 27 governments whether it succeeds or is buried, as happened with Juncker's. In addition to this, von der Leyen announced that the future reconstructed camp in Moria will be managed jointly by the Greek government and the European Union.
"The Spanish and Italian positions are not the only ones," &nbsp;diplomatic sources say. "We reached this point because, among other things, there are Member States that refuse compulsory relocation in times of crisis."
The Spanish government fears that "the European Commission will be more in line with solidarity a la carte. If that is the case, we will have to say that we don't approve. Do we want to reward those who are not willing to do anything? Is this a balanced decision? Not that the relocation of migrants is simply a result of the laziness of a particular country of arrival. When the arrival comes after a rescue, it is public obligation under international law – so are we going to be penalised for fulfilling that commitment? All this raises a debate about what a more or less common asylum and migration policy is," they remark.
The sources wonder, "in the face of economic migration, what is asylum? That is for the European Commission to resolve. It seems pretty clear that we will have a dispute. What happened in Lesbos shows us that we have to do something, we cannot go on like this. Europe must become more involved as a whole."

EU speeds up migration pact in response to Lesbos crisis

The new Moria camp will be co-managed by the EU. Spain fears that the Brussels proposal will be "solidarity a la carte"

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο την επόμενη εβδομάδα και ότι η ΕΕ θα συνδιαχειρίζεται το νέο καταυλισμός προσφύγων στη Μόρια. Η Ισπανία φοβάται ότι η πρόταση των Βρυξελλών θα είναι «αλληλεγγύη αλά καρτ»

Τα σύνορα μιας χώρας της ΕΕ είναι τα σύνορα της ΕΕ; Η ερώτηση έχει μια προφανώς απλή απάντηση. Αλλά η απάντηση δεν είναι η ίδια εάν η χώρα είναι η Ισπανία, η Ιταλία ή η Ελλάδα, ή εάν είναι η Αυστρία, η Ουγγαρία ή η Πολωνία. Ειδικά αν μιλάμε για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πείνα και τον πόλεμο, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Αφρική. Όμως, είτε από γεωγραφική, πολιτική, τεχνική άποψη είτε με όρους Σένγκεν, η αλήθεια είναι ότι όποιος φτάσει σε μια χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα ταχτοποιήσει τα έγγραφα του, μπορεί να μετακινηθεί σε ολόκληρο το σύστημα της ΕΕ.&nbsp;
Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προσπάθησε να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση που έλαβε χώρα πριν από πέντε χρόνια με ένα εργαλείο διανομής προσφύγων μεταξύ διαφορετικών χωρών της ΕΕ: ανεξάρτητα από τη χώρα που τους δέχεται ή τους διασώζει στη μέση της Μεσογείου, η διανομή θα γινόταν με ποσοστώσεις. Όμως απέτυχε, επειδή χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία αρνήθηκαν, παρόλο που η Άνγκελα Μέρκελ έκανε ένα βήμα μπροστά με τα περίφημα λόγια: «μπορούμε να τα καταφέρουμε!»&nbsp;
Πέντε χρόνια μετά από αυτή την πρόβλεψη, η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στερείται κοινής πολιτικής για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση. Ωστόσο, η πρόσφατη κρίση στον καταυλισμό της Μόριας, που είναι χρηματοδοτούμενος από την ΕΕ, στο ελληνικό νησί της Λέσβου, φαίνεται να επιτάχυνε τις διαδικασίες στις Βρυξέλλες.&nbsp;
Έτσι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας ότι την επόμενη εβδομάδα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιάσει την πρότασή της - φημολογούταν ότι θα το έκανε στις 30 του μηνός. Θα εξαρτηθεί από τις 27 κυβερνήσεις εάν θα πετύχει ή θαφτεί, όπως συνέβη με του Γιούνκερ. Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι τον καταυλισμό που θα ανασκευαστεί στη Μόρια θα διαχειρίζονται από κοινού η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.&nbsp;
«Οι ισπανικές και ιταλικές απόψεις δεν είναι οι μοναδικές», αναφέρουν διπλωματικές πηγές. «Φτάσαμε σε αυτό το σημείο επειδή, μεταξύ άλλων, υπάρχουν κράτη μέλη που αρνούνται την υποχρεωτική μετεγκατάσταση σε περιόδους κρίσης».&nbsp;
Η ισπανική κυβέρνηση φοβάται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την αλληλεγγύη αλά καρτ. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι δεν εγκρίνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να επιβραβεύσουμε εκείνους που δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν τίποτα; Είναι αυτή μια ισορροπημένη απόφαση; Όχι πως η μετεγκατάσταση μεταναστών είναι απλώς αποτέλεσμα οκνηρίας μιας συγκεκριμένης χώρας άφιξης. Όταν η άφιξη γίνεται μέσω διάσωσης, υπάρχει δημόσια υποχρέωση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο - οπότε θα τιμωρηθούμε για τηρούμε αυτή τη δέσμευση; Όλα αυτά εγείρουν μια συζήτηση σχετικά με το τι είναι πάνω κάτω μια πολιτική ασύλου και μετανάστευσης», σχολιάζουν.&nbsp;
Οι πηγές αναρωτιούνται, «ενόψει της οικονομικής μετανάστευσης, τι σημαίνει άσυλο; Αυτό είναι κάτι που θα το επιλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται αρκετά σαφές ότι θα έχουμε μια διαμάχη. Αυτό που συνέβη στη Λέσβο μας δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στο σύνολό της».

Η ΕΕ επιταχύνει το σύμφωνο μετανάστευσης ως απάντηση στην κρίση της Λέσβου

Ο νέος καταυλισμός στη Μόρια θα συνδιαχειρίζεται από την ΕΕ. Η Ισπανία φοβάται ότι η πρόταση των Βρυξελλών θα είναι «αλληλεγγύη αλά καρτ»

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła, że w przyszłym tygodniu przedstawi plan dot. migracji oraz że nowy obóz dla uchodźców Moria będzie współzarządzany przez UE. Hiszpania obawia się, że brukselska propozycja będzie miała charakter "solidarności à la carte".

Czy granice państw członkowskich UE są granicami UE? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Jednak nie jest taka sama w zależności od tego czy dotyczy Hiszpanii, Włoch czy Grecji, albo Austrii, Węgier lub Polski. Szczególnie jeśli mówimy o ludziach uciekających przed głodem i wojną, czy to z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki. Mimo tego w sensie geograficznym, politycznym i technicznym prawda jest taka, że każdy, kto przybywa do dowolnego państwa w UE, może poruszać się po całej Unii pod warunkiem, że zgromadzi odpowiednie dokumenty.
Pięć lat temu były przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker próbował rozwiązać kryzys uchodźczy za pomocą instrumentu umożliwiającego relokację uchodźców pomiędzy różne kraje UE. Niezależnie od tego, który kraj pierwotnie przyjął uchodźców (lub uratował w środku Morza Śródziemnego), relokacja ta miała odbywać się na podstawie kwot. Ale mimo słynnego "Damy radę!" Angeli Merkel nie udało się tego osiągnąć, w wyniku oporu krajów takich jak Węgry, Polska i Austria.
Pięć lat później w Unii Europejskiej nadal nie ma wspólnej polityki dotyczącej uchodźców i migracji. Wydaje się jednak, że niedawny kryzys w finansowanym ze środków unijnych obozie Moria, na greckiej wyspie Lesbos, przyspieszył prace w Brukseli.
Dlatego też przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła w poniedziałek po południu, że w przyszłym tygodniu, 23 września, przedstawi swój plan działania; według plotek nastąpi to dopiero 30 września. To od 27 rządów zależeć będzie, czy uda się go zrealizować, czy też zostanie pogrzebany, jak to miało miejsce w przypadku inicjatywy Junckera. Ponadto von der Leyen ogłosiła, że przyszłym zrekonstruowanym obozem Moria zarządzać będą wspólnie rząd grecki i Unia Europejska.
Według dyplomatów stanowiska Hiszpanii i Włoch nie są obecnie odosobnione. - Doszliśmy do tego punktu, między innymi dlatego, że niektóre państwa członkowskie odmawiają przymusowej relokacji w czasach kryzysu - słyszymy.
Rząd hiszpański obawia się, że "Komisja Europejska zastosuje zasadę solidarności à la carte". - Jeśli tak się stanie, będziemy musieli powiedzieć, że się na to zgadzamy. Czy chcemy nagradzać tych, którzy nie chcą podjąć żadnych działań? Czy jest to rozsądna decyzja? Potrzeba relokacji migrantów nie jest po prostu wynikiem lenistwa kraju, do którego przybywają. Udzielenie im pomocy po akcji ratunkowej, jest obowiązkiem publicznym na mocy prawa międzynarodowego. Czy będziemy zatem karani za wypełnienie tego zobowiązania? Wszystko to wywołuje debatę na temat tego, czym jest wspólna polityka azylowa i migracyjna - zauważają przedstawiciele dyplomacji.
Zastanawiają się również "czym w obliczu migracji ekonomicznej jest dziś azyl". - To sprawa do rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską. Wydaje się dość oczywiste, że w tej sprawie dojdzie do sporu. To, co wydarzyło się w Lesbos, pokazuje nam, że musimy coś zrobić, nie możemy tak dalej postępować. Europa musi się bardziej zaangażować jako wspólnota - słyszymy.

UE przyspiesza pakt dot. migracji w odpowiedzi na kryzys w Lesbos

Nowy obóz dla uchodźców Moria będzie współzarządzany przez UE. Hiszpania obawia się, że solidarność Brukseli będzie wybiórcza.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle présenterait un plan la semaine prochaine et que le nouveau camp de réfugiés à Moria serait cogéré par l'UE. L'Espagne craint que la proposition de Bruxelles ne prenne la forme d'une « solidarité à la carte ».

Les frontières d'un pays de l'UE sont-elles des frontières de l'UE ? Cette question est apparemment simple. Mais la réponse diffère selon que l'on parle de l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, ou de l'Autriche, la Hongrie ou la Pologne. Surtout s'il s'agit de personnes fuyant la faim et la guerre, au Moyen-Orient ou encore en Afrique. Mais, que ce soit en termes géographiques, politiques, techniques ou au regard des règles de Schengen, la vérité est que quiconque arrive dans un pays de l'UE, à condition d'avoir ses papiers, pourra se déplacer dans toute la zone Schengen de l'UE.
L'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait tenté de répondre à la crise des réfugiés, il y a cinq ans, en mettant en place un instrument de répartition des réfugiés entre les différents pays de l'UE : quel que soit le pays qui les accueille ou les sauve au milieu de la Méditerranée, la répartition devait se faire à l'aide de quotas. Mais le plan a échoué, car des pays comme la Hongrie, la Pologne et l'Autriche ont refusé d'y prendre part, même si Angela Merkel a fait un pas en avant avec ces phrase bien connue : « Nous y arriverons ! »
Cinq ans après cette incantation, la vérité est que l'Union européenne n'a toujours pas de politique commune en matière de réfugiés et de migration. Mais la récente crise du camp de Moria, situé sur l'île grecque de Lesbos et financé par des fonds européens, semble avoir accéléré les travaux à Bruxelles.
Ainsi, la présidente de la Commission européenne a annoncé lundi 14 septembre qu'elle présentera sa proposition la semaine prochaine, le 23 septembre - la rumeur disait que ce serait le 30. Son succès ou son échec dépendra de l'attitude des 27 gouvernements de l'UE, comme ce fut le cas pour le plan de M. Juncker. Mme von der Leyen a également annoncé que le futur camp reconstruit de Moria sera géré conjointement par le gouvernement grec et l'Union européenne.
« Les positions espagnole et italienne ne sont pas les seules », selon des sources diplomatiques. « Nous sommes arrivés à ce point parce que, entre autres choses, il y a des États membres qui refusent les relocalisations obligatoires en temps de crise ».
Le gouvernement espagnol craint que « la Commission européenne privilégie la solution d'une solidarité à la carte. Si c'est le cas, nous devrons dire que nous n'approuvons pas. Voulons-nous récompenser ceux qui ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit ? Est-ce une décision équilibrée ? Non pas que la relocalisation des migrants soit simplement le résultat de la démission d'un pays d'arrivée en particulier. Lorsque l'arrivée intervient après un sauvetage, il s'agit d'une obligation publique en vertu du droit international - allons-nous donc être pénalisés pour avoir respecté cet engagement ? Tout cela soulève un débat sur ce qu'est une politique d'asile et de migration plus ou moins commune », fait remarquer Madrid.
Des sources s'interrogent : « face à la migration économique, qu'est-ce que l'asile ? C'est à la Commission européenne de répondre à cette question. Il semble assez clair que nous aurons un différend. Ce qui s'est passé à Lesbos nous montre que nous devons faire quelque chose, nous ne pouvons pas continuer comme ça. L'Europe doit s'impliquer davantage dans son ensemble ».

Face à la crise de Lesbos, l'UE annonce un nouveau pacte migratoire à la hâte 

Le nouveau camp de Moria sera cogéré par l'UE. L'Espagne craint que la proposition de Bruxelles ne se traduise par une « solidarité à la carte ».

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte für nächste Woche einen neuen Plan an: Das neue Flüchtlingslager in Moria soll von der EU mitverwaltet werden. Spanien befürchtet, dass der Brüsseler Vorschlag "Solidarität à la carte" sein wird.

Sind die Grenzen eines EU-Landes gleichzeitig EU-Grenzen? Die Frage hat theoretisch eine denkbar einfache Antwort. Die Antwort ist jedoch nicht die gleiche, wenn das Land Spanien, Italien, Griechenland heißt – oder wenn es Österreich, Ungarn, &nbsp;Polen heißt. Und vor allem fällt sie anders aus, wenn es um Menschen geht, die vor Hunger und Krieg fliehen; um Menschen aus dem Nahen Osten oder aus Afrika. Aber ob geografisch, politisch, oder in Bezug auf den Schengen-Raum – jede Person, die in einem EU-Land ankommt, kann sich – vorausgesetzt, dass sie oder er über Dokumente verfügt – im gesamten EU-System bewegen.
Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte in der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren versucht, der Problematik mit einem Instrument zu begegnen: Demnach hätten Geflüchtete unabhängig davon aufgeteilt werden sollen, welches Land sie zuerst aufgenommen oder mitten im Mittelmeer gerettet hatte. Die Verteilung wäre nach Quoten erfolgt. Aber das Instrument scheiterte. Länder wie Ungarn, Polen und Österreich hatten sich geweigert, die Quoten anzuwenden. Und das, obwohl Angela Merkel mit den berühmten Worten einen Schritt nach vorn getan hatte: "Wir schaffen das!"
Fünf Jahre später fehlt es der EU immer noch an einer gemeinsamen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Aber die jüngste Krise im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, das mit EU-Geldern finanziert wurde, scheint die Arbeit in Brüssel beschleunigt zu haben.
So kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Montagnachmittag an, dass sie ihren Vorschlag nun doch früher vorstellen werde, nämlich bereits am 23. September (es war gemunkelt worden, dass dies erst am 30. September geschehen würde). Es wird von den 27 Regierungen abhängen, ob der Vorschlag Erfolg hat. Oder ob er, wie bei Juncker, schnell wieder begraben wird. Darüber hinaus kündigte von der Leyen an, dass das wiederaufgebaute Lager in Moria gemeinsam von der griechischen Regierung und der EU verwaltet werden soll.
"Die spanischen und italienischen Positionen sind nicht die einzigen", sagen diplomatische Quellen. "Wir haben diesen Punkt erreicht, weil es unter anderem Mitgliedstaaten gibt, die &nbsp;eine solche Zwangsumsiedlung ablehnen, auch in Krisenzeiten."&nbsp;
Die spanische Regierung befürchtet, dass "die Europäische Kommission mehr auf Solidarität à la carte setzen wird. Wenn das der Fall ist, werden wir sagen müssen, dass wir nicht einverstanden sind. Wollen wir diejenigen belohnen, die nicht bereit sind, etwas zu tun? Ist dies eine ausgewogene Entscheidung? Nicht, dass die Umsiedlung von Migrierenden einfach eine Folge der Faulheit eines bestimmten Ankunftslandes ist. Wenn die Ankunft nach einer Rettungsaktion erfolgt, hat man damit schließlich eine Verpflichtung nach internationalem Recht erfüllt. Werden wir also für die Erfüllung dieser Verpflichtung bestraft? All dies wirft eine Debatte darüber auf, was eine mehr oder weniger gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik ist", wird von den Quellen angemerkt.
Die Quellen fragen: "Was ist Asyl angesichts der Wirtschaftsmigration? Das muss die Europäische Kommission klären. Es scheint ziemlich klar, dass wir einen Disput haben werden. Was in Lesbos geschehen ist, zeigt uns, dass wir etwas tun müssen, wir können so nicht weitermachen. Europa als Ganzes muss sich stärker engagieren".

Krise auf Lesbos: EU will zügig neuen Migrationspakt

In Moria soll ein neues Lager gebaut werden, das die EU mitverwaltet. Spanien hält Brüssels Vorschlag für eine "Solidarität à la carte".

135503905.jpg

No es tanto un problema puramente técnico, como que para canalizar adecuadamente los fondos se necesitan unos presupuestos adaptados a la coyuntura de una crisis sin precedentes y enfocados a las ayudas de la UE

¿En algún lugar de Bruselas está escrito que hace falta unos presupuestos aprobados para recibir los fondos de recuperación? No. ¿En algún momento de las negociaciones se ha pedido a España tener unos presupuestos aprobados de aquí a final de año para recibir dinero para la pandemia? En absoluto. Ahora bien, en tanto que los 140.000 millones del fondo de recuperación asignados a España están pensados para la crisis del coronavirus y condicionados para impulsar reformas de transición digital, energética y las recomendaciones del semestre europeo –el sistema de gobernanza económico de la Comisión Europea–, es importante que haya cuentas nuevas: las partidas de los presupuestos de Cristóbal Montoro de mayo de 2018 no entendían ni de pandemia, ni de coronavirus, ni de una crisis que hará que España acabe 2020 con una caída del PIB en torno al 10% ni de un fondo europeo que no estaba en la cabeza de ningún oráculo.
Es decir: no se trata tanto de un problema puramente técnico, como de que para canalizar correctamente los fondos para lo que están pensados se necesitan presupuestos. ¿Por qué? Porque los fondos van destinados a financiar programas específicos diseñados por los países, que si no están insertos en un marco presupuestario, son más complicados de diseñar. Y, a veces, puede resultar imposible. "Beneficiarse del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y nuestra evaluación de los proyectos de planes presupuestarios son procesos separados", recuerdan fuentes comunitarias, que esperan para finales de octubre un primer borrador de plan de presupuestos –Draft Budgetary Plan–.
Es cierto que los presupuestos de Montoro tampoco preveían la cobertura de ERTE impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por ejemplo, que de momento suponen un desembolso de más de 20.000 millones. Pero también es verdad que, si el mundo de mayo de 2018 no tiene nada que ver con el mundo de septiembre de 2020, el marco presupuestario sufre para adaptarse a un momento histórico tan extraordinario.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba este martes en una entrevista en la SER: "[el presupuesto de Montoro] No recoge aquellos instrumentos necesarios para vincular todos los recursos económicos que van a venir a partir del próximo año de Europa. Esos 140.000 millones, 72.000 millones de ellos en transferencias directas, para hacer esa transición digital, esa transición ecológica, esa necesaria cohesión territorial que necesita nuestro país. Estos viejos presupuestos no van a ser capaces de absorber esos recursos económicos, ni atender tampoco esas emergencias sociales". ¿Están en peligro las ayudas de Europa? "Si no se aprueban estos presupuestos, están comprometidos desde el punto de vista de la capacidad que tenga el Ejecutivo y las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la absorción de esos recursos y, por lo tanto, en sus niveles de ejecución. No tenemos instrumentos ahora mismo reconocidos en el presupuesto para poder absorber esa capacidad ingente de recursos que va a provenir de Europa".
Para abordar nuevas políticas con las cuentas de Montoro, "habría que ir emprendiendo modificaciones presupuestarias", explican fuentes del Gobierno, y añaden: "Hay partidas complicadas de ejecutar sin nuevos presupuestos, y las que hay, son limitadas para afrontar nuevos retos".
"Estamos hablando de la movilización de inversiones públicas y privadas", decía este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su intervención en la UIMP, "de la capacidad catalizadora de los recursos públicos, de los proyectos prioritarios, de la capacidad tractora sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo. Pero parece que no somos conscientes de que todo esto requiere de unos Presupuestos Generales del Estado adecuados a la realidad actual y que nos permitan canalizar los recursos públicos nacionales y muy fundamentalmente a los comunitarios, que tienen un papel clave en los próximos años para que podamos hacer realidad esos usos deseados, compartidos, del programa de reformas e inversiones que nuestro país necesita".
<h3>Reparto en tres años</h3>
En todo caso, al margen de que sea más necesario que imprescindible tener presupuestos para recibir dinero europeo, hay otro asunto pendiente: aún no se ha aprobado el fondo de recuperación en Bruselas. Y, cuando se apruebe, está previsto que el dinero se reparta entre 2021, 2022 y 2023. Es decir, que no es que haya un cajero automático para España con 140.000 millones esperando a que se aprueben los presupuestos de 2021 para ser vaciado.
Es más, hay otros fondos europeos aprobados en 2020 a los que España ha optado con éxito. Por ejemplo, los 21.300 millones concedidos en préstamos para financiar los ERTE a cuenta del programa SURE de la Comisión Europea. Y también tiene a su disposición otro tanto del MEDE sanitario, al que no recurre por temor al estigma del fondo de rescates europeo.
Es decir, hay dinero europeo que está llegando y que puede llegar al margen del fondo de recuperación vinculado al marco financiero plurianual 2021-2027 UE –presupuestos de la UE– y, también, al margen de los presupuestos españoles. Pero, es que, además, los presupuestos europeos tampoco están aprobados.
En efecto, en ese hipotético cajero automático no es que no haya 140.000 millones para España, es que está vacío. ¿Por qué? Porque aunque los líderes acordaran un fondo de recuperación en julio después de cinco días de negociaciones, queda el trámite parlamentario.
Es verdad que difícilmente el Parlamento Europeo va a tumbar un acuerdo de los 27 jefes de Gobierno, pero también es difícil que el único organismo elegido por sufragio universal vaya a tragarse unos presupuestos plurianuales sin aportar nada. De hecho, ya han comenzado las negociaciones, y los principales grupos de la Eurocámara –PPE, S&amp;D, Renew y Verdes– han pedido formalmente endurecer la condicionalidad de respetar el Estado de Derecho para acceder a fondos europeos –pensando en Hungría y Polonia–. Y, si se pusieran de acuerdo liberales y las derechas –PPE, ECR e ID–, incluso tendrían mayoría para endurecer las condicionalidades económicas si se lo propusieran aun a riesgo de hacer saltar el acuerdo global con los socialistas, tanto de la cumbre como para el Ejecutivo comunitario –la UE se gobierna fundamentalmente entre populares, socialistas y liberales–.
<h3>Necesaria aprobación del Parlamento Europeo</h3>
Pero el tiempo apremia: el actual marco presupuestario de la UE finaliza el 31 de diciembre y la financiación para el próximo ciclo de siete años aún no está asegurada. Además de que el presupuesto 2021-2027 necesite la aprobación del Parlamento Europeo, requiere que los parlamentos nacionales ratifiquen el fondo de recuperación de la UE de 750.000 millones de euros que se establecería mediante deuda emitida por la Comisión Europea con cargo al presupuesto de la UE –en última instancia, a contribuciones nacionales–.
Mientras el Consejo y el Parlamento inician conversaciones para lograr un acuerdo sobre el presupuesto, también se trabaja en muchas un proyecto de ley sobre cómo gastar los 673.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia de la UE –el resto, hasta 750.000, es dinero que se aporta a programas manejados por la Comisión Europea a través del presupuesto de la UE, no programas diseñados por los gobiernos–.
En paralelo, los países están elaborando sus planes nacionales de recuperación, que deben presentar para acceder a los fondos de recuperación de la UE. Estos planes necesitarán la aprobación de la Comisión y el respaldo de la mayoría cualificada en el Consejo. Pero no la existencia previa de nuevos presupuestos nacionales como condición sine qua non.
Las conversaciones sobre el acuerdo del MFF –presupuesto de la UE– continuarán los días 7, 11 y 18 de septiembre; aunque el Parlamento no podrá votar, como pronto, hasta octubre. Si no hay un acuerdo para el 1 de enero, el presupuesto se renovaría sin los nuevos programas de gasto –incluido el fondo de recuperación–, y sin uno de sus grandes contribuyentes netos actuales, el Reino Unido.

Por qué es importante tener presupuestos para recibir los 140.000 millones del fondo europeo de recuperación

Para canalizar adecuadamente los fondos se necesitan unos presupuestos adaptados a la coyuntura de esta crisis 

It is not just a purely technical problem. In order to direct the funds properly, it is necessary to have a budget that fits the situation of an unprecedented crisis and is focused on EU aid. 

Is it written somewhere in Brussels that approved budgets are needed to receive the recovery funds? No. At any point in the negotiations has Spain been asked to have its budgets approved by the end of the year in order to receive money for the pandemic? Not at all. However, the 140 billion of the recovery fund allocated to Spain has been granted for the coronavirus crisis and is conditional on the promotion of the digital transition and energy reforms and the recommendations of the European Semester (the European Commission's system of economic governance). Therefore, it is important that Spain has a new budget, as the ones designed by former Finance minister Cristobal Montoro in May 2018 did not include the perspective of a pandemic; the budget could not foretell of coronavirus – a crisis that will lead Spain towards 2021 with a drop in GDP of around 10%.
In other words, it is not just a technical problem. Budgets are needed in order to direct the funds correctly. Why? Because funds are intended to finance specific programmes designed by the countries, which, if they are not included in a budgetary framework, are more complicated to design. And sometimes it can be impossible. "Benefiting from the Recovery and Resilience Fund and our evaluation of draft budget plans are separate processes," state EU sources, who are expecting a first draft of the budget plan (the Draft Budgetary Plan) by the end of October.
It is true that Montoro's budgets did not provide for the coverage of the ERTE Schemes (furloughs) promoted by the &nbsp;Labour minister Yolanda Díaz, which at the moment means an outlay of more than 20 billion. But it is also accurate to say that the world in May 2018 has nothing to do with the world of September 2020, and that is why the budgetary framework fails to accommodate such an extraordinary historical moment.
The prime minister, Pedro Sánchez, himself stated last Tuesday in an interview with local broadcaster SER that "[Montoro's budget] does not include the necessary instruments to link all the economic resources that will come from Europe next year. Those 140 billion (72 billion of them in direct transfers) are to make the digital transition, the ecological transition, the necessary territorial cohesion that our country needs. These old budgets are not going to be able to absorb these economic resources, nor will they be able to deal with social emergencies." Is Europe aid in risk? &nbsp;"If these budgets are not approved, they are endangered from the point of view of the capacity of the government, the Autonomous Communities, and the town councils to absorb these resources and, therefore, their execution. At the moment, we do not have instruments in the budget which are able to absorb the enormous size of resources that are going to come from Europe."
In order to address new policies with Montoro's calculations, "we would have to undertake budgetary modifications", explain government sources, adding that "some budget items are hard to execute without new accounts, and the ones that exist are limited in their capacity to face new challenges."
"We are talking about the flow of public and private investment, about the assembling capacity of public resources, priority projects, the ability to drive economic growth and job creation. But it seems that we are not aware that all this requires General State Budgets that are equipped for the current reality and that allow us to direct national public resources (and especially regional resources), which have a key role in the coming years, so that we can make the desired implementation of the reform and investment programme that our country needs a reality" said the deputy prime minister for the Economy, Nadia Calviño, in her speech last Monday at a University. &nbsp;
<h3>Breakdown over three years</h3>
Either way, apart from the fact that it is more than essential to have budgets in order to receive European money, there is another matter pending: the recovery fund has not yet been approved in Brussels. And, once it is approved, it is planned that the money will be divided between 2021, 2022 and 2023. In other words, it is not as if there is a cash machine for Spain with 140 billion waiting to be released after the 2021 budgets are approved.
Moreover, there are other European funds approved in 2020 which Spain has been successfully granted. For example, the 21.3 billion in loans granted to finance furloughs, thanks to the European Commission's SURE programme. And it also has at its disposal the same amount from the ESM health programme but has not used it yet, fearing the stigma of the European rescue fund.
In other words, there is European money coming separate from the recovery fund, linked to the EU's 2021-2027 multiannual financial framework – EU budgets – and also separate from the Spanish budgets. In addition, the European budgets have not been approved either.
Indeed, in that hypothetical ATM machine, it is not that there is no 140 billion for Spain, but that it is just empty. Why? Because even if the leaders agreed on a recovery fund in July after five days of negotiations, the parliamentary procedure is yet to celebrate.
It is true that it is difficult for the European Parliament to overturn an agreement by the 27 governors, but it is also difficult for the only body elected by universal suffrage to accept a multiannual budget easily. In fact, negotiations have already started, and the main groups in the Parliament – European People's Party, Socialists and Democrats, Renew and Greens – have formally requested the tightening of the conditionality on respecting the rule of law to access European funds, especially with regard to Hungary and Poland. And if the Liberals and the right agreed, they would have the majority needed to tighten the economic conditionality if proposed, even at the risk of bypassing the global agreement with the Socialists, both from the summit and for the EU Executive. The EU is governed fundamentally between the Popular Party, the Socialists, and the Liberals.
<h3>European Parliament approval required</h3>
But time is pressing on: the current EU budgetary framework ends on 31 December and the financing for the next seven-year cycle has not yet been secured. In addition to the fact that the 2021-2027 budget needs the approval of the European Parliament, it requires national parliaments to ratify the 750 billion euro recovery fund that would be established by means of debt issued by the European Commission from the EU budget; ultimately national contributions.
While the Council and the Parliament are starting talks to reach an agreement on the budget, a bill on how to spend the 673 billion euros of the EU's recovery and resilience fund is also being worked on by many. The rest, up to 750 billion, is money that is contributed to programmes managed by the European Commission through the EU budget, not programmes designed by governments.
In parallel, countries are drawing up their national recovery plans, which they must submit to access EU recovery funds. These plans will need the approval of the Commission and the support of a qualified majority in the Council. But not the prior existence of new national budgets as a condition sine qua non.
Talks on the EU budget will continue on 7, 11 and 18 September, although the Parliament will not be able to vote until October at the earliest. If there is no agreement by 1 January, the budget would be renewed without the new spending programmes (including the recovery fund) and without one of its current large net contributors, the UK.

It is important that Spain approves its budget  to receive the 140 billion from the European recovery fund

It is necessary to have a budget that fits the situation of an unprecedented crisis and is focused on EU aid. 

To nie jest tylko problem czysto techniczny. Aby właściwie ukierunkować fundusze, należy dysponować budżetem, który odpowiada sytuacji bezprecedensowego kryzysu i jest nakierowany na pomoc z UE.

Czy gdzieś w Brukseli jest napisane, że zatwierdzenie budżetu jest potrzebne do otrzymania funduszy naprawczych? Nie. Czy w którymkolwiek momencie negocjacji zwrócono się do Hiszpanii o zatwierdzenie budżetu do końca roku w celu otrzymania pieniędzy na zwalczanie skutków pandemii? Nie. Jednak 140 miliardów z funduszu naprawczego przyznanego Hiszpanii zostało przyznanych na kryzys koronawirusa i jest uzależnione od promowania transformacji cyfrowej i reform energetycznych oraz zaleceń europejskiego semestru (systemu zarządzania gospodarczego Komisji Europejskiej). Dlatego ważne jest, by Hiszpania dysponowała nowym budżetem, ponieważ ten zaprojektowany przez byłego ministra finansów Cristobala Montoro w maju 2018 roku nie uwzględniał perspektywy pandemii; budżet ten nie mógł przewidzieć koronawirusa - kryzysu, w wyniku którego Hiszpania wejdzie w 2021 rok ze spadkiem PKB o około 10%.
Innymi słowy, nie jest to tylko problem techniczny. Budżet jest potrzebny, aby właściwie ukierunkować środki. Dlaczego? Ponieważ fundusze są przeznaczone na finansowanie konkretnych programów opracowywanych przez kraje. Jeśli nie są ujęte w ramach budżetowych, dużo trudniej je opracować. A czasami może to być niemożliwe. "Korzystanie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz nasza ocena projektów planów budżetowych to odrębne procesy" - podają źródła unijne, które spodziewają się pierwszego projektu planu budżetowego (projektu planu budżetowego) do końca października.
Prawdą jest, że budżety Montoro nie przewidywały pokrycia kosztów programów ERTE (bezrobocia częściowego) promowanych przez minister pracy Yolandę Díaz, co w chwili obecnej oznacza koszt ponad 20 miliardów euro. Ale prawdą jest również to, że świat z maja 2018 roku nie ma nic wspólnego ze światem z września 2020 roku i dlatego ramy budżetowe nie uwzględniają tego historycznego momentu bez precedensu.
W zeszły wtorek premier Pedro Sánchez oświadczył w wywiadzie dla lokalnego nadawcy SER, że "[budżet Montoro - przyp. red.] nie zawiera instrumentów niezbędnych do połączenia wszystkich zasobów gospodarcze, które będą napływać z Europy w przyszłym roku. Te 140 miliardów (z czego 72 miliardy w bezpośrednich przelewach) ma na celu przeprowadzenie transformacji cyfrowej, transformacji ekologicznej, niezbędnej integracji terytorialnej, której potrzebuje nasz kraj. Stary budżet nie będzie w stanie wchłonąć tych zasobów gospodarczych, nie będzie też w stanie poradzić sobie z kryzysami społecznymi". Czy pomoc z Europy jest zagrożona? "Jeśli budżet nie zostanie zatwierdzony, jest zagrożona z punktu widzenia zdolności rządu, wspólnot autonomicznych i rad miejskich do absorpcji tych zasobów, a zatem i ich wykorzystania. W chwili obecnej nie mamy w budżecie instrumentów, które byłyby w stanie zaabsorbować ogromne ilości środków, które będą napływać z Europy".
Aby zająć się nowymi rozwiązaniami za pomocą wyliczeń Montoro, "musielibyśmy podjąć się modyfikacji budżetowych", wyjaśniają rządowe źródła, dodając, że "niektóre pozycje budżetowe są trudne do wdrożenia bez nowych środków, a te, które istnieją, mają ograniczoną zdolność do sprostania nowym wyzwaniom".
- Mówimy o przepływie inwestycji publicznych i prywatnych, o zdolności zgromadzenia środków publicznych, projektach priorytetowych, zdolności do napędzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Wydaje się jednak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wszystko to wymaga by budżet państwowy był dostosowany do obecnych realiów i &nbsp;pozwalał nam ukierunkować krajowe zasoby publiczne (a zwłaszcza zasoby regionalne), które odegrają kluczową rolę w nadchodzących latach, tak abyśmy mogli urzeczywistnić pożądaną realizację programu reform i inwestycji, których nasz kraj potrzebuje - powiedziała wicepremier ds. gospodarki Nadia Calviño w swoim wystąpieniu na uniwersytecie w zeszły poniedziałek.
<h3>Podział na trzy lata</h3>
Tak czy inaczej, oprócz tego, że posiadanie zatwierdzonego budżetu jest więcej niż niezbędne do otrzymania europejskich pieniędzy, w powietrzu wisi &nbsp;jeszcze jedna kwestia: fundusz naprawczy nie został jeszcze zatwierdzony w Brukseli. A po jego zatwierdzeniu przewiduje się, że pieniądze te zostaną podzielone między 2021, 2022 i 2023 rok. Innymi słowy, nie jest tak, że po zatwierdzeniu budżetu na 2021 rok z bankomatu wypłynie 140 miliardów euro dla Hiszpanii.
Ponadto istnieją inne fundusze europejskie zatwierdzone w 2020 roku, które zostały pomyślnie przyznane Hiszpanii. Na przykład 21,3 mld euro pożyczek przyznanych na sfinansowanie bezrobocia częściowego, dzięki programowi SURE Komisji Europejskiej. Dysponuje ona również taką samą kwotą z programu zdrowotnego EMS, ale jeszcze jej nie wykorzystała, obawiając się piętna europejskiego funduszu ratunkowego.
Innymi słowy, &nbsp;pieniądze europejskie napływają oddzielnie z funduszu naprawczego, powiązanego z wieloletnimi ramami finansowymi UE na lata 2021-2027 - budżetem UE - a także odrębne z budżetu Hiszpanii. Ponadto budżet europejski również nie został zatwierdzony.
W rzeczywistości w tym hipotetycznym bankomacie nie chodzi o to, że nie ma 140 miliardów dla Hiszpanii, ale o to, że jest on po prostu pusty. Dlaczego? Ponieważ mimo że w lipcu, po pięciu dniach negocjacji, przywódcy zgodzili się na utworzenie funduszu naprawczego, procedura parlamentarna nie została jeszcze zakończona.
To prawda, że Parlamentowi Europejskiemu trudno jest obalić porozumienie 27 przywódców, ale równie trudno jest jedynemu organowi wybranemu w wyborach powszechnych zaakceptować wieloletni budżet. W rzeczywistości negocjacje już się rozpoczęły, a główne grupy w Parlamencie - Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Odnówmy Europę i Zieloni - zwróciły się z formalnym wnioskiem o zaostrzenie warunków dotyczących przestrzegania zasady praworządności w dostępie do funduszy europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do Węgier i Polski. A gdyby liberałowie i prawica się zgodzili, mieliby większość potrzebną do zaostrzenia uwarunkowań gospodarczych, gdyby zostały one zaproponowane, nawet gdyby istniało ryzyko ominięcia globalnego porozumienia z socjalistami, zarówno ze szczytu, jak i dla rządu UE. UE jest zasadniczo zarządzana przez Partię Ludową, Socjalistów i Liberałów.
<h3>Wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego</h3>
Ale czas nagli: obecne ramy budżetowe UE kończą się z dniem 31 grudnia, a finansowanie na kolejny siedmioletni cykl nie zostało jeszcze zapewnione. Oprócz tego, że budżet na lata 2021-2027 wymaga zatwierdzenia przez Parlament Europejski, wymaga on również ratyfikacji przez parlamenty krajowe funduszu naprawczego w wysokości 750 mld euro, który zostałby utworzony z długu wyemitowanego przez Komisję Europejską z budżetu UE; ostatecznie chodzi o składki krajowe.
Podczas gdy Rada i Parlament rozpoczynają rozmowy w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie budżetu, wiele osób pracuje również nad projektem ustawy dotyczącej sposobu wydatkowania 673 miliardów euro z unijnego funduszu na rzecz odbudowy gospodarczej i zwiększania odporności. Reszta, do 750 miliardów euro, to pieniądze, które są przekazywane na programy zarządzane przez Komisję Europejską za pośrednictwem budżetu UE, a nie programy opracowane przez rządy.
Równolegle kraje opracowują swoje krajowe plany naprawcze, które muszą przedłożyć, aby uzyskać dostęp do unijnych funduszy naprawczych. Plany te będą wymagały zatwierdzenia przez Komisję i poparcia większości kwalifikowanej w Radzie. Ale wcześniejsze istnienie nowych budżetów krajowych nie jest warunkiem sine qua non.
Rozmowy na temat budżetu UE będą kontynuowane w dniach 7, 11 i 18 września, chociaż Parlament będzie mógł głosować najwcześniej w październiku. Jeżeli do 1 stycznia nie zostanie osiągnięte porozumienie, budżet zostanie odnowiony bez nowych programów finansowych (w tym funduszu naprawczego) i bez jednego z obecnych dużych płatników netto, Wielkiej Brytanii.

Hiszpania musi zatwierdzić swój budżet. Może stracić 140 mld euro

Konieczny jest budżet dostosowany do sytuacji bezprecedensowego kryzysu i skoncentrowany na pomocy z UE. 

Il est nécessaire de disposer d'un budget adapté à la situation de crise sans précédent entraînée par la pandémie de coronavirus et axé sur l'aide de l'UE. 

Est-il écrit quelque part à Bruxelles que les budgets doivent être approuvés pour recevoir les fonds de relance ? Non. À un moment quelconque des négociations, l'Espagne a-t-elle été invitée à faire approuver son budget avant la fin de l'année afin de recevoir des fonds pour lutter contre la pandémie ? Pas du tout. Reste que les 140 milliards du fonds de relance alloués à l'Espagne ont été accordés pour tenir face à la crise du coronavirus et sont conditionnés à la promotion de la transition numérique et des réformes énergétiques ainsi qu'aux recommandations du Semestre européen (le système de gouvernance économique de la Commission européenne). Il est donc important que l'Espagne dispose d'un nouveau budget, car celui conçu par l'ancien ministre des Finances, Cristobal Montoro en mai 2018, n'incluaient pas le scénario pandémique - une crise qui va provoquer une baisse d'environ 10% du PIB de l'Espagne en 2021.
En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un problème technique. Un budget est nécessaire pour orienter correctement le fonds. Pourquoi ? Parce que le fonds est destiné à financer des programmes nationaux spécifiques, qui, s'ils ne sont pas inclus dans un cadre budgétaire, sont plus compliqués à concevoir. Et parfois, cela peut s'avérer impossible. « Bénéficier du Fonds de relance et de résilience et notre évaluation des projets de plan budgétaire sont des processus distincts », indiquent des sources européennes, qui attendent un premier projet de plan budgétaire pour la fin octobre.
Il est vrai que le budget de M. Montoro ne couvre pas les programmes ERTE (chômage partiel) promus par la ministre du Travail Yolanda Díaz, ce qui représente actuellement une dépense de plus de 20 milliards. Mais il est également exact de dire que le monde de mai 2018 n'a rien à voir avec celui de septembre 2020, et c'est pourquoi le cadre budgétaire ne tient pas compte d'un moment historique aussi extraordinaire.
Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a lui-même déclaré mardi dernier dans une interview avec la radio SER que « (le budget de M. Montoro) ne comprend pas les instruments nécessaires pour orienter toutes les ressources économiques qui viendront de l'Europe l'année prochaine. Ces 140 milliards (dont 72 milliards en transferts directs) doivent permettre la transition numérique, la transition écologique, la nécessaire cohésion territoriale dont notre pays a besoin. Ces anciens budgets ne pourront pas absorber ces ressources économiques, ni faire face aux urgences sociales ». Si ce budget n'est pas approuvé, le gouvernement, les communautés autonomes et les conseils municipaux risquent de ne pas pouvoir absorber ces ressources. Actuellement, nous manquons d'instruments budgétaires capables d'absorber l'énorme quantité de ressources qui vont venir de l'Europe ».
Afin d'aborder les nouvelles politiques avec les calculs de M. Montoro, « nous devrions entreprendre des modifications budgétaires », expliquent des sources gouvernementales, ajoutant que « certains postes budgétaires sont difficiles à exécuter sans nouveaux comptes, et ceux qui existent sont limités dans leur capacité à faire face aux nouveaux défis ».
« Nous parlons du flux d'investissements publics et privés, de la capacité de rassemblement des ressources publiques, des projets prioritaires, de la capacité à stimuler la croissance économique et la création d'emplois. Mais il semble que nous ne soyons pas conscients que tout cela nécessite un budget général de l'État qui soit adapté à la réalité actuelle et qui nous permette de diriger les ressources publiques nationales (et surtout régionales), qui joueront un rôle clé dans les années à venir, afin que nous puissions concrétiser la mise en œuvre souhaitée du programme de réforme et d'investissement dont notre pays a besoin », a déclaré lundi dernier la vice-présidente en charge des questions économiques, Nadia Calviño.
<h3>Répartition sur trois ans</h3>
Quoi qu'il en soit, outre le fait qu'il est plus qu'essentiel d'avoir un budget pour recevoir de l'argent européen, une autre question demeure : le fonds de relance n'a pas encore été approuvé à Bruxelles. Et, une fois qu'il l'aura été, l'argent doit être distribué jusqu'à 2023. En d'autres termes, ce n'est pas comme s'il y avait un distributeur de billets pour l'Espagne avec 140 milliards qui attendent d'être débloqués après l'approbation du budget 2021.
De plus, l'Espagne a obtenu d'autres fonds européens approuvés en 2020. Par exemple, les 21,3 milliards de prêts accordés pour financer le chômage partiel, grâce au programme SURE de la Commission européenne. Et elle dispose également du même montant du programme du Mécanisme européen de stabilité pour la santé, mais ne l'a pas encore utilisé.
En d'autres termes, il existe des fonds européens distincts du fonds de relance, liés au cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'UE - les budgets de l'UE - et également distincts du budget espagnol. En outre, les budgets européens n'ont pas non plus été approuvés.
Dans cet hypothétique distributeur automatique, le risque n'est donc pas qu'il n'y ait pas 140 milliards pour l'Espagne, mais qu'il soit juste vide. Pourquoi ? Parce que même si les dirigeants se sont mis d'accord sur un fonds de relance en juillet après cinq jours de négociations, la procédure parlementaire n'est pas encore au rendez-vous.
Certes, il est difficile pour le Parlement européen de revenir sur &nbsp;l'accord des 27, mais il est également difficile pour le seul organe élu au suffrage universel d'accepter sans sourciller un budget pluriannuel. En fait, les négociations ont déjà commencé et les principaux groupes du Parlement - parti populaire européen, socialistes et démocrates, Renew Europe et les Verts - ont formellement demandé le renforcement de la conditionnalité du respect de l'État de droit pour l'accès aux fonds européens, notamment en ce qui concerne la Hongrie et la Pologne. Et si les libéraux et la droite étaient d'accord, ils auraient la majorité nécessaire pour renforcer la conditionnalité économique si elle était proposée, même au risque de contourner l'accord global avec les socialistes. L'UE est fondamentalement gouvernée par le parti populaire, les socialistes et les libéraux.
<h3>L'approbation du Parlement européen est requise</h3>
Mais le temps presse : le cadre budgétaire actuel de l'UE prend fin le 31 décembre et le financement du prochain cycle de sept ans n'est pas encore assuré. Outre le fait que le budget 2021-2027 doit être approuvé par le Parlement européen, il exige que les parlements nationaux ratifient le fonds de relance de 750 milliards d'euros qui serait créé au moyen d'une dette émise par la Commission européenne sur le budget de l'UE et en dernier ressort, par des contributions nationales.
Alors que le Conseil et le Parlement entament des discussions pour parvenir à un accord sur le budget, de nombreuses personnes travaillent également sur un projet de loi concernant la manière de dépenser les 673 milliards d'euros du fonds de relance et de résilience de l'UE. Le reste, jusqu'à 750 milliards, est de l'argent versé à des programmes gérés par la Commission européenne via le budget de l'UE, et non des programmes conçus par les gouvernements.
En parallèle, les pays élaborent leurs plans de relance nationaux, qu'ils doivent soumettre pour avoir accès aux fonds de relance de l'UE. Ces plans devront être approuvés par la Commission et soutenus par une majorité qualifiée au Conseil. Mais l'existence préalable de nouveaux budgets nationaux n'est pas une condition sine qua non.
Les discussions sur le budget de l'UE se poursuivront les 7, 11 et 18 septembre, mais le Parlement ne pourra pas voter avant octobre au plus tôt. Si aucun accord n'est trouvé d'ici le 1er janvier, le budget sera renouvelé sans les nouveaux programmes de dépenses (y compris le fonds de relance) et sans l'un de ses grands contributeurs nets actuels, le Royaume-Uni.

L'Espagne doit adopter son budget pour recevoir les 140 milliards du fonds européen de relance

Il est nécessaire de disposer d'un budget adapté à la crise sans précédent entraînée par la pandémie de coronavirus et axé sur l'aide de l'UE.

Es ist nicht nur ein rein technisches Problem. Um den Fonds richtig einzusetzen, bedarf es eines eigenen Budgets, der der beispiellose Krise gerecht wird - und auf EU-Hilfe ausgerichtet ist. 

Steht irgendwo in Brüssel geschrieben, dass genehmigte Budgets benötigt werden, um den Wiederaufbaufonds zu erhalten? Nein. Wurde Spanien zu irgendeinem Zeitpunkt in den Verhandlungen gebeten, seine Budgets bis Ende des Jahres genehmigen zu lassen, um Geld für die Folgen der Pandemie zu erhalten? Nein. Allerdings wurden die 140 Milliarden des für Spanien zugewiesenen Wiederaufbaufonds erst dann bewilligt, als sie an die Förderung des digitalen Übergangs und der Energiereformen sowie an die Empfehlungen des Europäischen Semesters gebunden wurden. Daher ist es wichtig, dass Spanien über einen neuen Haushalt verfügt. Denn die vom ehemaligen Finanzminister Cristobal Montoro im Mai 2018 entworfenen Budgets werden der Pandemie nicht gerecht. Schließlich konnte das Budget keine Coronavirus-Krise vorhersehen - eine Krise, die bis 2021 für einen Rückgang des BIP um etwa 10 % bedeuten wird.
Mit anderen Worten: Es ist nicht nur ein technisches Haushaltsproblem. Es werden Budgets benötigt, um die EU-Mittel richtig einsetzen zu können. Warum? Weil die Mittel zur Finanzierung spezifischer, von den Ländern entworfener Programme bestimmt sind, die, wenn sie nicht in einen Haushaltsrahmen eingebunden sind, komplizierter zu gestalten sind. Und manchmal kann das unmöglich sein. "Die Inanspruchnahme des Konjunktur- und Widerstandsfonds und unsere Evaluierung der Haushaltsplanentwürfe sind getrennte Prozesse", heißt es in Quellen der EU, die bis Ende Oktober einen ersten Entwurf des Haushaltsplans erwarten.
Es stimmt, dass die Budgets von Montoro die Deckung der von der Arbeitsministerin Yolanda Díaz geförderten ERTE-Regelungen nicht vorsahen. Das bedeutet derzeit einen Aufwand von mehr als 20 Milliarden Euro. Die Welt im Mai 2018 sah aber noch ganz anders aus. Und somit auch der damalige Haushaltsrahmen.
Premierminister Pedro Sánchez selbst erklärte am vergangenen Dienstag in einem Interview mit dem Lokalsender SER, dass "[Montoros Budget] nicht die notwendigen Instrumente enthält, um alle wirtschaftlichen Ressourcen, die im nächsten Jahr aus Europa kommen werden, zu verknüpfen. Diese 140 Milliarden (72 Milliarden davon in direkten Transfers) sollen den digitalen Übergang, den ökologischen Übergang, den notwendigen territorialen Zusammenhalt, den unser Land braucht, ermöglichen. Diese alten Budgets werden weder in der Lage sein, diese wirtschaftlichen Ressourcen aufzunehmen, noch werden sie in der Lage sein, soziale Notlagen zu bewältigen". Ist die europäische Hilfe in Gefahr? "Wenn diese Budgets nicht genehmigt werden, sind sie vom Standpunkt der Aufnahmefähigkeit der Regierung, der Autonomen Gemeinschaften und der Stadtverwaltungen und somit auch von deren Ausführung her gefährdet. Gegenwärtig verfügen wir im Haushalt nicht über Instrumente, die in der Lage sind, den enormen Umfang der Mittel, die aus Europa kommen werden, aufzunehmen."
Um neue Politiken mit Montoros Berechnungen anzugehen, "müssten wir Haushaltsänderungen vornehmen", erläutern Regierungsquellen und fügen hinzu, dass "einige Haushaltsposten ohne neue Konten schwer auszuführen sind und die vorhandenen in ihrer Fähigkeit, neuen Herausforderungen zu begegnen, begrenzt sind".
"Wir sprechen über den Fluss öffentlicher und privater Investitionen, über die Fähigkeit, öffentliche Ressourcen zu bündeln, über vorrangige Projekte, über die Fähigkeit, das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen voranzutreiben. Aber es scheint uns nicht bewusst zu sein, dass all dies allgemeine Staatshaushalte erfordert, die für die gegenwärtige Realität gerüstet sind und die es uns ermöglichen, die nationalen öffentlichen Ressourcen - insbesondere die regionalen -, die in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen, so zu lenken, dass wir die gewünschte Umsetzung des Reform- und Investitionsprogramms, das unser Land braucht, in die Tat umsetzen können", sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin für Wirtschaft, Nadia Calviño, in ihrer Rede am vergangenen Montag an einer Universität.
<h3>Aufschlüsselung über drei Jahre</h3>
So oder so, abgesehen von der Tatsache, dass es mehr als unerlässlich ist, über Budgets zu verfügen, um europäische Gelder zu erhalten, gibt es noch eine weitere offene Frage: Der Wiederaufbaufonds ist in Brüssel noch nicht genehmigt worden. Und sobald er genehmigt ist, wird das Geld zwischen 2021, 2022 und 2023 aufgeteilt werden. Es ist also nicht so, als gäbe es für Spanien einen Geldautomaten, an dem 140 Milliarden darauf warten, nach der Genehmigung der Haushalte für 2021 freigegeben zu werden.
Darüber hinaus gibt es weitere europäische Fonds, die dieses Jahr in Spanien erfolgreich bewilligt wurden. Zum Beispiel die 21,3 Milliarden an Krediten, die dank des Sure-Programms der Europäischen Kommission zur Finanzierung von Beurlaubungen gewährt wurden. Das Programm verfügt auch über den gleichen Betrag aus dem ESM-Gesundheitsprogramm. Aus Sorge um Stigmatisierung des europäischen Wiederaufbaufonds wurde das noch nicht in Anspruch genommen.
Es gibt also europäisches Geld, das getrennt vom Wiederaufbaufonds, verbunden mit dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2021-2027 und auch getrennt von den spanischen Haushalten kommt. Darüber hinaus sind auch die europäischen Haushalte nicht genehmigt worden.
Tatsächlich ist es bei diesem hypothetischen Geldautomaten nicht so, dass es keine 140 Milliarden für Spanien gibt - sondern dass er einfach noch leer ist. Warum? Selbst wenn sich die Staats- und Regierungschefs im Juli nach fünftägigen Verhandlungen auf einen Wiederaufbaufonds geeinigt haben, muss das parlamentarische Verfahren noch eingeleitet werden.
Es stimmt, dass es für das Europäische Parlament schwierig ist, eine Vereinbarung der 27 Staatsoberhäupter zu kippen. Aber es ist auch schwierig für das einzige in allgemeiner Wahl gewählte Organ, einen Mehrjahreshaushalt problemlos zu akzeptieren. Tatsächlich haben die Verhandlungen bereits begonnen, und die wichtigsten Fraktionen im Parlament - Europäische Volkspartei, Sozialisten und Demokraten, Erneuerer und Grüne - haben formell die Verschärfung der Bedingungen für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit für den Zugang zu europäischen Fonds, insbesondere im Hinblick auf Ungarn und Polen, gefordert. Und wenn die Liberalen und die Rechten zustimmen würden, hätten sie die erforderliche Mehrheit, um die wirtschaftlichen Bedingungen zu verschärfen, falls dies vorgeschlagen wird. Und das selbst auf die Gefahr hin, das globale Abkommen an den Sozialdemokraten zu umgehen, sowohl beim Gipfel als auch für die EU-Exekutive. Die EU wird grundsätzlich zwischen der Volkspartei, den Sozialdemokraten und den Liberalen regiert.
<h3>Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich</h3>
Aber die Zeit drängt: Der derzeitige EU-Haushaltsrahmen endet am 31. Dezember, und die Finanzierung für den nächsten Siebenjahreszyklus ist noch nicht gesichert. Zusätzlich zu der Tatsache, dass der Haushalt 2021-2027 der Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf, verlangt er von den nationalen Parlamenten die Ratifizierung des Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, der mit Hilfe von Schulden der Europäischen Kommission aus dem EU-Haushalt eingerichtet werden soll. Letztlich sind das nationale Beiträge.
Während der Rat und das Parlament Gespräche aufnehmen, um eine Einigung über den Haushalt zu erzielen, arbeiten viele auch an einem Gesetzentwurf, wie die 673 Milliarden Euro des EU-Fonds für Wiederaufbau und Widerstandsfähigkeit ausgegeben werden sollen. Der Rest, bis zu 750 Milliarden, sind Gelder, die über den EU-Haushalt in Programme fließen, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden, und nicht in Programme, die von Regierungen entworfen wurden.
Parallel dazu erstellen die Länder ihre nationalen Wiederaufbaupläne, die sie vorlegen müssen, um Zugang zu den EU-Wiederaufbaufonds zu erhalten. Diese Pläne bedürfen der Zustimmung der Kommission und der Unterstützung durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat. Aber nicht die vorherige Existenz neuer nationaler Haushalte als conditio sine qua non.
Die Gespräche über den EU-Haushalt werden am 7., 11. und 18. September fortgesetzt, obwohl das Parlament frühestens im Oktober abstimmen kann. Sollte bis zum 1. Januar keine Einigung erzielt werden, würde der Haushalt ohne die neuen Ausgabenprogramme - einschließlich des Wiederaufbaufonds - und ohne einen seiner derzeitigen großen Nettozahler - das Vereinigte Königreich - erneuert werden.

Spanien muss erst seinen Haushalt genehmigen, um die 140 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds zu erhalten

Um den Fonds richtig einzusetzen, bedarf es eines eigenen Budgets, der der beispiellose Krise entspricht - und auf EU-Hilfe ausgerichtet ist. 

Δεν είναι απλώς ένα καθαρά τεχνικό πρόβλημα. Για τη σωστή διαχείρηση των κεφαλαίων, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας προϋπολογισμός που να ταιριάζει στην κατάσταση μιας πρωτόγνωρης κρίσης και να επικεντρώνεται στην κοινοτική βοήθεια.

Είναι πουθενά γραμμένο στις Βρυξέλλες ότι απαιτούνται εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί για τη λήψη των κεφαλαίων ανάκαμψης; Όχι. Ζητήθηκε από την Ισπανία σε οποιοδήποτε σημείο των διαπραγματεύσεων να εγκρίνει τους προϋπολογισμούς της έως το τέλος του έτους προκειμένου να λάβει χρήματα για την πανδημία; Όχι, φυσικά. Ωστόσο, τα 140 δισεκατομμύρια του ταμείου ανάκαμψης χορηγήθηκαν στην Ισπανία για την κρίση του κορονοϊού με τον όρο ότι θα αξιοποιηθούν για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων και των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ισπανία να έχει νέο προϋπολογισμό, καθώς εκείνος που σχεδίασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Κριστομπάλ Μοντόρο τον Μάιο του 2018 δεν περιλάμβανε την προοπτική μιας πανδημίας· ο προϋπολογισμός δε θα μπορούσε να προβλέψει τον κορονοϊό - μια κρίση που θα οδηγήσει την Ισπανία στο 2021 με μια πτώση του ΑΕΠ περίπου 10%.
Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα. Οι προϋπολογισμοί απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση των κεφαλαίων. Γιατί; Επειδή τα κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων που σχεδιάζονται από τις χώρες, τα οποία, εάν δε συμπεριληφθούν σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι πιο περίπλοκα στον σχεδιασμό. Μερικές φορές μπορεί να είναι και αδύνατο. «Τα οφέλη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η αξιολόγησή μας των προσχεδίων προϋπολογισμών είναι ξεχωριστές διαδικασίες», δηλώνουν πηγές της ΕΕ, οι οποίες αναμένουν ένα πρώτο προσχέδιο του προϋπολογισμού (το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος) μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Είναι αλήθεια ότι στους προϋπολογισμούς του Μοντόρο δεν υπήρχαν προβλέψεις για την κάλυψη των προγραμμάτων ERTE (αναστολής εργασίας) που προώθησε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντιάζ, το οποίο αυτή τη στιγμή σημαίνει μια δαπάνη άνω των 20 δισεκατομμυρίων. Αλλά μπορούμε επίσης να πούμε με σιγουριά ότι ο κόσμος τον Μάιο του 2018 δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο τον Σεπτέμβριο ου 2020, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δημοσιονομικό πλαίσιο αποτυγχάνει στο να λάβει υπόψη μια τόσο εξαιρετική ιστορική στιγμή.
Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ο ίδιος δήλωσε την περασμένη Τρίτη σε συνέντευξη με τον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό SER ότι «[ο προϋπολογισμός του Μοντόρο] δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα μέσα για τη σύνδεση όλων των οικονομικών πόρων που θα προέλθουν από την Ευρώπη το επόμενο έτος. Αυτά τα 140 δισεκατομμύρια (τα 72 δισεκατομμύρια από αυτά σε άμεσες μεταφορές κονδυλίων) πρόκειται να αξιοποιηθούν για την ψηφιακή μετάβαση, την οικολογική μετάβαση, την απαραίτητη εδαφική συνοχή που χρειάζεται η χώρα μας. Αυτοί οι παλιοί προϋπολογισμοί δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτούς τους οικονομικούς πόρους, ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν κοινωνικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Κινδυνεύει η βοήθεια της Ευρώπης; «Εάν αυτοί οι προϋπολογισμοί δεν εγκριθούν, θα τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα της κυβέρνησης, των αυτόνομων κοινοτήτων και των δημοτικών συμβουλίων να απορροφήσουν τους πόρους αυτούς και, συνεπώς, η εκτέλεσή τους. Προς το παρόν, δεν έχουμε εργαλεία στον προϋπολογισμό που είναι σε θέση να απορροφήσουν το τεράστιο μέγεθος των πόρων που θα προέλθουν από την Ευρώπη».
Προκειμένου να φτιάξουμε νέες πολιτικές με τους υπολογισμούς του Μοντόρο, «θα πρέπει να προβούμε σε τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό», εξηγούν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι «ορισμένα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι δύσκολο να εκτελεστούν χωρίς νέους λογαριασμούς και αυτά που υπάρχουν είναι περιορισμένα ως προς την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις».
«Μιλάμε για τη ροή δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, για τη δυνατότητα συγκέντρωσης δημόσιων πόρων, για έργα προτεραιότητας, για την ικανότητα τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά φαίνεται ότι δε γνωρίζουμε ότι όλα αυτά απαιτούν ένα γενικό κρατικό προϋπολογισμό που να είναι εξοπλισμένος για την τρέχουσα πραγματικότητα και που να μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τους εθνικούς δημόσιους πόρους (και ιδίως τους περιφερειακούς πόρους), οι οποίοι θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε την επιθυμητή εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που χρειάζεται η χώρα μας» δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός για την Οικονομία, Νάντια Καλβίνιο, στην ομιλία που εκφώνησε σε πανεπιστήμιο την περασμένη Δευτέρα.
<h3>Κατανομή μέσα στα επόμενα τρία χρόνια</h3>
Είτε έτσι είτε αλλιώς, πέραν του γεγονότος ότι είναι απαραίτητο να έχουμε προϋπολογισμούς για τη λήψη ευρωπαϊκών χρημάτων, υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα: το ταμείο ανάκαμψης δεν έχει εγκριθεί ακόμα στις Βρυξέλλες. Και, αφού εγκριθεί, το σχέδιο προβλέπει την κατανομή των χρημάτων τμηματικά το 2021, το 2022 και το 2023. Με άλλα λόγια, δε σημαίνει ότι υπάρχει ένα μηχάνημα ανάληψης μετρητών με 140 δισεκατομμύρια για την Ισπανία που θα αποδεσμευτούν μετά την έγκριση των προϋπολογισμών του 2021.
Επιπλέον, υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια που εγκρίθηκαν το 2020, τα οποία χορηγήθηκαν επιτυχώς στην Ισπανία. Για παράδειγμα, τα δάνεια ύψους 21,3 δισεκατομμυρίων που χορηγήθηκαν για τη χρηματοδότηση της αναστολής εργασίας, χάρη στο πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έχει επίσης στη διάθεσή της το ίδιο ποσό από το πρόγραμμα υγείας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), αλλά δεν το έχει χρησιμοποιήσει ακόμη, φοβούμενη το στίγμα του ευρωπαϊκού ταμείου διάσωσης.
Με άλλα λόγια, υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα που θα έρθουν ανεξάρτητα από το ταμείο ανάκτησης, τα οποία συνδέονται με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το 2021-2027 - τους προϋπολογισμούς της ΕΕ - και επίσης είναι ανεξάρτητα από τους ισπανικούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον, ούτε οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί έχουν εγκριθεί.
Πράγματι, σε αυτό το υποθετικό μηχάνημα ΑΤΜ, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν 140 δισεκατομμύρια για την Ισπανία, αλλά ότι απλά είναι άδειο. Γιατί; Διότι ακόμη και αν οι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα ταμείο ανάκαμψης τον Ιούλιο μετά από πέντε ημέρες διαπραγματεύσεων, απομένει ακόμα η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανατρέψει μια συμφωνία από τους 27 επικεφαλής, αλλά είναι επίσης δύσκολο για το μοναδικό όργανο που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία να αποδεχθεί εύκολα έναν πολυετή προϋπολογισμό. Στην πραγματικότητα, οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και οι κύριες ομάδες του Κοινοβουλίου - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί, Renew Europe Group και Πράσινοι - ζήτησαν επισήμως την ενίσχυση της προϋπόθεσης σεβασμού στο κράτος δικαίου για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, ιδίως όσον αφορά στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Εφόσον οι Φιλελεύθεροι και η δεξιά συμφωνήσουν, θα έχουν την πλειοψηφία που απαιτείται για να σφίξουν τους οικονομικούς όρους που θα προταθούν, ακόμη και με τον κίνδυνο να παρακαμθεί η καθολική συμφωνία με τους Σοσιαλιστές, τόσο στη σύνοδο κορυφής όσο και στην Εκτελεστική Αρχή της ΕΕ. Η ΕΕ κυβερνάται ουσιαστικά από το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους.
<h3>Απαιτείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο</h3>
Ο χρόνος όμως πιέζει: το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και η χρηματοδότηση για τον επόμενο επταετή κύκλο δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί. Εκτός από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για το 2021-2027 χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαιτεί και από τα εθνικά κοινοβούλια να επικυρώσουν το ταμείο ανάκαμψης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργηθεί με χρέος που θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· εν τέλει εθνικές συνεισφορές.
Ενώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ξεκινούν συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό, πολλοί επεξεργάζονται επίσης ένα νομοσχέδιο για το πώς θα δαπανήσουν τα 673 δισεκατομμύρια ευρώ του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ. Τα υπόλοιπα, έως τα 750 δισεκατομμύρια, είναι χρήματα που θα στηρίξουν προγράμματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και όχι προγράμματα που σχεδιάζονται από τις κυβερνήσεις.
Παράλληλα, οι χώρες καταρτίζουν τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να υποβάλουν για να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια ανάκαμψης της ΕΕ. Αυτά τα σχέδια θα χρειαστούν την έγκριση της Επιτροπής και την στήριξη ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Αλλά η ύπαρξη νέων εθνικών προϋπολογισμών εκ των προτέρων δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση .
Οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα συνεχιστούν στις 7, 11 και 18 Σεπτεμβρίου, αν και το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να ψηφίσει μέχρι τον Οκτώβριο το νωρίτερο. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως την 1η Ιανουαρίου, ο προϋπολογισμός θα ανανεωθεί χωρίς τα νέα προγράμματα δαπανών (συμπεριλαμβανομένου του ταμείου ανάκαμψης) και χωρίς έναν από τους σημερινούς μεγάλους καθαρούς συνεισφέροντες του, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι σημαντικό η Ισπανία να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της για να λάβει τα 140 δισεκατομμύρια από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης

Είναι απαραίτητο για τον προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στην πρωτόγνωρη κρίση και να επικεντρώνεται στην κοινοτική βοήθεια.

sanchez.jpg

El fondo de 750.000 millones se financia con deuda conjunta, cuenta con de 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 en préstamos

Un fondo de 750.000 millones, 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 en préstamos, para responder al descalabro económico causado por la crisis del coronavirus. Es lo que han acordado –tenía que ser por unanimidad– este martes de madrugada los líderes de la UE reunidos durante cinco días consecutivos en Bruselas, junto con el presupuesto para 2021-2027 de 1,074 billones de euros. En total: 1,82 billones de euros. Un acuerdo calificado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "inédito", que concede a España 140.000 millones, de los cuales 72.700 son en ayudas directas.
Será la primera vez que la Comisión Europea emita deuda por semejante volumen con el respaldo del presupuesto comunitario (triple A en los mercados) para transferirlo a los Estados y, también por primera vez, se establece que la UE tenga recursos propios en forma de nuevos impuestos y tasas –carbono, plástico de un solo uso, digital...– para financiar el repago de esa deuda.
Toda esa arquitectura se construye desde cero a partir de este martes. Ahora bien, ha sido a expensas de un cúmulo de cesiones durante una cumbre que pasará a la historia por haber sido la más larga –si se descuenta el acto previo protocolario de la de Niza en 2000–. Así anunciaba el acuerdo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las 5.31 de este martes. "Lo hemos conseguido", decía Michel en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo: "Es mucho más que dinero, tiene que ver con la salud, el progreso y el trabajo. Nos lleva al futuro, es la primera vez que en la historia europea el presupuesto está vinculado a los objetivos climáticos, la primera vez que se vinculan los fondos con el Estado de Derecho y la primera vez que se moviliza un fondo para una crisis".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado: "Quiero dar las gracias a Angela Merkel, que nos ha ayudado mucho, hemos negociado 90 horas seguidas, pero ha valido la pena. El NextGenerationEU [el fondo de recuperación] es el mecanismo de una Europa más sostenible. Los nuevos recursos propios van a reforzar al UE a largo plazo y permitirá que los Estados miembros no tengan que aportar más dinero para los repagos de la deuda. A diferencia de crisis anteriores, esta vez los Estados miembros no han optado por un acuerdo intergubernamental, sino que han encargado a la Comisión Europea que se ocupe de la recuperación".
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha afirmado que Italia utilizará el dinero de recuperación para impulsar las reformas: "Tendremos una gran responsabilidad. Con 209.000 millones tenemos la posibilidad de reiniciar Italia con fuerza, para cambiar la cara de nuestro país. Ahora tenemos que correr, tenemos que usar este dinero para inversiones, para reformas estructurales. Necesitamos seguir ese camino de crecimiento económico y desarrollo sostenible que hemos estado buscando durante años sin alcanzarlo efectivamente. Tenemos la posibilidad concreta de hacer que Italia sea más verde, más digital, más innovadora, más sostenible, más inclusiva".
La canciller alemana, Angela Merkel, ha reconocido que la negociación "no fue fácil". Y explicó que haber necesitado "tantos días" es una evidencia de que los líderes venían "de diferentes direcciones". Y añadió: "Lo que cuenta es que terminamos reuniéndonos y que ahora estamos todos convencidos de lo que hemos decidido hacer".
<h3>Divisiones</h3>
Por un lado, países como Francia, España o Italia han ido cediendo desde el inicio de la pandemia, cuando reclamaban la mutualización de la deuda en forma de eurobonos o coronabonos. O cuando España produjo un non paper en el que cifraba el fondo anticrisis en 1,5 billones de euros en transferencias, en la misma línea que algunas resoluciones del Parlamento Europeo, que reclamaban un fondo de dos billones de euros, "la mayoría de los cuales en ayudas directas".
Pero las ayudas directas no son con eurobonos, sino con bonos emitidos por las instituciones europeas; y tampoco ascienden a 1,5 billones, sino a 390.000 millones de euros, lejos también de los 500.000 millones en trasferencias que proponían Francia y Alemania, cifra que recogía la propuesta de la Comisión Europea y la que llevó a la cumbre el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
En ese itinerario, lo que sí hace la propuesta acordada es mantener el paquete en 750.000 millones, aunque sea reequilibrando entre ayudas directas y préstamos, pasando de un 66%-33% a un 52%-48%, lo cual aumentará la deuda acumulada de los países al aumentar el peso de los préstamos y genera dudas sobre el impacto macroeconómico de haber reducido de 500.000 a 390.000 millones las transferencias.
"Garantiza que los países más afectados sean financiados para su plan nacional de recuperación", decían por la noche fuentes diplomáticas francesas: "La financiación de la deuda es de carácter histórico, y da fe de la confianza depositada en el proyecto europeo por los Estados miembros, a pesar de que este principio de deuda común parecía impensable hace unos meses. El presupuesto europeo, así, se ve revitalizado al duplicar el monto del plan de estímulo (casi el 2% del PIB) y un cambio en el paradigma presupuestario". Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, celebraba el día como "histórico para Europa".
"Con Alemania, hemos hecho posible el plan de recuperación", ha dicho Macron: "Desde la creación del euro, no hemos visto un avance igual. Se ha acordado un plan de recuperación masiva: una deuda común para responder a la crisis de manera unida e invertir en nuestro futuro. Nunca hicimos nada igual, y Francia ha llevado implacablemente esta ambición".
Un acuerdo también saludado por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
En el lado de enfrente durante las negociaciones desde el viernes, el ocupado por los autodenominados frugales –Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia– y Finlandia, han visto cómo se ponen los cimientos de un instrumento que no querían –que la Comisión Europea emitiera deuda para dar ayudas directas– con un volumen que tampoco deseaban –750.000 millones–. Por tanto, la batalla en la negociación ya no se ha centrado en la mera existencia del instrumento, sino en sus características.
Mientras se ha mantenido su volumen inicial, pero no la proporción de ayudas y créditos, lo que también han conseguido los llamados frugales ha sido endurecer la condicionalidad y la gobernanza, logrando que cualquier país pudiera tirar del "super freno de emergencia" si cree que no se están aplicando las reformas comprometidas para bloquear un desembolso durante semanas hasta que la cumbre de líderes –Consejo Europeo– dilucide, lo cual, además de ser engorroso, da capacidad de bloqueo y puede retrasar hasta tres meses proyectos urgentes.
No obstante, las fuentes francesas insisten en que "se ha descartado cualquier veto; un Estado miembro podrá remitir el asunto al Consejo Europeo en caso de dificultades, sin bloquear el proceso de implementación del plan de recuperación".
La última redacción de este capítulo, adelantada por Politico, dice así: "Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al Presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo", según el texto, que señala que "la Comisión adoptará una decisión sobre la evaluación del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes y sobre la aprobación de los pagos de conformidad con el procedimiento de evaluación. Si el asunto se ha remitido al Consejo Europeo, no se tomará ninguna decisión de la Comisión sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos y sobre la aprobación de los pagos hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido exhaustivamente el asunto. Este proceso, por regla general, no se alargará más de tres meses después de que la Comisión haya solicitado su opinión al Comité Económico y Financiero".
Pero no sólo los llamados frugales han conseguido ese reforzamiento del control y la gobernanza, también han conseguido mantener y mejorar los rebates, los célebres cheques compensatorios que arrancó en su día Margaret Thatcher y que estaban condenados a desaparecer tras el Brexit. Pero que Holanda y su club han conseguido incrementar hasta los 52.836 millones de euros en siete años. "No cumple totalmente las expectativas de Francia, pero forma parte del equilibrio de la negociación y el compromiso. Este es un principio al que Francia desea poder volver gradualmente", afirman las fuentes.
Por otro lado, Holanda y sus aliados han perdido la batalla por que el presupuesto de la UE plurianual fuera de 1,05 billones de euros, en tanto que será de 1,074. Como el fondo cuelga del Marco Financiero Plurianual y la Comisión Europea ha de ir a los mercados para financiar esos 750.000 millones –que no salen de la hucha de ningún país–, el techo de gasto se amplía tanto que los 27 Parlamentos nacionales han de dar el visto bueno, junto con los nuevos impuestos, en un proceso que llevará semanas. Por último, el Parlamento Europeo debe aprobar una operación que se eleva a 1,82 billones, cifra inédita.
La otra condicionalidad que se mantiene, para disgusto de Hungría y Polonia, es la vinculada con el cumplimiento del Estado de Derecho y los valores de la UE pero, para gusto de Hungría y Polonia, más suavizada de lo previsto inicialmente. Así, en una conferencia de prensa conjunta, los primeros ministros de Polonia y Hungría, mostraron su satisfacción. por no existir "un vínculo directo" entre el Estado de Derecho y los fondos. "Este mecanismo, que aún no se ha creado, estará sujeto a la validación del Consejo Europeo. Sin el acuerdo del Grupo Visegrado [Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa] aquí no pasará nada, porque el Consejo Europeo significa unanimidad", dijo el polaco Mateusz Morawiecki: "No estoy de acuerdo en acusar a Polonia de violar el Estado de Derecho. Estamos en un diálogo desigual con las instituciones europeas. Estas son dos cuestiones separadas y lo mantuvimos en las conclusiones. Queremos el Estado de Derecho, pero también queremos disciplina financiera".
"En cuanto a la condicionalidad climática", afirman las fuentes francesas, "el requisito de un objetivo del 30% para el gasto climático en el presupuesto y el plan de recuperación se ha incorporado a la propuesta para que los planes de recuperación de los Estados miembros incluyan medidas compatibles con los objetivos de transición ecológica y comprometerse a no financiar gastos que tengan un impacto negativo en el clima (principio de "No dañar").
En ese juego de trileros, el presidente del Consejo Europeo, para mantener la parte de ayudas directas dependientes directamente de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia –que ahora asciende de 560.000 millones a 672.000, repartidos entre 312.500 en ayudas y 360.000 en créditos–, las ha recortado de la aportación que hacía el fondo de recuperación al presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2021-2027.
Así, casi 80.000 millones desaparecen, con grandes recortes en el Fondo para la Transición Justa –ideado para ayudar a descarbonizar Europa–, cuya aportación pasa de 30.000 millones a 10.000; toda la aportación al programa de Salud; el presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño original y se reduce hasta 7.500 millones; el programa europeo de I+D (Horizonte Europa) sólo se beneficiaría de 5.000 millones del fondo de recuperación (frente 13.500 millones que proponía la Comisión Europea) y el programa comunitario de inversiones (InvestEU) recibe 5.600 millones de este plan.
En cuanto a los recursos propios para el repago de la deuda, el último texto menciona las propuestas de la Comisión Europea para la financiación de "recursos propios": impuesto al carbono, la tasa digital, impuestos al plásticos de único uso, pero no incluye el impuesto a las multinacionales aunque sí el de transacciones financieras.
En relación con el presupuesto plurianual, el documento recoge un aumento de la partida destinada a Mercado Único, Innovación y Digital hasta los 132.780 millones –antes tenía 131.280 millones–; Cohesión, Resiliencia y Valores cae a 377.770 millones –tenía 380.080 millones–; Recursos Naturales y Medio Ambiente ha aumentado a 356.370 –antes eran 355.620 millones–; Gestión de Migración y Fronteras se mantiene constante en 22.670 millones, al igual que Seguridad y Defensa, en 13.180 millones, según ha adelantado Politico. Vecindad se mantiene en 98.420 millones, mientras que Administración Pública Europea se queda en 73.100 millones.
El tiempo dirá si esta herramienta, diseñada para la actual crisis y "temporal" por exigencia de los llamados frugales, tendrá vida más allá de la crisis –además de para el repago de la deuda– y si realmente se aprobarán esos recursos propios y qué recorrido tendrán. "El alcance de este cambio debe medirse: Europa es capaz de duplicar su presupuesto en caso de crisis; y crea una deuda común que permite la solidaridad", sentencian las fuentes francesas.

La UE acuerda el fondo de recuperación tras superar el bloqueo de Holanda y sus aliados

El fondo de 750.000 millones financiado con deuda conjunta, se compone de 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 en préstamos

Andrés Gil

How The Biotech Industry Lobbies in The EU

Spain And The Netherlands Join Forces within The EU

Orbán Leaves The EPP Group in European Parliament

What if Covid-19 Debt Was Cancelled?

EU in Crisis over Vaccine Delay And Uncertainty

Spain must wait on Europe for final adjustments

EU speeds up migration pact after Lesbos crisis

Why it is important that Spain approves its budget

EU agrees on recovery fund after days of disputes

Varoufakis: "The troika is coming back"